25 octubre 2014

Las cláusulas en yenes y en copas de vino son abusivas.


Ni un recurso de apelación en el plazo fijado por la Disposición Final tercera del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, ni uno y tal carencia de impugnaciones no tiene que ver con la mayor o menor bondad del clausulado de las escrituras de hipotecas, sino con las tasaciones de los bienes, que nadie tiene a bien solucionar porque es más fácil imputar de abusiva una cláusula con cambio en yenes (ignoro la razón) o en copas de vino (supongo que por la graduación del caldo), que obligar a una retasación de la garantía, o sea, del inmueble. 

Quiere decirse que podríamos dejar de perder el tiempo en sesudos razonamientos sobre la maldad de la comisión por recobro o, del impago del seguro y centrarnos en el único problema que no se resuelve (ni ganas), que sigue provocando la sucesión de ejecuciones hipotecarias y que consiste (¡pista que va el artista!) en que la gente no puede pagar el préstamo inflado sobre una garantía que estuvo inflada y que ahora no lo está.  Evidentemente no puede depreciarse el valor nominal del dinero, pero de ahí a que los bancos que han tenido inyecciones de fondos públicos sigan con la cosa como si el asunto no fuera con ellos, va un trecho largo de narices. 

Miren. Ejecución hipotecaria contra finca con valor de tasación de 250.000,00€, adjudicación al banco por el 60% (150.000,00€) y posterior venta a dos ciudadanos chinos por 88.000,00€ en la famosa continuación de la ejecución del art. 579 LEC, cuya única finalidad es la de arruinar a la familia del deudor (mientras todos aplaudimos con las orejas) y dejarle, en este caso, una deuda de 12.000,00€ más los intereses y las costas, según normas orientativas de los Colegios de Abogados que como todos sabemos son muy moderadas, porque como también todos sabemos lo único, lo único que obstaculiza el acceso a la Justicia son las tasas. Sigo, que me pierdo, aunque no entienda cómo pueden cobrarse más de 7.000,00€ (y más allá, advierto) por presentar una demanda-modelo de 8 o 9 páginas. 

No me he inventado el ejemplo, porque ha pasado por mi mesa esta semana y ahora les dejo con la última: las Conclusiones del Abogado General Sr. NILS WAHL presentadas el 16 de octubre de 2014 en los asuntos acumulados C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13 y que recogerán la sentencia que se dicte en su día.


A la luz de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla): 
«1) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, exige que los jueces nacionales dejen sin aplicación una cláusula contractual abusiva, de modo que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, pero no les faculta para modificar el contenido de la misma. El contrato celebrado con un consumidor debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea posible. 
2) Una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo de 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con arreglo a la cual un acreedor ejecutante, con fundamento en un contrato de préstamo hipotecario que contiene una cláusula por la que se establecen intereses de demora calculados a un tipo superior al triple del interés legal del dinero, puede recalcular el importe de los intereses de demora exigibles a través de la ejecución de una hipoteca de forma que no superen ese límite, es compatible con la Directiva 93/13 y, en particular, con su artículo 6, apartado 1, en la medida en que la aplicación de tal disposición no afecte negativamente a la obligación que esa Directiva impone a los tribunales nacionales de excluir la aplicación de una cláusula contractual abusiva en un contrato celebrado con un consumidor, de forma que no produzca efectos vinculantes para éste, sin revisar su contenido. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si ese es el caso, tras tomar en consideración la totalidad del Derecho nacional y aplicar los métodos de interpretación reconocidos por ese Derecho»

Nos hemos quedado sin intereses de demora del art. 576 LEC, del 1108 CC o del que correspondiera según la unificación de criterios que por turno apareciera, pero es muy probable que alguno termine quedándose sin título ejecutivo (la escritura, vamos), por falta de transparencia (un control de legalidad que también impone la directiva) y todo por no coger el toro por los cuernos desde el primer minuto del partido. Salía más a cuenta, por lo visto, ocultar el estropicio y cargarnos la ejecución hipotecaria.

20 octubre 2014

La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal


Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieran consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes (AAP SALAMANCA, Sección 1ª, 20 de abril de 2007,Roj: AAP 4/2007). 

La verdad es que el precepto ha tenido escaso éxito debido a que su ámbito de aplicación es ciertamente limitado. La esencia de la denominada ampliación de la ejecución —sigo ahora lo resuelto en el AAP CIUDAD REAL, Sección 1ª, 13 de junio de 2008 (Roj: AAP CR 596/2008)—, es la absoluta identidad de los nuevos plazos que van venciendo durante el proceso ejecutivo con aquellos en que se basó la demanda inicial. Es decir, el art. 578 provee a la situación generada por las deudas de tracto sucesivo, en las que, por el requisito de la exigibilidad, sólo puede solicitarse ejecución de aquellos tramos de la deuda que estén vencidos al tiempo de la demanda, pero en las que, el inexorable paso del tiempo unido al desarrollo de la misma obligación, se sabe de antemano que la deuda exigida se irá incrementando. Por eso, el art. 578 requiere el vencimiento de un «nuevo plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede», con lo que expresa esa identidad absoluta a que se ha hecho referencia. Ello no quiere decir que, si del título ejecutivo se deduce, no tenga derecho a reclamar por otros conceptos o en base al otro miembro de la alternativa, aunque deberá presentar una nueva demanda. 

Importa destacar que esa conclusión tiene mucha trascendencia, pues «en la ampliación a la ejecución no se permite ya oposición específica, en cuanto no se retrotraen las actuaciones, y ello se explica porque la oposición se dirige a la deuda en sí misma contemplada en su unidad. Pero, si no se dan esos requisitos se tiene que garantizar al ejecutado la posibilidad de oposición, que únicamente se asegura con la nueva demanda». Por ésta razón, una vez resuelta la oposición, no caben nuevas ampliaciones de la ejecución, toda vez que queda agotado el objeto propio del proceso en curso, que no puede artificialmente ser dilatado por esta vía de la ampliación al no tener acogida en el art. 578 LEC (AAP MADRID, Sección 24ª, 23 de enero de 2008, Roj: AAP 476/2008). 

En estas circunstancias es difícil —sino imposible— encontrar ampliaciones fuera de los procesos de familia y determinados cambiarios y, por lo mismo no será posible reclamar en el juicio monitorio ni acumular en la ejecución del mismo, ex art. 578 LEC, otras deudas del copropietario moroso que no consten en la certificación aun cuando sean debidas en el momento de iniciarlo. En la actualidad, el art. 21 LPH no hace referencia a esta posibilidad (como lo hacía en la anterior redacción del núm. 11 del art. 21 LPH), lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia como una especialidad de este tipo de juicio. 

