24 noviembre 2014

La suspensión del proceso por la solicitud de justicia gratuita.


El artículo 16 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita ordena a modo de regla general que “La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, pero las excepciones son tan amplias que, en realidad, la norma parece imponer una suspensión de oficio hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente; tratándose de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes (art. 16, párrafo segundo Ley 1/196). 

Eso bajo la presunción que el beneficiario por el derecho tenga algún motivo para disfrutarlo proceso porque son ahora mayoría los supuestos en los que la petición solo busca alargar el proceso. Importa señalar que estas peticiones de justicia gratuita se formulaban, generalmente, en las ejecuciones de título no judicial para intentar la oposición contra el auto ejecutivo, pero desde hace un tiempo se han extendido a los monitorios (provocando un señalamiento al que luego no se acude), a los desahucios (en el acto del juicio se reconoce el impago) y a las ejecuciones hipotecarias (en las que se sigue discutiendo al peso con escritos modelos). 

Dicho esto, la simple manifestación en el Juzgado de haberse solicitado la justicia gratuita no puede suspender el curso del proceso y ello porque nada dice en tal sentido el art. 16 Ley 1/96 y, tanto en el proceso declarativo como en el de ejecución no podrá ordenarse dicha suspensión sin atender al estado del mismo y a la obligación del órgano judicial de garantizar los derechos y obligaciones de las dos partes, lo que implica: 

(i) No es admisible una comparecencia-modelo sin antes comprobar las fechas de los requerimientos de pago en las ejecuciones de título no judicial e hipotecaria y aunque sea discutible, en los casos del monitorio y del desahucio deberá intentar determinarse cuál es el motivo real de la solicitud de justicia gratuita. 

(ii) Debe asegurarse que existe un proceso y que este no ha finalizado. Y así tenemos que en posible impugnación de una tasación de costas no habrá suspensión porque el proceso ya ha finalizado Esto es, tal y como leemos en el ATS, Sala 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 9905/2010): “La práctica de la tasación de costas por el Secretario Judicial no es un acto de ejecución forzosa contra el condenado que incumple, sino una liquidación conforme a la ley del quantum del importe que en concepto de costas puede repercutirse sobre la parte condenada el pago. Cuantificación que la ley ordena al Secretario Judicial y sin la que no existe una obligación dineraria susceptible de pago o cumplimiento por parte del vencido en juicio”.

(iii) Debe el órgano judicial asegurar la eficacia de las medidas ejecutivas ordenadas o practicadas, impidiendo que la suspensión haga infructuosa la ulterior realización del título ejecutivo por el excesivo tiempo que puede transcurrir desde la petición hasta el efectivo reconocimiento del derecho. Recordemos que el art. 565.2 LEC establece que la suspensión no impedirá la adopción o mantenimiento de las medidas de garantía de los embargos acordados y la práctica de los que ya hubieren sido acordados (a modo de ejemplo el embargo de cuentas corrientes y sueldos o salarios podrán garantizarse mediante el ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado y, el de bienes inmuebles, mediante la anotación en el Registro de la Propiedad).

17 noviembre 2014

Precario contra “ocupas”.


Precario y distinción del comodato. 

El comodato es un contrato real que se perfecciona por la entrega de una cosa no fungible que una de las partes contratantes, el comodante, hace a la otra parte contratante, el comodatario, cediéndole gratuitamente su uso durante cierto tiempo, transcurrido el cual debe el comodatario restituir la cosa que le fue entregada (art. 1.740 CC). Una de las características esenciales del contrato de comodato, junto a la gratuidad, es la duración temporal, la cual puede encontrarse expresamente estipulada por los contratantes (fijándose un plazo de duración), y, de no ser así, es decir en ausencia de pacto de duración, la restitución habrá de hacerse cuando concluya el uso para el que se entregó la cosa, debiendo estarse al uso que las partes hubieran pactado, y, en su defecto, al que resulta determinado por la costumbre de la tierra (arts. 1.749 y 1.750 CC) (SAP MADRID, Sección 21ª, de 5 de febrero de 2013, Roj: SAP M 1622/2013). 

Dentro de la regulación jurídica del comodato, en el art. 1.750 CC, se prevé el supuesto de la entrega de una cosa no fungible con cesión gratuita de su uso cuando no se hubiere pactado la duración del contrato ni el uso a que hubiere de destinarse la cosa prestada y no resulta éste determinado por la costumbre de la tierra, en cuyo caso «puede el comodante reclamarla -la cosa entregada- a su voluntad» (en decir cuando le venga en gana). Y, esta situación jurídica, se conoce con el nombre de «precario», tratándose del concepto estricto o restringido. 

Juicio de desahucio por precario. 

La vivienda vacía «se protege» civilmente a través de los procesos «sumarios» interdictales o de protección del derecho real inscrito ( art. 250.1.4 LEC en relación con el 446 CC y 250.1.7 LEC ) o del desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de cuya recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del titular y con las consecuentes facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del CC y de la LEC (sin que pueda oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que conforme al art. 444 CC no afectan a la posesión) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009). 

El juicio verbal de desahucio por precario, regulado en los arts. 250.2 y 437 y ss. LEC sustituye al antiguo de desahucio por precario regulado en los arts. 1561 y ss. LEC de 1881, acción que procedía, entre otros casos, contra aquella persona que «disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced», entendiendo la jurisprudencia que la situación de precario era la caracterizada por el uso y disfrute de una cosa ajena sin pagar merced y sin que existiera ningún tipo de título que legitimara dicha situación (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 22 de noviembre de 2013, Roj: SAP B 12605/2013). 

Postura favorable a la demanda contra personas desconocidas. 

