30 junio 2015

Comunicado desequilibrado sobre el desacoplamiento de los dineros judiciales (ii)


Leyendo los comunicados de las asociaciones del ramo, a las que no doy publicidad por un elemental principio de reciprocidad (pueden pinchar aquí y aquí), no solo he llegado a la palmaria conclusión que habitamos mundos distintos, sino galaxias diferentes, lo que me lleva sin solución de continuidad a evitar quejas, lamentos y lloros varios, que dan una impresión completamente errónea de la Administración de la Administración de la Justicia y de sus plataformas estables, testadas previamente por no se sabe quién o, en qué lugar se enamoró. 

No volveré en ninguna otra ocasión sobre el asunto de la Cuenta de Consignaciones, que funcionaba de la leche (perdonen la expresión, pero comparaba esa aplicación con el resto de las patatas que habitan mi ordenador) hasta que salió huyendo por la ventana perseguida por el marido cornudo (desacoplamiento) y desde ese lunes 22 de junio de 2015, pérdida las esperanza de encontrarla, deberemos reconocer que la cosa ha quedado ya en manos de Paco Lobaton o de ACME, sociedad multiservicios de comprobada eficacia con dibujos animados y que quizá, solo digo, que quizá, podría hacer desaparecer ese horrible color rojo de la pantalla de inicio de la famosa aplicación estabilizada y testada por no se sabe quién o, en qué lugar se enamoró. 

Pensaran ustedes que me conformo con el cambio de color y aciertan. Lo del servicio público se lo dejo a todos los que salvan el mundo colgados de una barra o detrás de una pancarta y sin perjuicio de reconocer que comparto plenamente el principio que rige la innovación en justicia (si funciona algo, estropéalo), convendría cierta moderación en el estropicio y democratizar el despropósito. 

Me explico. Si en civil hay que volver a introducir todas las cuentas bancarias a las que se hacían las transferencias periódicas (la aplicación no recupera esos datos); no se pueden transferir los depósitos perdidos en los recursos y hay que volver a reenviar los embargos masivos de cuentas; en penal, no se puede transferir a la cuenta del tesoro del dinero decomisado por drogas y en las oficinas del Santander no se puede pagar los mandamientos en efectivo, habría que montar un video explicativo, estabilizado y previamente testado por el que se enamoró para que mediante el sistema de piedra, papel y tijera, vayamos implantando el sistema en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social, acordándose con su resultado lo procedente.

A ver si hay valor, aunque los cementerios estén llenos de héroes. ¿Verdad que es apasionante escribir sobre Derecho o sobre algo que se le parece?.

24 junio 2015

No termino ver las bondades de la cuenta desacoplada.


Define el diccionario de la RAE desacoplar como separar lo que estaba acoplado y acoplar (del latín. copulāre 'juntar') como: (1) en carpintería y otros oficios, unir entre sí dos piezas o cuerpos de modo que ajusten exactamente; (2) ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse; (3) unir o parear dos animales para yunta o tronco; (4) procurar la unión sexual de los animales; (5) ajustar o unir entre sí a las personas que estaban discordes, o las cosas en que había alguna discrepancia; (6) encontrar acomodo u ocupación para una persona, emplearla en algún trabajo; (7) agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su funcionamiento combinado produzca el resultado conveniente; (8) unir, agregar uno o varios vehículos a otro que los remolca y (9) dicho de una persona: unirse a otra o a varias, para hacer algo coordinadamente. 

Leídas las acepciones poco tienen que ver, parece, con la cuenta de depósitos y de consignaciones judiciales que aunque se desacopló el pasado fin de semana, según video informativo de cinco minutos que no explicaba nada, hizo algo más y me da la impresión que nos encontramos ante la acepción (4) y ante el amante que sale por la ventana después de haber sido sorprendido o sorprendida, en actitud impropia por el cónyuge y la conyuga, que se siente molesto y molesta por dos protuberancias en la frente; o sea, en latín del vulgo, lo del desacoplamiento ha debido consistir en salir corriendo dejando detrás la ropa interior después de hacer lo que saben, porque otra cosa no cabe pensar después de tres días sin que funcione nada de todo lo que antes lo hacía. 

Esta mañana después de introducirme en ese horripilante color rojo de la pantalla de inicio, que me obliga a considerar la posibilidad de hacerme con alguna visera de esas que utilizan los pilotos del Ejercito del Aire, le he propuesto un juego de magia a la Magistrada y después de llevarme la mano izquierda a la espalda y de remangarme la toga, he comenzado a manejar con la derecha el ratón para transferir la millonaria cifra de 50 euros al tesoro público, que es de todos y de todas y que por eso lleva una ele; sigo que me pierdo. Después de dos toques al ratón, cuando le he dado el tercero al botón de confirmar me ha salido algo parecido al siguiente mensaje: ERROR EN OPERACIÓN. HA ESCRITO MÁS DE TRES CARACTERES. Ni Dynamo, oigan; con la mano izquierda en la espalda y la derecha en el ratón he escrito más de tres caracteres, que lógicamente y por cuestiones de seguridad financiera han impedido la transferencia en cuestión. 

