31 marzo 2015

La multa coercitiva.


Dispone el art. 699 LEC, que cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias. 

Esta multa es una herramienta compulsoria para inducir al ejecutado a cumplir y no es una sanción, sino una coerción para que el ejecutante reciba aquello a lo que tiene derecho. Ese sentido unánime es el recogido en las resoluciones de juzgados y Tribunales. Así, puede leerse en la SAP LA CORUÑA, Sección 4ª, 22 de junio de 2007 (CENDOJ: 15030370042007100356) que las multas coercitivas previstas con la finalidad de compeler al tempestivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de una resolución dictada en el seno de un procedimiento pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento de ejecución. Con la misma claridad destaca el AAP TARRAGONA, Sección 1ª, 2 de mayo de 2007 que la multa deberá imponerse teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, y la posibilidad de emplear todas las medidas judiciales tendentes a favorecer el cumplimiento de la sentencia. Además la ley no permite la imposición de multas para toda clase de obligaciones: solo es posible para el cumplimiento de obligaciones de hacer personalísimo (art. 709 LEC) y para deshacer lo mal hecho (art. 710 LEC). Quedan así excluidas las obligaciones consistentes en entregar cosas, las de hacer no personalísimo e incluso las de hacer, siempre que la omisión no produzca un resultado que deba ser deshecho. 

La cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrán ascender a un 20 por 100 del precio o valor y la multa única al 50 por 100 de dicho precio o valor (art. 711.1 LEC). Según vemos la cuantía de la multa no se hace depender de la capacidad económica del ejecutado, ni de otros elementos de juicio (vid. art. 589 LEC), lo que facilita, en teoría, su imposición. Otra cosa es que se haga o, lo que es peor, que merezca la pena hacerlo. 

La reforma del año 2009 suprimió la providencia y no la sustituyó con una diligencia de ordenación o, un decreto, se limitó a guardar silencio. Y ese silencio nos introduce en las diferentes exégesis a que nos tiene acostumbrado el legislador civil: si acudimos al art. 709.2 LEC (que no se modifica) es competencia del Tribunal (o sea, del Juez, dada la relación con el primer apartado del precepto); por el contrario, si nos servimos del art. 710.1 LEC parece que será el Secretario Judicial el responsable de la imposición, conclusión que además favorece el espíritu de la reforma. A mi entender no habría obstáculo para el empleo del decreto (art. 206.2.2ª LEC), sin previa audiencia de las partes (evidentemente el ejecutante podrá pedir la imposición aunque la practica enseña que no lo hace nunca) y con recurso de revisión sin efecto suspensivo. 

Salvados estos obstáculos queda un último interrogante y que es el que en definitiva muestra la escasa utilidad de esta medida: ¿cuál debe ser el destino del importe de la multa si se logra el cobro?. Una parte de la doctrina sostiene que el importe de las multas deberá ingresarse en el Tesoro público, habiéndose solventado el silencio de la norma española por la Ley 39/2002, de 28 de octubre de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los consumidores y usuarios, que añadió un segundo párrafo al art. 711 LEC. 

Otra parte de la doctrina indica que el ingreso en el tesoro público no aparece en la ley, contradice la naturaleza de la multa coercitiva y perjudica al ejecutante; en suma, se trata de una indemnización a cuenta y como tal debe entenderse. Y, desde luego, la referencia al ingreso en el tesoro público, que aparece en el art. 711.2 LEC, no puede interpretarse extensivamente para colegir que todas las multas coercitivas deban favorecer al Estado y no al ejecutante.

26 marzo 2015

Ese ciudadano que solo tiene derechos, ninguna obligación, ni educación.


El término ciudadano, que se utiliza para la defensa de toda clase de derechos nacidos y por nacer, tiene una segunda acepción que puja por convertirse en la primera y que gracias a las sucesivas reformativas educativas del mismo lado (del otro solo ha habido una y es la que trata de implantarse ahora), no tardará mucho en lograrlo. Esto es, el antiguo ciudadano que nació en Roma va camino de transformarse en una especie nueva y ciertamente peligrosa para el destino de la humanidad, al mutar la especie en un Derecho Universal con movimiento. La pérdida de rasgos humanos como el esfuerzo el sacrificio y el hecho del fracaso, se compensa con una excelente movilidad, que se antoja imprescindible para reclamar cualquier cosa, en cualquier sitio y a cualquier hora; características de los futuros principios generales del Derecho. 

Una mañana de invierno en la Secretaría de un Colegio aparece una mama azorada y pide hablar con el Secretario. Ni que decir tiene que se cuela delante de otras dos personas que por lo visto habían ido allí a pasar la mañana y cuando se le solicita en varias ocasiones que explique la razón de tanto nerviosismo, eleva el tono de voz y comienza a gritar. Tratándose de un Colegio y no encontrándose en una de esas jornadas de huelga que convoca el Sindicato de Estudiantes y de Estudiantos -que tienen prohibido afiliar a gente de menos de cuarenta años y con menos de tres cursos repetidos en la misma carrera- no les explicaré la necesidad de cierto silencio así que el Secretario salió a atender a la mama. Y la mama lejos de contenerse reclamó a gritos una certificación que acreditará que su exsuegra le había quitado la chaqueta a su hija, una vez traspasó la puerta principal del centro y en tales condiciones la niña había recorrido el patio y llegado hasta su clase. Petición que formulaba (a gritos) a instancia de su Abogada y, por ende, de su Derecho universal a la certificación. 

He leído que se mantienen todos los Partidos Judiciales así que seguiremos teniendo un Juzgado, un Corte Ingles y un Mercadona en la puerta de casa, con lo que numerosos Derechos Universales con movimiento no tendrán que emplear medios de transporte para denunciar al Secretario del Colegio que dijo que no a la mama de la chaqueta. Ni al Director del Colegio que echó del comedor al papa que se había colado para arreglar, también a voces y tirando de niño, el problema con la mama; no con la de la chaqueta, con otra. 

No obstante y pensándolo mejor quizá la mutación del ser humano en un Derecho Universal con movimiento produzca beneficios económicos a corto plazo ya que el Colegio en cuestión tiene un servicio médico de nueve a cinco, ha contratado a un bufete de abogados y va camino de crear el Cuerpo de Testigos de Entregas de Menores a Familiares (CeTEMeFa) que funcionaba en plan amateur, pero que no tiene capacidad de respuesta inmediata ante una situación de crisis: cuando un papa decidió llevarse al niño el día que no le tocaba y la mama amenazó a todo el que se puso a tiro incluido el Consejo Escolar. Ni que decir tiene que la segunda desaparición (provocada por otros papás, que no son los anteriores, ni el del comedor, ni la de la chaqueta) se denunció en la Policía tan pronto se tuvo noticia. 

Pero claro, son tantos los factores que provocan que otros Derechos Universales con movimiento dejen a sus niños tirados en los Colegios hasta que tienen a bien recogerlos, que no es cuestión ponerse serio y comenzar a multar (único mandamiento que entendemos de Pirineos para abajo) a quienes se haya advertido por escrito (con acuse de recibo firmado) que el centro no es el responsable de lo que pueda ocurrir ya que la alternativa es el empleo de un matasuegras o de una trompeta de plástico del Kinder sorpresa por si algún papa sufre una lipotimia y, cae otra denuncia en el Juzgado, mientras el afectado o la afectada termina la compra en el Supermercado de El Corte Inglés o en el Mercadona de la esquina.

19 marzo 2015

¿Qué entiende usted por una Administración de Justicia informatizada?


Ahora que volvemos al asunto de la informatización de la justicia, cualquier ciudadano medio que tenga acceso a un ordenador conectado a una red ADSL (o como se llame ahora) puede darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad, hacer la declaración de renta, realizar toda clase de operaciones bancarias y adquirir productos en cualquier lugar del mundo. En Justicia, la competencia en medios materiales está transferida a las Comunidades Autónomas y a sus Consejerías de las Justicias que dirigen (o eso dicen) personajes que según el año son independientes, objetivos e imparciales, aunque sirvan en sillones adquiridos contra la lealtad institucional que determinadas Comunidades Autónomas ignoran. Ni que decir tiene que en esas circunstancias ni hay una red informática común, ni la habrá, salvo que nos encomendemos a Don Google y nos abramos todos cuentas en esa empresa (incluidos los Juzgados) y en algunas de sus aplicaciones, porque no sé a qué viene tanta seguridad informática si luego es la Administración Norteamericana la encargada de darnos los pertinentes avisos que nosotros ignoramos. 

Les diré que la inexistencia de la red significa que si, por ejemplo, un Juzgado de Valencia tiene a su disposición a un detenido por orden de un Juzgado de Bilbao tendrá que acudir al teléfono para comunicarse y al fax para completar la documentación que no aparezca en los cuatrocientos registros informáticos que tenemos. Que no debería, pero por si las moscas. 

Sigamos. La mayor parte de las aplicaciones que se emplean para tramitar los asuntos no tiene un sistema de alarmas y permiten saltos de pantalla sin rellenar todos los campos (de hecho ninguno) Tampoco existen campos obligatorios con lo que basta la alteración de la letra de un apellido para que, por ejemplo, un abogado, procurador o cualquier ciudadano tenga dos, tres o cuatro registros diferentes. Hay más: el NIF/CIF elemento esencial de identificación en todas las bases de datos de la Administración es rechazado en la de Justicia; nosotros empleamos nombres y apellidos para el registro y las búsquedas de asuntos. Con ese sistema es un verdadero milagro encontrar algo o a alguien y de hecho, en el orden civil, sabemos de la existencia de otros procesos cuando el Registro de la Propiedad, la Tesorería General de la Seguridad Social o alguna gran empresa nos remite el listado de los Juzgados que han ordenado embargos sobre una finca o el sueldo de algún demandado. Les aseguro que en no pocas ocasiones es el Juzgado de al lado. Hay otros sistemas igual de avanzados. 

Por ejemplo, yo controlo las retenciones de sueldo con una hoja de Word en colorines a cinco columnas y Amparo, la Magistrado, los juicios ordinarios y los verbales con folios manuscritos de cada uno de ellos, que luego tira cuando se celebran. La agenda de señalamientos dejo ser manuscrita hace dos años por empeño personal de la Juez y de quien redacta aunque ahora se duplique, lo que desde luego es un avance y un gran paso para la humanidad (no sé dónde he leído antes esa frase). 

Queda la formación, que se rige bajo la conocidísima Ley de Murphy del Acierto y el Error, hasta que el programa se bloquea, lo que no deja de ser un mecanismo de defensa del sistema contra los manazas de la casa, que son muchos, de todas las clases y categorías y a los que nos vamos incorporando gentes de otras promociones. 

En esta ocasión solo pido originalidad con los acrónimos. No sé si el EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad) sustituyó en el año 2009 al MIG (“Modulo de Intercambio Genérico”, que no llegó a implantarse, pero que se estuvo anunciando durante dos años) y si el nuevo sistema podrá trabajar con el PNJ (“Punto Neutro Judicial”), con la NJR (“Network Judicial Registrer” que no sé lo que es) LexNet y con el SIRAJ.

12 marzo 2015

¿Puede el Juez inadmitir una demanda previamente admitida por el Secretario Judicial?


Un aspecto a tratar sobre la nueva oficina judicial, que no suscita especiales dificultades en la actual, pero que seguramente provocará más de un debate cuando se constituyan los Servicios Comunes Procesales, lo plantea BLASCO SOTO con una sencilla pregunta: ¿puede el juez inadmitir una demanda previamente admitida por el secretario?. 

La autora entiende que sí por tres razones: 

(a) porque la ley no lo prohíbe. Al contrario, el control judicial de los presupuestos procesales no se ha alterado ni modificado, 

(b) porque pese a lo que dice el legislador la verificación y control de los presupuestos procesales no se limita a «la comprobación de ciertos requisitos formales y el examen de la jurisdicción y competencia objetiva y territorial, lo que, en la mayoría de los supuestos no es más que una mera comprobación material» (Exposición de Motivos III) y junto a los simples «requisitos formales» faltan algunos esenciales, entre otros, la acumulación indebida, falta de claridad y precisión en la demanda, etc. y otros de naturaleza especial que no encuadran en los que el legislador enuncia y, 

(c) porque al juez no se le puede quitar la potestad de revisar de oficio las garantías del proceso ya que es parte consustancial de la función jurisdiccional el control de la legalidad, que se traduce también en la correcta aplicación de la legalidad procesal. 

Dejando al margen que se trata de una exposición estrictamente teórica y que el Secretario Judicial viene tan obligado como el Juez a respetar el principio de legalidad (vide AAP BARCELONA, Sección 4ª, 9 de septiembre de 2010, ROJ: AAP B 4240/2010) y que las partes pueden denunciar cualquier vicio procesal causante de nulidad, no parece lógico que el Juez inadmita la demanda, revocando el decreto dictado por el secretario judicial. De hecho, no conozco ningún supuesto en la práctica que suscite tal discrepancia y, respecto a los demás defectos podrán revisarse en la audiencia previa o en la vista del juicio verbal para resolver lo que proceda, siendo evidente, por lo demás, que el principio de legalidad no ampara las diferencias de criterios. 

Importa destacar que cabrá reposición frente al decreto que admita a trámite la demanda (artículo 206.2 LEC), que no tendrá efecto suspensivo y que tampoco impedirá una posterior revisión del juez. Pero vayamos por partes porque el asunto no es sencillo. Se concede un ilimitado derecho al recurso en los artículos 451 y 454 bis LEC que a mi entender atenta a la lógica. Este fenómeno – no encuentro otro vocablo más apropiado- requiere la máxima coordinación entre Jueces y Secretarios judiciales, pues de lo contrario será difícil garantizar una tramitación racional que no se vea constantemente entorpecida por toda suerte de recursos. Paradigma de lo expuesto es el artículo 452.2. LEC, en el que la inadmisión de la reposición por el incumplimiento de los requisitos contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos (el de la demanda), debe hacerse mediante decreto directamente recurrible en revisión, con lo que, por ejemplo, la desatención de un plazo (el de cinco días del artículo 452.1 LEC) podría obligar al dictado de ese primer decreto y de un auto posterior (artículo 454.bis 2 LEC). Que cada uno saque sus conclusiones. 

Dice, por último, PÉREZ DAUDÍ que el Tribunal podrá hacer revisiones de oficio (artículo 454 bis LEC) en la audiencia previa del juicio ordinario, porque solo en este instante tendrá a su disposición las alegaciones de las partes y las incidencias que se hayan planteado con carácter previo y que haya resuelto el Secretario Judicial. En el juicio verbal el momento procesal será al inicio de la vista. El artículo 443 LEC tan solo regula la apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia. Sin embargo, al hallarnos ante una norma de carácter imperativo, no debe existir ningún problema para que el Tribunal lo plantee en este momento y dar la posibilidad a las partes para que realicen las alegaciones que estimen oportunas.

05 marzo 2015

La extrema dificultad de restaurar la situación en la ejecución provisional.



Dice el art. 528.3 LEC que si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado solo podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. 

Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secretario judicial. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos. 

El examen del cumplimiento del doble requisito del art. 528.3 LEC aparece entre otras resoluciones en el AAP MADRID Sección 10ª, 28 de septiembre de 2004 (ROJ: AAP M 8378/2004) en los siguientes términos: «Mucho se ha discutido acerca del alcance y significación de los dos requisitos mencionados. La doctrina se inclina, en su mayoría, por entender que el ofrecimiento de la caución no es cumulativo ni simultáneo con el ofrecimiento de otras medidas, sino que con base en la dicción del art. 530.3 LEC se preconiza su carácter alternativo. Y algún autor señala que, en otro caso, «se favorecería el fraude de Ley». A propósito de la cuantía de la caución tampoco hay acuerdo: en tanto unos sostienen que ha de ser suficiente para responder de la demora que ocasione en la ejecución y otros postulan que ha de cubrir la totalidad del importe por el que se proceda, incluidos intereses y costas. 

La norma no es de fácil interpretación. En principio, si existen bienes cuya realización sea menos onerosa para el ejecutado, lo que con toda probabilidad habrá sucedido es que el Juez ejecutor habrá infringido lo dispuesto en el art. 592.1 in fine. Si así fuera, no es, en rigor, necesario: a) argumentar que la continuación de la ejecución sobre los bienes inicialmente trabados puede ocasionar una situación «absolutamente imposible» de restaurar o compensar; b) establecer un cauce de oposición ad hoc como parece hacer el art. 528.3 , porque -en cuanto infracción legal en el curso de la ejecución- para eso está la vía del recurso regulado en el art. 562; ni, c) desde luego, imponer un requisito adicional: el ofrecimiento de caución. 

A su vez, que baste el ofrecimiento de caución sin simultáneo ofrecimiento de otras medidas que permitan seguir adelante la ejecución, aun cuando se evidencie la «absoluta imposibilidad» de restaurar o compensar, no se cohonesta con la imperativa disposición del art. 530.3, II: «La estimación de esta oposición únicamente determinará que se deniegue la realización de la concreta actividad ejecutiva objeto de aquélla, prosiguiendo el procedimiento de apremio según lo previsto en la presente Ley». Y eso sin contar con el contrasentido que supone la admisión de «cauciones» al ejecutado en el seno del proceso de ejecución pecuniaria, cuya principal finalidad es la obtención de cantidades de dinero con las que satisfacer el crédito del ejecutante. En puridad, cualquier cantidad líquida que se obtenga habría de ponerse inmediatamente a disposición del ejecutante. 

El ofrecimiento de la caución debe ser conjunto con la proposición de medidas pretendidamente alternativas a las ejecutivas inicialmente acordadas; otra cosa es que su efectiva prestación se condicione al solo caso en que las medidas de sustitución propuestas, tengan una aptitud inferior a la de aquéllas para satisfacer el interés del ejecutante y determinen una dilación en el cumplimiento de lo ordenado en el título. Con arreglo a dicha doctrina y constatada la inexistencia de medidas alternativas en el escrito de oposición, la pretensión de la ejecutada no puede limitarse a la suspensión de la ejecución mediante la aportación de un aval sosteniendo, en su caso, la posible insolvencia de la ejecutante. Punto en el que las posiciones encontradas de la doctrina y de la jurisprudencia obligaran a valorar la documental que se haya presentado por las partes, pues la dificultad siempre deberá relacionarse con el proceso de ejecución en el que se plantea ya que en caso contrario cualquier alegación en ese sentido paralizaría la ejecución provisional. 

Es decir, la ley no requiere de la insolvencia, sino de la extrema dificultad para restaurar la situación, lo que siguiendo ahora lo resuelto en la SAP MADRID, Sección 28ª, 10 de mayo de 2007 (Roj: SAP M 10116/2007) implica que: «A efectos del art. 528.3 LEC, cuando la sentencia fuese de condena dineraria, carecen de trascendencia las circunstancias que afecten a la solvencia del ejecutante provisional. La "irreversibilidad" de la situación provocada por la ejecución provisional no es relevante a efectos del párrafo 3º del art. 528 LEC, que es el que regula la condena dineraria, sino a efectos del párrafo 2º.2 de dicho artículo, regulador de la condena no dineraria, único caso en que la dificultad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia que está siendo ejecutada provisionalmente fuere revocada, puede justificar la oposición del ejecutado a la ejecución provisional. En el caso de la ejecución provisional de una sentencia de condena dineraria, tal "irreversibilidad" derivada de la situación personal del ejecutante es irrelevante, puesto que el art. 528.3º LEC sólo prevé la posibilidad de oponerse a actuaciones ejecutivas concretas que causen una situación absolutamente imposible de restaurar o compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, supuesto en el que la ejecución no se suspende ni paraliza, sino que las medidas ejecutivas impugnadas han de ser sustituidas por otras medidas o actuaciones ejecutivas. Es decir, lo relevante es la naturaleza de las medidas de ejecución, la imposibilidad de restaurar o compensar la situación que tales medidas de ejecución provoquen mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, no la situación del ejecutante, su capacidad de afrontar tal resarcimiento económico». 

En suma, la inexistencia de medidas alternativas y la discutible relación entre la situación económica de la ejecutante y la imposibilidad de restaurar y compensar económicamente a la ejecutada, obligarán a desestimar la oposición que pueda articularse advirtiéndose, además, que el aval presentado deberá cumplir lo dispuesto en el art. 530.2 LEC y no podrá limitarse a asegurar el pago del importe por el que se despachó ejecución, sino que deberá comprender la «demora en la ejecución».

02 marzo 2015

Otra del Tribunal Supremo y de Registros de la Propiedad.


Los demandantes intentan, sin éxito, que un registrador proceda a la cancelación de determinadas anotaciones de embargo y acudieron a la vía judicial en solicitud de que expidiera mandamiento de cancelación a lo que accedió el Juzgado. No obstante el registrador denegó la cancelación aduciendo que " la anotación de embargo letra A que se pretende cancelar, fue cancelada por caducidad con fecha 9 de noviembre de 1993, conforme a los artículos 86 de la LH y 353 de su Reglamento" , y respecto de la cancelación de las cargas posteriores afirmó que "no se puede cancelar la anotación de embargo letra A, ni las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las verificadas después de expedida la certificación ya que subastada con fecha 22 de abril de 1991 la mitad indivisa de la finca en base al ejecutivo que motivó dicha anotación letra A, y cancelada por caducidad la citada anotación, no se pueden cancelar las posteriores en base a dicho procedimiento ya que ha perdido su prioridad la anotación base del procedimiento". 

Esto en los Juzgados suena mucho. Tramitamos cualquier clase de ejecución y luego toca subsanar lo que indique el Registrador de la Propiedad o pelearse con las calificaciones, a modo de procedimiento posterior y con unos especiales requisitos que no aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí en los Vistos del Centro Directivo. 

En el supuesto planteado la STS, Sala 1ª, de 23 de febrero de 2015 (Roj: STS 436/2015) estimando el recurso de casación afirma que la aprobación del remate y el dictado de auto de adjudicación conlleva como efecto la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carezcan de preferencia sobre aquél que acompañaba a la ejecución y ello porque las certificaciones de cargas expedidas para el procedimiento de apremio seguido contra las fincas objeto de este litigio (autos núm. nº 1318/87 del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valencia) fueron libradas estando en vigor la anotación de embargo letra "A" extendida a favor de la ejecutante. 

Así que al no constar cargas preferentes en dicha certificación, la adjudicación de tales bienes al propio acreedor o a cualquier tercer licitador, había de hacerse sin carga alguna, pues en el Registro sólo aparecían afectando a dichas fincas las posteriores anotaciones de embargo que debían ser canceladas a continuación. 

Y todo ello porque el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior -como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situación. 

25 febrero 2015

¿A qué achaca usted la lentitud de la Justicia?


En abogacía.es hay una encuesta colgada desde hace tiempo que hace la siguiente pregunta a los visitantes: ¿a qué achaca usted la lentitud y retraso de los procesos judiciales? Las dos respuestas que más votos tienen son las siguientes: con el 49%, la falta de medios materiales y de personal y con el 28% el incumplimiento de horarios y falta de productividad. Quien redacta añadiría otras dos, pero como bien saben estoy en el otro lado del mostrador y cada uno puede preguntar en su página web lo que tenga a bien. 

Vayamos con los medios materiales y en las posturas que todos tenemos a favor de la reforma de la justicia en el partido judicial del vecino, porque en el nuestro, faltaría, tirando de fax, de mostrador y de teléfono vamos tirando y que inventen los alemanes. La STSJ MURCIA, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de diciembre de 2014 (Roj: STSJ MU 2812/2014) inadmite el recurso interpuesto contra el Acuerdo de 29 de julio de 2014 del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que sin entrar a examinar las alegaciones formuladas por el Colegio de Procuradores de Murcia, sobre el proceso de implantación del sistema de comunicaciones LEXNET, respecto de las que acuerda dar traslado a la Secretaria General de Justicia y al Consejo General de Procuradores de España, informando a la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia (a los solos efectos de dación de cuenta), por considerarse incompetente para resolverlas, acuerda denegar la suspensión de la entrada en vigor de la Instrucción 2/2014 de la propia Secretaria de Gobierno por considerar que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la legislación aplicable sobre la materia para la suspensión de un acto administrativo, en este caso una Instrucción dirigida a los Secretarios Judiciales, teniendo en cuenta que conforme ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo en relación con el art. 111.2 de la Ley 30/1992 , será a cargo de quién haga valer ese derecho (suspensión) el demostrar tanto el daño o perjuicio que se ocasionaría, como su irreversibilidad. 