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto derivan de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin. No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución tiene su origen en un auto (hoy decreto) dictado en procedimiento monitorio, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, el título que lleva aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal comunidad (AAP MADRID, Sección 21ª, de 28 de marzo de 2012, Roj: AAP M 6205/2012). 

Habrá que iniciar un nuevo monitorio para reclamar las cuotas que hayan ido venciendo tras la presentación de la petición inicial, puesto que es necesario nuevo acuerdo de Junta por el que se apruebe la nueva liquidación (art. 21 LPH) (SAP de la Palmas, Sección 3ª, de 29 de febrero de 2008, LA LEY 72776/2008).

13 octubre 2014

¡Viva la NOJ! (cuando me viene bien)


Lo de estar a favor de la NOJ es un postureo que no pienso explicar a estas alturas del partido y tampoco pienso hacerlo con el rechazo de Abogados y de Procuradores a que el Secretario Judicial haga otra cosa que la ola y los mandamientos de pago porque buena prueba de ello son las consecuencias que acarrea el mando del citado Secretario Judicial. Que el servicio funcione es lo de menos – tampoco suele haber datos de una cosa o la contraria- lo importante es mantener el statu quo y por supuesto en defensa del ciudadano: todo por el ciudadano y nada más que por el ciudadano. 

En esa línea de pensamiento los Colegios de Abogados y de Procuradores de Zaragoza tuvieron a bien impugnar el Acuerdo del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de junio de 2010, que desestimó la petición de los citados Colegios de modificación del Protocolo 1/2010 de la Secretaria Coordinadora Provincial relativo al otorgamiento de poderes apud- acta en la Secretaria del Juzgado Decano y en el particular relativo al horario establecido para ello, no sin antes seguir la doctrina de tengas siempre un buen pleito aunque lo pierdas porque las Corporaciones se negaron a una posible satisfacción extraprocesal consistente en que cuando el procedimiento estuviera comenzado los poderes podían otorgarse directamente ante el Secretario del Juzgado que conociera del asunto, ampliándose el horario de atención al público para otorgar los poderes ante la Secretaría del Juzgado Decano de 9 a 11 de la mañana.

Los motivos de impugnación fueron los siguientes: 1) El Secretario carece de competencia para fijar horarios de funcionamiento de servicios concretos, distintos de los que rigen con carácter general; 2) Esta regulación del servicio ha de hacerse con el parecer de Abogados, Procuradores y directamente afectados y 3) El horario ha de fijarse atendiendo al interés público y no a conveniencias internas. No es posible fijar un horario tan restringido, en atención al derecho reconocido y obligación de realizar ese apud-acta. Esto va en contra de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y la reforma de la Oficina Judicial aprobada por Ley 13/2009. 


1. Sobre la falta de competencia del Secretario de Gobierno para organizar el servicio de apoderamiento apud-acta. 

El Secretario de Gobierno no tiene competencia para fijar el horario de los funcionarios o del personal al servicio de la Administración de Justicia, pero la decisión combatida no fija el horario de los funcionarios. Organiza un servicio, el de apoderamiento apud-acta. Y ha de admitirse que esta competencia, puede y debe ejercerla el Secretario del Juzgado donde se va a prestar esta diligencia o comparecencia y así lo indica el art. 8 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

No puede por tanto ser ajena a estas competencias el organizar y diseñar, de qué forma se va a prestar una función atribuida al Secretario, como es la del apoderamiento apud-acta. El Protocolo que se impugna ha sido dictado por la Secretaria Coordinadora, tras la propuesta de la Secretaria del Juzgado Decano que es la directamente afectada y ha sido definitivamente aprobado por el Secretario de Gobierno, por lo que no cabe achacarle la falta competencial que se le imputa. 

2. Sobre la audiencia a los afectados por la regulación del servicio. 

Los Colegios de Procuradores y Abogados se quejan en segundo lugar de que la fijación de este servicio debería haberse realizado tras haber oído el parecer de todas las personas afectadas. Cierto es que el derecho de audiencia a los interesados está previsto en nuestra norma general de Procedimiento Administrativo, pero también lo es que no hay norma en la configuración de estos Protocolos que obligue al Secretario de Gobierno a abrir trámite de audiencia. Y lo que es más relevante aunque existiera ese norma específica, es lo cierto que aquí no se ha producido indefensión que permitiese la nulidad que se solicita; de hecho el acto recurrido es la denegación de la modificación del Protocolo, por lo que se ha hecho a la vista de los alegatos de los Colegios profesionales recurrentes. 

3. La razonabilidad de la organización del servicio. 

Y ya entrando en el fondo del asunto, se sostiene que no es razonable que este servicio se preste -ahora- en una franja de dos horas diarias. Es reseñable tener en cuenta y esto en ningún caso se discute, que la propia Secretaria del Juzgado Decano indica que si el apoderamiento es urgente, se realiza en cualquier momento del horario y lo que es más relevante, que ese apoderamiento ha de realizarse con la presencia personal del titular de la Secretaría del Juzgado Decano, de forma indelegable (art. 453 LOPJ y art. 5 del Reglamento orgánico) en asuntos que todavía no han comenzado, pues en los que ya se ha interpuesto el recurso el competente según la propia Instrucción es el Secretario del Juzgado donde se tramita el procedimiento o recurso. Por tanto si no hay impedimento a la realización de este apoderamiento y sí una limitación del horario, este Tribunal considera que la forma de organizar el servicio no vulnera normativa alguna y no puede considerarse irrazonable o perjudicial para el acceso a la justicia como se alega. 

Si este apoderamiento se hace personalmente ante el titular de la Secretaria y no es ésta la única función del mismo (registro y reparto de asuntos, videoconferencias, asistencia al Juez Decano, estadística, asignación de vistas.. etc) es evidente que necesario resulta limitar la presencia a una determinada franja horaria, so pena de no poder efectuar el resto de sus funciones. Limitación horario que no considera este Tribunal inadecuada o restrictiva. Según consta en el expediente, se realizan unos 24 apoderamientos diarios que perfectamente cabe en espacio de dos horas. Como se señala por la Administración del Estado, en su contestación a la demanda sería más perjudicial para el servicio permitir el apoderamiento durante toda la jornada, pues los ciudadanos deberían esperar a que por el titular se acabase la función que estuviera realizando, con la espera y disfunción que eso conlleva. 