Como supongo que el personal anda registrando quejas en la aplicación (les recuerdo que lo del teléfono está muy bien para pedir una pizza, cita en el médico y llamar a mamá) aparece ahora un mensaje en ese horripilante color rojo, comunicando que se están subsanando las deficiencias, lo que tiene su aquel y su más allá porque utiliza el plural y no da fecha en la que se acabaran las subsanaciones de las deficiencias; cuando lo cierto es que ahora toda la aplicación en un enorme deficiencia. Y es que, sabido es, que un desacoplamiento rápido no suele traer nada bueno y si encima es por la ventana, el riesgo de partirse la cabeza se multiplica.  

Corren malos tiempos para el romanticismo y eso que sigo empeñado en una apuesta sobre la cuestión que debo a un excelente vino.

17 junio 2015

El monitorio: ¿proceso o requerimiento de pago?


Desde este Blog se ha sostenido que el monitorio no es un proceso y menos aún que termina con el decreto el art. 816 LEC. No le daremos muchas vueltas al asunto, pero el monitorio, que es un simple requerimiento termina con las sentencias que se dicten en los respectivos juicios ordinario y verbal o, en su caso, con el decreto de finalice la ejecución. Dejando al margen los monitorios de la Ley de propiedad horizontal y su especialidad por la cuantía, en el resto la continuación del trámite es evidente y no necesita mayores análisis

La SAP 68/2014, PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, de 20 de febrero de 2014 (Roj: SAP GC 359/2014) resuelve uno de los problemas que plantea la calificación del monitorio como un proceso y que arranca con la duda de cuál debe ser la cuantía de la reclamación a efectos de la tasación de costas cuando se formula solicitud de juicio monitorio y a la oposición formulada sigue juicio verbal, en el caso que la mayor parte de la cuantía inicialmente reclamada se encontrara ya pagada en momento anterior a la formulación de la solicitud de juicio monitorio. 

Aclararé que la cuantía inicialmente reclamada fue la de 4.103,63€, pero que el juicio verbal posterior se siguió por 848,39€ y en el que, por tanto, no era preceptiva la intervención de abogado y procurador. 

Se lee en la sentencia que la Sala deliberó sobre qué cuantía había de considerarse a estos efectos para la minutación de los honorarios en los juicios declarativos subsiguientes a la formulación de oposición en juicio monitorio. Sobre si debían separarse ambas fases, la monitoria y la declarativa, e imponerse costas separadamente por una o por otra; sobre si debía considerarse un procedimiento único o no -en distintos escenarios de modificación de la cuantía inicialmente reclamada- y sobre el efecto que sobre la cuantía a considerar había de suponer la reducción de la cuantía reclamada a la vista del resultado de la oposición a la solicitud de juicio monitorio especialmente en el caso que la reducción de la cantidad inicialmente reclamada se hubiera hecho tras conocer la oposición fundada en el pago de la parte mayor de la cuantía reclamada (cuantía que sí exigió la intervención Letrada y la representación de Procurador en el juicio monitorio conforme a lo dispuesto en el art. 818 párrafo segundo de la LEC), manteniendo la pretensión por una cuantía muy inferior -y para la que, si no se considerara la fase previa, no habría sido preceptiva la intervención de abogado y procurador-. 

Pues bien, indicando la Sala que otra cosa podrá entenderse en situaciones fácticas distintas, en el caso que ventila debe considerarse la existencia de un procedimiento único, que la parte actora reclamó inicialmente más de 4.000 euros forzando que el deudor formulara oposición con intervención de abogado y procurador (cuando si hubiera reclamado desde el principio los 848,39€ no habría sido preceptiva dicha intervención). Esto es, deberá considerarse un único proceso el monitorio, la oposición al monitorio y el juicio verbal subsiguiente y que a efectos de fijación de la cuantía del procedimiento para considerar preceptiva la intervención de abogado y procurador (que efectivamente lo fue en todo caso) deberá tenerse por fijada en los 4.108,63€ inicialmente solicitados, que forzaron al demandado a valerse de abogado y procurador, y no en los 848,39€ a que se redujo la demanda en la fase de juicio verbal no por allanamiento del demandado sino por aceptación por el demandante de la causa de oposición opuesta, por lo que deben considerarse debidos los honorarios devengados por los profesionales que intervinieron en todo el procedimiento en defensa del demandado y calcularse sobre una cuantía de 4.108,63€ como correctamente se hizo en la tasación de costas impugnada.

04 junio 2015

¿Cálculos erróneos de cuantía o extralimitación colegial en la fijación de honorarios?


No nos ocupa en este comentario la libertad de un Colegio profesional para fijar los honorarios que entienda oportunos, aunque creo que de hecho ya solo lo hacen los de Abogados, pero una norma orientativa no puede servir para discutir una tasación de costas a menos que respete la reglas que regulan dicha liquidación en el proceso civil y que comienzan con la que regula la cuantía del asunto. 

La insistencia del legislador civil del año 2000 en la regulación detallada de la fijación de la cuantía tuvo mucho que ver con las interminables discusiones sobre este particular que llegaban en no pocas ocasiones, al Tribunal Supremo. Por dicha razón hay ahora: (a) un control de oficio y una impugnación por razón de la cuantía (arts. 254 y 255 LEC), (b) un límite legal para el pago de las costas que se fija en atención a la cuantía del proceso (art.394.3 LEC), (c) un recurso de casación que se condiciona a la cuantía del proceso (art. 477 LEC) y (d) una tasación de costas sujeta a todo lo anterior (art. 243 LEC). 

