18 agosto 2014

Las tribus no pueden con el Ministro de Justicia.


¿Conoce alguien la historia de Salam Fayyad? No, verdad, pero a que se creen en la obligación de calificar de masacre lo que ocurre con el pueblo palestino bajo la única condición que en el otro lado se encuentre Israel y ¿cambiarían de opinión si les dijera de Salam Fayyad fue el primer Ministro de la Autoridad Palestina que tuvo claro que primero se organiza la administración, luego se controla el monopolio de la violencia y, por último, se declara la existencia del Estado? Y ¿a que no saben la cabeza que pidió Hamas a Fatah en el año 2013? No se intranquilicen que no sigo para que así continúen durmiendo tan tranquilos con sus perjuicios y sus culpables, porque los primeros solo se salvan con el estudio y los segundos con el análisis de las pruebas y cuando no hay nada de aquello, ni de esto, siempre nos quedan los telediarios y los opinadores de la cosa, cualquiera que esta sea. 

Y por las mismas razones las rebeliones de las tribus dedicadas a la Justicia no tienen efecto alguno y ello suponiendo que se hayan producido, porque llenar las redes sociales de insultos, pancartas y logotipos contra el Ministro de Justicia le ahorraran a más de uno la visita del miércoles al psicólogo, pero se me escapan otras consecuencias mediatas de tan curioso comportamiento. No, aquí la única rebelión se produjo en Zaragoza en el 2013, cuándo los Registradores de la Propiedad rechazaron el pacto de la Directiva con el Ministro de Justicia para la transferencia del Registro Civil, que luego se ha terminado produciendo. 

Pero el resto va cada uno por su lado y pidiendo por lo suyo sin importar, faltaría más, quien se hunde con el barco y en esas es muy sencillo llevarse por delante cualquier rebelión en forma de proyecto de Ley, Ley Orgánica o Decreto Ley. Ignoraba la existencia de un cuerpo de Jueces sustitutos y menos aún que el colapso de la Justicia se deba a la supresión de la sustitución por un licenciado en derecho y que se obligue a que conozca del asunto un Juez profesional (no parece haber dudas de estas sustituciones cuando se habla de cirugías, ingenierías o arquitecturas). 

Desconozco qué relación tienen las tasas con el derecho del ciudadano a la justicia y dicha ignorancia se acrecienta cuando no escucho, ni leo que no puede llegar cualquier cosa a la mesa de un Juzgado. Recordaré que no pocos documentos del Consejo General del Poder Judicial y numerosos acuerdos de Juntas de Jueces concluyeron en la necesidad de cobrar tasas por acceder a la Justicia, incluyendo la penal. Así que aquí solo los Colegios de Abogados insisten en la supresión del pago, aunque sin alternativa, cuando en realidad el problema está en la proporcionalidad de la tasa y en qué litigios debe resolver un Juez. El ciudadano nos sirve para completar el manifiesto. 

La tercera tribu que guerrea son los Procuradores y estos, por cuestión de supervivencia, no tendrán problemas en pisar a los Secretarios Judiciales y a los funcionarios de los Servicios Comunes en el intento de llegar a los últimos botes de salvamento. De hecho, ni unos, ni otros son enemigo de enjundia y más si pensamos que los mostradores están llenos de habilitados de quita y pon: si han podido colocar esa figura que no exige ningún requisito (creo y si me equivoco, ruego me corrijan), podrán quedarse con la ejecución y los servicios comunes. 

Los sindicatos solo guerrean y mejor cuando había paz y había liberados sindicales de todos los gustos, olores y sabores. Ni que decir tiene que el cariño que sienten por el Cuerpo de Secretarios Judiciales es recíproco; les diré que echaron a antiguos afiliados del Cuerpo de Gestión cuando pasaron al Cuerpo de Secretarios y estos tuvieron que crear el SiSej, supongo que para sentirse como en casa. Con los Jueces no se atreven y dicho esto el problema de guerrear cuando no hay guerra es que cuando la hay, la gente está muy cansada de ver que nunca se premia el esfuerzo y el trabajo bien hecho (el caladero de los sindicatos no está en esa bolsa de estos funcionarios) y que pocas diferencias hay entre la patronal y los representantes de los trabajadores

Los Secretarios Judiciales ya estamos partidos en dos: los Jefes y los demás y los demás para ser Jefes ya saben lo que tienen que hacer, no moverse demasiado (o mejor, nada) con lo que aquí el ciudadano también nos completa el manifiesto. ¿Y los jueces? Lo mismo que los Secretarios Judiciales solo que no está partida la carrera en dos, sino en tantos puestos como órganos colegiados haya. De hecho estos dos últimos grupos no son tribu, ni guerrean, ni creo que haya ganas de hacerlo: otra cosa es que los portavoces de algunas asociaciones salgan de cuando en cuando defendiendo esto (la justicia) o aquello (el ciudadano que completa el manifiesto), pero de ahí a que detrás esté el colectivo no va un trecho, va una autopista de cuatro carriles en cada sentido. 

Por último, los Fiscales juegan en otra liga, como los Abogados del Estado y con ellos no suele ir la película o al menos, no hacen siempre el papel de víctima. 