El art. 12.1 LEC impide que no resulten directamente afectados o vinculados por la sentencia quienes no han tenido oportunidad de ser oídos y vencidos en el juicio y por ello dispone que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Pues bien, ejercitada una acción de desahucio por precario, resulta innecesario demandar a todos y cada uno de los que habitan en la vivienda de forma más o menos estable, sino a quien se irroga la titularidad de la posesión, siendo las consecuencias de la sentencia en relación con los demás miembros de la familia un efecto reflejo (STS, Sala 1ª, de 13 de octubre de 2010, Roj: STS 5518/2010

Cuando se demanda a un colectivo integrado por personas desconocidas que, por la propia composición de los grupos ocupantes, sufren constantes modificaciones (caso de los ' ocupas» o en grupos análogos), no puede exigirse al demandante que dirija la acción contra todas las personas que hayan podido ocupar la vivienda en un momento determinado. De este modo, resultando inviable la determinación de las personas o grupos que al tiempo de presentar la demanda integraban el colectivo de integrantes de la vivienda objeto de la litis únicamente cabría exigir a la actora la precisión de la demandada por la única información de que podría disponer en aquel momento a los efectos exigidos por el art. 6 LEC (SAP MADRID, Sección 13ª, de 14 de junio de 2013, Roj: SAP M 11146/2013). 

El hecho de que durante el juicio se acredite la concurrencia de otras asociaciones y personas físicas que ocupen el inmueble en situación de precario no impide apreciar el cumplimiento de los requisitos de exhaustividad y congruencia que para las sentencias exige el antedicho art. 218 LEC. La imposibilidad material de conocer las asociaciones y personas físicas que ocupaban en la finca al tiempo de presentar la demanda y que incluso han accedido a ella a lo largo del presente procedimiento, no priva de exhaustividad a la sentencia que acoge los pedimentos de la demanda en relación con la única asociación integrante del colectivo que se conocía y que, como tal, ha comparecido juicio aceptando su legitimación pasiva (SAP MADRID, Sección 13ª, de 9 de febrero de 2012, Roj: SAP M 3556/2012

Ciertamente existen dificultades, más aparentes que reales, para la determinación de la legitimación pasiva a la que forzosamente ha de llegarse mediante una interpretación finalística y racional de las reglas de personación e intervención, pues la indeterminación de poseedores en el tiempo no puede impedir, por la propia naturaleza recuperatoria de la acción que se ejercita dirigirla no solo (y simplemente) frente a quienes aparecen como poseedores actuales, sino (máxime cuando la identidad de aquellos no se conoce ni se puede conocer, o se trata se ocupaciones temporales o de distintas personas para actividades diferentes) también frente a los «ignorados ocupantes» o expresión similar, que podrán identificarse durante el curso del procedimiento; tal posibilidad deriva del mismo art. 437 LEC , cuando al establecerse los datos a consignar en la demanda alude expresamente a «los datos y circunstancias de identificación de actor y demandado...», sin exigir sus nombres y apellidos, lo cual ya venía siendo reconocido por el TS (así las SS. de 15.11.1974 , 1.3.1991 ,....: basta cualquier circunstancia que permita su identificación, aquí, el hecho de la ocupación efectiva respecto del objeto del pleito); en todo caso, cabrían diligencias preliminares ex art. 256.1 LEC que, según lo expuesto, resultarán poco efectivas (podrán no ser los mismos ocupantes en el momento de la citación) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009

Efectivamente el art. 437.1 LEC dispone que en la demanda que de principio al procedimiento se consignaran los datos y circunstancias de identificación del demandado o demandados y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados; pero tampoco puede ignorarse la gran dificultad que entraña la tarea de llegar a conocer las circunstancias personales de quienes ocupan sin título, consentimiento o habilitación de sus propietarios, las viviendas, edificios o locales ajenos y a los que, por lo común, acceden mediante el empleo de la fuerza (SAP MADRID, Sección 13ª, de 27 de noviembre de 2012, Roj: SAP M 19941/2012). 

Nos hallamos ante dos situaciones merecedoras de la tutela judicial, la de quien habiendo sido despojada de la posesión de un bien inmueble de su propiedad quiere recuperarla frente a quien, sin título y por un acto de fuerza, la ocupa ilegítimamente y la de este a obtener la posibilidad de ser oído en el procedimiento en que se va a dirimir el derecho del propietario a detentar la posesión material de la vivienda que le pertenece; sin embargo, existen disimilitudes esenciales una, que el propietario se ve forzado a tener que recuperar la posesión de la que ha sido privado sin su consentimiento, mientras que el detentador sin título se ha puesto voluntariamente en tal situación y la otra, que la posibilidad de que el demandado obtenga la referida tutela judicial solo depende de su voluntad, pues basta que se identifique correctamente en el acto de llevarse a cabo su citación o emplazamiento en la forma que se preceptúa en los arts. 155 y 158 en relación con el art. 161 LEC y reciba la copia de la resolución o la cédula, disponiendo, en todo caso y en su defecto, de la ocasión del conocer la existencia del procedimiento y defenderse en su seno a través de la citación edictal regulada en el art. 164 de la misma Ley, al fijarse copias de aquéllas no solo en la oficina judicial sino en la vivienda ocupada sin título, por así haberse solicitado en la demanda. 

Postura contraria a la demanda contra personas desconocidas. 

Es cierto que conforme al derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 CE el que la vivienda cuyo desalojo se pretende se encuentre ocupada por diversas personas, que incluso pueden cambiar repetidamente, dándose el caso, que denuncia el demandante, de que aquella frente a la que primariamente se dirija la demanda no sea la que haya de soportar la ejecución, pero la legislación vigente contempla medios procesales para resolver la cuestión manteniendo todas las garantías procesales de las partes, también de la parte demandada, en el presente caso de los ocupantes, u «ocupas», según la terminología al uso; no se trata de cerrarle todas las puertas al demandante, lo que sería contrario a la tutela judicial citada, pero sí al menos que las que se ofrecen por el legislador hayan de ser utilizadas, sin perjuicio de acudir a la vía propuesta por el actor si fracasasen, como último medio de hacer valer el derecho de acudir a los tribunales. Tal es el caso de las diligencias preliminares del art. 256 LEC, a fin de identificar y relacionar con la vivienda a quienes resulten ser moradores de la misma. No es posible, con la sola afirmación de que se desconoce quienes puedan ser los ocupantes de la vivienda, efectuar un emplazamiento y demás actos procesales de comunicación con las partes sin las mínimas garantías procesales para quien pueda ser demandado y parte en el proceso; el art. 155 LEC contiene diferentes procedimientos para los actos de comunicación, todos ellos válidos, unos en defecto de otros, pero siempre sobre la base de una previa individualización de la o las personas frente a las que se vaya a dirigir la demanda y con quienes se vayan a practicar tales actos (AAP SEVILLA, Sección 6ª, 27 de octubre de 2009, Roj: AAP SE 2864/2009)

08 noviembre 2014

La subsanación en la práctica de la tasación de costas.


Presentada la solicitud de tasación de costas, las minutas y los justificantes, el Secretario Judicial puede entender que alguna de aquellas es incorrecta o aprecia, por ejemplo, la ausencia de una factura que sin embargo, se reclama por el actor. ¿Cabría una subsanación previa a la práctica de la tasación de costas? En el primer caso, la respuesta es negativa. Las normas que regulan la práctica de la tasación no permiten ninguna subsanación, porque aquí no hay un defecto en un acto procesal de la parte (art. 231 LEC), sino unas minutas que deberán atenerse a las exigencias legales (art. 243.2 LEC), sujetas a un primer control del Secretario Judicial – en lo que la ley establece- y a una posterior impugnación de la parte contraria. La subsanación persigue que el acto procesal no sea defectuoso y eso nada tiene que ver con la exclusión de partidas en una minuta, pues la tasación se habrá practicado a instancia de la parte (acto procesal valido y eficaz) y, en otro caso, no creo que deba anticiparse el momento en el que el Secretario Judicial se pronuncie sobre la minuta. 

Y esto es lo que viene a decir la SAP VALENCIA, 361/2009, Sección 6ª, 19 de junio de 2009 (Roj: SAP V 2740/2009). Aunque la práctica de la tasación no es una labor mecánica, en cuanto no debe incluir en ella sin más las minutas presentadas y por el contrario incluye una labor de estudio de la legalidad de las partidas minutadas, lo cierto es que no existe previsión legal para la práctica del requerimiento de aportación de nueva minuta. En esa labor de estudio de legalidad, el Secretario Judicial podrá conforme a lo dispuesto en el art. 243.2 LEC excluir de la tasación "los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley", como también "las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito" y también podrá aplicar la reducción del art. 394.3 LEC. Dicho esto, una vez efectuada la pertinente solicitud el Secretario Judicial debe practicar la tasación, sin perjuicio de que pueda excluir o reducir las minutas en los términos expuestos, o, en su caso, acomodar las minutas de los profesionales sujetos a arancel a lo establecido en éstos, pero en modo alguno puede con carácter previo a la práctica de la tasación requerir a los profesionales para que ajusten sus minutas a la cuantía del proceso, pues no se contempla en ningún precepto tal posibilidad. 

En definitiva, las normas procesales son las que marcan el cauce a través del cual debe desarrollarse y desenvolverse el proceso y hay que atender, por lo tanto, a lo que dispone en cada caso la ley y en relación con la tasación de costas, el art. 243 LEC es rotundo y tajante: el juez queda al margen de dichas actuaciones; y, en consecuencia, no puede intervenir en la práctica de la tasación, correspondiendo al Secretario judicial la misma función de vigilar por la legalidad de las actuaciones procesales, debiendo ejercerlas conforme a lo que resulta de los artículos que regulan la tasación (AAP BARCELONA, 161/2010, Sección 4ª, 9 de septiembre de 2010, Roj: AAP B 4240/2010). 

Hay una segunda subsanación que examinar ya apuntada antes. No veo obstáculo legal para que la parte pueda completar, mediante requerimiento del Juzgado, la documental que haya adjuntado con la petición de tasación de costas, si reclama algún concepto y no presenta la factura correspondiente. La única razón que justifica esta respuesta es la posibilidad de evitarnos una petición de aclaración posterior o incluso una impugnación de la tasación de costas y, siendo cierto que el art. 244.2 LEC establece que una vez acordado el traslado de la tasación no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda, no lo es menos que este requerimiento entra dentro de la función jurídico-contable que realiza el Secretario judicial. A pocos escapa que para reclamar el reembolso de la factura del perito o la del Registro de la Propiedad, habrá que presentarla en el Juzgado. 

Otra cosa es que la omisión de la parte – y la falta de requerimiento- impida la práctica de la tasación de costas. Presentadas o aportadas al tribunal las minutas de honorarios, notas de derechos o cuentas de gastos, resulta indiferente, a los efectos de la práctica de la tasación de costas, la presentación de los oportunos justificantes de pago; pues ello no será óbice para la realización del trámite procesal de tasación. 

Pero en cualquier caso deberá haberse incluido en la minuta el gasto realizado y se dice esto porque toda partida presupone, en principio, la existencia de un crédito y este crédito no se extingue por no haberse solicitado la inclusión en la tasación de costas, pudiendo ser reclamado como un crédito ordinario de quien y como corresponda (lo único que se pierde es la posibilidad de incluirlo en la tasación de costas y su inmediata exacción por el procedimiento de apremio) (SAP MADRID, 147/2011, Sección 21ª, 16 de marzo de 2011, Roj: SAP M 3587/2011).

07 noviembre 2014

La Reforma de la Justicia a 1,00€.


Si se pregunta qué es un operador jurídico cuando no ve a nadie vestido de cirujano en un Juzgado o qué es una unidad judicial cuando no ve tampoco a nadie de camuflaje en una Sala de vistas, no encontrará una respuesta en este ensayo de 177 páginas rotulado REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). 

Tenemos en el Siglo XXI los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, aunque llenos de ordenadores y en el fondo deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado un permanente regreso al futuro de seis siglos sin gastarnos la pasta que emplean los norteamericanos en hacer una de esas películas sobre dicho asunto. 

No sé si hay muchas otras en las que gastarse 1€, pero es probable que si lo invierten en esta compra (o en los 10,00€ de la edición en papel) quizá, solo quizá, entiendan algo de lo que pasa en la Justicia Española. Pero, cuidado, sin hacerse mala sangre - si no lo escribo reviento- porque para eso ya tienen las televisiones: no se trata de arreglar el mundo, ni de encabezar un futuro salvador de no se sabe qué. 

Les aconsejo la lectura de INTRODUCCIÓN que puede descargarse en la página web, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Para más información pinchen en la imagen del libro o AQUI

06 noviembre 2014

Hace catorce años: un fuera de contexto.


Escribir de la nueva oficina judicial del siglo pasado me aburre y bostezo muy maleducadamente con los anuncios en futuro sobre esto y lo otro. No entro en debates pancarteros sobre los derechos a tenerla más larga o a gritar más y, si los chavales (y no pocos periodistas) leyeran a los clásicos entenderían que España siempre ha sido así, pero ahora unos celebran el día de la Paz y otros leen cuentos y más cuentos. 

Efectivamente, aquí no cabe un tonto más y estamos repletos de mentirosos con o sin fronteras, que producen medias verdades o, sea las peores mentiras y engañan al personal, que además siempre se deja, porque nunca tiene tiempo de nada. Buena excusa eso del tiempo hasta para llamar al electricista si se estropea la luz de la escalera, siempre es preferible llamar al vecino y echar un par de bufidos, perdón de comentarios. 

Nunca escuche quejarse de nada a David García de Ceca Valero, nunca. Para eso sí hay tiempo aquí, para quejarse y volver a quejarse. El caso es que David no andaba bien y las entradas y registros en determinados lugares son una jodienda y de las gordas, porque los picoletos suelen estar en buenas condiciones físicas, hay riesgo y no hay condición física y si encima fumas, pareces un búfalo cuando entras en inviolable domicilio del presunto delincuente. Lo peor de todas formas es la cara de los Guardias jóvenes: -si ya sé que tengo que adelgazar y dejar de fumar, pero ni una cosa, ni otra. Hasta que deja de importarte la cara, la entrada, el registro y la madre que parió al presunto delincuente, porque hay otras cosas más interesantes en las que perder el tiempo. 

David se fue el día 19 de septiembre de 2.000 en un fin de semana. Llevaba mucho tiempo jodido (enfermo es otra cosa) y pasándolo muy mal y un sábado, quien fuera, decidió que ahí acababa la carrera. Punto final. Y siguió sin quejarse de nada. Lo decía su cara. 

Han pasado catorce años y mientras algunos deberían descubrir la novela picaresca, yo me tomaré a unas cervezas, que es lo mejor que se puede hacer a determinadas horas y días.

02 noviembre 2014

Una división de cosa común, el Tribunal Supremo y veremos lo que dice el Registrador de la Propiedad.


La parte demandante ejercitó la acción de división de cosa común (art. 400 CC) y añadió la pretensión de que se llevara a cabo mediante la constitución del edificio en régimen de propiedad horizontal, conforme prevé el art. 401, párrafo segundo, a cuyo fin se adjuntó una propuesta de adjudicación de cada uno de los pisos y locales, atribuyendo a los copropietarios cuya participación resultara insuficiente para acceder a la adjudicación de un piso o local, una compensación en metálico. De la nota simple informativa del Registro de la Propiedad resultaba que el inmueble tenía 29 copropietarios, incluidos los cónyuges en caso de titularidad ganancial. 

La demanda la interpusieron una serie de copropietarios y de los demandados, algunos se personaron, otros fueron declarados en rebeldía y otros desconocidos fueron emplazados por edictos. Y de tales demandados pueden distinguirse tres grupos: los que se allanaron a la demanda, los que se opusieron a la misma o rechazaron la propuesta de adjudicación que se presentó y los declarados en rebeldía. Se modificó la propuesta de adjudicación en el acto de la audiencia previa, que fue aceptada, no resultando ninguna parte personada que se opusiera a la demanda respecto a la división y a la forma de practicarse. 

La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia estimó la acción de división de cosa común, pero desestimó la pretensión de que la división se efectuara según la propuesta aceptada por todas las partes personadas y dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial. Las razones por las que rechazaron la propuesta de división fueron, en primer lugar, la falta de unanimidad, ya que prestaron su conformidad los personados en autos, pero no los declarados en rebeldía; en segundo lugar, porque, siendo la cosa (un edificio) indivisible, no fue posible aplicar lo dispuesto en el art. 401, segundo párrafo, ya que algunos pisos quedaban en copropiedad y se compensaba a otros en metálico. La demandante formuló recurso de casación. 

Y la STS, Sala 1ª, 21 de octubre de 2014 (Roj: STS 4166/2014) estima el recurso. Es preciso destacar que en el presente caso no hay oposición por parte de ninguno de los propietarios, hay desconocimiento del paradero de algunos (una mínima parte) pero no oposición. Así, las sentencias de instancia han acordado la división, pero han negado la forma propuesta y aceptada por todos los copropietarios, excepto los que no han aceptado ni se han opuesto. 

La indivisibilidad ha sido estudiada y reconocida por numerosas sentencias de esta Sala, expresando que son tres las maneras que se pueden dar de indivisibilidad: indivisibilidad física, inservibilidad y desmerecimiento, siendo un concepto valorativo deducible de unos hechos, (sentencia de 7 de marzo de 1985). Y la indivisibilidad jurídica, cuando por la normativa vigente no se pueda o pierda todo o parte sustancial de su valor la cosa que se divida.
Cita:

A este respecto, es significativa la sentencia del 15 junio 2012 sobre la división en propiedad horizontal, que acepta la declaración de estos extremos de la instancia: A) La idoneidad del edificio para su división y su sometimiento al régimen de propiedad horizontal, (art. 401, párrafo segundo del Código Civil ).Señalemos, en este aspecto, que la declaración del régimen de propiedad horizontal se integra substantivamente en la forma o particularización de la extinción del condominio, y que basta con la petición formulada por un comunero para que el Juez deba decretarla, aun en contra de los otros condominios ( STS 10 de enero de 2008 , RJ 2008, 204). B) La aplicación del principio de igualdad cualitativa de la cuota. (arts. 1061 y 1062 del Código Civil, en relación con el artículo 406 del mismo cuerpo legal)." 
Con todo ello, cabe que el principio de igualdad o "semejanza de los lotes", como dice la sentencia de 1 de marzo de 2001, deba conseguirse mediante compensaciones en metálico que conviene evitar, como dice esta sentencia, pero si no es posible, se pueden acordar. Lo cual es mantenido explícitamente en la sentencia, antes citada, de 15 junio 2012 , en estos términos: "apreciada la idoneidad del edificio para su división en régimen de propiedad horizontal, la escrupulosa aplicación del principio de igualdad cualitativa de las cuotas y su consiguiente materialización técnica en la adjudicación realizada, lo que no puede sostenerse es que las instancias incurren en una vulneración normativa por considerar o interpretar que en la división de la cosa común quedan excluidas, ab initio, los complementos o compensaciones en metálico ya que, por el contrario, dicha posibilidad ha sido tenida en cuenta".

La Sala estima el recurso de casación ya que aparece una división de cosa común, declarada en las sentencias de instancia y aceptada por las partes personadas conforme al art. 400 CC y asimismo acepta, contra lo resuelto por tales sentencias, la forma de practicar la propuesta en autos, en la audiencia previa, por las siguientes razones:
Cita:

en primer lugar, ha sido aceptada expresamente por las partes personadas, salvo la mínima parte (menos del 10%) que tampoco se ha opuesto; 
en segundo lugar, ningún copropietario se ha opuesto a ella; 
en tercer lugar, la rebeldía no significa oposición, simplemente, es una actitud pasiva que no implica aceptación, ni tampoco oposición; 
en cuarto lugar, la realidad social, cuya importancia ha destacado el artículo 3.1 del Código civil impide ignorar el hecho frecuente de aquellos edificios antiguos en que llega a ser imposible localizar a todos, absolutamente a todos, los copropietarios; 
en quinto lugar, la tutela judicial efectiva no sólo es dar una respuesta al ciudadano, sino darla adecuadamente y no tiene sentido ni eficacia alguna acordar una división y negar la forma en que puede practicarse; 
en último lugar, al aceptar la propuesta de ejercitar la división, no se infringe norma alguna, ni jurisprudencia.

Termina la sentencia con un último párrafo en el que declara la extinción de la comunidad y condena a los demandados a otorgar escritura de constitución del régimen de propiedad horizontal, de conformidad con las adjudicaciones propuestas, supliendo el propio Juzgado la voluntad de los declarados en rebeldía y la de quienes se nieguen a tal otorgamiento, en ejecución de sentencia.

 Ya veremos lo que dice el Registrador de la Propiedad de turno sobre las conformidades tácitas, porque esta es la primera sentencia en la que el Tribunal Supremo amparándose en el ordenamiento procesal reconoce la validez del acuerdo los litigantes que se personan y elimina del partido al art. 24 CE, mandato al que tan aficionados son los Registros de la Propiedad para vigilar el proceso cuando no hay conformidad expresa.

31 octubre 2014

Doctrina jurisprudencial por cambio de residencia al extranjero de un progenitor.


El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tomelloso, dictó sentencia con fecha 10 de septiembre de 2012, que declaró disuelto por divorcio un matrimonio y acordó la adopción, entre otras, de la siguiente medida: 3. Atribución de la guarda y custodia del hijo menor habido en el matrimonio a la madre, compartiendo ambos progenitores la patria potestad de los mismos. Se autoriza el traslado del menor a Brasil, en caso de que la madre regrese a éste, su país de origen dado que será el domicilio de la progenitora custodia, debiendo comunicarse de forma fehaciente por ésta al padre todos los cambios de domicilio respecto del menor. 

Interpuesto recurso de apelación la AP de Ciudad Real, dictó sentencia con fecha 12 de septiembre de 2013, que estimó parcialmente el recurso de apelación y revocó parcialmente dicha resolución atribuyendo al padre la guarda y custodia del hijo menor al padre, compartiendo ambos progenitores la patria potestad de los mismos y estableciendo como régimen de visitas de la madre, el que pueda tener al menor en los periodos de vacaciones escolares (navidad, semana santa y verano). Para hacerlos posible la madre viajará hasta el domicilio del menor para recogerlo, abonando el transporte de éste, mientras que el padre viajará a Brasil a recogerlo, abonando en esos viajes de vuelta el transporte del menor. 

La STS, Sala 1ª, de 20 de octubre de 2014 (Roj: STS 4072/2014) estima el recurso de casación. La cuestión que suscita el recurso de casación por razón de interés casacional, se refiere a la medida de guarda y custodia del hijo, que la sentencia del Juzgado atribuyó a la madre, a la que autoriza el traslado del menor a Brasil, con un sistema de gastos compartidos derivados del traslado del niño, y la de la Audiencia Provincial al padre. La sentencia reconoce que el niño ha vivido con su madre desde la separación de hecho (dos últimos años, antes de la interposición de la demanda en noviembre de 2011). 

Cita:

2. Ocurre en este caso que hay un evidente desacuerdo entre los padres respecto a la nueva residencia de su hijo, razón por la que se ha acudido a la autoridad judicial, que lo ha resuelto manteniendo al hijo bajo la custodia de su padre en España; pronunciamiento que no responde al interés del menor afectado por una solución indudablemente conflictiva, pero ajustada a una realidad, cada vez más frecuente, que no es posible obviar, como es el de matrimonios mixtos. Y es que una cosa es que el padre tenga las habilidades necesarias para ostentar la custodia del niño, y que no se aprecie un rechazo hacia alguno de ellos, y otra distinta el contenido y alcance de esas habilidades respecto de un niño, de corta edad, que ha creado unos vínculos afectivos con su madre con la que ha permanecido bajo su cuidado desde su nacimiento hasta la fecha, incluido los dos años de separación de hecho en el que marchó de Tomelloso a Burgos, ciudad en la que fijó su residencia, con contactos mínimos y esporádicos a partir de entonces con su padre. El cambio de residencia afecta a muchas cosas que tienen que ver no solo con el traslado al extranjero, con idioma diferente, como es el caso, sino con los hábitos, escolarización, costumbres, posiblemente de más fácil asimilación cuando se trata de un niño de corta edad, e incluso con los gastos de desplazamiento que conlleva el traslado cuando se produce a un país alejado del entorno del niño por cuanto puede impedir o dificultar los desplazamientos tanto de este como del cónyuge no custodio para cumplimentar los contactos con el niño. Es el interés del menor el que prima en estos casos, de un menor perfectamente individualizado, y no la condición de nacional, como factor de protección de este interés para impedir el traslado, como argumenta la sentencia, soslayando la valoración relativa a si el menor está mejor con su padre que con su madre, a la que tampoco concede la guarda ante la posible permanencia en España. La seguridad y estabilidad que proporciona el núcleo materno no se garantiza con la permanencia de la madre y el hijo en España. No es posible obligar a la madre a continuar en un país que no es el suyo y en un entorno familiar, que tampoco es el del niño, al haberlo abandonado durante más de dos años, para hacer posible sus expectativas familiares y laborales vinculadas al interés de su hijo, al que va asociado, y es que, el respeto a los derechos del niño no implica necesariamente ir en detrimento de los derechos de los progenitores. 
3.- En consecuencia, se casa la sentencia y, asumiendo la instancia, se acepta la sentencia del juzgado en la que se valora la prueba que determina la autorización que niega la Audiencia previa valoración de las circunstancias concurrentes y se fijan alimentos a favor del hijo a cargo del padre. Las circunstancias que ha tenido en cuenta son estas: a) doña Candelaria tiene su familia directa en Brasil, no solo a su padre y hermanos, sino también a otro hijo de 17 años; b) don Romulo mantiene malas relaciones su familia por lo que el entorno familiar y de allegados resulta insuficiente para cuidar de su hijo si encontrara trabajo, y c) se protegen las comunicaciones del hijo con el padre mediante un justo y equilibrado reparto de gastos de desplazamiento Brasil-España- Brasil. 
4.- Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: el cambio de residencia al extranjero del progenitor custodio puede ser judicialmente autorizado únicamente en beneficio e interés de los hijos menores bajo su custodia que se trasladen con el.

25 octubre 2014

Las cláusulas en yenes y en copas de vino son abusivas.


Ni un recurso de apelación en el plazo fijado por la Disposición Final tercera del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, ni uno y tal carencia de impugnaciones no tiene que ver con la mayor o menor bondad del clausulado de las escrituras de hipotecas, sino con las tasaciones de los bienes, que nadie tiene a bien solucionar porque es más fácil imputar de abusiva una cláusula con cambio en yenes (ignoro la razón) o en copas de vino (supongo que por la graduación del caldo), que obligar a una retasación de la garantía, o sea, del inmueble. 

Quiere decirse que podríamos dejar de perder el tiempo en sesudos razonamientos sobre la maldad de la comisión por recobro o, del impago del seguro y centrarnos en el único problema que no se resuelve (ni ganas), que sigue provocando la sucesión de ejecuciones hipotecarias y que consiste (¡pista que va el artista!) en que la gente no puede pagar el préstamo inflado sobre una garantía que estuvo inflada y que ahora no lo está.  Evidentemente no puede depreciarse el valor nominal del dinero, pero de ahí a que los bancos que han tenido inyecciones de fondos públicos sigan con la cosa como si el asunto no fuera con ellos, va un trecho largo de narices. 

Miren. Ejecución hipotecaria contra finca con valor de tasación de 250.000,00€, adjudicación al banco por el 60% (150.000,00€) y posterior venta a dos ciudadanos chinos por 88.000,00€ en la famosa continuación de la ejecución del art. 579 LEC, cuya única finalidad es la de arruinar a la familia del deudor (mientras todos aplaudimos con las orejas) y dejarle, en este caso, una deuda de 12.000,00€ más los intereses y las costas, según normas orientativas de los Colegios de Abogados que como todos sabemos son muy moderadas, porque como también todos sabemos lo único, lo único que obstaculiza el acceso a la Justicia son las tasas. Sigo, que me pierdo, aunque no entienda cómo pueden cobrarse más de 7.000,00€ (y más allá, advierto) por presentar una demanda-modelo de 8 o 9 páginas. 

No me he inventado el ejemplo, porque ha pasado por mi mesa esta semana y ahora les dejo con la última: las Conclusiones del Abogado General Sr. NILS WAHL presentadas el 16 de octubre de 2014 en los asuntos acumulados C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13 y que recogerán la sentencia que se dicte en su día.


A la luz de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla): 
«1) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, exige que los jueces nacionales dejen sin aplicación una cláusula contractual abusiva, de modo que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, pero no les faculta para modificar el contenido de la misma. El contrato celebrado con un consumidor debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea posible. 
2) Una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo de 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con arreglo a la cual un acreedor ejecutante, con fundamento en un contrato de préstamo hipotecario que contiene una cláusula por la que se establecen intereses de demora calculados a un tipo superior al triple del interés legal del dinero, puede recalcular el importe de los intereses de demora exigibles a través de la ejecución de una hipoteca de forma que no superen ese límite, es compatible con la Directiva 93/13 y, en particular, con su artículo 6, apartado 1, en la medida en que la aplicación de tal disposición no afecte negativamente a la obligación que esa Directiva impone a los tribunales nacionales de excluir la aplicación de una cláusula contractual abusiva en un contrato celebrado con un consumidor, de forma que no produzca efectos vinculantes para éste, sin revisar su contenido. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si ese es el caso, tras tomar en consideración la totalidad del Derecho nacional y aplicar los métodos de interpretación reconocidos por ese Derecho»

Nos hemos quedado sin intereses de demora del art. 576 LEC, del 1108 CC o del que correspondiera según la unificación de criterios que por turno apareciera, pero es muy probable que alguno termine quedándose sin título ejecutivo (la escritura, vamos), por falta de transparencia (un control de legalidad que también impone la directiva) y todo por no coger el toro por los cuernos desde el primer minuto del partido. Salía más a cuenta, por lo visto, ocultar el estropicio y cargarnos la ejecución hipotecaria.

20 octubre 2014

La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal


Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieran consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes (AAP SALAMANCA, Sección 1ª, 20 de abril de 2007,Roj: AAP 4/2007). 

La verdad es que el precepto ha tenido escaso éxito debido a que su ámbito de aplicación es ciertamente limitado. La esencia de la denominada ampliación de la ejecución —sigo ahora lo resuelto en el AAP CIUDAD REAL, Sección 1ª, 13 de junio de 2008 (Roj: AAP CR 596/2008)—, es la absoluta identidad de los nuevos plazos que van venciendo durante el proceso ejecutivo con aquellos en que se basó la demanda inicial. Es decir, el art. 578 provee a la situación generada por las deudas de tracto sucesivo, en las que, por el requisito de la exigibilidad, sólo puede solicitarse ejecución de aquellos tramos de la deuda que estén vencidos al tiempo de la demanda, pero en las que, el inexorable paso del tiempo unido al desarrollo de la misma obligación, se sabe de antemano que la deuda exigida se irá incrementando. Por eso, el art. 578 requiere el vencimiento de un «nuevo plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede», con lo que expresa esa identidad absoluta a que se ha hecho referencia. Ello no quiere decir que, si del título ejecutivo se deduce, no tenga derecho a reclamar por otros conceptos o en base al otro miembro de la alternativa, aunque deberá presentar una nueva demanda. 

Importa destacar que esa conclusión tiene mucha trascendencia, pues «en la ampliación a la ejecución no se permite ya oposición específica, en cuanto no se retrotraen las actuaciones, y ello se explica porque la oposición se dirige a la deuda en sí misma contemplada en su unidad. Pero, si no se dan esos requisitos se tiene que garantizar al ejecutado la posibilidad de oposición, que únicamente se asegura con la nueva demanda». Por ésta razón, una vez resuelta la oposición, no caben nuevas ampliaciones de la ejecución, toda vez que queda agotado el objeto propio del proceso en curso, que no puede artificialmente ser dilatado por esta vía de la ampliación al no tener acogida en el art. 578 LEC (AAP MADRID, Sección 24ª, 23 de enero de 2008, Roj: AAP 476/2008). 

En estas circunstancias es difícil —sino imposible— encontrar ampliaciones fuera de los procesos de familia y determinados cambiarios y, por lo mismo no será posible reclamar en el juicio monitorio ni acumular en la ejecución del mismo, ex art. 578 LEC, otras deudas del copropietario moroso que no consten en la certificación aun cuando sean debidas en el momento de iniciarlo. En la actualidad, el art. 21 LPH no hace referencia a esta posibilidad (como lo hacía en la anterior redacción del núm. 11 del art. 21 LPH), lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia como una especialidad de este tipo de juicio. 

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto derivan de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin. No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución tiene su origen en un auto (hoy decreto) dictado en procedimiento monitorio, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, el título que lleva aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal comunidad (AAP MADRID, Sección 21ª, de 28 de marzo de 2012, Roj: AAP M 6205/2012). 

Habrá que iniciar un nuevo monitorio para reclamar las cuotas que hayan ido venciendo tras la presentación de la petición inicial, puesto que es necesario nuevo acuerdo de Junta por el que se apruebe la nueva liquidación (art. 21 LPH) (SAP de la Palmas, Sección 3ª, de 29 de febrero de 2008, LA LEY 72776/2008).

13 octubre 2014

¡Viva la NOJ! (cuando me viene bien)


Lo de estar a favor de la NOJ es un postureo que no pienso explicar a estas alturas del partido y tampoco pienso hacerlo con el rechazo de Abogados y de Procuradores a que el Secretario Judicial haga otra cosa que la ola y los mandamientos de pago porque buena prueba de ello son las consecuencias que acarrea el mando del citado Secretario Judicial. Que el servicio funcione es lo de menos – tampoco suele haber datos de una cosa o la contraria- lo importante es mantener el statu quo y por supuesto en defensa del ciudadano: todo por el ciudadano y nada más que por el ciudadano. 

En esa línea de pensamiento los Colegios de Abogados y de Procuradores de Zaragoza tuvieron a bien impugnar el Acuerdo del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de junio de 2010, que desestimó la petición de los citados Colegios de modificación del Protocolo 1/2010 de la Secretaria Coordinadora Provincial relativo al otorgamiento de poderes apud- acta en la Secretaria del Juzgado Decano y en el particular relativo al horario establecido para ello, no sin antes seguir la doctrina de tengas siempre un buen pleito aunque lo pierdas porque las Corporaciones se negaron a una posible satisfacción extraprocesal consistente en que cuando el procedimiento estuviera comenzado los poderes podían otorgarse directamente ante el Secretario del Juzgado que conociera del asunto, ampliándose el horario de atención al público para otorgar los poderes ante la Secretaría del Juzgado Decano de 9 a 11 de la mañana.

Los motivos de impugnación fueron los siguientes: 1) El Secretario carece de competencia para fijar horarios de funcionamiento de servicios concretos, distintos de los que rigen con carácter general; 2) Esta regulación del servicio ha de hacerse con el parecer de Abogados, Procuradores y directamente afectados y 3) El horario ha de fijarse atendiendo al interés público y no a conveniencias internas. No es posible fijar un horario tan restringido, en atención al derecho reconocido y obligación de realizar ese apud-acta. Esto va en contra de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y la reforma de la Oficina Judicial aprobada por Ley 13/2009. 


1. Sobre la falta de competencia del Secretario de Gobierno para organizar el servicio de apoderamiento apud-acta. 

El Secretario de Gobierno no tiene competencia para fijar el horario de los funcionarios o del personal al servicio de la Administración de Justicia, pero la decisión combatida no fija el horario de los funcionarios. Organiza un servicio, el de apoderamiento apud-acta. Y ha de admitirse que esta competencia, puede y debe ejercerla el Secretario del Juzgado donde se va a prestar esta diligencia o comparecencia y así lo indica el art. 8 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

No puede por tanto ser ajena a estas competencias el organizar y diseñar, de qué forma se va a prestar una función atribuida al Secretario, como es la del apoderamiento apud-acta. El Protocolo que se impugna ha sido dictado por la Secretaria Coordinadora, tras la propuesta de la Secretaria del Juzgado Decano que es la directamente afectada y ha sido definitivamente aprobado por el Secretario de Gobierno, por lo que no cabe achacarle la falta competencial que se le imputa. 

2. Sobre la audiencia a los afectados por la regulación del servicio. 

Los Colegios de Procuradores y Abogados se quejan en segundo lugar de que la fijación de este servicio debería haberse realizado tras haber oído el parecer de todas las personas afectadas. Cierto es que el derecho de audiencia a los interesados está previsto en nuestra norma general de Procedimiento Administrativo, pero también lo es que no hay norma en la configuración de estos Protocolos que obligue al Secretario de Gobierno a abrir trámite de audiencia. Y lo que es más relevante aunque existiera ese norma específica, es lo cierto que aquí no se ha producido indefensión que permitiese la nulidad que se solicita; de hecho el acto recurrido es la denegación de la modificación del Protocolo, por lo que se ha hecho a la vista de los alegatos de los Colegios profesionales recurrentes. 

3. La razonabilidad de la organización del servicio. 

Y ya entrando en el fondo del asunto, se sostiene que no es razonable que este servicio se preste -ahora- en una franja de dos horas diarias. Es reseñable tener en cuenta y esto en ningún caso se discute, que la propia Secretaria del Juzgado Decano indica que si el apoderamiento es urgente, se realiza en cualquier momento del horario y lo que es más relevante, que ese apoderamiento ha de realizarse con la presencia personal del titular de la Secretaría del Juzgado Decano, de forma indelegable (art. 453 LOPJ y art. 5 del Reglamento orgánico) en asuntos que todavía no han comenzado, pues en los que ya se ha interpuesto el recurso el competente según la propia Instrucción es el Secretario del Juzgado donde se tramita el procedimiento o recurso. Por tanto si no hay impedimento a la realización de este apoderamiento y sí una limitación del horario, este Tribunal considera que la forma de organizar el servicio no vulnera normativa alguna y no puede considerarse irrazonable o perjudicial para el acceso a la justicia como se alega. 

Si este apoderamiento se hace personalmente ante el titular de la Secretaria y no es ésta la única función del mismo (registro y reparto de asuntos, videoconferencias, asistencia al Juez Decano, estadística, asignación de vistas.. etc) es evidente que necesario resulta limitar la presencia a una determinada franja horaria, so pena de no poder efectuar el resto de sus funciones. Limitación horario que no considera este Tribunal inadecuada o restrictiva. Según consta en el expediente, se realizan unos 24 apoderamientos diarios que perfectamente cabe en espacio de dos horas. Como se señala por la Administración del Estado, en su contestación a la demanda sería más perjudicial para el servicio permitir el apoderamiento durante toda la jornada, pues los ciudadanos deberían esperar a que por el titular se acabase la función que estuviera realizando, con la espera y disfunción que eso conlleva. 

Es claro que si se anulase esta forma de organización, debería instaurarse un sistema de cita previa, que no parece más operativo que el sistema presente en el que los profesionales tienen certeza de ser atendidos en la mañana en que se presentan a efectuar el apoderamiento. 

Pues si quieren que les diga la verdad con la cita previa y un centro de atención telefónica como la que disponen el resto de las administraciones nos iría mejor a todos.