Precisamente y por todo ello el reciente ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015 (Roj: ATS 2741/2015), reiterando una doctrina que no tiene interrogantes advierte que:


2.- En cuanto a la cuantía, el incidente de impugnación de la tasación de costas no tiene por objeto fijar la cuantía del pleito, su misión es la de ser un cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no pueden alterarse las bases de cálculo -la cuantía - que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada.

La conclusión que se extrae de este razonamiento es que tanto la impugnación del art. 246.1 LEC (honorarios excesivos del letrado) como su resolución en modo alguno podrán modificar un hecho inalterable (el repetido de la cuantía del proceso) y, menos aún sobre una norma orientativa que ninguna vinculación procesal tiene y sobre un informe (el del Colegio de Abogados) que discutiría la tasación careciendo de soporte legal para ello

Lo contrario implica que en un trámite de liquidación de cantidades ilíquidas se contradiga el decreto de admisión del proceso, la resolución que haya ventilado la impugnación de la cuantía, la propia sentencia y el límite legal del art. 394.3 LEC. 

Quizá el problema tenga origen en un arrastre histórico que merece un retoque normativo, porque la tasación de costas en el art. 242 LEC es supletoria de la reclamación extraprocesal, esto es, se deberían tasar, sino hubiera una previa satisfacción de la parte condenada al pago. Como todos sabemos la regla general ahora es la contraria: primero se tasan las costas y luego se ejecutan y, por ese camino se ha llegado al extremo de confundir lo que puede facturarse a un cliente de lo que está obligado a pagar el condenado en costas. Pero una cosa es esa y otra bien distinta someter la tasación de costas (en la que se incluyen los honorarios de los letrados) a normas que no pueden vincularla y que en cualquier caso contradicen el ordenamiento procesal.

29 mayo 2015

El Tribunal Supremo vuelve a opinar sobre los derechos de los Procuradores.


En el reciente ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2015 (Roj: ATS 2984/2015) se resuelve un recurso de revisión contra un decreto en el que se desestimó una impugnación de la tasación de costas, declarando debidos los derechos de un procurador. 

En relación con los derechos del procurador la impugnante mostró su disconformidad con la motivación del decreto, exponiendo que sus alegaciones ya se habían planteado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 1 de marzo de 2012 , que nuestros órganos internos en materia de competencia ya han puesto de manifiesto la ilegalidad del sistema retributivo de los procuradores (cita el IPN 96/13, Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC, procuradores) y que esta misma línea es seguida en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Dejaba en manos de la Sala el planteamiento de oficio de una cuestión prejudicial ante el TJUE o la inaplicación directa del Reglamento que regula el arancel de los procuradores. Sin embargo, especificó que la única pretensión procesal que instaba en el recurso es que no se impusieran las costas del incidente, pues el art. 246.3 párrafo segundo únicamente prevé dicha imposición de costas en el caso de las impugnaciones por excesivas. 

Afirma la Sala que esta no es una cuestión nueva, habiéndose planteado en diversas ocasiones ante los tribunales, lo que ha motivado que tanto la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 1 de marzo de 2012 , como el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, con fecha 21 de mayo de 2013, elevasen sendas cuestiones prejudiciales al TJUE, cuestiones que fueron retiradas porque las partes alcanzaron acuerdos extraprocesales sobre el pago de las costas . 

Y no han faltado voces críticas sobre el sistema retributivo de los procuradores de los tribunales o sobre la existencia misma de estos profesionales por considerar el sistema español excepcional en la Unión y gravemente perjudicial para la competencia, siendo especialmente significativo el informe de la antigua Comisión Nacional de la Competencia al anteproyecto de Ley de reforma de la LEC (IPN 96/13). Sin embargo, la Sala consideró que no era procedente el planteamiento de cuestión prejudicial porque el sistema vigente no resulta contrario a la normativa comunitaria sobre prestación de servicios y libre competencia, cuya trasposición a nuestro ordenamiento se verificó, entre otras, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como "Ley Paraguas"). 

Asimismo, el RD Ley 5/2010, de 31 de marzo, incluyó en nuestro ordenamiento un límite general a los derechos que podía percibir el procurador en un mismo asunto y que no podía exceder de 300.000 euros. Esta norma no incluyó un principio de proporcionalidad, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de mayo de 2013 (STC 108/2013), no pudiendo ser interpretada en el sentido de que los tribunales tengan capacidad de moderar los derechos de los procuradores cuando resulten a todas luces desproporcionados atendiendo a la exclusiva función que les atribuye la ley, de representación de la parte en el proceso . Sin embargo, también debe indicarse que la doctrina del TJUE, representada por la conocida sentencia de 5 de diciembre de 2006 , dictada en los asuntos acumulados C-94/04 y C-202/04 (Caso Cipolla), ha declarado que la protección, por una parte, de los consumidores, en particular de los destinatarios de los servicios judiciales prestados por los auxiliares de justicia, y, por otra parte, de la buena administración de justicia, es un objetivo que se encuentra entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permiten justificar una restricción a la libre prestación de servicios ( sentencias de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p . I-6511, apartado 31 y la jurisprudencia citada, y de 21 de septiembre de 1999, Läär ä y otros, C-124/97 , Rec. p. I-6067,apartado 33), siempre que se cumpla el doble requisito de que la medida nacional controvertida en el litigio principal sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, correspondiendo al tribunal nacional examinar, en particular, si existe una correlación entre el nivel de los honorarios y la calidad de los servicios prestados por los profesionales. Así, no han faltado voces autorizadas que han considerado que la fijación de los derechos de los procuradores por arancel supone una garantía para el justiciable, ya que le proporciona información sobre el coste del servicio, y constituye un sistema objetivo para la determinación del cálculo de los honorarios a incluir en la tasación de costas ; tampoco es ajena esta Sala a la indudable labor de colaboración con la Administración de Justicia y de facilitación de la actividad jurisdiccional que desarrollan los procuradores, labor que justificaría ese interés general a que se refiere el TJUE y se recoge en el art. 2 de la Ley 17/2009 de 23 de marzo como causa de exclusión del ámbito de aplicación de dicha norma.
cita:

Por último, no hemos de perder de vista el futuro inmediato de la cuestión que ahora examinamos, futuro que viene representado por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo último anteproyecto (de 11 de noviembre de 2014 y actualmente retirado) incluye importantes novedades al respecto que, sin duda, facilitarán la libre competencia entre los profesionales con respeto a la normativa comunitaria; en dicho anteproyecto se contienen medidas como el carácter de máximo del arancel de derechos de los procuradores, ya que estos estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en dicho presupuesto constará expresamente la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa y, en el caso de que no se ofrezca ninguna disminución, habrá de constar expresamente este hecho; también se prevé que en los casos en que hubiere condena en costas a la totalidad, las retribuciones del procurador serán en todo caso las pactadas por este y su representado, cuando sean inferiores al arancel máximo fijado en la normativa; del mismo modo se prevé que en los casos en que la imposición de costas lo sea solo a una parte de estas o hasta una cifra máxima, se aplicarán las retribuciones pactadas por el procurador y su representado, cuando estas sean inferiores al arancel máximo establecido en la normativa, y hasta el límite fijado en la resolución en la que se acuerde la imposición de las costas ; por último, se limita extraordinariamente la cuantía máxima que puede percibir un procurador por su intervención en un asunto (75.000 euros) y se reducen porcentualmente los derechos fijados en el arancel vigente (RD 1373/2003) hasta la aprobación del nuevo Real Decreto que adecue el arancel de los derechos de los procuradores.

Por tanto, de acuerdo con el sistema hoy vigente y con la previsión normativa expuesta, esta Sala entiende que no es procedente en este momento el planteamiento de la cuestión prejudicial propuesta. Además, y a mayor abundamiento, cabe destacar que esta Sala, en el auto de fecha 2 de febrero de 2010, recurso nº 208/2006 , ha mantenido que « [n]o hay razón alguna que justifique el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJCE. para lo cual sería preciso una norma comunitaria de aplicación directa que condicione la decisión a adoptar en el proceso y que su interpretación suscite duda al Tribunal nacional que haya de aplicarla ». En este punto debe mencionarse que no existe una norma comunitaria de aplicación directa, de forma que el examen de proporcionalidad y ponderación de la aplicación del arancel al caso concreto, fin perseguido por la directiva europea citada en la impugnación, se ve respetado por la aplicación concreta del mismo. 

No obstante y dado que la cuestión planteada ha generado un intenso debate anterior culminado con el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales españoles ante el TJUE (aunque posteriormente fuesen retiradas), existen serias dudas de derecho que aconsejan la no imposición de costas y la correspondiente estimación del recurso de revisión.

25 mayo 2015

Un señalamiento, una suspensión y una multa de 6.000,00€ al Banco de Santander.


Inundados en Valencia con demandas contra Bankia (y escribo literal lo de inundados) una estupenda forma de cargarse todo un orden jurisdiccional en una de las capitales más importantes de España es la de acudir a la audiencia previa del juicio ordinario o a la vista del juicio verbal como si el asunto en cuestión fuera el primero de los que se ventilan en el Juzgado (y en Valencia hay tres magistrados reforzando el estropicio) ya sea reiterando excepciones, citando a testigos de los que solo se conoce el número y por supuesto, reclamando el movimiento bursátil del demandante (hábil gestor de fondos aunque, verbigracia, no sepa leer, ni escribir o, no tenga ni idea de lo que compraba, ni el empleado de turno de lo que vendía). 

Sucede además que en ocasiones la cosa va para largo y podemos tener apelación y casación (ya saben, lo de la tutela judicial efectiva) y si el señalamiento en la instancia ya va para largo, solo faltaba que nos venga el escrito de desistimiento o de acuerdo extraprocesal el día anterior al acto de la vista. Ese es el lado oscuro del señalamiento que tantas quejas ocasiona en profesionales y particulares: la justicia sin medios no consiste solo en el señalamiento de un juicio en el año 2017, sino en ver también cuantos se han suspendido o no se han celebrado los años anteriores por causas ajenas a los Juzgados; datos que no tenemos porque carecemos de ese sistema informático que lleva implantándose tres siglos (la fecha, a ojo)

Pues bien, el ACUERDO del día 4 de marzo de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo impuso a Banco Santander la multa de seis mil euros por haber conculcado las reglas de la buena fe procesal en el recurso de casación núm. 2641/2012. La multa en cuestión se asentó en el hecho que el citado Banco presentó un escrito de desistimiento cuando estaban a punto de cumplirse las horas de audiencia del último día hábil previo al señalado para la deliberación, votación y fallo de un recurso, al que estaba convocado el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo

Y se fundó en el siguiente relato fáctico: el Banco Santander interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 20 de julio de 2012 y el 9 de octubre de 2012 se personó ante esta Sala El 1 de octubre de 2013 se dictó auto admitiendo a trámite el recurso de casación y el siguiente 23 de junio de 2014 una providencia señalando día y hora para la deliberación, votación y fallo del recurso. Posteriormente se dictó una nueva providencia en la que a propuesta del Magistrado Ponente y advertida la posibilidad de que la sentencia resolutoria del recurso pudiera formar doctrina sobre alguna de las cuestiones planteadas en sus motivos, se acordó suspender el señalamiento y someter el conocimiento del mismo al PLENO de los Magistrados de esta Sala 

El 12 de diciembre de 2014, viernes, a las 13,16 horas, Banco Santander presentó un escrito en el que se desistía del recurso de casación interpuesto, siendo así que el día 15 de diciembre de 2014, fecha señalada para la deliberación, votación y fallo del recurso, se dio cuenta al ponente y al resto de componentes de la Sala que el anterior día hábil, a la hora indicada, se había sido presentado el referido escrito de desistimiento. Por Decreto de la Sra. Secretaria de la Sala de 12 de enero de 2015 se acordó declarar desistido del recurso a Banco Santander. 

Los preceptos legales que entendió de aplicación la Sala para la imposición de la multa fueron los siguientes: 178.1, 197 y 247 LEC, 197 LOPJ y 123 CE así como el Acuerdo de 7 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publicó el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2014. 

Y concluye que la actuación de Banco Santander, al presentar el escrito de desistimiento del recurso cuando necesariamente los integrantes de la Sala Primera del Tribunal Supremo tenían que haber dedicado su tiempo y esfuerzo a la preparación de la deliberación y votación del recurso en el Pleno de la Sala y, en el caso del ponente, a la preparación de los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho que había de someter a la deliberación de la Sala, así como la propuesta de decisión que había de formular, fue contraria al deber de lealtad que todo litigante debe observar respecto del órgano judicial, supone un uso torcido de los recursos públicos empleados en la Administración de Justicia y no es acorde con la conducta racionalmente exigible a quien formula una pretensión ante un tribunal. Tanto más cuando no se ha dado ninguna explicación plausible de por qué se ha esperado unos dos años para presentar el escrito de desistimiento, y haberlo hecho justamente al final de la mañana del último día hábil previo a la deliberación, votación y fallo del asunto, más allá de genéricas invocaciones al "importante volumen de trabajo" claramente insuficientes para justificar tal conducta. 

De hecho, el banco en cuestión era reincidente y en el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 74/2012, también se había convocado al Pleno de la Sala para la deliberación, votación y fallo del recurso, presentándose escrito de desistimiento varios días antes. En ese caso la Sala emitió un comunicado en el que, entre otros extremos, afirmó: "La Sala lamenta que tal decisión del recurrente le impida dictar una sentencia en la que fije criterios jurisprudenciales que sean útiles para resolver estos litigios, así como el tiempo y el esfuerzo empleados por los integrantes de esta Sala y de su Gabinete Técnico en estudiar y preparar el asunto". 

 Y esta doctrina ¿podría aplicarse en la primera instancia?

21 mayo 2015

A vueltas con las grabaciones de los actos en el proceso penal: la STC 16 de marzo de 2015.


En el apasionante debate que sostienen algunas Fiscalías sobre la necesidad de la trascripción de declaraciones y juicios entró el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 16 de marzo de 2015 (BOE núm. 98, de 24 de abril de 2015) y de la única forma posible, mediante el análisis de la actividad de la documentación, propia de los Secretarios Judiciales y que rebate esa vuelta al papel que parece encontrarse en algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que le ocasionaría a los ingenieros de Apple un infarto. 

El asunto que analiza el Tribunal Constitucional es de los que somete a la famosa Ley de Murphy y la maldita tostada boca abajo, si bien el quehacer del Juzgado de la instancia, de su titular, de la Audiencia y sobre todo de la Secretario Judicial, fue impecable. Estas líneas, que no dejan de ser un resumen, obligan a leerse la sentencia y es algo que aconsejo, porque también el razonamiento del Tribunal Constitucional fue impecable y ello pese a que el Ministerio Fiscal, siguiendo la queja del recurrente en amparo postuló la estimación del recurso de amparo. 

Durante el desarrollo de un juicio oral, celebrado en cinco sesiones consecutivas, entre los días 4 a 8 de abril de 2011, sucede que en la sesión del día 6 de abril, figura en las actuaciones el acta sucinta de la Secretaria del Juzgado y durante el interrogatorio a la quinta testigo, el acta refleja lo siguiente: "Se ha producido un problema técnico con la grabación, interrumpiendo la sesión 2 minutos para solucionar el problema". Luego se lee la frase: "Se ha solucionado el problema de grabación". Al finalizar la declaración, el acta indica, en letras mayúsculas: "CONTINÚA EL ACTA SUCINTA", volviendo al formato anterior con la siguiente testigo y, tras ella, con el interrogatorio de quienes fueron citados como expertos (prueba pericial), cerrándose luego la sesión. Por mor de la famosa Ley de Murphy citada antes, en el DVD del juicio oral del día 6 de abril de 2011 no aparecieron dos periciales, la del Médico y las testificales de tres Policías Locales

El día 14 de noviembre de 2011, el Juzgado dictó un Auto en el que acordó la reconstrucción del acta del Juicio Oral a partir de las manifestaciones y alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y por la defensa del acusado así como del contenido de los DVD facilitados por los medios de comunicación audiovisuales. El Magistrado aclaró que ninguna de las cuatro pruebas cuya reconstrucción se interesó fueron acogidas para fundamentar la condena.