Ni que decir tiene que este análisis encubre toda clase de injusticias, pero una visión de conjunto requiere que nos alejemos del caso particular y del “qué hay de lo mío” para centrarnos en el proyecto de justicia que necesitamos como nación y mientras no lo tengamos, cualquier Ministerio de Justicia tendrá sencillo acabar con las tribús sin comenzar ninguna guerra.

11 agosto 2014

Lecturas de verano: Reforme usted la justicia (que a mí me da la risa).


Largos años de meditación me llevaron a recopilar en un ensayo la historia de nuestra Justicia desde los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI a los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, que seguimos teniendo en el Siglo XXI, aunque llenos de ordenadores, de operadores jurídicos, de servicios comunes y de otras cosas extrañísimas y el caso es que deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado la cuadratura del círculo o, más bien un permanente regreso al futuro de seis siglos. También les digo que no explico el futuro porque me apuesto unas cervezas con ustedes a que los nietos de nuestros nietos seguirán escuchando el rollete de la reforma de la justicia, de su politización y del expediente digital. 

Y con ese propósito publiqué en la editorial BUBOK un ensayo que se titula REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). No negaré que se trata de un libro técnico, pero de los de andar por casa ya que parte del material se ha publicado en este BLOG; he procurado que pueda leerse sin tener que echar mano de un diccionario Español-Justicia; Justicia-Español y por la misma razón puede empezarse por cualquier capítulo y terminarse por el principio. 

Sí que es aconsejable leer la INTRODUCCIÓN que es chulísima y que puede descargarse en la página web de la editorial, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es también para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Ni que decir tiene que pido disculpas a todos los colectivos afectados o, a quien pueda sentirse aludido, ofendido o molesto por algunos comentarios que se hacen en el texto y aquí incluyo también a los conductores de autobús que llevan la camisa por fuera, a quién denunció al Rey Baltasar y al cuñado que por turno corresponda, nada más lejos de mi intención que causar agravio o perjuicio y por supuesto, cualquier parecido de algún personaje con la realidad será siempre pura coincidencia. 

Hay también versión impresa que puede regalarse en Reyes y aniversarios varios, aunque si les ha gustado puede quedar estupendo en la librería de casa para echarle un vistazo de vez en cuando. 

Tienen más información pinchando en la imagen de la portada.

Espero que lo disfruten.

31 julio 2014

El día del orgullo del Secretario Judicial (i).


Aprovechando que hoy aparece en el BOE el listado de los compañeros que han aprobado la oposición por el turno libre y que por la fecha y el funcionamiento de las enfriadoras en el Juzgado, me encuentro especialmente lírico, pues es el primer mes de julio en diez años que no nos asamos en el Juzgado, andaba dándole vueltas al asunto sobre la necesidad que el Superior Cuerpo tiene de una bandera, uno o varios autobuses con música, que puede ser clásica; un desfile de sábado con toga o sin ella y, por supuesto algo de alcohol. 

Y esta propuesta que sabido es, de novedosa tiene poco, no solo creo que es la mejor de este año para el Superior Cuerpo de Secretarios Judiciales, sino que nos sacaría de la cueva – lo del armario se quedó estrecho, escaso y pequeño- en la que nos han metido y en la que, por cierto, estamos muy a gusto cantando flamenco o lo que se tercie y, nos permitiría además entablar buenas e íntimas relaciones con otras compañeras; no hará falta que explique que las chicas son mayoría desde hace veinte años en las oposiciones y que eso a mí, por diferentes razones que no detallaré, me encanta (imagínense todo lo que quieran, que acertaran). 

Lo de la bandera necesitaría un concurso a dedo y con mucha opacidad para darle morbillo al asunto, porque lo nuestro, en principio, no es el arte y tampoco se trata de gastarse una pasta en un diseño cuando puede dedicarse al alquiler de los autobuses. Sí claro, siempre habrá alguno que entienda que esto no tiene nada de jurídico y de profesional y bien, no lo negaré como tampoco lo haré respecto a idéntica calificación de los proyectos de ley que se modifican tomando café dos minutos antes de la última votación; las leyes que nadie sabe quien las redacta o, verbigracia, que el Superior Cuerpo trabaje gratis para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sin aparecer en la relación de sus puestos de trabajo. 

Respecto a los autobuses habrá de aclararse con rotundidad que el desfile no es un congreso con ponencias y esas cosas que se hacen desde que el hombre es hombre y el Secretario Judicial el pilar de la reforma (pero sin escayola, para no confundir con la de los cuartos de baños) sino algo mucho más serio, porque tendremos encima un radar de esos que nos guarda la seguridad vial desde un helicóptero, con multas y tajo carnicero de puntos. Así que habrá que regular el comportamiento en las plataformas y sobre todo el equilibrio, no tengamos una desgracia en el primer desfile. 

El problema es el de las togas porque desde que nos sacaron de Sala a cambio de la nada, no tengo claro si podríamos llevar parches de publicidad; si quieren que les diga la verdad preferiría la institucional o sea, la del Corte Inglés, Zara y Coca Cola y cuando sobrara algún hueco, tirar de algún grupo de comunicación. Podremos meditarlo en plan asamblea: todos hablando a la vez y a gritos, que es la manera española de hacer las cosas. 

Dejo aquí este esbozo del proyecto que ya iré perfilando, porque me falta analizar la música, las pegatinas y los eslóganes no sin antes recordarles que el respeto se gana, no viene por herencia y que cuando aquel se pierde, no se recupera fácilmente y, menos cuando la política gana a la profesión. Desde luego están en su perfecto derecho de creerse lo que quieran y hasta que los niños vienen de París.

28 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas: los honorarios de los abogados (ii)


Antes de cualquier otra consideración dejaremos sentado que las normas orientadoras de los Colegios de Abogados, que podrían tenerse en cuenta por su adecuación y tecnicismo (ATS. S1ª de 12 y 20 de junio y 27 de septiembre de 2002) no vinculan a los órganos judiciales (por todas STS, 329/2004, Sala 1ª, de 30 de abril, ROJ STS 2885/2004), por lo que no hay que entrar nunca en el análisis de si esta o aquella norma orientativa del baremo se aplicó o, como se interpreta en la minuta de honorarios. Eso no es cuestión de la tasación de costas, ni de la impugnación ya que no es dable revisar las normas de honorarios cuando no vinculan a los órganos judiciales. 

Por lo demás, la doctrina jurisprudencial sobre el tecnicismo de las normas orientativas se encuentra muy superada por otra de los tres últimos años que centra el debate en los criterios de moderación de los honorarios de los letrados en tanto las normas de los Colegios solo atienden a la cuantía del asunto lo que provoca resultados injustos y desproporcionados en no pocas ocasiones. 

Y la doctrina del Tribunal Supremo es ya reiterada en el particular que nos ocupa. Dice así el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014)


Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente..

Doctrina que también se defiende en los siguientes términos en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1525/2014)


Estos criterios, por otra parte, son los que se vienen sosteniendo por esta la Sala en las resoluciones que se pronuncian sobre las costas procesales. En este sentido y como recoge el decreto, no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de este se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado que minuta. Y es que, aun cuando la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado que ha minutado no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales..

Así como en los ATSS, Sección 1 del 18 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras numerosas resoluciones. 

Como vemos no se trata de simple cuestión de cuantías, sino de valoración del trabajo del letrado en relación a las circunstancias concurrentes en el pleito, su grado de complejidad, la fase del proceso en la que nos encontremos y todo ello, a los solos efectos de la condena en costas, porque siempre deberá recordarse que la complejidad no se valora según el número de escritos que se presenten y que las costas no son el precio del arrendamiento de servicios entre el letrado y el cliente.

24 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo (i)


La práctica de la tasación se inicia cuando el Procurador presenta un escrito al que acompaña la minuta del letrado, su cuenta de derechos y las facturas que haya podido abonar. Este es el supuesto más frecuente – casi único, el que nos remite a los artículos 242.4 y 243.2 LEC y el que nos obliga a analizar qué es lo que el Secretario Judicial puede hacer en la tasación de costas ya que no faltan opiniones en el sentido que los límites legales son estrictos y no sujetos a otra interpretación que la consolidada por la Jurisprudencia. 

Pues bien, sobre las facultades del Secretario Judicial en la práctica de la tasación dice la SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011):
Cita:

“parece evidente –- que la función que la ley atribuye a los Secretarios Judiciales no sólo tiene aspectos contables, y que sobre las costas que comprende la condena habrán de decidir, como técnicos en derecho que son, de acuerdo con la legislación procesal en la materia, excluyendo p. e. las minutas no detalladas (STS 4 de abril de 1988), las cantidades correspondientes a actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (SSAP Málaga 26 de octubre de 1999, ó Valencia 4 de febrero de 2000), e incluso aplicando los límites que establecía el artículo 523 LEC (SSAP Baleares 25 de marzo de 1999), y también, por qué no, excluyendo los derechos del procurador o los honorarios del letrado cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 11 LE (SAP Murcia 30 de abril de 1998)”

Es una doctrina consolidada y que no tiene posturas contrarias o, al menos, no las he encontrado. Así tenemos, por citar algún otro pronunciamiento, la SAP MADRID, 290/2007, Sección 12ª, 3 de mayo de 2007, (ROJ SAP M 12336/2007):
Cita:

“la obligación legal impuesta al Secretario, de tasar las costas, no se limita a cuantificar las minutas presentadas por la parte favorecida sin más, sino que incluye un estudio de la legalidad de las partidas filtradas, y obligatoriamente, si vienen autorizadas por la ley”

y la SAP BARCELONA, 805/2004, Sección 13ª, 24 de noviembre de 2004, (ROJ SAP B 14238/2004). 

Y no queda ahí la cosa. La función del Secretario judicial en la tasación de costas no es de mera cuantificación sino que, antes al contrario, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación (inverosímil en los casos de rebeldía), debe estudiar la legalidad de las partidas minutadas y decidir sobre la inclusión o exclusión de las mismas, pues al secretario corresponde una primera cognición sobre las partidas que deben integrar la tasación (SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011, ROJ SAP M 7125/2011). 