Es claro que si se anulase esta forma de organización, debería instaurarse un sistema de cita previa, que no parece más operativo que el sistema presente en el que los profesionales tienen certeza de ser atendidos en la mañana en que se presentan a efectuar el apoderamiento. 

Pues si quieren que les diga la verdad con la cita previa y un centro de atención telefónica como la que disponen el resto de las administraciones nos iría mejor a todos.

06 octubre 2014

De mayor, quiero una UPAD.


Después de un curso en el CEJ en Madrid de día y medio de duración sobre ejecución civil, que me ha permitido reconfirmar el mucho talento escondido en el Cuerpo de Secretarios Judiciales haciendo la estadística a palotes o, perdiendo el tiempo interpretando leyes hechas con partes del cuerpo propias de otras especies del Reino Animal y que no voy a citar, el aterrizaje en el Juzgado fue el habitual, porque a falta de torre de control, de coordinadores de pista y con la tutela judicial efectiva cerrando hangares con toneladas de papel, lo raro es que algo funcione como debe. 

Así que con la mesa ocupada por peticiones absurdas y previa encuadernación, por amontonamiento, de las sentencias, los autos y los decretos del trimestre en una caja de folios vacía, que remato con cinta de carrocero y una indicación en la tapa superior del año, trimestre y contenido, los años que uno va teniendo y la evidente falta de agilidad que se proyecta en una rehabilitación de rodilla que no acaba nunca, llevan a concluir en la imperiosa necesidad de buscarme un destino que responda a mis conocimientos, a mi escasa flexibilidad de espalda y a una imposibilidad facial de besar lo que no quiero; flexibilidad y besuqueo sin escrúpulos que, por si lo ignoran, le da mucho brillo y esplendor al currículo y tienen mucho que ver con los requisitos que se publican en el BOE para acceder a determinados puestos de trabajo (no hablemos ya de las designaciones directas). 

No confunda los términos, querido lector, que escribo en primera persona y no quiero hacerme más amigos. La genuflexión de rodilla y de espalda y el besuqueo es cuestión de gustos (o de féminas, digámoslo) y para estos colores y, con tan filosófico razonamiento concluyo que si la cosa ha ido para atrás los primeros veinte años nada hace presumir que avance algo los próximos veinte y, bajo dicha presunción creo que ya he tenido bastantes reformas de la justicias, expedientes digitales y aplicaciones informáticas que no funcionan y no quiero más

En suma los años de servicio, las cervezas mal tiradas, el sueldo de vergüenza que me pagan y con el que satisfago mis gastos y los de la famosa casta (ojo, que aquí incluyo a los de Podemos, que van de estupendos por la vida, mientras en la Complutense de Madrid han cerrado la Editorial con ocho a la calle y un intento de indemnización muy proletario de 20 días por año) y que siempre viví mejor con los Jueces, aconsejan que en cumplimiento de la Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, de mayor – que ya lo soy- me quede en la famosa UPAD o sea la Unidad Procesal de Apoyo Directo o, conocida también en zona NOJ (Nueva Oficina Judicial) como el SPA, aunque falte el agua. 

Esto tampoco significa que desconfíe de las futuras reformas de las justicias, los próximos expedientes digitales y las aplicaciones informáticas que no funcionaran, sino que la amenaza de quedarme sin carpetillas para demandas, si prefería encuadernar sentencias, autos y decretos en libros que nadie consulta (no lo cuenten, pero los tenemos grabados en el sistema informático) fue un golpe del que no he podido recuperarme y sí a eso le sumamos que no tengo ni medio punto por el idioma del territorio (ni ganas), cumplo todos los requisitos legales, paralegales y mediopensionistas para atender a tres magistrados, si es que no tienen a bien modificar la estructura para cuando llegue a Valencia la NOJ (Nueva Oficina Judicial).

03 octubre 2014

La manifestación de bienes del ejecutado: requisitos y consecuencias prácticas.


La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 introdujo como novedad en el art. 589 la manifestación de bienes del ejecutado, pero la reforma posterior del año 2009 no solucionó ninguno de los problemas de la aplicación del precepto, limitándose a atribuir al Secretario Judicial la orden del requerimiento, mediante diligencia de ordenación y la imposición de la multa en el apartado 3. Así que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título (art. 589.1 LEC). 

La falta de designación de bienes por el ejecutante ha dejado de ser un requisito y se ha transformado en una mera de fórmula impresa en las demandas de ejecución. Han desaparecido los grises que en los primeros años de aplicación de la ley motivaron interesantes estudios sobre esta cuestión y, hoy el ejecutante designa bienes suficientes haciendo inútil cualquier medida de averiguación (en pocas ocasiones) o, no designa ninguno y postula la práctica de toda clase de medidas de investigación y ejecución. A partir de ahí el asunto se complica porque nada más dice el art. 589 LEC. 

Para empezar la Ley no prevé quién debe hacer la manifestación de bienes. No hay dificultades en el caso de personas físicas, pero en el de las personas jurídicas el art. 7 LEC, permite afirmar que responderán al requerimiento sus administradores o las personas que legalmente la representen y, cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. El responsable del incumplimiento del requerimiento será la persona jurídica. 

¿Puede hacerse el requerimiento al procurador de la ejecutada? La respuesta es negativa. El ejecutado habrá de ser requerido personalmente, incluso cuando ya esté personado y representado mediante Procurador. Estamos, por tanto, frente a uno de los supuestos excepcionales a que se refiere el art. 28.4 LEC, en que se prescinde que el acto de comunicación se lleve a efecto a través del Procurador. Por otro lado, del requerimiento pueden derivarse consecuencias penales y multas coercitivas de dudosa efectividad, si el ejecutado adujera el desconocimiento personal del requerimiento y, consiguientemente, su falta de culpabilidad. 

Cabe decir lo mismo de la forma en que debe realizarse. Si buscamos la eficacia de la orden y su cumplimiento (voluntario u obligado por la multa) deberá hacerse siempre mediante la entrega al destinatario (persona física) de copia literal del requerimiento que el Secretario judicial le dirija (art. 152.2.3ª LEC) admitiendo la respuesta que pueda dar (art. 152.4 LEC). De lo contrario entraremos en discusiones inacabables sobre la posibilidad de hacerlo por correo, la forma en que el requerido puede contestar y las consecuencias de la desatención, si ha sido otra persona la que firmó el acuse de recibo. 

El contenido del requerimiento aparece en el ya transcrito apartado 1 del art. 589 LEC y como el ejecutado suele contestar parcialmente u oculta datos esenciales de su patrimonio, no solo debe advertírsele con toda claridad de las consecuencias de las respuestas indebidas (art. 589.3 primer párrafo LEC), sino que es conveniente que el Juzgado en el momento de la practica cuente con información patrimonial del requerido, lo que simplifica notablemente la diligencia y evita esas respuestas evasivas. Con ello advertimos de dos aspectos de notable importancia: a) carece de sentido practicar el requerimiento cuando de la información patrimonial resulta la inexistencia de patrimonio o su patente insuficiencia (vg. el ejecutado solo cobra una pensión o la prestación por desempleo) y b) la diligencia deberá realizarse por el propio órgano ejecutor sin valerse del auxilio del servicio común, pues no se trata tanto de comunicar, sino de averiguar y esto solo podrá llevarse a cabo mediante la intervención directa del Secretario Judicial y de la parte ejecutante, que deberá ser citada al acto. 

Por último la manifestación de bienes no vulnera el derecho a declarar contra uno mismo ex art. 24.2 CE ya que la aplicación del mismo se circunscribe al ámbito sancionador (penal o administrativo). Esto es, la modificación introducida en la ley procesal civil para favorecer la persecución de los bienes de los deudores se hizo con la finalidad de acabar con la situación escandalosamente injusta de que los deudores pudieran impagar sus deudas impunemente. Para favorecer la ejecución, se le impone al deudor un especial deber de colaboración, que se concreta en su obligación de designar los bienes de que sea titular

25 septiembre 2014

La cuantía del asunto no se discute en la tasación de costas para impugnar honorarios.


Sorprende que pese a los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC y las audiencias previas en las que se discute la cuantía del pleito, nos encontremos con que llegada la tasación de costas aparezca como autor invitado los honorarios orientativos del Colegio de Abogados, que no fue llamado al pleito y que no tiene ningún interés en su resolución por una omisión del Código Civil y que resumo: no es fuente del derecho. 

La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque un alto porcentaje de las impugnaciones de las tasaciones de costas se fundan en que la cuantía del asunto es esta o aquella, según la Disposición no sé cuál del Baremo orientativo o, peor aún, que sumadas las minutas de los dos letrados de las partes contrarias, aplicando la Disposición no sé cuál y dividiendo el resultado por dos, las dos minutas serían excesivas. 

Sucede, por una parte, que las normas orientativas de los Colegios de Abogados no vinculan a los órganos judiciales y en modo alguno sirven para contradecir la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (entre otros ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 15 de julio del 2011(ROJ: ATS 7386/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7824/2011) y ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7396/2011). ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 21 de junio del 2011 (ROJ: ATS 6884/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 10639/2010) y STS, 876/2008, Sección 1ª, 26 de septiembre del 2008 (ROJ: STS 4778/2008) y por otra, que la ley prevé un trámite de admisión en el art. 245 LEC que incluye el examen de esta clase de impugnaciones y que en modo alguno puede incluirse en el art. 246.1 LEC

El problema es que el asunto está llegando al extremo que en la impugnación se pide el examen del baremo orientativo con arreglo a la cuantía del proceso que el impugnante ha tenido a bien fijar y, ni que decir tiene, el Informe del Colegio de abogados, hábilmente sea dicho, elude el asuntillo de la cuantía y entra en el del baremo, concluyendo lo que tiene oportuno, resultado que tampoco tiene mayor valor vista la doctrina del Tribunal Supremo de los años 2013 y 2014. 

Digo esto porque en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014) se lee lo siguiente:
cita:

Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.

Doctrina que también se defiende en los ATSS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1525/2014) 18 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras resoluciones. 

Pues bien, en el caso que analizamos no hay verdadera impugnación y solo cabe la inadmisión a trámite de la que se formule, que es para lo que está el art. 245 LEC, cuando se alteran los términos de la litis partiendo de una cuantía que no es la fijada en las resoluciones que se hayan dictado en el proceso y, siendo esto así no cabe luego rebatir como se aplicó el baremo respecto a ese importe ficticio. 

Entiéndase bien lo que se lee: no se discute lo que un Abogado puede o debe cobrar, lo que se rechaza es que en el trámite de la tasación de costas se pretenda discutir un particular inamovible (la cuantía del pleito) y se pretendan aplicar unas normas que no vinculan y que además no responden a la realidad. Y por cierto, el conflicto solo se plantea con los Colegios de Abogados, porque, por citar un ejemplo, el de Arquitectos me remitió hace años un informe de un párrafo en el que decía que siendo los honorarios libres, no informaba sobre los mismos.

23 septiembre 2014

Jura de cuentas: naturaleza y competencia (ATS 1-7-2014)


La única y famosa, STCJ de 28 de septiembre de 2011 (Roj: STS 6232/2011) resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de jura de cuentas contra el consistorio sosteniendo que el expediente de jura de cuentas no sólo había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permitía ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. 

Pues bien, el reciente ATS, Sala 1ª de 1 de julio de 2014 (Roj: ATS 6173/2014) afirma sobre la naturaleza de la jura que es un procedimiento especial porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada de manera que -aunque es posible una fase sumaria de alegaciones- lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución , según se deriva del art. 34 LEC , sin prejuzgar la decisión definitiva de la controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación contractual existente entre ambos. Y cito literal:


2. En la solicitud que abre el procedimiento de jura de cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción cautelar, ni ejecutiva -aunque, después, el procedimiento pueda concluir con una resolución que fije la cantidad debida y con un despacho de ejecución -, sino una petición de pago de los gastos de representación del cliente devengados en un proceso precedente, que -al someterse al filtro del órgano judicial- produce una consecuencia que no tendría el requerimiento de pago efectuado de forma privada por el procurador, como es la obtención de un título de ejecución. 
3. Consecuencia de esta configuración de la jura de cuenta, semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en relación con un proceso precedente, es que la LEC otorga la competencia al órgano judicial en el que -según establece el artículo 34 LEC - radique el proceso en el que se ha desarrollado la actuación del procurador que da lugar a la jura de la cuenta, pues es este órgano judicial el que está en mejor disposición de resolver las incidencias que pueden suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial las que se susciten en la fase de oposición según contempla el artículo 34.2.II LEC.

Termina afirmando el Tribunal Supremo que esto es distinto a que fijada la cantidad que debe pagarse en la forma establecida en el art.34.2.II LEC -o porque no haya oposición -, el proceso de ejecución que siga a continuación se vea afectado por la situación de concurso del poderdante, dado que el artículo 8.3 de la Ley Concursal confiere al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente para toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que lo haya ordenado

19 septiembre 2014

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (ii)


Plazos y términos, plazos civiles y procesales. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad lo que es un término – concreta determinación temporal para la práctica de un acto procesal–, de lo que es un plazo – lapso de tiempo en el que dicho acto puede realizarse– y según el art. 132.1, «las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas», operando en otro caso la preclusión y perdiéndose la oportunidad de realizar el acto de que se trate (art. 136 LEC). Y ello porque los arts.134 y 136 LEC tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio) y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción o a los recursos legalmente establecidos, no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes (STC 1/198), de 16 de enero). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996) . 

Con el Lexnet y la Ley 41/2007 apareció un nuevo cómputo de plazos. Según el art. 6.1 Decreto 84/2007 el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicara la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales. 

Así las cosas el asunto quedaba limitado a relacionar los arts. 135 LEC y 6 del Decreto 84/2007, pero sucedió que los protocolos de implantación del sistema han fijado plazos para la remisión de las notificaciones (entre las 09.00 horas y las 15.00 horas o, entre las 08.00 y las 20.00 horas) y esta exigencia no prevista en la ley y contradictoria con el art. 6 del Decreto parece obedecer al hecho que los Colegios de Procuradores carecen de la infraestructura que permite la realización de notificaciones fuera de estos periodos de tiempo (GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio. «Problemas prácticos derivados de la implantación de Lexnet: la experiencia de la Audiencia nacional en materia de notificaciones» Revista Internauta de Práctica Jurídica, número 23, año 2009, págs. 41-65) Y aún nos queda una última variación. La práctica de una notificación por Lexnet y la entrega, en otra fecha, de un documento al Procurador mediante su remisión al Servicio Común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (mandamientos dirigidos al Registro de la Propiedad). 

Pero antes de seguir es evidente que no pueden confundirse términos procesales y sustantivos, pues mientras los procesales son improrrogables (art. 134.1 LEC) y cuando fenecen, hacen decaer la posibilidad de ejercitar el derecho produciéndose la preclusión (art. 136 LEC), los de naturaleza sustantiva no suponen la desaparición del derecho, si son de prescripción y nadie la opone; facilitándonos el art. 185.1 LOPJ un argumento más para diferenciar ambos tipos en tanto «los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil» (RODRIGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Pág. 11 Referencia: SP/DOCT/2899) 

Y en la misma línea y por último la STS, Sala 1ª, de 11 de julio de 2011 (LA LEY 111575/2011) afirma que: 

 (i) La Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción. 

(ii) El art. 135 LEC es una regla prevista para plazos procesales y no para los sustantivos, en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. Esto es, en los plazos civiles el cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el art. 5 CC (para los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha, sin excluir en ningún caso los inhábiles), mientras que solo en los procesales, resulta aplicable la especialidad prevista en los arts. 185 LOPJ y 135.1 LEC. (STS, Sala 1ª, de 22 de enero de 2009, LA LEY 98/2009). 

(iii) La acción judicial que pone en movimiento el derecho se materializa a través de la presentación de una demanda, que es un acto procesal sujeto a normativa procesal. El problema no es tanto de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los días de los que dispone el interesado sino de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad, disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 CC que, aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así. 

El cómputo de plazos. 

Dice el art. 133 que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. Explica MAGRO SERVET que el día del acto procesal inicial de comunicación es irrelevante y no se cuenta, sino a partir del siguiente día, con lo que el día de la comunicación por el órgano judicial a la parte, no directamente sino por Lexnet no tiene ningún efecto procesal concreto en cuanto a que no abre plazo alguno, sino hasta el día siguiente hábil en el que se va a tener por realizado el acto de comunicación a la parte. (MAGRO SERVET, Vicente. «Cómputo de los plazos para presentar escritos o interponer un recurso ante un órgano judicial tras la notificación vía Lexnet». Revista Práctica de Tribunales, Nº 107, Sección Tribuna Libre, Marzo-Abril 2014, Editorial LA LEY) No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste. 

Por su parte el art. 151 LEC establece que los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 LEC. Y como dice la reciente STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) el «resguardo acreditativo de la recepción» por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del art. 151, por remisión al art. 162.1 de la misma Ley, es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007), sin que sea necesario un nuevo «reenvío» o «remisión» particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél. 

Nos aparecen aquí dos nuevas singularidades. La ya vista del art. 278 LEC aplicable a aquellos casos en que haya mediado el previo traslado de copias entre procuradores (art. 276 LEC) en que «el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas». Y la del art. 151.2 LEC que dispone que los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción, cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Téngase en cuenta que la previsión del traslado sin intervención del órgano judicial ha tenido escaso éxito porque parece lógico esperar a una primera resolución para luego adoptar la postura que la parte entienda oportuno y, en cuanto al inexplicable «día siguiente» del art.151.2 LEC, no solo mejora a determinados «notificados», sino que es inaplicable cuando el acto de comunicación se haya practicado por medios distintos (acuse de recibo, entrega personal al interesado, fax, etc.). 

Entenderá mejor el lector con un ejemplo lo que la ley dice. Si la notificación se hace un viernes el acto se entiende notificado, no el mismo viernes en el que en teoría llega y se recibe en el servicio del Colegio de procuradores vía Lexnet, sino el lunes, al ser inhábiles el sábado y el domingo comenzando a correr el plazo al día siguiente, es decir, el martes; si se trata de un plazo de tres días y realizándose el computo de martes a jueves, el uso de la prórroga del art. 135.1 LEC permitiría la presentación del escrito hasta el viernes a las 15 horas, con lo que se estarían «ganando» dos días hábiles y siete reales desde que el viernes anterior se notificara la resolución inicial. 

Llama la atención que una simple operación aritmética y no otra cosa es el cómputo de un plazo, se complique de forma tan inexplicable cuando hubiera bastado arbitrar alguna clase de prórroga en el caso que fuera necesario. Al contrario, en nuestro ordenamiento rigen la improrrogabilidad, la preclusión y toda clase de moratorias en las fechas inicial y final y, según la clase de interviniente o notificado. Sorprendente manifestación que nos impide la formulación de ninguna regla general porque el cómputo se adaptará a la acción ejercitada en cada proceso y no al revés, siendo así que en la realidad la única dificultad, de escasísima importancia, aparece cuando el cómputo incluye resoluciones de aclaración o complemento de otras anteriores. 

 Y afirmo que es escasa la importancia porque el Tribunal Supremo ha resuelto este asunto en ATS, Sala 1ª, de 8 de octubre de 2013 (Roj: ATS 8832/2013) en el sentido de entender que el plazo debe empezar a computar de nuevo desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración o rectificación, de conformidad con la doctrina mantenida por la STC 90/2010, de 15 de noviembre, al tenerse en cuenta que las resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que pudieran interponerse contra la resolución aclarada, por lo que «se ha entendido tradicionalmente que en la determinación del "dies a quo" para el cómputo del plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de aclaración se debe tomar necesariamente en consideración la fecha de la notificación aclaratoria», lo que se compadece con el tenor literal de los arts. 448.2 LEC y 267.9 LOPJ, habiendo sido éste último objeto de reforma mediante Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la que se mantiene el criterio de iniciar el cómputo del plazo para el recurso desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración, rectificación o complemento y de ahí que el plazo de veinte días haya de computarse desde el día siguiente a la notificación del auto denegando el complemento solicitado, pudiendo hacerse uso de la prerrogativa del art. 135 .1 LEC. 

Para terminar, supuesto distinto es de la posibilidad de presentar la demanda o el escrito en el primer día siguiente hábil al del vencimiento cuando, en un cómputo de fecha a fecha, el último concluya en día inhábil. Dice el art.133.3 LEC que los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha y cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.El art. 133 LEC distingue entre los plazos señalados por días, en los que los días inhábiles deben quedar excluidos del cómputo y serán prorrogados al siguiente día hábil en el caso de que el del vencimiento sea inhábil, de los señalados por meses o años, en los que no quedan excluidos, de tal forma que la única incidencia que se conserva es la prórroga al día siguiente hábil en el caso de que no lo sea el último. Esta precisión tiene especial incidencia en el supuesto de que el cómputo de algún plazo señalado por meses o años incluya algún día del mes de agosto. En tal caso, los plazos se computarán de fecha a fecha (art. 5 CC), de tal modo que la inhabilidad del mes de agosto tan sólo tendrá incidencia en el cómputo, en el caso de que el día final correspondiente al del inicio caiga dentro del mes de agosto, de forma que el plazo quedará prorrogado al primer día hábil siguiente del mes de agosto. (Vide SEOANE PRADO, Javier. «Comentario artículo 133. Cómputo de los plazos. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Revista SEPIN. Marzo de 2010. Referencia: SP/DOCT/13175) 

En estos casos y en base al art. 133.4 LEC aquél se entiende prorrogado hasta el lunes, «siguiente hábil» e incluso vencido el plazo en esa fecha y de conformidad con el art. 135.1 LEC la presentación podría efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, sin que exista incompatibilidad en aplicar simultáneamente los arts. 133.4 y 135.1 LEC, pues se refieren a cuestiones diferentes: el primero, bajo la rúbrica «cómputo de los plazos», regula la duración misma del plazo y el segundo, extinguido el plazo, otorga una facilidad extraordinaria a la parte para cumplir un trámite perentorio (AAP BARCELONA, Sección 11ª, 19 de julio de 2011, Roj AAP B 4328/2011). 

Esto es, para el cómputo de los plazos se ha de tener en cuenta que el art. 182 LOPJ fue modificado por LO 19/2003 que declaró inhábiles los sábados y, aunque el cambio legislativo no se proyectó a la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la reforma por Ley 13/2009, ya desde 2004 era aplicable a todos los procesos. Consecuentemente, si el día en el que terminaba el plazo, –pues se había de computar de fecha a fecha como dispone el art. 133 LEC– era inhábil, podía presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente y ello por mor de lo dispuesto en el art. 135 LEC (ex. AAP MADRID, Sección 25ª, 20 de julio de 2012, Roj: AAP M 11774/2012).

17 septiembre 2014

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (i)


Introducción: un apunte sobre el cómputo de los plazos y la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Dice RODRÍGUEZ CARBAJO que si preguntásemos a abogados y procuradores cuál es la actividad que con mayor frecuencia realizan en su vida profesional, sin duda nos responderían que la de contar los plazos en sus distintas manifestaciones y, por ello, cabría suponer que el modo de realizar el cómputo de los mismos, que debería ser claro en nuestro ordenamiento, se podría limitar a una simple consulta del calendario. Nada más lejos de la realidad, concluye el autor («El cómputo de plazos de fecha a fecha: un triste desenlace» Diario La Ley, Nº 8250, Sección Columna, 13 Feb. 2014, Año XXXV). 

Y a las dificultades interpretativas en determinados cómputos ha de sumarse el hecho que la STC 209/2013, de 16 de diciembre (BOE 17 de enero de 2014) declara que la doctrina constitucional ha condensado la exigencia de un control más amplio del denominado principio pro actione. A pesar de su «ambigua denominación» dicho principio no exige «la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles» (entre muchas, SSTC 122/1999, de 28 de junio y 141/2011, de 26 de septiembre) y obliga a los órganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma proporcionada. Dicho de otro modo, prohíbe «aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (SSTC 38/1998, de 17 de febrero y 17/2011, de 28 de febrero, entre otras). Se trata en todo caso de un «escrutinio constitucional especialmente severo» (STC 7/2001, de 15 de enero) ya que conduce a apreciar la vulneración del art. 24.1 CE por parte de resoluciones judiciales incursas en un rigorismo desproporcionado, aunque puedan reputarse razonables y «sin perjuicio de su posible corrección desde una perspectiva teórica» (STC 157/1999, de 14 de septiembre). 

En consonancia con esta doctrina, el Tribunal Constitucional declara que «constituye ya doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) y que el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido, que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 32/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993, 302/1994 y 165/1996), cuando de acceso a la jurisdicción se trata». 

Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional aplicable sin dificultad al proceso civil, tiene su origen en una interpretación del cómputo «de fecha a fecha» de los plazos mensuales y anuales (arts. 185.1 LOPJ y 133.3 LEC) y comprenderá el lector el conflicto cuando lea el siguiente párrafo de la STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 2 de abril de 2008 (LA LEY 21079/2008): «El computo de los plazo señalados por meses, si se trata de un plazo procesal para interponer el recurso contencioso-administrativo, si bien se inicia el día siguiente al de la notificación del acto expreso, no culmina el día de la misma fecha que el del inicio del cómputo, sino el inmediatamente anterior, y ello para que aparezca respetada la regla del cómputo de fecha a fecha. De ahí que, en definitiva el día final para la interposición del contencioso, será el que corresponda en número al de la notificación». 

La postura del Tribunal Constitucional es reiterada y por citar un ejemplo la STC, Sala Segunda, 157/2009, de 29 de junio de 2009 aclaró que en relación con los plazos y su cómputo, la interpretación y aplicación judicial de una norma relativa a los mismos era una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante, podía adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial supusiera la inadmisión de un proceso o de un recurso o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico, para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión era determinante de indefensión, siempre que tal decisión hubiera sido adoptada partiendo de un cómputo en el que fuera apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o que se hubiera utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 179/2003, de 13 de octubre; 314/2005, de 12 de diciembre; 57/2006, de 27 de febrero; y 122/2007, de 21 de mayo). 

Dejo como apunte que según RODRIGUEZ CARBAJO a partir de dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional coexistirán dos sistemas de cómputo de esos plazos: el sistema moderno (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día siguiente al de la notificación) que tendrá su ámbito de aplicación limitado a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional que establecen plazos mensuales y el sistema tradicional (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día de la notificación) que se aplicará a los demás plazos administrativos, sustantivos y procesales y todo ello, dejando a salvo otras normas relativas al cómputo de plazos como los arts. 151.2 LEC (día inicial adicional) y 135.1 y 2 LEC (día final adicional). 

La presentación de escritos en los órganos judiciales civiles: las excepciones se convierten en reglas generales. 

El art. 135 LEC respondió en su momento a una necesidad histórica y solo puede ahora entenderse desde ese enfoque, con lo que desaparecida dicha necesidad parece necesario algún retoque que olvide de una vez el papel en la presentación de demandas y escritos y los sujete a los medios informáticos a disposición de los órganos judiciales. Veamos, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000 introdujo la obligatoriedad de la práctica de las actuaciones del juicio en los términos o dentro de los plazos señalados por la ley (art. 132.1 y 2 LEC) y con el fin de evitar la preclusión del acto o trámite para las partes (art. 136), el legislador estableció mecanismos para garantizar la presentación de escritos y documentos sujetos a plazo. Hasta el año 2001 se empleaba a los Juzgados de Guardia; desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se permite la presentación extemporánea de los escritos hasta el límite de las quince horas del día siguiente a aquél en que finalice el término o plazo de que se trate. 

El beneficio concedido por el legislador fue acogido con desigual resultado. Para algunos autores la prórroga del art. 135 LEC era una injustificada quiebra del principio de preclusión o quizá, con mayor precisión, del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales: mientras el legislador señalaba que en el cómputo de los plazos «se contará el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas» (art. 133.1 LEC); por otra, determinaba que «los plazos establecidos en esta ley son improrrogables» (art. 134 LEC) y establecía que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se produciría la preclusión y se perdería la oportunidad de realizar el acto de que se tratara (art. 136 LEC) (vide CAMARENA VÍLCHEZ, Francisca. «Presentación de escritos forenses: lugar y plazos. Notas a propósito del artículo 135 de la LEC » DIARIO LA LEY, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-177, tomo 5, LA LEY 1453/2002). 

Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? La práctica nos enseña que cuando el órgano judicial fija un plazo, no solo se agota el previsto en la ley o el que aparezca en la correspondiente resolución (lo habitual es que sea de tres o cinco días), sino el de la prórroga del art.135.1 LEC, con lo que la excepción se ha convertido en una regla general. De lo dicho resulta que en las oficinas judiciales se presentan dos clases de escritos: a) los que la parte considera oportuno para la práctica de alguna diligencia de prueba o ejecutiva, la averiguación del algún particular de la parte contraria o, el impulso del proceso, supuestos en los que no rige el cómputo del art.133 LEC, ni la preclusión de los arts. 134 y 136 LEC y b) los sujetos a plazo en los que siempre se agota el plazo concedido y la ampliación del art.135.1 LEC. 

Con tales antecedentes recordaremos que la redacción del art.135 LEC fue modificada por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, para adaptar la legislación procesal a la implantación del sistema Lexnet y dispone el apartado 1 que «Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial». 

El mandato se aplica a la presentación de los documentos que deban acompañarse a los escritos, pero no cuando se trata de realizar un determinado acto. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación y podrá hacerse constar la recepción de unos y otros en copia simple presentada por la parte (art. 135.4 LEC). 

Y sigue diciendo el art.135 LEC que el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello, en el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación (apartado 3). Desaparecida tanto la «diligencia de constancia» como la posterior «nota», que se han sustituido (lógicamente) por un «sello» en el que se hará constar el día y hora de la presentación, hubiera sido necesario precisar los límites de la posterior «dación de cuenta» con el fin de evitar la ulterior extensión de una diligencia para dar cuenta a la Sala, ponente o juez, de los escritos y documentos presentados, cuando contengan peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos (art.178.1 LEC). Omisión que se explica por los sucesivos parches que se han ido colocando en el articulado y en particular por la reforma del año 2009, que no cuidó ninguno de estos detalles provocando antinomias de difícil interpretación. 

En cuanto al traslado de los escritos y documentos, «se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a los procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece» (art. 135.6 LEC) de tal modo que cuándo se haya utilizado el servicio del traslado de copias del Colegio de Procuradores «el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas» (art.278 LEC). En estos casos el cómputo se realizará desde el día siguiente al de la fecha que conste en el sello de traslados y ello aunque una interpretación literal del art.151.2 LEC pueda llevarnos a otra conclusión. 

Téngase en cuenta que se hacen estas referencias porque en la actualidad sigue sin implantarse el traslado por el sistema Lexnet, porque en otro caso el traslado de copias se hace de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate, entendiéndose efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de la presentación. (arts. 135.5, 6 y 276.2 LEC). Lexnet envía la copia a los Procuradores que se hayan designado a través del servidor del Colegio de Procuradores y a la Oficina de Registro y el sistema informa que el traslado se ha realizado, sirviéndole dicho mensaje como acuse de recibo. Dice la STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) que siendo como es obligatorio a tenor del art. 4 Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios, el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación «oficial» de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan. Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala «entra» en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio y su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación. 

Recibido en la Oficina de Registro el escrito con el traslado de copias, procederá a su registro y reparto generando una diligencia de presentación de escritos y traslado de copias que el sistema envía al Colegio de Procuradores y al Juzgado. 

En estos casos las comunicaciones con los Procuradores se realizan a través de los servicios organizados por los Colegios de Procuradores y de su administrador con lo que la fecha que figura en el resguardo que se genera es la fecha de recepción del acto de comunicación, entendiéndose que en aplicación de lo dispuesto en el art. 151.2 LEC, el acto de comunicación se tendrá por realizado al día siguiente de la fecha de recepción. (ATS, Sala 1ª, de 7 de febrero de 2012, Roj: ATS 1937/2012). 

Por último, la previsión sobre la presentación de los escritos se completa con las dos siguientes: «En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia» (apartado 2) y «cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.2 de esta ley. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción» (apartado 5). 

Y esto nos lleva a una segunda excepción convertida también en regla general, pues la presentación de un escrito en la forma prevista en el art. 135.5 LEC – que todavía no se produce en la mayoría de los partidos judiciales– vuelve a abrir la puerta a tantas posibilidades que se antoja muy aventurada cualquier teoría y, más cuando se ha «retorcido» de tal forma el sistema informático de notificación que se ha convertido en una comunicación judicial por correo electrónico. 

En la práctica se ha ampliado de hecho el plazo ya que el procurador o el letrado reciben por Lexnet la copia de la resolución en el mismo día de la notificación, pero el cómputo se realiza en la forma prevista en el art. 151.2 LEC, con lo que en no pocas ocasiones se da la paradoja que el letrado o el procurador solicitan alguna aclaración en la Secretaría del Juzgado, recogen el mandamiento o acuden a consultar el proceso por mor de una resolución que formalmente no ha sido notificada y que no debería producir ningún efecto. Comprenderá el lector este aserto con lo que se expondrá en el siguiente epígrafe. 

El legislador se quedó a medio camino entre lo que debería haber hecho (inmediata supresión de cualquier prorroga en el caso de comunicación informática entre las partes y los órganos judiciales) lo que hace (coexistencia entre diferentes sistemas) y lo que sucede en la práctica (protocolos que modifican la normativa que regula Lexnet y por ende el cómputo de los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

 Y ¿cómo se aplica el art. 135 LEC en relación con los arts. 151 (tiempo de la comunicación) y 133 (cómputo de los plazos)? Nos encontramos con dos posturas diferentes. Para la primera el art. 135.1 LEC solo es aplicable a los escritos sujetos a plazos procesales y no en el caso de la caducidad y el de prescripción de tipo sustantivo o civil y no procesal, pues únicamente tienen este carácter los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción. 

Sin embargo, el precepto no distingue entre el carácter del plazo (procesal o civil) y si se atiende a su finalidad así como a que ese plazo material o sustantivo (de caducidad o prescripción) se encuentra preordenado al ejercicio de un acción procesal dentro de su período, llegamos a una conclusión diferente. Porque si en las actuaciones antes los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia y no hay un servicio de recepción de escritos en tales tribunales durante determinadas horas del último día hábil o durante todo él si es inhábil, la consecuencia es que no se podrá presentar la demanda ejercitando la acción correspondiente el último día o en determinadas horas de éste, pero dentro del plazo fijado, lo que llevaría consigo, de facto, una reducción inadmisible del plazo (MOSCOSO TORRES, Pablo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Referencia: SP/DOCT/2899). 

La segunda tesis se asienta en la definición y consecuencias de cada plazo. En el fondo y cualquiera que sea el plazo, hablamos de lo mismo. El cómputo del plazo expira el día de su vencimiento a las 24.00 horas, produciéndose la ficción legal de entender que si el escrito se presenta antes de las 15.00 horas del día siguiente, se entiende presentado el día de finalización del plazo. No hay más. Otra cosa es que el proceso se hubiera adaptado a Lexnet, sin límite de horas, ni de días, pero mientras se sujete a los arts. 151 y 135 LEC (en las redacciones actuales) junto a la ficción legal del vencimiento del plazo, tendremos la ficción legal del inicio del cómputo, con lo que desaparece, en consecuencia, la distinción entre los plazos civiles y los procesales.

14 septiembre 2014

7 trienios con viento de poniente.


No sé si saben que en Valencia en verano hace calor y más cuando sopla el viento de poniente, que es el resultado de una especie de secador de pelo gigantesco que funciona, según las rachas, de uno a tres días. Que recuerden los ancestros del lugar en Valencia, desde que fue ciudad romana y luego Reino, siempre ha hecho calor en verano, como en Teruel hace frio en invierno y en Madrid llueve hacia abajo, mezclando un calor tórrido en julio con un frio de bajo cero en diciembre. Pues siendo esto así, tócate los cojones Manolito y perdonen la expresión, porque resulta que parte del profesorado de la ciudad lleva dos semanas quejándose del calor y transmitiendo el lloro a los alumnos para que lleguen a casa quejosos del tiempo o huelgueen ante la Consejería o ante quien corresponda, a ver si ponen un aparato de aire acondicionado en cada clase o, mejor las suspenden. 

Y ¿qué tiene que ver la queja de parte de profesorado de Valencia con mis siete trienios? Muy simple: la caída libre que el desprestigio del mérito y de la capacidad ha logrado producir en la educación y en la función pública, después de décadas de vender la moto de los derechos sin obligaciones y de que cualquiera puede llegar a cualquier mando en plaza, porque eso es la democracia. Antes era el alumno el que quería saltarse las clases, hacer el examen del lunes, el miércoles o, mejor aún que cayera un aprobado general; ahora no hace falta: podrá ocuparse de ello su profesor o profesora, que reclamará ante quien corresponda por la lluvia que cae hacia abajo, el frio que no se combate con calefacciones atómicas de protones o, el nuevo temario que, quizá exija la vuelta al latín, el trato de “usted” y vocación, porque la enseñanza requiere vocación y hoy la tienen cuatro; la de la enseñanza, claro está, la de la política y la de tengo que trabajar llevan años siendo ahora mayoría y de la absoluta. 

Así que después de siete trienios he llegado a la conclusión que en Valencia, en verano hace calor, mucho calor y que el objetivo de igualar al personal por la mediocridad, que es lo que buscaba la Administración y los Sindicatos, es un objetivo conseguido después de desorganizar todo lo desorganizable, de años de cursos de formación y de advertencias públicas en el Boletín Oficial del Estado, sobre cómo tienes que inclinarte, cuantos grados y en qué postura para promocionar profesionalmente. Y no vayan a pensar otras cosas, que solo escribo de la carrera profesional, nada más. 

No se crean. No es mal resultado para veintiún años. Otros llevan el mismo periodo de tiempo hablándonos de la reforma de la justicia, de la informatización y de los operadores jurídicos y ahí siguen y hasta es probable que sean los mismos o, tengan parentela próxima, con quienes promoverán huelgas en invierno si en Valencia llueve hacia abajo en noviembre. Y eso espero, que llueva; hace mucha falta.