Interpuesto el recurso de amparo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de alegaciones interesando la estimación parcial de la demanda. Consideró el Ministerio público que se producía indefensión por la imposibilidad de que por el tribunal de apelación se pudiera revisar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por la ausencia de grabación audiovisual en una sesión del juicio oral. 

¿Y qué tiene todo esto que ver con las transcripciones de CD y DVD?. Copio literal el segundo ordinal, letras a) y b) de los fundamentos de derecho:


a)La actividad de documentación de las actuaciones de un proceso, como se sabe, queda encomendada en nuestro ordenamiento jurídico al Secretario judicial (arts. 454.1 LOPJ); 148 LEC; y 6 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre quien recibe la ayuda del personal perteneciente al cuerpo de Auxilio Judicial en la custodia de las actuaciones escritas y en la comprobación del correcto funcionamiento de los medios técnicos que han de registrar actos orales [ art. 478, letras d ) y f) LOPJ ], sin perjuicio de la supervisión última que, como cualquier otra actividad desarrollada dentro del órgano judicial, le corresponde a su titular (art. 165 LOPJ ). El producto de esa actividad de documentación se configura como fuente auténtica de la realidad de lo actuado, gracias a la fe pública emanada del Secretario Judicial, quien a tal efecto deja "constancia fehaciente" de lo que presencia (arts. 453.1 LOPJ ; 145.2 LEC y 5 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales). 
De este modo, respecto de las actuaciones testimoniadas por este último hemos dicho que "resulta correcto el adagio quod non est in actis, non est in mundo, es decir, lo que no está en las actuaciones, no existe" (STC 32/1999, de 8 de marzo, FJ 5). Tal afirmación no obsta, sin embargo, cuando resulta preciso, a la eventual integración de los datos faltantes en ese soporte, con otros medios de prueba (ATC 167/2000, de 7 de julio, FJ 1); o al propio control de lo que haya sido certificado (ATC 152/2004, de 27 de abril, FJ 1). 
b) Respecto a la relevancia que la documentación de las actuaciones reviste en el proceso penal, debe señalarse que el art. 230 LOPJ , en su redacción original de 1 de julio de 1985, ya contemplaba el posible uso de "cualesquiera medios de documentación y reproducción" de las actuaciones judiciales, siempre que ofrezcan garantías de autenticidad; precisando la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, cuyo art. 8.2 modificó dicho precepto, que los Juzgados y Tribunales pueden valerse para aquel fin, de "medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos". En desarrollo de esta previsión general, la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 fue la primera en implantar para los procesos civiles el registro de las vistas y comparecencias, "en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen", bajo custodia del Secretario judicial (art. 147). La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, "de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial", ha extendido la obligatoriedad del registro audiovisual de los actos orales a los demás órdenes de jurisdicción, modificando las respectivas leyes procesales. 
En lo que aquí específicamente importa, que es la grabación de la vista oral en los procesos penales [ art. segundo, apartado 95, de la Ley 13/2009 , que reforma a tales efectos el art. 743 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) -el esquema regulador, en todo caso, se reitera en las normas relativas a los demás órdenes-], se dispone que si el Secretario Judicial cuenta con los medios tecnológicos necesarios, "garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías", lo que hace innecesaria su presencia en la Sala así como de tener que levantar acta, salvo ciertas excepciones (art. 743.2 LECrim). De no disponer de firma electrónica o sistema equivalente, el Secretario debe redactar acta sucinta con los datos identificativos mínimos de la sesión, ex art. 743.3 LECrim ("número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte"). 
El levantamiento de acta detallada de la vista se convierte por tanto en un supuesto de excepción, que se emplea únicamente cuando la grabación no resulta posible y tal eventualidad es conocida antes o en el momento de abrirse la sesión, en cuyo caso el acta del Secretario habrá de recoger "con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas" (art. 743.4 LECrim). Al margen de su extensión, el acta ha de levantarse siempre "por procedimiento informático", salvo que el órgano judicial carezca de tal medio técnico (art. 743.5 LECrim). Con estas previsiones legales, el soporte de grabación audiovisual ha venido a desplazar al acta escrita como medio de documentación de las actuaciones orales en todos los órdenes de la jurisdicción, superando las tradicionales limitaciones de esta última. Interesa añadir, en fin, que la misma Ley 13/2009 modificó también el apartado 6 del art. 788 de la LECrim, a fin de prever que en el proceso abreviado -por cuyo cauce, recordemos, se sustanció la primera instancia del proceso seguido contra el recurrente-, "cuanto se refiere a la grabación de las sesiones del juicio oral y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743 de la presente Ley ".

No le den vueltas: no van a encontrar una prohibición expresa y literal de la transcripción de un CD. Lo que importa es la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 4 LEC) y la sujeción de las actuaciones de todos los órganos judiciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 230 y eso sí que lo dice el Tribunal Constitucional y en cuanto a la primera, con la cita expresa de la Ley 13/2009. 