Pero, ¿cuáles son esos límites que antes indiqué?. Para contestar a este nuevo interrogante hay que separar como si fueran compartimentos estancos, los honorarios de los letrados, los derechos de los procuradores y la propia tasación de costas porque hablamos de cosas distintas, si quiera sea a efectos teóricos y para una mejor comprensión de la exposición. 

Respecto a la última (la tasación de costas), vuelvo a la ya citada SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011) que advierte: 

 -La ley confiere al Secretario Judicial la función de tasar las costas y precisa qué costas son los honorarios de la defensa y la representación técnica "cuando sean preceptivos" (artículo 241.1 LEC). De ahí que sí el Secretario Judicial no los reputa preceptivos, no debe incluirlos en la tasación.

-Las facultades del Secretario judicial en orden a la exclusión de determinadas partidas al hacer la tasación, sin esperar a la impugnación de la condena, resulta hoy indiscutible pues: (a) No sólo se dice, como antes, que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles superfluos etc. o costas de los incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida, sino que además se faculta expresamente al secretario para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito(art. 243.2 LEC) y (b) Se prevé ahora ya expresamente la impugnación de la tasación por haberse excluido de ella determinados gastos o no haberse incluido la totalidad de los honorarios devengados(artículo 245.3 LEC), lo que carecería de explicación si el secretario hubiera de limitarse a practicar la tasación conforme a lo pretendido por quien la insta. 

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador.
Cita:

“La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010).

Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos,
Cita:

“cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011).

En segundo lugar, en la aplicación del Arancel el Secretario Judicial estará obligado a incluir la partida que corresponda aunque no se reclame por la parte. No juega aquí el principio dispositivo. De ahí que, el Secretario Judicial, si pueda y deba realizar
Cita:

“la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. Es pues correcto el hecho de que si el Sr. Secretario no estimó correcta la aplicación de los artículos arancelarios hecha por la parte beneficiaria de la condena en costas, haga la regulación que estime pertinente”

(SAP ASTURIAS, Sección 1ª, 10 de diciembre de 2009, ROJ: SAP O 3101/2009). En el mismo sentido la SAP CORDOBA, 272/2006, Sección 1ª, de 22 de junio de 2006 (ROJ: SAP CO 864/2006):
Cita:

“En definitiva, tratándose de derechos arancelarios, en modo alguno se infringe el principio de justicia rogada si el Sr. Secretario incluye una partida, correspondiente al arancel, que previamente no fue incluida en la minuta que al efecto presentó el Procurador junto a la solicitud de tasación de costas, máxime si esa partida tiene su fundamento precisamente en la citada solicitud de tasación de costas”

Y en tercer y último lugar, se practicará la tasación con arreglo al importe que fije el Arancel, sin que tampoco en este caso juegue el principio dispositivo. Otra cosa muy distinta es que la parte reclame una cantidad menor (y lo explique), porque la experiencia práctica demuestra que en esta fase del proceso solo hay errores de cálculo, que poco tienen que ver con el principio dispositivo.

22 julio 2014

TJ al tejado (o al mostrador).


Cuando llevas unos años en el Servicio público de la Justicia concluyes que hay Servicio, pero no al público y mucho menos de la Justicia y cuando esos años pasan a ser décadas ya solo quieres saber cómo es posible que un señor vestido con una túnica negra es capaz de hablar media hora (o más) sobre un juicio que ha durado diez minutos. Ya solo quieres saber eso y claro, porqué TJ era el único que tenía que subir al tejado. 

Si estimados lectores después de un par de mañanas de atención al mostrador, que no al público, ni a la Justicia, ni a nada que se le parezca y cuando por no sé cuantas veces ha tenido que indicarse a uno de los habilitados de no sé quién, que si estaba notificado estaba tramitado y que sí, pues no y, que cuando dejáramos de estar en Cuadro de Tercio Viejo de Flandes, reiteraríamos bajo la pertinente sanción lo que tocara, solo hemos podido recordar los nombres de TJ y del Teniente Harrelson. Eso y que alguien nos hace vudú o, que por la edad ya tenemos que comenzar a pedir hora para en el taller de chapa y pintura. 

Los lectores jóvenes, que supongo habrá, quizá sepan de TJ por las reposiciones de Antena 3, pero por si no han tenido el gusto o prefirieron el Equipo A, les diré que quién se jugaba el tipo los lunes por la noche en la televisión de los dos canales eran el Sargento Kay y el Oficial Street; TJ solo trepaba, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos con un par de tiros de un fusil de caza. De eso no te dabas cuenta cuando tú madre te mandaba a la cama y te intentabas quedar escondido detrás de la puerta del salón para ver, por lo menos, la mitad del capítulo, pero luego ¡hay amigo! cuando aparecieron los clásicos, ahora reunidos por D. Sylvester Stallone en tres equipos comprobaste lo que era un tirador y un tejado. 

Y un mostrador de un Juzgado; o, mejor dicho, el mostrador de mi Juzgado, porque yo ni salvo el mundo, ni tengo vocación de hacerlo, ni escribo por los demás Juzgados, ni me empancarto en solidaridad de sudores con el ciudadano del portal de enfrente pidiendo no sé qué cosas. Afirmaciones que vienen a cuento porque bien poco vemos al ciudadano al que según algunos servimos y sin embargo, perdemos horas atendiendo al teléfono a profesionales de la cosa preguntando por lo suyo o por lo que está escrito; expidiendo el tercer duplicado del mismo papel que, por lo visto, tiene tendencia a escaparse de las manos del profesional al que se lo entregamos las dos veces anteriores o, como esta mañana, repitiendo en varias ocasiones que si estaba notificado estaba tramitado y que si no se había notificado, no se había tramitado y que, por favor, dejaran hueco en el mostrador porque en tres ejecuciones hipotecarias se había pedido las suspensiones de los lanzamientos señalados hacía ni se sabía. 

Así que después de unas vueltas ignoramos porque solo trepaba TJ, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos, aunque hemos dejado para mejor ocasión el debate sobre sí sería buena idea que se ocupara un par de días, con una Nerf de los asuntos del mostrador.

18 julio 2014

¿Ha abierto la puerta el TJUE a un recurso de apelación sin límite en la ejecución hipotecaria? (STJUE 17-7-2014)


La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 17 de julio de 2014 resuelve las siguientes cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Provincial de Castellón: 

1) ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/[…], que impone a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la [LEC], al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición? 

2) En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13[…], ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la [Carta] una disposición del derecho nacional como el artículo 695.4 de la [LEC] que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su oposición?»

El fallo es el siguiente:


El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

17 julio 2014

Papel higiénico y pastillas de jabón en la próxima productividad.


Los de siempre andan pidiendo que no incluyamos en la próxima productividad la tasa judicial y supongo que como en otras ocasiones, la petición será premiada con el éxito y no habrá una sola gestión de tasa que no se incluya por quien quiera hacerlo, porque en el tránsito a Gobernanta ya solo nos falta volver a los tiempos del papel higiénico y de las pastillas de jabón y a cobrar, si procede, por el ahorro de unos y de otros

No les engaño, en el año 1994 tuve una interesantísima conversación con dos Señoras de la limpieza y la Gerencia de Alicante a propósito del gasto de jabón y en fregonas o mochos y, sabrán disculparme si no les indico la clase de jabón y su destino (como también les pido que no lo relacionen con una ducha, hagan el favor, que esto es muy serio) y cómo acabo aquello, pero parece que los asuntos de la limpieza corren paralelos a la reforma de la oficina judicial y, evidentemente, a la productividad. 

Lo de la Gobernanta tiene otro pasado. Fue como calificó el trabajo superior que desempeñamos una de mis preparadoras cuando aprobé la oposición y me remontó ahora al año 1993, cuando quien redacta estaba sentado en su despacho y entraba y salía gente preguntando cosas muy extrañas sobre el papel, las impresoras, el turno de señalamientos, personaciones estrambóticas y algo sobre el beneficio de pobreza. Escribo sobre la Audiencia Provincial de Madrid y la Secretario Judicial a la que me refiero dejo de ser Gobernanta hace mucho tiempo: el cuarto turno la llevó al cargo de Magistrado y el Gobernanto pasé a ser yo. 

Así que a mí, que los de siempre anden reclamando no sé qué derechos de los ciudadanos relacionados con la productividad es algo que no me incumbe y, dejando al margen que de vez en cuando podía caer alguna reclamación sobre las obligaciones de dichos ciudadanos (verbigracia y comenzando por cosas sencillas no tirar papeles al suelo y recoger las cacas de los perros), lo extraño es que los mandos en plaza no hayan entendido todavía que ya no hay Cuerpo de Secretarios Judiciales y que colará cualquier cosa que se les ocurra; bastaría mandar un correo electrónico por la escala jerárquica. 

Como siempre hay desmemoriados recordaré que el día 17 de febrero de 2009 recibimos del Ministerio de Justicia la Instrucción 3/2009 cuyos dos primeros párrafos decían así: “Se ha tenido conocimiento por esta Secretaría General de la Administración de Justicia que el día 18 de febrero de 2009 podrían producirse circunstancias que repercutirían en el normal desarrollo de la actividad de los órganos jurisdiccionales”. (Les traduzco: “las circunstancias” significaba “huelga de Jueces y Magistrados que llevaba convocada hacía ni se sabía”); segundo párrafo: “Siendo uno de los objetivos de esta Secretaría General procurar que la Administración de Justicia ofrezca a los ciudadanos un servicio público y de calidad, es necesario recabar los datos concretos que esta incidencia produzca en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, con el objeto de salvaguardar los derechos de los ciudadanos”. (Nuevamente les traduzco: como sé que hay huelga, pero no lo puedo decir, les endoso una Instrucción a los que suelen tomar café con los Jueces para que se chiven; perdón, perdón, lo retiro, para que velando por el derecho de los ciudadanos a un servicio público de calidad informen de las circunstancias (o sea huelga) que afecten al normal desarrollo de la actividad de los órganos judiciales). 

Este chivateo, que no fue otra cosa, fue aplaudido por los de siempre, que reprocharon, verbigracia que respondiera a la orden con dos remisiones al Juez Decano y una tercera respuesta afirmando la inexistencia de novedades en el Juzgado. Siempre he pensado que ese era el segundo momento de plantarse (el primero fue el caso Mari Luz, pero hubo miedo y el miedo es libre) y quién sabe lo que hubiera pasado si lo hubiéramos hecho, pero el caso es que no lo hicimos y el papel higiénico nos espera ahora con los brazos abiertos y hasta puede que el perrito de Scottex nos de unos lametazos de agradecimiento. 

Mirémoslo de otra forma: la empresa tendrá informatizados los archivos y no habrá que palotear los datos, digo el número de rollos y de pastillas de jabón y además, más se perdió en Cuba.

14 julio 2014

Los Blogs, el derecho al honor y las libertades de información y expresión (STS 1-7-2014).


Se dedica la STS, Sala 1ª 1 de julio de 2014 (Roj: STS 2652/2014) al examen de la demanda presentada por una mercantil contra un particular en la que se solicitó el dictado sentencia que declarara la existencia de la intromisión ilegítima y lesión en el honor y la imagen por la información proporcionada por el demandado en su Blog, se decretara el cese inmediato y definitivo y se abstuviera en lo sucesivo de reponer por el mismo u otro medio una determinada información. La demanda se desestimó en la instancia y no corrió mejor suerte el recurso de apelación. 

En la demanda se alegaba, en síntesis, lo siguiente: a) Que la demandante es una sociedad dedicada a la promoción y construcción de edificios; b) Que en su condición, se le habían concedido dos licencias de edificación para la construcción de dos viviendas unifamiliares; c) Que en el blog del que era titular el demandado aparecía publicado, junto a una fotografía de una de las viviendas unifamiliares en construcción, un texto que suponían que el demandado estaba prejuzgando la ilegalidad de las referidas licencias municipales de edificación, poniendo en entredicho «no solo la actuación municipal» sino también el buen nombre de la empresa y su actuación con arreglo a la legalidad; d) que la conducta del demandado constituía un delito de injurias graves con publicidad, un delito de calumnias y en el orden civil, una intromisión ilegítima en el honor y en la propia imagen de la mercantil demandante. 

En el recurso se cuestiona el juicio de ponderación de los derechos en conflicto contenido en la sentencia recurrida. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala más pertinente al caso se puede resumir así: 

1) La libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información porque comprende la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo (SSTC 104/1986, de 17 de julio, 139/2007, de 4 de junio, y 29/2009, de 26 de enero). No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos y la jurisprudencia concluye que cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (SSTC 107/1988, 105/1990 y 172/1990). 

2) El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003 , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006 , FJ 7). 

3) La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental. En cuanto a las personas jurídicas, se viene declarando que el reconocimiento de derechos fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquella. No obstante, como dice la STS 19 de julio de 2006, rec. n° 2448/2002 ,


tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas, porque respecto de estas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás (SSTS, entre otras, 14 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2003), y cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto trascendente o exterior -consideración pública protegible- (SSTS, entre otras, 15 de abril 1992 y 27 de julio 1998), que no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la actividad.

4) El derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. De darse un conflicto entre los citados derechos fundamentales, deberá ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Además, ese juicio de ponderación en abstracto deberá atender a que el ejercicio de la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (SSTC 216/2013 y 9/2007). 

5) La técnica de ponderación exige valorar en segundo término el peso relativo de los derechos en conflicto para lo cual deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Que para que pueda considerarse justificada una intromisión en los citados derechos fundamentales (honor, intimidad y propia imagen) es preciso que la información o la expresión se refieran a asuntos de relevancia pública o interés general ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008 y STS de 6 de julio de 2009). De ahí que la jurisprudencia venga admitiendo que se refuerza la prevalencia de las libertades de expresión e información respecto del derecho de honor en contextos de noticias o críticas en materia urbanística, sirviendo de ejemplo de esta doctrina las recientes STC 216/2013 y STS de 5 de junio de 2013. 

b) Que a diferencia de la libertad de expresión, donde no se exige la veracidad por el contrario constituye un requisito para que la libertad de información resulte amparada por la protección constitucional que sea veraz (STC 216/2013), faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. 

c) Que, en todo caso, ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse a través de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión pueden sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor. 

De aplicar la doctrina anterior al presente recurso resulta su desestimación por las siguientes razones: 

1) Estamos ante un litigio en el que entran en conflicto, de una parte, el honor de la mercantil demandante en su vertiente de prestigio profesional o reputación y, de otra, las libertades de expresión e información del demandado. 

Por lo que respecta a las libertades que ampararían la actuación del demandado, de la lectura del texto que se dice ofensivo, publicado en un blog titularidad de aquel, se desprende que en el mismo se expresa y desarrolla esencialmente la opinión de su autor sobre un hecho de tan indudable interés informativo general como es la posible ilegalidad de las licencias concedidas a la promotora demandante por posible contravención de la normativa sobre especial protección de espacios naturales. Como suele ser habitual en estos casos, la expresión de la valoración personal del demandado se asienta en unos datos que se narran o exponen al lector como soporte de la opinión expresada, confluyendo así, mezclados, tanto elementos informativos como valorativos que, no obstante la preponderancia de estos últimos, resulta posible deslindar. 

Desde la perspectiva de cuál sería el derecho de la parte demandante que resultaría afectado, esas informaciones y opiniones, en la medida que denuncian que las licencias concedidas pueden ser contrarias al ordenamiento son en abstracto susceptibles de afectar al honor de la demandante, en su vertiente de prestigio profesional, toda vez que el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste el derecho al honor no es patrimonio exclusivo de las personas físicas, pudiendo resultar afectado por la divulgación de hechos concernientes a una entidad que la desprestigien o la hagan desmerecer en la consideración ajena. En el presente caso esta Sala comparte las conclusiones de la sentencia recurrida porque recayendo la crítica en la actuación administrativa municipal que llevó a su concesión, es evidente que el artículo podía suponer, al menos en abstracto, un perjuicio para la entidad, consistente en que pudiera desanimar a los posibles compradores de las viviendas que se construyeran gracias a esas licencias cuya legalidad estaba siendo abiertamente cuestionada. Sin embargo, esta posible afectación al prestigio o reputación de la mercantil demandante, este posible desmerecimiento de su imagen comercial ante sus clientes, con el efecto de desincentivarles en la adquisición de las viviendas no puede confundirse con el singular ámbito constitucional de protección del derecho fundamental a la propia imagen que, como se ha dicho, la ley y la jurisprudencia configuran como un derecho autónomo y distinto del derecho al honor, que otorga a su titular, persona física, el derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión pública y a impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad. En el presente caso la afectada es una persona jurídica y, además, las dos imágenes que se publicaron junto al texto reflejan lo que parecen ser trabajos de construcción de una vivienda, y ni por su tamaño ni por su escasa definición ni, fundamentalmente, por lo que representan, cabe considerar que se trate de imágenes con potencial ofensivo para la imagen de la demandante si por tal se entendiera su imagen gráfica corporativa. 

2) Delimitada así la controversia, se debe reiterar que la preeminencia en abstracto de las libertades de expresión e información solo se justifica en el caso concreto si la información o la expresión se refiere a asuntos de relevancia pública o interés general ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. 

Las partes no cuestionan que las manifestaciones objeto de controversia tienen relevancia pública e interés general. La libertad de información y la de expresión adquieren en este caso una gran relevancia, tanto por los sujetos, en la medida que se cuestiona la actuación de la administración municipal en el ejercicio de competencias propias (concesión de licencias), como por la materia sobre la que se informa y opina ya que las manifestaciones enjuiciadas se refieren a la especial protección que merecen los espacios naturales y a la posible vulneración de esa singular normativa mediante la concesión de dos licencias de edificación para la construcción de viviendas en zona que, de acuerdo con la opinión expresada por el autor del artículo, quedarían enclavadas en suelo no urbanizable. La materia urbanística, por su interés para el conjunto de la sociedad, ya se ha dicho que justifica la especial prevalencia de las libertades de expresión e información, pues la información de hechos noticiosos o la exposición de opiniones críticas sobre esa materia no solo es lícita sino que incluso es necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos, debiéndose añadir que, según la jurisprudencia reseñada, a esta conclusión no obsta el que la recurrente sea una entidad privada, porque la opinión crítica sobre ella se manifiesta por su intervención en una actuación administrativa (STS de 5 de junio de 2013, rec. nº 1628/2011 , que cita la de 11 de octubre de 2001, rec. nº 1873/1996 ). Desde esta perspectiva, por tanto, el peso de las libertades de expresión e información es mayor que el del derecho al honor. 

3) Desde la perspectiva de la libertad de expresión y por tanto en lo que se refiere a las opiniones críticas manifestadas por el demandado, no es exigible el requisito de la veracidad, que únicamente jugaría respecto de los hechos que se exponen en el blog que no aparezcan como mero sustento de los concretos juicios de valor emitidos (tienen esta consideración los hechos o datos referidos al hecho mismo de la concesión en fecha determinada y por parte del Ayuntamiento de las dos licencias de edificación a la constructora recurrente, y los que sirven para identificar la ubicación de los terrenos). 

En puridad la única información que se ofrece, que como tal sí vendría avalada por el requisito de la veracidad, es la que alude a la denuncia presentada ante la fiscalía, apertura de diligencias informativas por esta (nº 64/07) y su traslado al juzgado. Se trata de una información que se ajusta a los requisitos con que debe juzgarse el factor de la veracidad para su correcta o adecuada ponderación, pues ya se ha dicho que la veracidad consiste en una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada, y de la lectura del artículo resulta que en ningún momento se asegura o insinúa que los hechos relatados hayan sido penal o administrativamente declarados como ilícitos ni mucho menos se imputa responsabilidad de ningún tipo a la recurrente, sino que se afirma tan solo que, ante las dudas que albergaba el autor del texto acerca de la legalidad de dichas licencias, había tomado la decisión de formular denuncia ante la Fiscalía y que esta no solo abrió diligencias informativas sino que procedió a trasladar el resultado de las mismas a la jurisdicción penal. En consecuencia, la información ofrecida debe calificarse como veraz y a esta conclusión no obsta la falta de resolución penal afirmando la existencia de los ilícitos que se denuncian: en primer lugar, porque en el texto no se hacen imputaciones que tengan a la demandante como sujeto pasivo; y en segundo lugar, porque en cualquier caso, el derecho al honor no constituye ni puede constituir obstáculo para que, mediante procesos judiciales seguidos con todas las garantías, se ponga en cuestión, y por tanto puedan enjuiciarse, las conductas humanas sospechosas de haber incurrido en ilicitud, resultando de los hechos probados que la apertura de diligencias informativas por la Fiscalía es un hecho objetivamente cierto, que igualmente cierto es que a resultas de aquellas se incoaron las diligencias previas nº 1166/07 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tui por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación administrativa y, en fin, que fue tras la práctica de las diligencias de investigación que se consideraron oportunas y pertinentes cuando se decidió su sobreseimiento provisional. 

