24 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo (i)


La práctica de la tasación se inicia cuando el Procurador presenta un escrito al que acompaña la minuta del letrado, su cuenta de derechos y las facturas que haya podido abonar. Este es el supuesto más frecuente – casi único, el que nos remite a los artículos 242.4 y 243.2 LEC y el que nos obliga a analizar qué es lo que el Secretario Judicial puede hacer en la tasación de costas ya que no faltan opiniones en el sentido que los límites legales son estrictos y no sujetos a otra interpretación que la consolidada por la Jurisprudencia. 

Pues bien, sobre las facultades del Secretario Judicial en la práctica de la tasación dice la SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011):
Cita:

“parece evidente –- que la función que la ley atribuye a los Secretarios Judiciales no sólo tiene aspectos contables, y que sobre las costas que comprende la condena habrán de decidir, como técnicos en derecho que son, de acuerdo con la legislación procesal en la materia, excluyendo p. e. las minutas no detalladas (STS 4 de abril de 1988), las cantidades correspondientes a actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (SSAP Málaga 26 de octubre de 1999, ó Valencia 4 de febrero de 2000), e incluso aplicando los límites que establecía el artículo 523 LEC (SSAP Baleares 25 de marzo de 1999), y también, por qué no, excluyendo los derechos del procurador o los honorarios del letrado cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 11 LE (SAP Murcia 30 de abril de 1998)”

Es una doctrina consolidada y que no tiene posturas contrarias o, al menos, no las he encontrado. Así tenemos, por citar algún otro pronunciamiento, la SAP MADRID, 290/2007, Sección 12ª, 3 de mayo de 2007, (ROJ SAP M 12336/2007):
Cita:

“la obligación legal impuesta al Secretario, de tasar las costas, no se limita a cuantificar las minutas presentadas por la parte favorecida sin más, sino que incluye un estudio de la legalidad de las partidas filtradas, y obligatoriamente, si vienen autorizadas por la ley”

y la SAP BARCELONA, 805/2004, Sección 13ª, 24 de noviembre de 2004, (ROJ SAP B 14238/2004). 

Y no queda ahí la cosa. La función del Secretario judicial en la tasación de costas no es de mera cuantificación sino que, antes al contrario, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación (inverosímil en los casos de rebeldía), debe estudiar la legalidad de las partidas minutadas y decidir sobre la inclusión o exclusión de las mismas, pues al secretario corresponde una primera cognición sobre las partidas que deben integrar la tasación (SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011, ROJ SAP M 7125/2011). 

Pero, ¿cuáles son esos límites que antes indiqué?. Para contestar a este nuevo interrogante hay que separar como si fueran compartimentos estancos, los honorarios de los letrados, los derechos de los procuradores y la propia tasación de costas porque hablamos de cosas distintas, si quiera sea a efectos teóricos y para una mejor comprensión de la exposición. 

Respecto a la última (la tasación de costas), vuelvo a la ya citada SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011) que advierte: 

 -La ley confiere al Secretario Judicial la función de tasar las costas y precisa qué costas son los honorarios de la defensa y la representación técnica "cuando sean preceptivos" (artículo 241.1 LEC). De ahí que sí el Secretario Judicial no los reputa preceptivos, no debe incluirlos en la tasación.

-Las facultades del Secretario judicial en orden a la exclusión de determinadas partidas al hacer la tasación, sin esperar a la impugnación de la condena, resulta hoy indiscutible pues: (a) No sólo se dice, como antes, que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles superfluos etc. o costas de los incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida, sino que además se faculta expresamente al secretario para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito(art. 243.2 LEC) y (b) Se prevé ahora ya expresamente la impugnación de la tasación por haberse excluido de ella determinados gastos o no haberse incluido la totalidad de los honorarios devengados(artículo 245.3 LEC), lo que carecería de explicación si el secretario hubiera de limitarse a practicar la tasación conforme a lo pretendido por quien la insta. 

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador.
Cita:

“La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010).

Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos,
Cita:

“cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011).

En segundo lugar, en la aplicación del Arancel el Secretario Judicial estará obligado a incluir la partida que corresponda aunque no se reclame por la parte. No juega aquí el principio dispositivo. De ahí que, el Secretario Judicial, si pueda y deba realizar
Cita:

“la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. Es pues correcto el hecho de que si el Sr. Secretario no estimó correcta la aplicación de los artículos arancelarios hecha por la parte beneficiaria de la condena en costas, haga la regulación que estime pertinente”

(SAP ASTURIAS, Sección 1ª, 10 de diciembre de 2009, ROJ: SAP O 3101/2009). En el mismo sentido la SAP CORDOBA, 272/2006, Sección 1ª, de 22 de junio de 2006 (ROJ: SAP CO 864/2006):
Cita:

“En definitiva, tratándose de derechos arancelarios, en modo alguno se infringe el principio de justicia rogada si el Sr. Secretario incluye una partida, correspondiente al arancel, que previamente no fue incluida en la minuta que al efecto presentó el Procurador junto a la solicitud de tasación de costas, máxime si esa partida tiene su fundamento precisamente en la citada solicitud de tasación de costas”

Y en tercer y último lugar, se practicará la tasación con arreglo al importe que fije el Arancel, sin que tampoco en este caso juegue el principio dispositivo. Otra cosa muy distinta es que la parte reclame una cantidad menor (y lo explique), porque la experiencia práctica demuestra que en esta fase del proceso solo hay errores de cálculo, que poco tienen que ver con el principio dispositivo.

22 julio 2014

TJ al tejado (o al mostrador).


Cuando llevas unos años en el Servicio público de la Justicia concluyes que hay Servicio, pero no al público y mucho menos de la Justicia y cuando esos años pasan a ser décadas ya solo quieres saber cómo es posible que un señor vestido con una túnica negra es capaz de hablar media hora (o más) sobre un juicio que ha durado diez minutos. Ya solo quieres saber eso y claro, porqué TJ era el único que tenía que subir al tejado. 

Si estimados lectores después de un par de mañanas de atención al mostrador, que no al público, ni a la Justicia, ni a nada que se le parezca y cuando por no sé cuantas veces ha tenido que indicarse a uno de los habilitados de no sé quién, que si estaba notificado estaba tramitado y que sí, pues no y, que cuando dejáramos de estar en Cuadro de Tercio Viejo de Flandes, reiteraríamos bajo la pertinente sanción lo que tocara, solo hemos podido recordar los nombres de TJ y del Teniente Harrelson. Eso y que alguien nos hace vudú o, que por la edad ya tenemos que comenzar a pedir hora para en el taller de chapa y pintura. 

Los lectores jóvenes, que supongo habrá, quizá sepan de TJ por las reposiciones de Antena 3, pero por si no han tenido el gusto o prefirieron el Equipo A, les diré que quién se jugaba el tipo los lunes por la noche en la televisión de los dos canales eran el Sargento Kay y el Oficial Street; TJ solo trepaba, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos con un par de tiros de un fusil de caza. De eso no te dabas cuenta cuando tú madre te mandaba a la cama y te intentabas quedar escondido detrás de la puerta del salón para ver, por lo menos, la mitad del capítulo, pero luego ¡hay amigo! cuando aparecieron los clásicos, ahora reunidos por D. Sylvester Stallone en tres equipos comprobaste lo que era un tirador y un tejado. 

Y un mostrador de un Juzgado; o, mejor dicho, el mostrador de mi Juzgado, porque yo ni salvo el mundo, ni tengo vocación de hacerlo, ni escribo por los demás Juzgados, ni me empancarto en solidaridad de sudores con el ciudadano del portal de enfrente pidiendo no sé qué cosas. Afirmaciones que vienen a cuento porque bien poco vemos al ciudadano al que según algunos servimos y sin embargo, perdemos horas atendiendo al teléfono a profesionales de la cosa preguntando por lo suyo o por lo que está escrito; expidiendo el tercer duplicado del mismo papel que, por lo visto, tiene tendencia a escaparse de las manos del profesional al que se lo entregamos las dos veces anteriores o, como esta mañana, repitiendo en varias ocasiones que si estaba notificado estaba tramitado y que si no se había notificado, no se había tramitado y que, por favor, dejaran hueco en el mostrador porque en tres ejecuciones hipotecarias se había pedido las suspensiones de los lanzamientos señalados hacía ni se sabía. 

Así que después de unas vueltas ignoramos porque solo trepaba TJ, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos, aunque hemos dejado para mejor ocasión el debate sobre sí sería buena idea que se ocupara un par de días, con una Nerf de los asuntos del mostrador.

18 julio 2014

¿Ha abierto la puerta el TJUE a un recurso de apelación sin límite en la ejecución hipotecaria? (STJUE 17-7-2014)


La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 17 de julio de 2014 resuelve las siguientes cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Provincial de Castellón: 

1) ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/[…], que impone a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la [LEC], al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición? 

2) En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13[…], ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la [Carta] una disposición del derecho nacional como el artículo 695.4 de la [LEC] que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su oposición?»

El fallo es el siguiente:


El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

17 julio 2014

Papel higiénico y pastillas de jabón en la próxima productividad.


Los de siempre andan pidiendo que no incluyamos en la próxima productividad la tasa judicial y supongo que como en otras ocasiones, la petición será premiada con el éxito y no habrá una sola gestión de tasa que no se incluya por quien quiera hacerlo, porque en el tránsito a Gobernanta ya solo nos falta volver a los tiempos del papel higiénico y de las pastillas de jabón y a cobrar, si procede, por el ahorro de unos y de otros

No les engaño, en el año 1994 tuve una interesantísima conversación con dos Señoras de la limpieza y la Gerencia de Alicante a propósito del gasto de jabón y en fregonas o mochos y, sabrán disculparme si no les indico la clase de jabón y su destino (como también les pido que no lo relacionen con una ducha, hagan el favor, que esto es muy serio) y cómo acabo aquello, pero parece que los asuntos de la limpieza corren paralelos a la reforma de la oficina judicial y, evidentemente, a la productividad. 

Lo de la Gobernanta tiene otro pasado. Fue como calificó el trabajo superior que desempeñamos una de mis preparadoras cuando aprobé la oposición y me remontó ahora al año 1993, cuando quien redacta estaba sentado en su despacho y entraba y salía gente preguntando cosas muy extrañas sobre el papel, las impresoras, el turno de señalamientos, personaciones estrambóticas y algo sobre el beneficio de pobreza. Escribo sobre la Audiencia Provincial de Madrid y la Secretario Judicial a la que me refiero dejo de ser Gobernanta hace mucho tiempo: el cuarto turno la llevó al cargo de Magistrado y el Gobernanto pasé a ser yo. 

Así que a mí, que los de siempre anden reclamando no sé qué derechos de los ciudadanos relacionados con la productividad es algo que no me incumbe y, dejando al margen que de vez en cuando podía caer alguna reclamación sobre las obligaciones de dichos ciudadanos (verbigracia y comenzando por cosas sencillas no tirar papeles al suelo y recoger las cacas de los perros), lo extraño es que los mandos en plaza no hayan entendido todavía que ya no hay Cuerpo de Secretarios Judiciales y que colará cualquier cosa que se les ocurra; bastaría mandar un correo electrónico por la escala jerárquica. 

Como siempre hay desmemoriados recordaré que el día 17 de febrero de 2009 recibimos del Ministerio de Justicia la Instrucción 3/2009 cuyos dos primeros párrafos decían así: “Se ha tenido conocimiento por esta Secretaría General de la Administración de Justicia que el día 18 de febrero de 2009 podrían producirse circunstancias que repercutirían en el normal desarrollo de la actividad de los órganos jurisdiccionales”. (Les traduzco: “las circunstancias” significaba “huelga de Jueces y Magistrados que llevaba convocada hacía ni se sabía”); segundo párrafo: “Siendo uno de los objetivos de esta Secretaría General procurar que la Administración de Justicia ofrezca a los ciudadanos un servicio público y de calidad, es necesario recabar los datos concretos que esta incidencia produzca en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, con el objeto de salvaguardar los derechos de los ciudadanos”. (Nuevamente les traduzco: como sé que hay huelga, pero no lo puedo decir, les endoso una Instrucción a los que suelen tomar café con los Jueces para que se chiven; perdón, perdón, lo retiro, para que velando por el derecho de los ciudadanos a un servicio público de calidad informen de las circunstancias (o sea huelga) que afecten al normal desarrollo de la actividad de los órganos judiciales). 

Este chivateo, que no fue otra cosa, fue aplaudido por los de siempre, que reprocharon, verbigracia que respondiera a la orden con dos remisiones al Juez Decano y una tercera respuesta afirmando la inexistencia de novedades en el Juzgado. Siempre he pensado que ese era el segundo momento de plantarse (el primero fue el caso Mari Luz, pero hubo miedo y el miedo es libre) y quién sabe lo que hubiera pasado si lo hubiéramos hecho, pero el caso es que no lo hicimos y el papel higiénico nos espera ahora con los brazos abiertos y hasta puede que el perrito de Scottex nos de unos lametazos de agradecimiento. 

Mirémoslo de otra forma: la empresa tendrá informatizados los archivos y no habrá que palotear los datos, digo el número de rollos y de pastillas de jabón y además, más se perdió en Cuba.

14 julio 2014

Los Blogs, el derecho al honor y las libertades de información y expresión (STS 1-7-2014).


Se dedica la STS, Sala 1ª 1 de julio de 2014 (Roj: STS 2652/2014) al examen de la demanda presentada por una mercantil contra un particular en la que se solicitó el dictado sentencia que declarara la existencia de la intromisión ilegítima y lesión en el honor y la imagen por la información proporcionada por el demandado en su Blog, se decretara el cese inmediato y definitivo y se abstuviera en lo sucesivo de reponer por el mismo u otro medio una determinada información. La demanda se desestimó en la instancia y no corrió mejor suerte el recurso de apelación. 

En la demanda se alegaba, en síntesis, lo siguiente: a) Que la demandante es una sociedad dedicada a la promoción y construcción de edificios; b) Que en su condición, se le habían concedido dos licencias de edificación para la construcción de dos viviendas unifamiliares; c) Que en el blog del que era titular el demandado aparecía publicado, junto a una fotografía de una de las viviendas unifamiliares en construcción, un texto que suponían que el demandado estaba prejuzgando la ilegalidad de las referidas licencias municipales de edificación, poniendo en entredicho «no solo la actuación municipal» sino también el buen nombre de la empresa y su actuación con arreglo a la legalidad; d) que la conducta del demandado constituía un delito de injurias graves con publicidad, un delito de calumnias y en el orden civil, una intromisión ilegítima en el honor y en la propia imagen de la mercantil demandante. 

En el recurso se cuestiona el juicio de ponderación de los derechos en conflicto contenido en la sentencia recurrida. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala más pertinente al caso se puede resumir así: 

1) La libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información porque comprende la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo (SSTC 104/1986, de 17 de julio, 139/2007, de 4 de junio, y 29/2009, de 26 de enero). No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos y la jurisprudencia concluye que cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (SSTC 107/1988, 105/1990 y 172/1990). 

2) El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003 , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006 , FJ 7). 

3) La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental. En cuanto a las personas jurídicas, se viene declarando que el reconocimiento de derechos fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquella. No obstante, como dice la STS 19 de julio de 2006, rec. n° 2448/2002 ,


tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas, porque respecto de estas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás (SSTS, entre otras, 14 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2003), y cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto trascendente o exterior -consideración pública protegible- (SSTS, entre otras, 15 de abril 1992 y 27 de julio 1998), que no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la actividad.

4) El derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. De darse un conflicto entre los citados derechos fundamentales, deberá ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Además, ese juicio de ponderación en abstracto deberá atender a que el ejercicio de la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (SSTC 216/2013 y 9/2007). 

5) La técnica de ponderación exige valorar en segundo término el peso relativo de los derechos en conflicto para lo cual deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Que para que pueda considerarse justificada una intromisión en los citados derechos fundamentales (honor, intimidad y propia imagen) es preciso que la información o la expresión se refieran a asuntos de relevancia pública o interés general ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008 y STS de 6 de julio de 2009). De ahí que la jurisprudencia venga admitiendo que se refuerza la prevalencia de las libertades de expresión e información respecto del derecho de honor en contextos de noticias o críticas en materia urbanística, sirviendo de ejemplo de esta doctrina las recientes STC 216/2013 y STS de 5 de junio de 2013. 

b) Que a diferencia de la libertad de expresión, donde no se exige la veracidad por el contrario constituye un requisito para que la libertad de información resulte amparada por la protección constitucional que sea veraz (STC 216/2013), faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. 

c) Que, en todo caso, ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse a través de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión pueden sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor. 

De aplicar la doctrina anterior al presente recurso resulta su desestimación por las siguientes razones: 

1) Estamos ante un litigio en el que entran en conflicto, de una parte, el honor de la mercantil demandante en su vertiente de prestigio profesional o reputación y, de otra, las libertades de expresión e información del demandado. 

Por lo que respecta a las libertades que ampararían la actuación del demandado, de la lectura del texto que se dice ofensivo, publicado en un blog titularidad de aquel, se desprende que en el mismo se expresa y desarrolla esencialmente la opinión de su autor sobre un hecho de tan indudable interés informativo general como es la posible ilegalidad de las licencias concedidas a la promotora demandante por posible contravención de la normativa sobre especial protección de espacios naturales. Como suele ser habitual en estos casos, la expresión de la valoración personal del demandado se asienta en unos datos que se narran o exponen al lector como soporte de la opinión expresada, confluyendo así, mezclados, tanto elementos informativos como valorativos que, no obstante la preponderancia de estos últimos, resulta posible deslindar. 

Desde la perspectiva de cuál sería el derecho de la parte demandante que resultaría afectado, esas informaciones y opiniones, en la medida que denuncian que las licencias concedidas pueden ser contrarias al ordenamiento son en abstracto susceptibles de afectar al honor de la demandante, en su vertiente de prestigio profesional, toda vez que el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste el derecho al honor no es patrimonio exclusivo de las personas físicas, pudiendo resultar afectado por la divulgación de hechos concernientes a una entidad que la desprestigien o la hagan desmerecer en la consideración ajena. En el presente caso esta Sala comparte las conclusiones de la sentencia recurrida porque recayendo la crítica en la actuación administrativa municipal que llevó a su concesión, es evidente que el artículo podía suponer, al menos en abstracto, un perjuicio para la entidad, consistente en que pudiera desanimar a los posibles compradores de las viviendas que se construyeran gracias a esas licencias cuya legalidad estaba siendo abiertamente cuestionada. Sin embargo, esta posible afectación al prestigio o reputación de la mercantil demandante, este posible desmerecimiento de su imagen comercial ante sus clientes, con el efecto de desincentivarles en la adquisición de las viviendas no puede confundirse con el singular ámbito constitucional de protección del derecho fundamental a la propia imagen que, como se ha dicho, la ley y la jurisprudencia configuran como un derecho autónomo y distinto del derecho al honor, que otorga a su titular, persona física, el derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión pública y a impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad. En el presente caso la afectada es una persona jurídica y, además, las dos imágenes que se publicaron junto al texto reflejan lo que parecen ser trabajos de construcción de una vivienda, y ni por su tamaño ni por su escasa definición ni, fundamentalmente, por lo que representan, cabe considerar que se trate de imágenes con potencial ofensivo para la imagen de la demandante si por tal se entendiera su imagen gráfica corporativa. 

2) Delimitada así la controversia, se debe reiterar que la preeminencia en abstracto de las libertades de expresión e información solo se justifica en el caso concreto si la información o la expresión se refiere a asuntos de relevancia pública o interés general ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. 

Las partes no cuestionan que las manifestaciones objeto de controversia tienen relevancia pública e interés general. La libertad de información y la de expresión adquieren en este caso una gran relevancia, tanto por los sujetos, en la medida que se cuestiona la actuación de la administración municipal en el ejercicio de competencias propias (concesión de licencias), como por la materia sobre la que se informa y opina ya que las manifestaciones enjuiciadas se refieren a la especial protección que merecen los espacios naturales y a la posible vulneración de esa singular normativa mediante la concesión de dos licencias de edificación para la construcción de viviendas en zona que, de acuerdo con la opinión expresada por el autor del artículo, quedarían enclavadas en suelo no urbanizable. La materia urbanística, por su interés para el conjunto de la sociedad, ya se ha dicho que justifica la especial prevalencia de las libertades de expresión e información, pues la información de hechos noticiosos o la exposición de opiniones críticas sobre esa materia no solo es lícita sino que incluso es necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos, debiéndose añadir que, según la jurisprudencia reseñada, a esta conclusión no obsta el que la recurrente sea una entidad privada, porque la opinión crítica sobre ella se manifiesta por su intervención en una actuación administrativa (STS de 5 de junio de 2013, rec. nº 1628/2011 , que cita la de 11 de octubre de 2001, rec. nº 1873/1996 ). Desde esta perspectiva, por tanto, el peso de las libertades de expresión e información es mayor que el del derecho al honor. 

3) Desde la perspectiva de la libertad de expresión y por tanto en lo que se refiere a las opiniones críticas manifestadas por el demandado, no es exigible el requisito de la veracidad, que únicamente jugaría respecto de los hechos que se exponen en el blog que no aparezcan como mero sustento de los concretos juicios de valor emitidos (tienen esta consideración los hechos o datos referidos al hecho mismo de la concesión en fecha determinada y por parte del Ayuntamiento de las dos licencias de edificación a la constructora recurrente, y los que sirven para identificar la ubicación de los terrenos). 

En puridad la única información que se ofrece, que como tal sí vendría avalada por el requisito de la veracidad, es la que alude a la denuncia presentada ante la fiscalía, apertura de diligencias informativas por esta (nº 64/07) y su traslado al juzgado. Se trata de una información que se ajusta a los requisitos con que debe juzgarse el factor de la veracidad para su correcta o adecuada ponderación, pues ya se ha dicho que la veracidad consiste en una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada, y de la lectura del artículo resulta que en ningún momento se asegura o insinúa que los hechos relatados hayan sido penal o administrativamente declarados como ilícitos ni mucho menos se imputa responsabilidad de ningún tipo a la recurrente, sino que se afirma tan solo que, ante las dudas que albergaba el autor del texto acerca de la legalidad de dichas licencias, había tomado la decisión de formular denuncia ante la Fiscalía y que esta no solo abrió diligencias informativas sino que procedió a trasladar el resultado de las mismas a la jurisdicción penal. En consecuencia, la información ofrecida debe calificarse como veraz y a esta conclusión no obsta la falta de resolución penal afirmando la existencia de los ilícitos que se denuncian: en primer lugar, porque en el texto no se hacen imputaciones que tengan a la demandante como sujeto pasivo; y en segundo lugar, porque en cualquier caso, el derecho al honor no constituye ni puede constituir obstáculo para que, mediante procesos judiciales seguidos con todas las garantías, se ponga en cuestión, y por tanto puedan enjuiciarse, las conductas humanas sospechosas de haber incurrido en ilicitud, resultando de los hechos probados que la apertura de diligencias informativas por la Fiscalía es un hecho objetivamente cierto, que igualmente cierto es que a resultas de aquellas se incoaron las diligencias previas nº 1166/07 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tui por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación administrativa y, en fin, que fue tras la práctica de las diligencias de investigación que se consideraron oportunas y pertinentes cuando se decidió su sobreseimiento provisional. 

4) Tampoco desde la perspectiva del posible carácter injurioso, insultante o desproporcionado de las expresiones contenidas en el texto enjuiciado puede ser corregido el juicio de ponderación realizado. Dado que la libertad de expresión en asuntos de relevancia pública como este tiene su único límite en la ausencia de frases o expresiones inequívocamente ofensivas y que no se aprecia a lo largo del texto ninguna que tenga esta consideración, ni el sentido del conjunto revela tal carácter inequívocamente ofensivo, también desde esta perspectiva ha de prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor. 

Por todo ello, esta Sala se inclina por reconocer su prevalencia en el caso examinado frente a la protección que merece el derecho al honor de la mercantil demandante, habida cuenta de que la conducta enjuiciada, en tanto que supone informar y, en mayor medida, opinar de forma crítica sobre asuntos o temas de un interés público capital, tales informaciones, y sobre todo opiniones críticas, resultan amparadas por el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales a opinar libremente y a informar también libremente y de manera veraz sobre asuntos de interés público por cualquier medio de difusión. De seguirse el criterio contrario postulado por la parte recurrente tales derechos fundamentales del demandado resultarían restringidos en términos incompatibles con su núcleo esencial y con el derecho de los ciudadanos a debatir, en foros más o menos amplios, sobre cuestiones urbanísticas y, más concretamente, sobre las actuaciones urbanísticas que puedan poner en peligro los espacios naturales.

10 julio 2014

La mediocridacia atribuye el Registro Civil a los Registradores y la ejecución a los Procuradores.


La privatización encubierta del Registro Civil debería servirle a más de uno de toque de atención de lo que puede ocurrir en el futuro con otros servicios, que no públicos, de la Administración de Justicia y su funcionamiento. Y escribo de un toque de atención porque los Procuradores andan detrás de la ejecución – no como simples auxiliares- y probablemente ofreciéndose al Ministerio para hacer lo que los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución (SCAC) deberían estar haciendo ya hoy y que no hacen. 

No hay que darle muchas vueltas al asunto: las mismas razones por las que el Registro Civil se atribuye a los Registradores, puede fundamentar la atribución de la ejecución a los Procuradores siempre, claro está, que en este caso haya un modelo de orden general de ejecución firmado por un Juez, para que así la doctrina procesal de las ochenta y dos universidades españolas que pagamos y una parte de la carrera judicial pueda dormir sin tener pesadillas. Pero firmado el auto la plataforma tecnológica de los Procuradores en toda España, sus cientos de habilitados y el horario de mañana y tarde y, cuando se tercie, de noche, hacen el resto y esto es, precisamente, lo que tienen también los Registradores y por lo que se les atribuye la función. 

Y cuidado que no invento nada. Es lo que dice la nota de prensa del Ministerio de Justicia de 4 de julio de 2014 cuando indica que la creación de una plataforma digital para la tramitación de certificados y expedientes será financiada íntegramente por los registradores mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil, de forma que no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos y cuando añade, además, que los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia, y el Ministerio se comprometerá en ese próximo texto a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia. 

No cabe mayor reconocimiento del fracaso de la Administración de Justicia y sobre todo de la informatización y de la gestión de personal. Lo que afirma el Ministerio, pero no dice, es que por la falta de datos (otro éxito informático) la única variable que se tiene en cuenta son las quejas de los ciudadanos y ante la opción de conferenciar con las Comunidades Autónomas el consenso de nimiedades, de veinte horarios, de ocho sistemas informáticos (la mitad colgados de hecho y de derecho) y de hacerse fotografías delante de una mesa inmensa, ha echado mano de una organización nacional, nada más. Y no queda ahí la cosa, el Ministerio se compromete a mantener el empleo en su territorio, con lo que deja a las Comunidades Autónomas que hagan lo que quieran en los suyos y éstas, que funcionan como agencias de colocación de amigos y parientes de todos los colorines, no tardaran en pedir que nuevos servicios salgan la Administración cuando comprueben que funciona el sistema de los Registradores, acaben las quejas de los ciudadanos y puedan hacerse muchas fotografías. 

En ese punto la mediocridacia habrá logrado la cuadratura del círculo: artistas de lo inútil y saltimbanquis de la horizontalidad administrativa habrán logrado que del fracaso en fracaso se llegue al éxito final ante la sociedad, para luego pasar por un Juzgado de Instrucción por un par de firmas en documentos que no tocaban. Y lo peor de todo es que cualquier carrera en la Administración se sujeta a dichos genios del canapé y al mérito y la capacidad de llevar una bandeja o, de decir lo que se quiere escuchar y no lo que se debe decir, con lo que quizá esto solo sea un mal principio con un terrible final.

08 julio 2014

La subsanación de defectos previa al despacho de ejecución.


La regla general en la jurisprudencia es la siguiente: entendiéndose aplicables los arts. 243.3 LOPJ y 231 LEC, el defecto en el presupuesto es insubsanable y subsanable el del requisito. Interesante es la distinción que se hace en la doctrina del art.231 LEC respecto del art. 243.3 LOPJ y que radica en la exigencia de que en el acto realizado por la parte con algún defecto se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley, de modo que no se trata de suplir ni incumplimientos voluntarios ni negligencias de la parte. Lo anterior presupone que el Juez o el Secretario Judicial han de advertir a la parte del defecto observado y si es subsanable, ofrecerle plazo para que proceda a la subsanación. Si el ejecutante subsana el defecto, se dictará el auto despachando la ejecución; si esa actividad no se realiza se denegará la ejecución. 

La opinión es unánime en el sentido que la Ley de Enjuiciamiento Civil incorporó en el art. 231 LEC el principio general de la subsanabilidad de los actos procesales defectuosos, aunque con la obligación de las partes de anunciar su voluntad de subsanar cualquier defecto que pudiesen adolecer sus escritos. Y la vigente redacción de ese artículo conforme a la Ley 13/2009, de 13 de noviembre, establece tal principio como una obligación general de los tribunales y secretarios judiciales sin condicionarla a otra previa de las partes procesales. 

A partir de aquí nos encontramos con una casuística muy variada. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a la no aportación de título eficaz para el despacho de la ejecución, no puede considerarse como un mero acto procesal susceptible de ser subsanado ex art. 231 LEC, pues no se da cumplimiento a lo exigido en los arts. 549 y 550 LEC, siendo de destacar que el art. 403 LEC –aun en sede del juicio ordinario– prevé que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ellas los documentos que la ley exija para su admisión (AAP MADRID, 141/2011, Sección 9ª, 24 de junio de 2011, ROJ: AAP M 9312/2011). 

Otra cosa es la falta parcial de aportación porque el AAP MADRID, 226/2011, Sección 13ª, 10 de noviembre de 2011 (ROJ: AAP M 14968/2011) admite la posibilidad de la subsanación en el caso que la parte actora no presente el título que reúna los requisitos exigidos por el art. 550 LEC, pero acredite inmediatamente el motivo de tal omisión, así como haber desplegado la diligencia que le era exigible para su subsanación (vg. presentación de un escrito solicitando el desglose de documentos para aportarlos al juzgado que los requiere) y para ello sigue la doctrina jurisprudencial mantenida, entre otras, por la STS de 17 de marzo de 2004 según la cual hay que reputar tal defecto como claramente subsanable. 

En otro sentido, el AAP MURCIA, 16/2012, Sección 5ª, 2 de febrero del 2012 (ROJ: AAP MU 101/2012) obliga a la subsanación en el caso de inadmisión a trámite a la demanda por aportarse una copia simple que carece de fuerza ejecutiva. No obstante esta resolución es contradictoria y errónea. Explico la razón: se dice que el título que se aporta ni siquiera se trata de una copia simple notarial, sino que es una fotocopia de la copia simple de la escritura, lo que evidentemente incumple las exigencias formales del título derivadas del art. 685.2 LEC en relación con el art. 517.2.4º LEC. «Por tanto el razonamiento judicial del auto apelado es impecable. No obstante no se ha tenido en cuenta el carácter subsanable de dicho defecto ni se ha dado oportunidad a la parte ejecutante de subsanar el mismo». 

Y ¿por qué debería darse la posibilidad de la subsanación si no hay aportación del título?. La Audiencia no responde a esa pregunta y mezclando presupuestos y requisitos del proceso, se limita a manifestar que el Secretario Judicial debió requerir a la parte demandante, que también había mostrado su voluntad de subsanar los defectos en los términos del art. 231 LEC, para que aportase el título ejecutivo en los términos exigidos en el art. 517.2.4º LEC y sólo tras este requerimiento y el transcurso del tiempo señalado a tal fin sin ser subsanado podría haberse dictado el auto de admisión. En el párrafo en cuestión puede leerse que tal y como se deriva para los procesos declarativos en el art. 404.2.2º LEC, extensible a estos efectos al procedimiento de ejecución por la previsión general que da competencia a los Secretarios Judicial en el impulso procesal (art. 456.1 LOPJ), el control inicial del cumplimiento de los requisitos formales del título corresponde a dicho Secretario y, más en concreto es función propia del mismo la de requerir a las partes para la subsanación de los defectos formales que pueda adolecer la demanda, lo que implica que, al igual que hizo con la falta de poder el Secretario debió de requerir a la parte demandante, que también había mostrado su voluntad de subsanar los defectos en los términos del art. 231 LEC para que aportase el título ejecutivo en los términos exigidos en el art. 517.2.4º LEC. 

El problema, como en tantas otras ocasiones, es que la casuística es tan amplia sobre determinados defectos que su resolución termina provocando más confusión que otra cosa, siendo, en realidad, la única conclusión que podemos extraer de este breve análisis. 

Sorprende, para terminar, el AAP GERONA, 214/2010, Sección 1ª, 10 de septiembre de 2010 (ROJ: AAP GI 594/2010) que sostiene la imposibilidad de subsanar el cálculo de los intereses ya que se trata de una petición de carácter sustantivo que afecta al fondo del asunto y que no puede corregirse por la vía del art. 231 LEC. Máxime cuando ningún perjuicio origina a la parte que podrá interponer de nuevo la demanda ejecutiva y sin que proceda que por parte del Juzgado se le conceda un plazo de subsanación . En el auto se refiere que tras los acuerdos de Junta de Magistrados de 1 de diciembre del 2006, se aclaró que la apreciación de oficio de la abusividad de unos intereses podía apreciarse también en la ejecución de títulos no judiciales. Posteriormente en Junta de Magistrados del Orden Civil de 14 de septiembre de 2009, se adoptó el acuerdo de no dar curso a las demandas de ejecución, que recogiesen la exigencia de pago de intereses abusivos en el caso que se impusieran a consumidores.

07 julio 2014

Afirmativo-Sierra y otra vida seguirá gracias a un trasplante.


Permítanme que hoy no escriba de lo mío -aunque en realidad tampoco sepa muy bien en qué consiste lo mío- y que le dedique unas líneas a un servicio que se presta en Valencia y del que nadie parece haberse enterado o, peor aún, del que nadie quiere enterarse, porque venden mejor otras cosas y ya saben ustedes eso de que la realidad no puede estropearse nunca una noticia. 

El caso es que este lunes hemos recibido un fax del Hospital Dr. Peset comunicándonos que la extracción del riñón se había realizado con éxito y les cuento esto, porque cuatro Juzgados en Valencia nos dedicamos a tramitar las peticiones de los donantes que regula el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. No hará falta que lo diga, pero lo escribo: el procedimiento se tramita con urgencia y se realiza mediante videoconferencia. Se señala día y hora, se reserva una de las salas en el Decanato y se comunica por fax el señalamiento al Hospital. En el día que toque y en la Sala del Decanato, se encuentran el donante, un coordinador del Hospital, la Juez y quien redacta, mientras los cuatro facultativos aparecen en la pantalla y en la sala correspondiente de su hospital (el médico que realizará la extracción, el médico responsable del certificado de salud física y mental del donante, el médico responsable del trasplante y la persona a la que corresponde dar la conformidad para la intervención). El Real Decreto exige que el donante otorgue su consentimiento expreso ante el Juez, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y los demás facultativos que ya he citado. 

Levantada el acta la remito por fax al Hospital y recibido el documento, firman los cuatro médicos, previa identificación, con lo que termina la videoconferencia. La Coordinadora recoge el documento firmado del Hospital y lo lleva al Juzgado para la firma de la Juez y de quién redacta, expidiéndose los correspondientes testimonios. 

Hora y media de día y quizá toda una vida por delante y, pese a que escriba esto, siempre procuramos darle un tono agradable al asunto así que en la última videoconferencia y ante ciertos problemillas de audición (nos veíamos, pero lo de oírnos era otra cosa) recordé que en el código internacional de comunicaciones “afirmativo-sierra” es “si” y, así contesté cuando se preguntó desde el Hospital si nos oíamos. No describiré las reacciones, pero risas hubo y creo que era lo que tocaba. 

Así que al asunto funciona y muy bien (comenzó con el Hospital La Fe y se ha incorporado el Dr. Peset) y aunque como antes he dicho, la realidad no debe estropearte una noticia, ni una fotografía, la famosa tutela judicial también se encuentra en estas intervenciones y entre ustedes y yo, cansado estoy de tanta queja y de tanta crítica y de que la gente no conozca estas cosas.

04 julio 2014

Rio Lobo y la película de la reforma de la Justicia Española.


Fumaba Fortuna cuando en la fila de las pre inscripciones de la Complutense de Madrid tenía que decidir entre la carrera que me daría de comer y las que me llamaban más la atención, porque gustarme, gustarme, lo que se dice gustarme no había ninguna. Ni que decir tiene que elegí la que me daría de comer, que fue Derecho; la que luego me obligaría a opositar y la que en la actualidad me ha convertido en el pilar de la reforma de la justicia española, atribuyéndome una superioridad jurídica que, siendo sinceros, preferiría en otra parte del cuerpo. 

Y es que quien redacta quiso ser en realidad Indiana Jones en busca del arca pérdida, aunque tampoco despreciaba a ese Steve Mc Queen de Jefe de bomberos en el Coloso en llamas; al grandísimo John Wayne en Rio Lobo o, mejor aún, a Han Solo, comandante del Halcón Milenario y reformista de bareto, pero que terminó con la Princesa Leia y con una medalla en el pecho. Sí, eso es lo quise ser y a lo que ahora me dedico, porque en eso consiste la reforma de la justicia española: una película. Definición de un vocablo que remata las semejanzas con el cine, que cómo bien sabemos es el Norteamericano y algo del Británico y del Francés; ya les aclaro que voy al cine a pasar un buen rato, no a calentarme la neurona. 

Curiosamente y pese a que la película tiene mucho presupuesto, no hay forma de rodar un plano en condiciones (y no hablo de una escena con diálogo, sino de una de cama) y creo que debe ser porque una película suele tener un director y dos o tres productores y aquí para empezar, tenemos así a ojo, unos veinte directores con sus asesores (multipliquen dos por cabeza y sumen) y ahora pónganse en situación: unos diciéndole al chico que se acerque; otros diciéndole que no; los del fondo pidiendo que hable en un idioma plural (no sé el qué va a hablar) ; los de las esquina diciéndole a la chica que se acueste; los del fondo que se tape; los de delante que se gire para que se le vea el pecho y a todo esto, la pareja en cuestión pensando que les pagan por actuar, no por aguantar gilipolleces, que es como califica el vulgo las cosas que hace el mando en plaza que no tiene ni idea. 

De hacer cine, que no tienen ni idea de hacer cine, no vayan a pensar que el comentario tenía algo que ver con la reforma de la Justicia Española, que se remonta a los tiempos de la Inquisición y al primer pacto (concordato) con la Santa Sede: ahí comenzamos y ahí seguimos, mirando la meta mientras Moya grita que arranquemos el coche y los veinte directores y sus asesores hacen lo propio con la pareja, que ya no escucha, ha decidido vestirse y buscar un bar para tomarse un par de cañas. Bar en el que por cierto ya estoy yo desde hace algún tiempo viendo Río Lobo.

02 julio 2014

La reducción del embargo.


Ordena la ley que no se embarguen bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (art. 584 LEC). Pero el embargo no es un acto independiente del proceso de ejecución y su duración puede condicionarlo, justificando que el ejecutante interese del Tribunal la mejora de la traba o que el ejecutado pida su reducción. En el primer caso se trata de adecuar el embargo a la cantidad que se ejecuta, bien por haberse producido una disminución de valor de los bienes inicialmente trabados, bien porque se acordó la ampliación de la ejecución. En el segundo caso estamos en presencia de un embargo que vulnera por exceso el requisito relativo a la suficiencia de los bienes ya sea porque los trabados han aumentado de valor, bien porque se embargaron mayor número de bienes de los necesarios. Reducir el embargo es levantar el embargo respecto de algunos bienes cuando ha habido exceso en la traba para cubrir principal, intereses y costas. Para la mejor doctrina (Cachón Cadenas) constituye un supuesto de alzamiento parcial del embargo basado en que el valor de cambio del conjunto de bienes embargados resulta excesivo respecto de la cuantía de la ejecución. 

Reducir el embargo supone decretar la extinción de la traba sobre alguno o algunos de los bienes afectados en el procedimiento de que se trate, manteniendo la traba sobre los restantes, por ser éstos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. La figura no se da nunca en la práctica porque en la ejecución no se realizan bienes concretos (art. 636.3 LEC), sino que se persigue sujetar todo el patrimonio mediante el embargo para luego decidir que se realiza o no, y los ejecutados tampoco se personan o, cuando lo hacen es para solicitar el alzamiento del embargo, no su reducción (vg. traba sobre una prestación social inembargable por cuantía). 

Pues bien, esta tolerancia a los «embargos excesivos» perjudica al deudor ejecutado y a otros acreedores por lo que la reducción del embargo habría de considerarse procedente, tanto si el exceso notorio del valor de los bienes embargados en relación con la cuantía de la ejecución, es originario como si es sobrevenido. El problema es que no lo hace nadie y además la resistencia enconada contra la acumulación de ejecuciones incrementa los gastos y las costas en tal proporción que es muy difícil apreciar la suficiencia de los bienes embargados. Súmese a lo dicho que en la actualidad la situación económica, provoca que las ejecuciones no satisfagan el título por la insolvencia originaria de los ejecutados. 

Siguiendo con el razonamiento cuando el Secretario judicial acuerda la reducción de la traba se limita a ajustar el alcance del embargo al contenido de la resolución mediante la que él mismo ordenó ese embargo. Está haciendo que esa resolución se ejecute en sus propios términos, según establece el art. 18.2 LOPJ ya que el embargo no pasa de ser una diligencia de ejecución, que no tiene por qué revestir ni siquiera la forma de resolución judicial, por lo que ni resulta aplicable el efecto de cosa juzgada formal, ni la invariabilidad de las resoluciones judiciales. 

Por lo mismo la reducción no puede condicionarse a la solicitud del ejecutado y, en cualquier caso, el decreto del Secretario Judicial podrá impugnarse por la vía del recurso de revisión del art.454 bis LEC; como excepción a la regla general en este recurso, sí que será admisible que en el mismo se traiga a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon antes. 

Por último, supuesto distinto del anterior, pero cuya íntima relación es indudable, es el de la modificación del embargo que supone levantar la traba sobre un bien y acordarla sobre otro. Esto es algo que no suele hacerse por simples razones de comodidad dado que el nuevo embargo se entiende existente desde su constitución y ello puede suponer la pérdida de prioridad. Evidentemente, el estricto cumplimiento de la ley en esta sede (art. 636.3 LEC) haría inanes esas «razones de comodidad», pues el primer ejecutante realizaría los bienes embargados y los posteriores deberían acudir a la acumulación de ejecuciones para la satisfacción de sus títulos (art. 555 LEC).