Sobre el resultado del recurso, el Tribunal Constitucional desestimó la petición de amparo entendiendo que la ausencia de documentación no podía comportar en este caso la merma del derecho a la defensa (lesión del art. 24.1 CE). El recurrente partió de la premisa consistente en que la declaración de los peritos permitiría probar lo que afirmaba; aserto que, sin embargo, no se correspondía con el relato de hechos probados de la Sentencia del Juzgado, confirmada en apelación, ni con las pruebas que sustentan dicho factum. Por tanto, si las periciales no documentadas no cuestionaron la credibilidad de los testigos, ni lo declarado por los propios acusados, y teniendo en cuenta la absoluta lógica de la inferencia judicial, la conclusión que cabe extraer es que la defensa del recurrente no aportó una argumentación verosímil sobre la indefensión que dijo sufrir por no poder contar en apelación con el registro audiovisual de dichas declaraciones periciales.

18 mayo 2015

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre la integración de las cláusulas abusivas (STS 22-4-2015)


La reciente STS, Pleno de la Sala 1ª, 265/2015, de 22 de abril de 2015 (ROJ: STS 1723/2015) analiza la posible integración de las cláusulas abusivas (dejando al margen la ejecución hipotecaria) y llega a las siguientes conclusiones: 

(i) por un lado reitera que tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios); 

(ii) en segundo lugar, ha de entenderse por consumidor toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Por tanto, que el dinero prestado no fuera destinado a bienes de primera necesidad es irrelevante para la conceptuación del prestatario como consumidor. Para que el contrato esté excluido del ámbito tuitivo de la normativa de protección de consumidores por razones subjetivas, es necesario no solo que el adherente sea también profesional o empresario, sino que, siendo una persona física, conste que la celebración del contrato se realice en calidad de tal empresario o profesional. 

(iii) es admisible que una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor establezca una indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del consumidor (que en ningún caso serán los derivados del ejercicio de la acción judicial puesto que esos daños resultan resarcidos por la condena en costas), pero no es admisible que sea una indemnización «desproporcionadamente alta». 

(iv) se considera que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576 LEC para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, considerándose abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal. 

(v) Por último, el TJUE deduce de la redacción del art. 6.1, Directiva 1993/13/CEE, que los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible. 

Y en cuanto a la posibilidad de aplicar de modo supletorio una disposición de derecho dispositivo de Derecho nacional, una vez declarada la nulidad de la cláusula abusiva, el TJUE solo admite esta posibilidad cuando sea necesario para que el contrato subsista, en beneficio del consumidor, para evitar que el juez se vea obligado a anular el contrato en su totalidad y el consumidor quede expuesto a consecuencias que representarían para él una penalización. La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los preceptos de la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores es que la consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de la misma. 

El problema surge porque el TJUE ha declarado que en un litigio entre particulares, una Directiva comunitaria que no haya sido adecuadamente transpuesta no permite al juez adoptar una decisión que sea contraria al Derecho interno, pero que el juez está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta. 

Aplicando dicha doctrina la abusividad de la cláusula del interés de demora implica su supresión y la consecuencia será que el capital pendiente de amortizar solo devengará el interés ordinario. Por consiguiente, no cabe la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar «reducción conservadora de la validez»), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés, ni la aplicación de la norma de derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada.

09 mayo 2015

La Fiscalía obliga al TSJ ANDALUCIA a explicar lo obvio: ni hay que transcribir CD o DVD, ni nos queda papel calco.


En un reciente ACUERDO la SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de ANDALUCIA, que encontraran del comentario, concluye: 

1. Los Secretarios Judiciales ostentan en exclusividad el poder de documentación de los actos procesales para su incorporación al proceso (art. 453.1 LOPJ), con respeto a la legalidad vigente y, muy especialmente, a las normas procesales que han de aplicar (art. 230 LOPJ), debiendo atender con especial atención a las limitaciones que al uso de documentos, archivos y ficheros electrónicos, establece la Ley de Protección de Datos. 

2. La LECrim, en la redacción actual de los artículos 385 y siguientes, reguladores de las declaraciones de los procesados, testigos y peritos en el proceso penal, no impone obligatoriamente la forma escrita en la documentación de dichas declaraciones aún no habiendo sido modificados dichos preceptos, por lo que ha de entenderse, bien por vía de aplicación supletoria de la LEC, de la directa de la LOPJ o de la ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que los secretarios judiciales podrán optar por una u otra en uso de sus atribuciones como fedatarios públicos, sin que tenga sentido el despilfarro de recursos que supone utilizar ambas vías de documentación. Verificada, por tanto, la documentación digital, no es procedente la transcripción escrita de la misma, sin perjuicio, en todo caso, de supuestos excepcionales que así lo aconsejen. 

5. Entender que la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Almería, no obstante su forma, tiene una naturaleza gubernativa o administrativa, no jurisdiccional, en cuyo ámbito carece de competencia para dirigirse a una oficina judicial que no es la propia, por lo que, de seguir entendiéndose la necesidad de realizar las transcripciones acordadas, deberá ser la oficina del Ministerio Fiscal que ha solicitado las mismas, la que deberá asumir el coste de realizarlas

La Fiscalía ha sido especialmente beligerante con este asunto de las transcripciones en la Comunidad Valenciana y en Andalucía y, en el primer caso, ha intentado que Secretarios Judiciales destinados en el Orden civil remitieran transcripciones de los CD de los juicios civiles cuando, por la razón que fueran (habitualmente la querella de alguna de las partes) debían incorporarse a algún proceso penal. 

Ya se ha hecho algún comentario en este BLOG sobre esta cuestión, pero entiendo que la claridad y la contundencia del ACUERDO de la SALA DE GOBIERNO no merece otros añadidos.