4) Tampoco desde la perspectiva del posible carácter injurioso, insultante o desproporcionado de las expresiones contenidas en el texto enjuiciado puede ser corregido el juicio de ponderación realizado. Dado que la libertad de expresión en asuntos de relevancia pública como este tiene su único límite en la ausencia de frases o expresiones inequívocamente ofensivas y que no se aprecia a lo largo del texto ninguna que tenga esta consideración, ni el sentido del conjunto revela tal carácter inequívocamente ofensivo, también desde esta perspectiva ha de prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor. 

Por todo ello, esta Sala se inclina por reconocer su prevalencia en el caso examinado frente a la protección que merece el derecho al honor de la mercantil demandante, habida cuenta de que la conducta enjuiciada, en tanto que supone informar y, en mayor medida, opinar de forma crítica sobre asuntos o temas de un interés público capital, tales informaciones, y sobre todo opiniones críticas, resultan amparadas por el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales a opinar libremente y a informar también libremente y de manera veraz sobre asuntos de interés público por cualquier medio de difusión. De seguirse el criterio contrario postulado por la parte recurrente tales derechos fundamentales del demandado resultarían restringidos en términos incompatibles con su núcleo esencial y con el derecho de los ciudadanos a debatir, en foros más o menos amplios, sobre cuestiones urbanísticas y, más concretamente, sobre las actuaciones urbanísticas que puedan poner en peligro los espacios naturales.

10 julio 2014

La mediocridacia atribuye el Registro Civil a los Registradores y la ejecución a los Procuradores.


La privatización encubierta del Registro Civil debería servirle a más de uno de toque de atención de lo que puede ocurrir en el futuro con otros servicios, que no públicos, de la Administración de Justicia y su funcionamiento. Y escribo de un toque de atención porque los Procuradores andan detrás de la ejecución – no como simples auxiliares- y probablemente ofreciéndose al Ministerio para hacer lo que los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución (SCAC) deberían estar haciendo ya hoy y que no hacen. 

No hay que darle muchas vueltas al asunto: las mismas razones por las que el Registro Civil se atribuye a los Registradores, puede fundamentar la atribución de la ejecución a los Procuradores siempre, claro está, que en este caso haya un modelo de orden general de ejecución firmado por un Juez, para que así la doctrina procesal de las ochenta y dos universidades españolas que pagamos y una parte de la carrera judicial pueda dormir sin tener pesadillas. Pero firmado el auto la plataforma tecnológica de los Procuradores en toda España, sus cientos de habilitados y el horario de mañana y tarde y, cuando se tercie, de noche, hacen el resto y esto es, precisamente, lo que tienen también los Registradores y por lo que se les atribuye la función. 

Y cuidado que no invento nada. Es lo que dice la nota de prensa del Ministerio de Justicia de 4 de julio de 2014 cuando indica que la creación de una plataforma digital para la tramitación de certificados y expedientes será financiada íntegramente por los registradores mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil, de forma que no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos y cuando añade, además, que los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia, y el Ministerio se comprometerá en ese próximo texto a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia. 

No cabe mayor reconocimiento del fracaso de la Administración de Justicia y sobre todo de la informatización y de la gestión de personal. Lo que afirma el Ministerio, pero no dice, es que por la falta de datos (otro éxito informático) la única variable que se tiene en cuenta son las quejas de los ciudadanos y ante la opción de conferenciar con las Comunidades Autónomas el consenso de nimiedades, de veinte horarios, de ocho sistemas informáticos (la mitad colgados de hecho y de derecho) y de hacerse fotografías delante de una mesa inmensa, ha echado mano de una organización nacional, nada más. Y no queda ahí la cosa, el Ministerio se compromete a mantener el empleo en su territorio, con lo que deja a las Comunidades Autónomas que hagan lo que quieran en los suyos y éstas, que funcionan como agencias de colocación de amigos y parientes de todos los colorines, no tardaran en pedir que nuevos servicios salgan la Administración cuando comprueben que funciona el sistema de los Registradores, acaben las quejas de los ciudadanos y puedan hacerse muchas fotografías. 

En ese punto la mediocridacia habrá logrado la cuadratura del círculo: artistas de lo inútil y saltimbanquis de la horizontalidad administrativa habrán logrado que del fracaso en fracaso se llegue al éxito final ante la sociedad, para luego pasar por un Juzgado de Instrucción por un par de firmas en documentos que no tocaban. Y lo peor de todo es que cualquier carrera en la Administración se sujeta a dichos genios del canapé y al mérito y la capacidad de llevar una bandeja o, de decir lo que se quiere escuchar y no lo que se debe decir, con lo que quizá esto solo sea un mal principio con un terrible final.