Los Procuradores interpusieron el contencioso sosteniendo: 

1. La aplicación de los medios telemáticos es voluntaria de acuerdo con la legislación vigente. Así tanto el art. 230 LOPJ como la LEC establecen su aplicación como una mera posibilidad, sin establecer como obligatorio su uso. La Ley por tanto da cobertura a la exigencia del uso obligatorio de tales medios por el personal funcionario, sin establecer una obligación paralela por parte de los Procuradores, al prever en la Ley 18/2011, de 5 de julio, la eventual celebración de un convenio marco entre el Gobierno y el Consejo General de Procuradores de España, en relación al servicio de notificaciones y traslado de copias. Nada dice sin embargo respecto a la presentación de demandas, escritos de interposición u otros documentos, como se hace en relación con el personal funcionario. La Ley parece limitar la potestad de los Secretarios de Gobierno en este ámbito al establecimiento de protocolos de actuación que en cualquier caso solamente puede vincular a Secretarios judiciales y demás personal subordinado jerárquicamente. 

2. La Instrucción 2/2014, de 5 de junio es ilegal. Entiende que ni la Secretaría General de la Administración de Justicia, ni el Secretario de Gobierno, tienen competencia para dictar Instrucciones en esta materia, ya que se trata de una disposición de carácter general nula por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente de acuerdo con el art. 62 de la Ley 30/1992, en relación con el 457 LOPJ y 11 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre que aprueba el Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales.

3. Se ha originado indefensión al colectivo de Procuradores por la Instrucción 2/2014, de 5 de junio, al no informar de los recursos que cabe interponer contra ella y después señalar un recurso que parece no es el procedente.

4. Por último, señala que se ha vulnerado el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas al acceso a la tutela judicial efectiva. La Instrucción recurrida es arbitraria e impone unas medidas desproporcionadas e irrazonables. Emplea una técnica coactiva para imponer una actuación a los Procuradores que va más allá de la colaboración exigida por las leyes. No se tiene en cuenta la falta de conocimientos informáticos de los Procuradores mayores ni la discapacidad que pueda tener alguno de ellos. Tampoco tiene en cuenta la falta de medios técnicos ni las dificultades económicas que puedan tener para adquirirlos, lo cual puede impedir o dificultar el ejercicio de la profesión, además de provocar la expiración del derecho de los ciudadanos que demandan justicia, solo en una parte del territorio nacional. No respeta dichos principios porque emplea un cauce sobre el que no ha habido tiempo de adaptarse, discriminando a los Procuradores que no cuenten con medios técnicos o la pericia necesaria para utilizarlos. Además se impone de modo desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Así puede coexistir o no la vía tradicional y la telemática según la Comunidad autónoma de la que se trate. Solo admitiendo la compatibilidad y complementariedad de ambos sistemas en todo el territorio nacional hasta tanto existan medios suficientes para usar solo el telemático y siempre que la obligación se derive de una norma jurídica que respete el procedimiento legal, se respeta el principio de igualdad de oportunidades. Si la instrucción produce efectos solo para determinados procuradores, entre los que se incluyen los de esta Región pero no a los de otras Comunidades, como por ejemplo Madrid, es evidente que está produciendo una discriminación entre ellos. Los procuradores con despacho en territorio no Ministerio podrá presentar telemáticamente demandadas ante tribunales de Murcia sin moverse de Madrid, mientras que los Procuradores de Murcia, no podrán hacer lo mismo en los Tribunales de dicha Madrid. Este sistema podría tender sentido cuando el ejercicio de la profesión tenía un marcado carácter territorial, no lo tiene a partir de la entrada en vigor del art. 5. Cinco. Apartado 3 de la Ley 25/2009, de 22 de julio, que les permite el libre ejercicio de la profesión en Europa. Se trata por tanto de la imposición de trabas injustificadas para el ejercicio de la profesión que choca de plano con la colegiación única el libre ejercicio en todo el territorio nacional que postula el derecho comunitario. 

Pues bien, dejando al margen la cuestión sobre la inadecuación del procedimiento, la Sala entendió que el acuerdo impugnado no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados. 

Respecto a la violación del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 14 CE), que los recurrentes no mencionaron ningún término válido de comparación, para acreditar que el acto impugnado hubiera originado una discriminación de los Procuradores colegiados en el Colegio de Murcía respecto de otros Procuradores colegiados en otros Colegios de España que se encuentren en territorio en el que el Ministerio de Justicia no tenga competencia (particularmente el de Madrid), ya que es evidente que unos y otros Procuradores no se hallan en idéntica situación como exige la jurisprudencia para poder entender vulnerado el principio de igualdad en la medida de que pueden estar sujetos a distintas normas. En cualquier caso se trataría de una discriminación inversa, ya que el hecho de que la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia favorezca a los Procuradores del Colegio de Madrid, no significa que perjudique a los del Colegio de Murcia. La discriminación por tanto no la originaría la Instrucción aquí impugnada, sino la de Madrid que no permita a los Procuradores de Murcia presentar sus escritos en esa Comunidad vía telemática (esto es desde sus despachos de Murcia). 

Pero es que además la discriminación que se alegó difícilmente podría producirse, ya que como informó el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia en la nueva funcionalidad (presentación telemática), estaba garantizada la reciprocidad entre los distintos Colegios de Procuradores de España, de manera que solo podrían presentar escritos vía electrónica con destino a órganos judiciales de Murcia los Procuradores cuyos Colegios estén dados de alta en el sistema. Por el contrario la antigua funcionalidad del sistema que existe desde el 2009 (notificación desde los tribunales a los Procuradores) no precisa de esa reciprocidad. Por tanto cabe decir que los que podrían alegar la eventual discriminación en lo relativo a la presentación de escritos, no son precisamente los Procuradores de esta Región, sino más bien los de Madrid, donde existen órganos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en los Procuradores de Murcia podrán presentar escritos vía telemática sin desplazarse de Murcia. 

Además la discriminación que alegan los recurrentes no se deriva de la aplicación de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino en todo caso de la aplicación de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la primera se limita a desarrollarla estableciendo un plazo para su aplicación pero siempre dentro del límite de tres meses establecido por la última, la cual, por otro lado, se ha dictado en aplicación de la Ley 18/2011 antes citada (que establecía un plazo máximo de 5 años para la implantación del sistema). 

Por tanto la obligatoriedad para los Procuradores de la implantación del sistema a partir de determinada fecha no se deriva de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, dictada en desarrollo de la Ley 18/2011, que no es objeto del presente recurso. 

Tampoco podía entenderse infringido el derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que los actores habían dispuesto de todos los recursos procedentes y finalmente habían podido acceder a la vía jurisdiccional sin ninguna limitación. Es evidente por otro lado que la falta de información de los recursos procedentes contra el acto notificado o la información incorrecta de los mismos, no afectó a la validez del acto, sino exclusivamente a su eficacia para las partes. 

Lo dicho, la lentitud de la justicia se debe a la falta de medios materiales y a que no cumplimos el horario. Lo de la productividad se me escapa salvo que nos estén llamando vagos a lo educado, que todo puede ser.

18 febrero 2015

La adjudicación de un bien inmueble por la Comunidad de propietarios.



Nos encontramos ante un supuesto muy frecuente en la práctica y como ahora veremos de difícil solución, pues las deudas que reclaman las Comunidades de propietarios en el proceso monitorio no solo deben salvar en el proceso de ejecución, el límite de embargabilidad del art. 584 LEC, sino la propia naturaleza jurídica de la comunidad. Sobre el primer particular el asunto carece de enjundia jurídica: no deben embargarse bienes inmuebles en ejecuciones que se despachan por debajo de una determinada cantidad (la mayor parte de las ejecuciones por gastos de propiedad horizontal no suelen despacharse por cantidad superior a 1.500€), pero dicho esto ¿qué ocurre cuando no hay otro bien a trabar o cuando se han acumulado varias ejecuciones incrementándose, en consecuencia, el principal adeudado? No tiene tampoco esta cuestión dificultad jurídica: deberá embargarse el bien inmueble titularidad de los propietarios morosos. 

¿Podrá anotarse el embargo en el Registro de la Propiedad? Indica la Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) que aunque la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal carece de personalidad jurídica independiente (cfr. STC 115/1999, de 14 de junio), es doctrina reiterada de la Dirección General que tal circunstancia no impide que en algunos asientos –como la anotación preventiva en materias en que la comunidad tiene reconocida capacidad procesal– tal comunidad pueda ser titular registral. 

En efecto, esa comunidad de propietarios es objeto de consideración unitaria a determinados efectos legales, como consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo (cfr. STS de 19 de junio de 1965, y 8 de marzo de 1991). Así, se reconoce a la propia comunidad la titularidad de fondos y créditos comunes –arts. 9.1.f) y 22.1 LPH– y la existencia de obligaciones de la misma –arts. 10.1 y el citado 22.1 LPH– así como la posibilidad de arrendamiento de elementos comunes. Además, la comunidad tiene capacidad procesal para demandar y ser demandada (arts. 13.3 LPH, 7 LOPJ y 6.1.5º y 544 LEC). 

Si el presidente representa en juicio a la comunidad en los asuntos que la afecten (art. 13.3 LPH) ha de entenderse que la representa en las actuaciones procesales a todos los efectos y, por ende, también para pedir y obtener en esa cualidad de presidente y en favor de la comunidad las medidas cautelares o de ejecución, de las cuales un ejemplo es el embargo en favor de la comunidad, cuya posibilidad prevé expresamente el art. 21.5 LPH. El correspondiente asiento de anotación se practicará entonces también en favor de la comunidad, sin necesidad de que los comuneros sean identificados nominativamente, pues no son ellos los que a título individual ejercitan la acción, sino el órgano comunitario competente; basta por tanto, para expresar las circunstancias del titular de la anotación, indicar aquéllas que identifiquen a la comunidad y sin hacer referencias personales a cada uno de los comuneros (cfr. Resolución de 3 de marzo de 2008). 

¿Y podrá adjudicarse ese bien inmueble? La citada Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) precisa que el reconocimiento legal de capacidad procesal de la comunidad de propietarios así como las restantes facultades que se atribuyen a la junta de propietarios y a su presidente, no implica que tal comunidad pueda adquirir bienes inmuebles como ente con personalidad jurídica independiente y ser titular registral de los mismos mediante el asiento de inscripción correspondiente. 

Dicho esto, la Resolución DGR y N de 3 de julio de 2013 (BOE 5 de agosto de 2013) también ha precisado que como la comunidad de bienes es una entidad sin personalidad jurídica, la adquisición por aquélla de algún bien implica en realidad una adquisición por sus integrantes, proindiviso entre ellos. Afirmación que no queda desvirtuada por la existencia de un número de identificación fiscal diferenciador entre la comunidad y los comuneros, que produce sus efectos en el ámbito fiscal y que tampoco significa que se alteren las normas sustantivas contenidas en el Código Civil. Sentada esta doctrina, el Centro Directivo ha entendido por ejemplo, que no hay doble trasmisión en el caso de adjudicación derivada de un procedimiento ejecutivo a favor de la Comunidad de Propietarios sino tan solo una a favor de los comuneros y en cuotas indivisas de acuerdo con su cuota de participación en la comunidad. 

Así pues, la Comunidad de Propietarios carece de personalidad jurídica y por tanto no puede ostentar la titularidad registral de un bien; otra cosa sería en el caso de que el decreto de adjudicación se dictase a favor de los copropietarios en proporción a sus cuotas de participación en la Comunidad de Propietarios.

13 febrero 2015

¿Tienes un modelo?


Cuando la iura novit curia se abofetea con la realidad, porque el Congreso de los Diputados y de las Diputadas se ha encargado de destrozar la iura y parte de la curia valida tan estupendo quehacer, con arreglos previos a las votaciones que luego no aparecen en los Diarios de Sesiones, nos quedan los modelos, que son algo así como los últimos de Filipinas de la reforma de la Justicia. No de la Nueva Oficina Judicial (NOJ en los ambientes), sino de la reforma de la Justicia o sea, la que se anuncia desde que dejaron de llegar galeones de América y algo había que hacer. 

El modelo es la salida apresurada a la repetición de peticiones que pasan por las mesas de los juzgados y, tiempos ha, nos hacían más sencillas las guardias, sobre todo en esos sitios de la costa mediterránea en los que siempre estaba pasando algo y llevabas en el coche una carpeta llena de folios oficiales con diferentes impresiones y papel calco. Ni que decir tiene que bajo el imperio de la Ley de Murphy, podías llevar trescientos dos modelos que en aquella guardia aparecía el supuesto de hecho trescientos uno y tenías que escribir sobre las rodillas, los brazos o en alguna parte del Patrol de la Guardia Civil para modificar alguno de los trescientos dos modelos y no vulnerar así los derechos fundamentales de no recuerdo quién. 

Cuento la guerra y no la batalla porque el modelismo es una competencia de la Administración de la administración de justicia, que como todas las demás ejerce con la eficacia que le caracteriza, así que al día de la fecha es posible y hasta probable que los despachos de abogados que trabajen en España tengan varias resoluciones para el idéntico trámite administrativo porque puestos a venirse arriba y a distinguir singularidades, el ochenta por ciento de lo que se presenta en un Juzgado tiene una dificultad procesal próxima al cero, mientras que el otro veinte por ciento exige una resolución y no un modelo

Prueba evidente de surrealismo en el que nos encontramos es que quién redacta estas líneas le dedique un comentario a este asunto y, que encima deba guardar silencio prudente cuando comprueba que todos los documentos judiciales, procesales u orgánico-administrativos (calificativos que amparan todas las sensibilidades de la casa) que le llegan de Europa sean siempre los mismos por cada Estado y vengan con sus tasas y sus sellos, incluido el lacre, porque, claro, la justicia debe ser gratuita a mayor disfrute de la tutela judicial efectiva, aunque de Pirineos para arriba no se hayan enterado. 

 Y es que mientras nos encanta el discurso sobre la salvación de la justicia en sus diferentes versiones (lo de la reforma suena a antiguo), mientras hacemos la ola, particulares tan sencillos como el que nos ocupa – ya solventados por la AEAT, el INSS y la TGSS- siguen arrastrándose por los ordenadores de la Justicia española.