06 mayo 2015

El Tribunal Supremo fija doctrina en las reclamaciones por gastos generales de la Ley de Propiedad Horizontal.


La reciente STS, Sala 1ª, 22 de abril de 2015 (Roj: STS 1536/2015) estimando el recurso de casación interpuesto contra la SAP VALENCIA, Sección 11ª de 21 de diciembre de 2012, en el rollo de apelación número 260/2012 , dimanante del juicio ordinario número 1087/2011 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación una Comunidad de Propietarios contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía y fija como doctrina que "cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre"

El Tribunal Supremo analiza los arts. 9.1 y 21 LPH y parte de la regla general que el obligado al pago de los gastos generales, según el precepto sustantivo (artículo 9.1.e)) es el propietario, y así viene a confirmarlo el art. 21.1 de la Ley, y naturalmente, en principio, será deudor responsable de dicho pago el que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacer el gasto comunitario. No obstante, y partiendo de la anterior precisión sobre el obligado al pago, se han venido produciendo sucesivas reformas en la Ley de Propiedad Horizontal con el objeto de tutelar y proteger a las Comunidades de Propietarios, a fin de garantizarles en la mayor medida el cobro de las deudas de los comuneros, pues la morosidad constituye el mayor problema que pueden sufrir, ya que les impide hacer frente a las elementales necesidades para el adecuado sostenimiento del inmueble y sus servicios, sufriendo los comuneros cumplidores las consecuencias desfavorables de tales incumplimientos a salvo que suplan la insolidaridad del moroso. 

Las garantías previstas para conseguir tal propósito son las siguientes: 

(i) Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y a los tres años anteriores tienen la condición de preferentes (art. 9.1 e) LPH). 

(ii) El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación (art. 9.1.e) LPH). 

(iii) La obligación del propietario de comunicar el cambio de titularidad de la vivienda o local, estableciendo que "quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquel a repetir contra este". (art. 9.1 i) LPH ). 

De las dos últimas garantías se desprende que, siendo responsable del pago de los gastos comunitarios el propietario de la vivienda que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacerlos, sin embargo se extiende tal responsabilidad a una serie de personas, sin perjuicio del derecho de repetición de éstas contra el obligado al pago. 

Tales personas son: (i) el propietario actual adquirente del bien por las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite que ya hemos recogido, con afección real del piso o local al cumplimiento de la obligación, aunque el adquirente lo sea con título inscrito en el Registro de la Propiedad; (ii) el propietario anterior que omita la comunicación de cambio de titularidad

El titular registral se encontrará legitimado pasivamente para reclamarle el pago de la deuda: (i) cuando fuese propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación de la que nace aquella; (ii) cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local con título inscrito en el Registro de la Propiedad, por las deudas contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales que prevé el precepto con afección real del inmueble, (iii) cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad. 

Fuera de estos supuestos no existe obligación legal, propia ni por extensión de responsabilidad, por parte del titular registral al pago de las deudas por gastos de la Comunidad de Propietarios; por lo que no se encontraría legitimado pasivamente para soportar una reclamación de esa naturaleza. 

Ahora bien, cuando la Comunidad de Propietarios además de ejercitar la acción obligacional contra el que deba responder del pago, pretenda ejercitar la real contra del piso o local afecto al mismo, existiendo discordancia entre deudor y titular registral, será preciso que demande a éste para garantizar la ejecución de la deuda sobre el inmueble; debiendo interpretarse en este sentido el art. 21.4 LPH , de naturaleza procesal, por ser precisa la demanda contra el titular registral, a éstos solos efectos, si se quiere que sea efectivo el embargo preventivo que autoriza el párrafo segundo del mencionado artículo en su número cinco así como el procedimiento de apremio contra los bienes afectos a la deuda. 

El objeto del pleito y la Sentencia de la Instancia

La Comunidad de Propietarios reclamó a una mercantil la cantidad de 7.391, 44 euros, como propietaria de una vivienda, por gastos comunes no satisfechos y gastos extraordinarios correspondientes a la rehabilitación de la fachada. La parte demandada negó legitimación pasiva para la reclamación que se le dirigía, ya que si bien era titular registral de la vivienda no era propietaria de ella, siendo otro el propietario. En el acto de la audiencia previa concretó la parte actora el objeto del pleito, fundando su pretensión en ser la demandada titular registral (art. 21.4 LPH). 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva por las siguientes razones

(i) La viabilidad de demandar al titular registral ha sido matizada e interpretada por las Audiencias Provinciales en el sentido de que la reclamación frente al titular registral lo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble, pero sin que el titular registral pueda ser condenado al pago de la deuda, cuya obligación sólo recae sobre el propietario (artículo 9.1 e) y 21.1 de la Ley). 

(ii) En la demanda se solicita única y exclusivamente la condena al pago de la cantidad reclamada, pero no la pretensión de soportar las consecuencias, que la ejecución de la sentencia pudiera tener en la finca inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad. 

(iii) Se considera, además, probado que a la Comunidad le constaba que la mercantil demandada no era la propietaria de la vivienda, desprendiéndose así de documental obrante en autos y de actos propios, concluyentes y prolongados en el tiempo por parte de la Comunidad actora de los que se infiere su conocimiento del verdadero propietario de la vivienda. 

Doctrina del Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo fija como doctrina que "cuando el deudor, de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste sólo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre".