19 diciembre 2014

La división de herencia en el Ring de un Juzgado.


Entre los procesos inútiles que arrastra nuestra legislación gracias a Catedráticos, Profesores, Abogados, algún Magistrado que suele andar despistado porque lleva años fuera de la trinchera y demás intelectualidad del ramo, adelantan a todos los demás el acto de conciliación y la división de herencia. Sobre el primero no me ocupare ya que las telefónicas nos inundan con estas reclamaciones por no sé qué problemas de impuestos y en el resto, quien redacta la papeleta procura ofender desde el encabezamiento al presunto conciliado, que pasa de dicho estado al de presunto cabreado y que llega al mostrador del Juzgado con las mismas ganas de conciliar que las que tiene John Rambo en la selva de Indochina. 

Y trato en este comentario lo de la división de herencia porque después de trece años en el Juzgado en el que estoy destinado he terminado tres: a) en la primera el Abogado de no recuerdo quién, se quedó con el único bien de la herencia (una finca en Soria) a través de una jura de cuentas y b) en las otras dos, el único bien y la única cuenta bancaria se repartieron entre los respectivos hermanos (solo dos en cada asunto). En estos dos procesos la imprescindible intervención judicial consistió en hacer de fuerza de interposición de dos hermanos que no se hablaban antes de llegar al mostrador del Juzgado y que tampoco lo harán después. 

He escrito único bien, única cuenta bancaria y dos hermanos porque en cualquier otro asunto tenemos la versión hispana de la película bélica que prefieran. Un suponer: las joyas. La Mamá tenía joyas y han desaparecido, le dirá el cliente al Abogado y cuando quien redacta lee eso suele comentar en el acto del inventario: -Dejando al margen la memoria histórica ¿hay alguna prueba sobre el joyerio? En ese momento el cliente y el abogado suelen ponerse de perfil y la otra parte negar la mayor (la Mamá no tenía joyas, las vendió o las repartió), pero como uno es Secretario Judicial y lleva años en el asunto sabe que lo que quiere el Abogado es una Sentencia en el juicio verbal y demostrar, si puede, que las joyas (y las sabanas bordadas en oro de treinta y tres quilates se quedaron en la cómoda) así que cuando el Abogado insiste quien se pone de perfil soy yo. El problema de no probar o de probar a medias es que el conflicto puede acabar en la jurisdicción penal y así terminó una cuarta división de herencia: la Magistrado declaró en Sentencia la existencia de unas joyas que luego no aparecieron y todos tan contentos al Juzgado de Instrucción

La pluralidad tiene tres modalidades: a) más de tres hermanos zurrándose entre ellos, b) más de tres hermanos zurrando a uno de ellos y c) todos los hermanos zurrando al segundo cónyuge del difunto o la difunta. El número de contendientes importa tanto con el de los bienes de la herencia y en su caso, el de la liquidación del régimen económico matrimonial, porque por si no lo saben pueden acumular las dos liquidaciones (la del matrimonio y la de la herencia del fallecido). Lo del segundo cónyuge tiene mal arreglo, porque el personal presume el derecho a heredar de papá y de mamá (aunque lleven lustros sin verlos) y sobre aquel recae otra presunción: se llevó todo, apagó la luz y cerró la puerta. 

En estas circunstancias no hay inventario que no termine con una sentencia y, eso se haga lo que se haga y se hable como se hable. 

Pero ahí no acaba todo. Después de la sentencia y del habitual comentario de la Magistrada sobre mis fracasados intentos de hacer entrar en razón a los boxeadores, perdón a los parientes, vuelvo a pedir perdón, a las partes, eso, a las partes, nos queda dividir el patrimonio y aquí los golpes le caen al perito-contador-partidor, que si no anda listo pidiendo auxilio al Juzgado para escarbar en los bancos, se encontrara con un estupendo juicio verbal (el segundo, tomen nota) para resolver la oposición a las operaciones divisorias. 

Y con la segunda sentencia llegamos al final del principio, porque el segundo párrafo del art. 787.5 LEC dice que este pronunciamiento no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados (boxeadores, entiéndase) hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. ¿En el juicio ordinario que corresponda? ¿No podíamos empezar por ahí e impedir que la gente se venga arriba de palabra y por escrito, arreglando cuentas que no le interesan a ningún Juzgado?.

16 diciembre 2014

Facturas y minutas de honorarios de Letrado.


El importe de los servicios del abogado se documenta en lo que se denomina tradicionalmente “minuta de honorarios profesionales”, que, desde un punto de vista estrictamente económico y contable, no es más que una factura por servicios profesionales. En cuanto a tal, está sujeta a todas las normas administrativas, que prescriben sus características formales y entre estas son relevantes la fecha, el número de la factura, el importe, el desglose del IVA y de la eventual retención a cuenta del IRPF, los datos fiscales del emisor y del receptor, etc. La factura debe contener una cierta referencia al contenido de los servicios prestados, según las necesidades o exigencias del cliente y en un mismo asunto puede ser necesario emitir facturas separadas. 

El incumplimiento de la normativa que regula la factura no sirve para calificarla de indebida, pues habrá de valorarse exclusivamente por lo que resulte del pleito en relación con el mismo marco de la ley adjetiva, sin que, por ello, por lo general y en principio, dependa esa calificación de la proyección de otra normativa ajena a este sector, como puede ser, la de carácter administrativo, fiscal, municipal. Es indiscutible compartir que "ope materiae" en ninguna de esas normativas, salvo, en su caso, lo concerniente al IVA se prescribe si un "facere" del Abogado o Procurador es inútil, superfluo o no legal o que sus honorarios no se hayan devengado en el juicio. (STS, 973/2001, Sala 1ª, de 16 de octubre de 2001, Roj 7940/2001).

En la práctica diaria encontramos otra minuta: la que se realiza “pro forma”. Este documento es una especie de presupuesto autentificado del abogado que tiene un aspecto similar a la factura (contiene el nombre del abogado, dirección, NIF, todos los datos del cliente y un desglose de los servicios con precio e IVA). La “factura pro forma” es meramente informativa y en el tráfico mercantil, una vez satisfecha por el cliente, se emite la factura definitiva, fechada y nume¬rada, declarándose a efectos de IRPF e IVA. 

No se rechazan por los Juzgados estas “factura pro forma” cuando se presentan para la práctica de la tasación de costas “ya que la ley de enjuiciamiento civil sólo dispone como requisitos formales que deba rendir la minuta del letrado de los derechos y suplidos de los procuradores, que sean detallados, nunca que cumpla determinada exigencia fiscal previa a efectos de factura, y menos aún, cuando se reconoce que las actuaciones por las que se minuta se realizaron y no se ponen en duda” (SAP MADRID, 503/2010, Sección 20ª, de 8 de septiembre, ROJ SAP M 13843/2010). 

Esto es, la vencedora en el procedimiento puede reclamar el importe, tanto de la minuta del abogado como la de su procurador, siendo suficiente que se aporte la citada factura pro forma, pues no es necesario que materialmente se haya abonado con anterioridad el importe de la minuta, porque lo concedido a la parte ganadora es un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales, y no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por los acreedores a los abogados que los defienden y a los Procuradores que los representan. Por ello no necesitan acreditar que los tienen abonados a los respectivos profesionales, basta con que presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los derechos durante el proceso. El razonamiento se contiene en SAP LERIDA, 177/2010, Sección 2ª, de 26 de abril (Roj SAP L 366/2010) y también la advertencia que los datos que según la normativa fiscal deben reunir las facturas, resultan ajenos a lo que debe discutirse en el procedimiento. No existe fundamento legal para restar validez, a los efectos de reclamar los gastos devengados en el proceso, a una minuta expedida por un profesional por el mero hecho de denominarla "pro-forma".

08 diciembre 2014

Otra de sustituciones del Cuerpo de Auxilio Judicial.


El caso es que al Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional se le ocurrió organizar la sustitución de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial dictando la Instrucción 1/2013, de 8 de enero de 2013, con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo durante las ausencias de corta duración de los citados funcionarios. Y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Madrid impugnó la referida instrucción y la posterior del Secretario General de la Administración de Justicia de fecha 26 de marzo de 2013, que desestimó el recurso de alzada. 

No perderé una sola línea en referir los antecedentes históricos del problema de las sustituciones de los antiguos Agentes Judiciales, que se remontan al principio de los tiempos, ni en analizar la lucha sindical para evitar que la jerarquía (cualquiera) funcione en la oficina judicial (para mayor beneficio del ciudadano, quede claro), pero como indica la STSJ MADRID, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, de 16 de mayo de 2014 (Roj: STSJ M 8548/2014) se han pronunciado sobre esta cuestión la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de CATALUÑA, el TSJ COMUNIDAD VALENCIANA, en Sentencia de 14 de julio de 2009, el TSJ EXTREMADURA en Sentencia de 12 de septiembre de 2012 y la Sentencia TSJ BALEARES, de 4 de febrero de 2014 y, dejando al margen otras consideraciones, la de MADRID solventa el conflicto con la lógica, que es el único criterio rector que nunca ha tenido entrada en la Justicia (no hablemos ya de su reforma y ni lo pensemos sobre la NOJ) 

Y la lógica principia en que en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo existe una única plaza de funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial; situación que impide que, en dichos Juzgados, cada Secretario Judicial pueda prever que las funciones llevadas a cabo por los funcionarios de ese Cuerpo de Auxilio Judicial queden cubiertas con el personal del propio Juzgado. De ahí que la finalidad de la Instrucción fuera la de garantizar que las necesidades del servicio quedaran cubiertas en supuestos de ausencia de corta duración de dichos Juzgados, con la consecuencia evidente de facilitar que los funcionarios puedan solicitar los permisos a los que tienen derecho. 

Y la lógica dice que al amparo del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia (RD 1451/2005) es claro que cuando en la plantilla del Órgano Judicial existen varios funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial no existe problema, pero también lo es que las NECESIDADES DEL SERVICIO no se podrían atender en los casos en los que solo existe un funcionario en el órgano jurisdiccional, pues es evidente, que dicho funcionario, al ser el único, no podría ser sustituido en casos de ausencia de corta duración, lo que produciría o bien que el funcionamiento de dicho Juzgado no fuese posible o bien que el funcionario no pudiera disfrutar nunca de permisos o licencias que requiriesen su inexcusable presencia. 

Pues bien, teniendo en consideración que una de las funciones de los Secretarios de Gobierno o Coordinadores es la de organizar y distribuir el trabajo de los secretarios judiciales y de los funcionarios que desempeñen sus puestos de trabajo en el conjunto de unidades procesales de apoyo directo, debe entenderse, necesariamente, que alcanza también a la de distribuir ese trabajo mediante el establecimiento de un turno ordinario de sustituciones entre funcionarios del Cuerpo de Auxilio de los diferentes Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo existentes en Madrid

Y consecuencia de lo anterior, es que, como señala la Sentencia del TSJ CATALUÑA antes expresada, no pueda entenderse con ello que el Secretario de Gobierno haya creado ex novo un régimen de sustituciones para los casos de ausencia de corta duración, ni que haya dado lugar a una vía libre para crear figuras jurídicas como la sustitución mencionada y en perjuicio de los derechos de los funcionarios, sino que se ha limitado a solucionar los problemas y disfunción que se ha mencionado, armonizando la atención a las necesidades del servicio con el legítimo derecho del funcionario de Auxilio al disfrute de permisos o licencias de corta duración

Por ello, y en cuanto a que la Instrucción discutida, al ordenar las sustituciones de estos funcionarios sin retribución alguna supone una discriminación con respecto a otros funcionarios, ya que no son retribuidas, ha de indicarse que dicho régimen se viene también aplicando a los secretarios y jueces, en sustituciones de corta duración, siempre que no haya coincidencia de señalamientos y tampoco se percibe retribución alguna.

04 diciembre 2014

¿Es necesaria la subasta judicial de los bienes inmuebles?


Poco puede decirse sobre la subasta judicial que no se haya escrito, discutido y analizado en profundidad y a pocos escapa que el sistema no funciona. Si de lo que se trata es de vender el bien inmueble y el porcentaje de subastas desiertas es altísimo – cercano al 90% de todas las que se celebran- fácil es colegir un fracaso que alguna explicación tendrá. Pero cuidado, porque tampoco puede extraer el lector las habituales conclusiones apresuradas sobre la ineficacia de los Juzgados (que la hay) y la privatización de la venta (que rechazo, parcialmente) y basta echarle un vistazo a las normas reguladoras de la subasta en la Ley de Enjuiciamiento Civil para llegar a una segunda conclusión: careceremos de un ordenamiento que nos permita vender con éxito un bien inmueble (o cualquier cosa) y aún más, la Ley sigue repleta de obstáculos “procesales” que facilitan esa ineficacia que antes cité. 

El corolario de este escenario aparece en esas certificaciones registrales con dos o tres inscripciones de hipoteca y algunas anotaciones de embargo -me quedo corto porque he llegado a ver Letras J) prorrogadas y varias del mismo acreedor-; en las caducidades de las anotaciones de embargo y en el rechazo del ejecutante a la subasta aunque obtenga la anotación. 

Ello por no hablar de un pequeño detalle que siempre pasa por alto el Legislador, aunque se le recuerde en cada reforma procesal: ¿alguien compra algo que no puede ver? Eso es lo que se le pide al comprador en subasta judicial de un inmueble sujeto a embargo o a hipoteca, que haga un acto de fe y adquiera un bien que no ha podido ver y lo que es peor, que ha sido valorado por un tercero que tampoco lo ha hecho – en el caso de embargos- y que ha sacado el precio por comparación de determinados “testigos” (zona, dotación del barrio, calidades, metros cuadrados, etc.). 

De hecho, la valoración de bienes en la ejecución civil -no en la hipotecaria, que va por otros derroteros- tal y como se realiza, no necesita la intervención de ningún perito. El empleo de testigos de referencia, mapas de google, certificaciones registrales y la toma de fotografías no tiene ninguna dificultad, no requiere conocimientos especiales y, desde luego, no justifica una minuta de honorarios que en el mejor de los casos llega a los 300,00€. Sin lugar a dudas debería quedar al criterio del órgano ejecutor la intervención del perito, previsión nada novedosa y que rige en otros ordenamientos. 

¿Saben lo que se consigue con esto? Que acudan solo a la puja vecinos del inmueble interesados en la adquisición y que conocen perfectamente el estado de la finca y los inevitables subasteros, aunque se trate ya, en muchos casos, de sociedades dedicadas al préstamo y a la compraventa de inmuebles. Nadie más se arriesga y por lo mismo, bien pronto se ve que no basta con la multiplicación de las medidas de publicidad o las llamadas subastas electrónicas. Eso es una parte del problema y en la actualidad, no el fundamental. 

Les cuento una última anécdota para que comprueben hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una defectuosa normativa, porque tampoco los Juzgados tienen reservado el “derecho de admisión”, ni una “efectiva presidencia” de la puja. Perdonen el empleo de la primera persona del singular. En una de esas subastas previas a la crisis que padecemos y con la Sala repleta de público, me encontré con dos subasteros haciendo pujas de euro en euro y cuando llevaban más de diez, corté en seco lo que parecía un despropósito y advertí a los dos postores – que en ese momento no lo eran- que procedería a expulsarlos de la Sala si continuaban con ese comportamiento, que dicho sea había ocasionado cierto revuelo entre los asistentes. 

Y ¿qué dice la ley? Si leemos el artículo 649 LEC tendría que haberme limitado a levantar acta de la subasta una vez terminada, “expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon” y es muy probable que si los subasteros hubieran impugnado mi decisión, habríamos tenido que celebrar una segunda subasta y aguantar la puja de euro en euro hasta que el ejecutante o algún tercero la hubieran puesto fin. ¿Se imaginan una subasta así en alguna de esas empresas privadas dedicadas a esta actividad? No creo que la respuesta sea necesaria. 

La subasta judicial de los bienes inmuebles es necesaria y además no puede privatizarse como se oye. Pero si se quiere que cumpla con su función, que no es la venta del bien, sin el cumplimiento del título ejecutivo, requiere una completa modificación normativa que, entre otras cosas, compela al ejecutante a no jugar con las anotaciones de embargo, obligue al ejecutado a colaborar con el perito y atribuya a los Juzgados la efectiva presidencia del acto de la puja. 

También es posible que no me haya enterado bien del asunto y que la última de las reformas de la justicia (no sé cuantos plurales llevo leídos) sea la que llegue a buen puerto, aunque mientras lo hace se sigan hundiendo los barcos.

27 noviembre 2014

El Tribunal Supremo salva a un Procurador por la campana


El famoso derecho de defensa se entiende por algunos como el papel lo aguanta todo, pero últimamente se superan límites que uno no creería o quizá sí, teniendo en cuenta que un Señor con el mérito de una coleta y una presentación en televisión inmejorable, va el segundo en las apuestas contra el soberano pueblo español; quería decir elecciones, pero entre ustedes y yo la cosa va camino de la apuesta en el mejor local inglés en la materia y ello sin entrar en la procedencia del invento, la Complutense de Madrid, universidad que logra los méritos de ser la más sucia, a la par que la que más gasta en no sabe bien qué. 

Pero volvamos a lo nuestro. El asunto que provoca estas líneas es el ATS, Sala 1ª, de 10 de septiembre de 2014 (Roj: ATS 7840/2014) que impuso a un letrado una multa de mil euros (1.000 €) por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante el propio Tribunal Supremo al expresar en un primer escrito, que ratificó y amplió en otro posterior, que en la actuación de la Sala se había producido una" irresponsable dejación de funciones ", generadora de " alarma social " refiriéndose a los integrantes de la misma como funcionarios " denominados 'magistrados ". 

No obstante el letrado manifestó que él era el exclusivo autor de los escritos, sin que la Procuradora hubiese tenido responsabilidad alguna, así como que se ratificaba íntegramente en su contenido puesto que sus expresiones " forman parte del debate parlamentario de este país " y que eran "legítimas y adecuadas a la injusta e irrespetuosa respuesta jurídica ofrecida por este tribunal". Continúo el escrito tachando la actuación de esta Sala como de " irresponsable dejación de funciones " culminando con la afirmación de que " dicha actuación no solo supone una absoluta falta de respeto hacia los profesionales intervinientes en la presente causa judicial (cuyo elaborado estudio jurídico merecía otro tipo de respuesta por parte de este Alto Tribunal), sino que principalmente supone una absoluta falta de respeto hacia todos los ciudadanos de este país, a los que se les está secuestrando el correcto funcionamiento de estas instituciones por parte de determinados funcionarios (denominados 'magistrados') a los que esta situación no parece acarrearles ningún tipo de conflicto, ni ético, ni jurídico ". 

El Tribunal Supremo libera a la Procuradora de responsabilidad y no le impone ninguna multa, pero uno se pregunta si todo el sistema se funda en que el ciudadano tiene dirección letrada y representación procesal, o sea, que el Letrado y el Procurador hablan y actúan por aquel ¿cómo es posible que éste presente uno varios escritos en nombre y representación de un tercero (el ciudadano) poniendo de vuelta y media al máximo órgano judicial de España (País, para los nacionalistas de guardia) ante el que por cierto cualquiera puede presentar cualquier cosa (léase recurso)?

No es mala puerta la que abre el Tribunal Supremo, porque como todos sabemos aquí lo que hace falta es invertir en educación, pero en forma de radares de tráfico poniendo multas a quien se pase dos kilómetros por hora. Es el único lenguaje que entendemos en la piel de toro.

24 noviembre 2014

La suspensión del proceso por la solicitud de justicia gratuita.


El artículo 16 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita ordena a modo de regla general que “La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, pero las excepciones son tan amplias que, en realidad, la norma parece imponer una suspensión de oficio hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente; tratándose de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes (art. 16, párrafo segundo Ley 1/196). 

Eso bajo la presunción que el beneficiario por el derecho tenga algún motivo para disfrutarlo proceso porque son ahora mayoría los supuestos en los que la petición solo busca alargar el proceso. Importa señalar que estas peticiones de justicia gratuita se formulaban, generalmente, en las ejecuciones de título no judicial para intentar la oposición contra el auto ejecutivo, pero desde hace un tiempo se han extendido a los monitorios (provocando un señalamiento al que luego no se acude), a los desahucios (en el acto del juicio se reconoce el impago) y a las ejecuciones hipotecarias (en las que se sigue discutiendo al peso con escritos modelos). 

Dicho esto, la simple manifestación en el Juzgado de haberse solicitado la justicia gratuita no puede suspender el curso del proceso y ello porque nada dice en tal sentido el art. 16 Ley 1/96 y, tanto en el proceso declarativo como en el de ejecución no podrá ordenarse dicha suspensión sin atender al estado del mismo y a la obligación del órgano judicial de garantizar los derechos y obligaciones de las dos partes, lo que implica: 

(i) No es admisible una comparecencia-modelo sin antes comprobar las fechas de los requerimientos de pago en las ejecuciones de título no judicial e hipotecaria y aunque sea discutible, en los casos del monitorio y del desahucio deberá intentar determinarse cuál es el motivo real de la solicitud de justicia gratuita. 

(ii) Debe asegurarse que existe un proceso y que este no ha finalizado. Y así tenemos que en posible impugnación de una tasación de costas no habrá suspensión porque el proceso ya ha finalizado Esto es, tal y como leemos en el ATS, Sala 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 9905/2010): “La práctica de la tasación de costas por el Secretario Judicial no es un acto de ejecución forzosa contra el condenado que incumple, sino una liquidación conforme a la ley del quantum del importe que en concepto de costas puede repercutirse sobre la parte condenada el pago. Cuantificación que la ley ordena al Secretario Judicial y sin la que no existe una obligación dineraria susceptible de pago o cumplimiento por parte del vencido en juicio”.

(iii) Debe el órgano judicial asegurar la eficacia de las medidas ejecutivas ordenadas o practicadas, impidiendo que la suspensión haga infructuosa la ulterior realización del título ejecutivo por el excesivo tiempo que puede transcurrir desde la petición hasta el efectivo reconocimiento del derecho. Recordemos que el art. 565.2 LEC establece que la suspensión no impedirá la adopción o mantenimiento de las medidas de garantía de los embargos acordados y la práctica de los que ya hubieren sido acordados (a modo de ejemplo el embargo de cuentas corrientes y sueldos o salarios podrán garantizarse mediante el ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado y, el de bienes inmuebles, mediante la anotación en el Registro de la Propiedad).

17 noviembre 2014

Precario contra “ocupas”.


Precario y distinción del comodato. 

El comodato es un contrato real que se perfecciona por la entrega de una cosa no fungible que una de las partes contratantes, el comodante, hace a la otra parte contratante, el comodatario, cediéndole gratuitamente su uso durante cierto tiempo, transcurrido el cual debe el comodatario restituir la cosa que le fue entregada (art. 1.740 CC). Una de las características esenciales del contrato de comodato, junto a la gratuidad, es la duración temporal, la cual puede encontrarse expresamente estipulada por los contratantes (fijándose un plazo de duración), y, de no ser así, es decir en ausencia de pacto de duración, la restitución habrá de hacerse cuando concluya el uso para el que se entregó la cosa, debiendo estarse al uso que las partes hubieran pactado, y, en su defecto, al que resulta determinado por la costumbre de la tierra (arts. 1.749 y 1.750 CC) (SAP MADRID, Sección 21ª, de 5 de febrero de 2013, Roj: SAP M 1622/2013). 

Dentro de la regulación jurídica del comodato, en el art. 1.750 CC, se prevé el supuesto de la entrega de una cosa no fungible con cesión gratuita de su uso cuando no se hubiere pactado la duración del contrato ni el uso a que hubiere de destinarse la cosa prestada y no resulta éste determinado por la costumbre de la tierra, en cuyo caso «puede el comodante reclamarla -la cosa entregada- a su voluntad» (en decir cuando le venga en gana). Y, esta situación jurídica, se conoce con el nombre de «precario», tratándose del concepto estricto o restringido. 

Juicio de desahucio por precario. 

La vivienda vacía «se protege» civilmente a través de los procesos «sumarios» interdictales o de protección del derecho real inscrito ( art. 250.1.4 LEC en relación con el 446 CC y 250.1.7 LEC ) o del desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de cuya recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del titular y con las consecuentes facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del CC y de la LEC (sin que pueda oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que conforme al art. 444 CC no afectan a la posesión) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009). 

El juicio verbal de desahucio por precario, regulado en los arts. 250.2 y 437 y ss. LEC sustituye al antiguo de desahucio por precario regulado en los arts. 1561 y ss. LEC de 1881, acción que procedía, entre otros casos, contra aquella persona que «disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced», entendiendo la jurisprudencia que la situación de precario era la caracterizada por el uso y disfrute de una cosa ajena sin pagar merced y sin que existiera ningún tipo de título que legitimara dicha situación (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 22 de noviembre de 2013, Roj: SAP B 12605/2013). 

Postura favorable a la demanda contra personas desconocidas. 

El art. 12.1 LEC impide que no resulten directamente afectados o vinculados por la sentencia quienes no han tenido oportunidad de ser oídos y vencidos en el juicio y por ello dispone que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Pues bien, ejercitada una acción de desahucio por precario, resulta innecesario demandar a todos y cada uno de los que habitan en la vivienda de forma más o menos estable, sino a quien se irroga la titularidad de la posesión, siendo las consecuencias de la sentencia en relación con los demás miembros de la familia un efecto reflejo (STS, Sala 1ª, de 13 de octubre de 2010, Roj: STS 5518/2010

Cuando se demanda a un colectivo integrado por personas desconocidas que, por la propia composición de los grupos ocupantes, sufren constantes modificaciones (caso de los ' ocupas» o en grupos análogos), no puede exigirse al demandante que dirija la acción contra todas las personas que hayan podido ocupar la vivienda en un momento determinado. De este modo, resultando inviable la determinación de las personas o grupos que al tiempo de presentar la demanda integraban el colectivo de integrantes de la vivienda objeto de la litis únicamente cabría exigir a la actora la precisión de la demandada por la única información de que podría disponer en aquel momento a los efectos exigidos por el art. 6 LEC (SAP MADRID, Sección 13ª, de 14 de junio de 2013, Roj: SAP M 11146/2013). 

El hecho de que durante el juicio se acredite la concurrencia de otras asociaciones y personas físicas que ocupen el inmueble en situación de precario no impide apreciar el cumplimiento de los requisitos de exhaustividad y congruencia que para las sentencias exige el antedicho art. 218 LEC. La imposibilidad material de conocer las asociaciones y personas físicas que ocupaban en la finca al tiempo de presentar la demanda y que incluso han accedido a ella a lo largo del presente procedimiento, no priva de exhaustividad a la sentencia que acoge los pedimentos de la demanda en relación con la única asociación integrante del colectivo que se conocía y que, como tal, ha comparecido juicio aceptando su legitimación pasiva (SAP MADRID, Sección 13ª, de 9 de febrero de 2012, Roj: SAP M 3556/2012

Ciertamente existen dificultades, más aparentes que reales, para la determinación de la legitimación pasiva a la que forzosamente ha de llegarse mediante una interpretación finalística y racional de las reglas de personación e intervención, pues la indeterminación de poseedores en el tiempo no puede impedir, por la propia naturaleza recuperatoria de la acción que se ejercita dirigirla no solo (y simplemente) frente a quienes aparecen como poseedores actuales, sino (máxime cuando la identidad de aquellos no se conoce ni se puede conocer, o se trata se ocupaciones temporales o de distintas personas para actividades diferentes) también frente a los «ignorados ocupantes» o expresión similar, que podrán identificarse durante el curso del procedimiento; tal posibilidad deriva del mismo art. 437 LEC , cuando al establecerse los datos a consignar en la demanda alude expresamente a «los datos y circunstancias de identificación de actor y demandado...», sin exigir sus nombres y apellidos, lo cual ya venía siendo reconocido por el TS (así las SS. de 15.11.1974 , 1.3.1991 ,....: basta cualquier circunstancia que permita su identificación, aquí, el hecho de la ocupación efectiva respecto del objeto del pleito); en todo caso, cabrían diligencias preliminares ex art. 256.1 LEC que, según lo expuesto, resultarán poco efectivas (podrán no ser los mismos ocupantes en el momento de la citación) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009

Efectivamente el art. 437.1 LEC dispone que en la demanda que de principio al procedimiento se consignaran los datos y circunstancias de identificación del demandado o demandados y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados; pero tampoco puede ignorarse la gran dificultad que entraña la tarea de llegar a conocer las circunstancias personales de quienes ocupan sin título, consentimiento o habilitación de sus propietarios, las viviendas, edificios o locales ajenos y a los que, por lo común, acceden mediante el empleo de la fuerza (SAP MADRID, Sección 13ª, de 27 de noviembre de 2012, Roj: SAP M 19941/2012). 

Nos hallamos ante dos situaciones merecedoras de la tutela judicial, la de quien habiendo sido despojada de la posesión de un bien inmueble de su propiedad quiere recuperarla frente a quien, sin título y por un acto de fuerza, la ocupa ilegítimamente y la de este a obtener la posibilidad de ser oído en el procedimiento en que se va a dirimir el derecho del propietario a detentar la posesión material de la vivienda que le pertenece; sin embargo, existen disimilitudes esenciales una, que el propietario se ve forzado a tener que recuperar la posesión de la que ha sido privado sin su consentimiento, mientras que el detentador sin título se ha puesto voluntariamente en tal situación y la otra, que la posibilidad de que el demandado obtenga la referida tutela judicial solo depende de su voluntad, pues basta que se identifique correctamente en el acto de llevarse a cabo su citación o emplazamiento en la forma que se preceptúa en los arts. 155 y 158 en relación con el art. 161 LEC y reciba la copia de la resolución o la cédula, disponiendo, en todo caso y en su defecto, de la ocasión del conocer la existencia del procedimiento y defenderse en su seno a través de la citación edictal regulada en el art. 164 de la misma Ley, al fijarse copias de aquéllas no solo en la oficina judicial sino en la vivienda ocupada sin título, por así haberse solicitado en la demanda. 

Postura contraria a la demanda contra personas desconocidas. 

Es cierto que conforme al derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 CE el que la vivienda cuyo desalojo se pretende se encuentre ocupada por diversas personas, que incluso pueden cambiar repetidamente, dándose el caso, que denuncia el demandante, de que aquella frente a la que primariamente se dirija la demanda no sea la que haya de soportar la ejecución, pero la legislación vigente contempla medios procesales para resolver la cuestión manteniendo todas las garantías procesales de las partes, también de la parte demandada, en el presente caso de los ocupantes, u «ocupas», según la terminología al uso; no se trata de cerrarle todas las puertas al demandante, lo que sería contrario a la tutela judicial citada, pero sí al menos que las que se ofrecen por el legislador hayan de ser utilizadas, sin perjuicio de acudir a la vía propuesta por el actor si fracasasen, como último medio de hacer valer el derecho de acudir a los tribunales. Tal es el caso de las diligencias preliminares del art. 256 LEC, a fin de identificar y relacionar con la vivienda a quienes resulten ser moradores de la misma. No es posible, con la sola afirmación de que se desconoce quienes puedan ser los ocupantes de la vivienda, efectuar un emplazamiento y demás actos procesales de comunicación con las partes sin las mínimas garantías procesales para quien pueda ser demandado y parte en el proceso; el art. 155 LEC contiene diferentes procedimientos para los actos de comunicación, todos ellos válidos, unos en defecto de otros, pero siempre sobre la base de una previa individualización de la o las personas frente a las que se vaya a dirigir la demanda y con quienes se vayan a practicar tales actos (AAP SEVILLA, Sección 6ª, 27 de octubre de 2009, Roj: AAP SE 2864/2009)

08 noviembre 2014

La subsanación en la práctica de la tasación de costas.


Presentada la solicitud de tasación de costas, las minutas y los justificantes, el Secretario Judicial puede entender que alguna de aquellas es incorrecta o aprecia, por ejemplo, la ausencia de una factura que sin embargo, se reclama por el actor. ¿Cabría una subsanación previa a la práctica de la tasación de costas? En el primer caso, la respuesta es negativa. Las normas que regulan la práctica de la tasación no permiten ninguna subsanación, porque aquí no hay un defecto en un acto procesal de la parte (art. 231 LEC), sino unas minutas que deberán atenerse a las exigencias legales (art. 243.2 LEC), sujetas a un primer control del Secretario Judicial – en lo que la ley establece- y a una posterior impugnación de la parte contraria. La subsanación persigue que el acto procesal no sea defectuoso y eso nada tiene que ver con la exclusión de partidas en una minuta, pues la tasación se habrá practicado a instancia de la parte (acto procesal valido y eficaz) y, en otro caso, no creo que deba anticiparse el momento en el que el Secretario Judicial se pronuncie sobre la minuta. 

Y esto es lo que viene a decir la SAP VALENCIA, 361/2009, Sección 6ª, 19 de junio de 2009 (Roj: SAP V 2740/2009). Aunque la práctica de la tasación no es una labor mecánica, en cuanto no debe incluir en ella sin más las minutas presentadas y por el contrario incluye una labor de estudio de la legalidad de las partidas minutadas, lo cierto es que no existe previsión legal para la práctica del requerimiento de aportación de nueva minuta. En esa labor de estudio de legalidad, el Secretario Judicial podrá conforme a lo dispuesto en el art. 243.2 LEC excluir de la tasación "los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley", como también "las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito" y también podrá aplicar la reducción del art. 394.3 LEC. Dicho esto, una vez efectuada la pertinente solicitud el Secretario Judicial debe practicar la tasación, sin perjuicio de que pueda excluir o reducir las minutas en los términos expuestos, o, en su caso, acomodar las minutas de los profesionales sujetos a arancel a lo establecido en éstos, pero en modo alguno puede con carácter previo a la práctica de la tasación requerir a los profesionales para que ajusten sus minutas a la cuantía del proceso, pues no se contempla en ningún precepto tal posibilidad. 

En definitiva, las normas procesales son las que marcan el cauce a través del cual debe desarrollarse y desenvolverse el proceso y hay que atender, por lo tanto, a lo que dispone en cada caso la ley y en relación con la tasación de costas, el art. 243 LEC es rotundo y tajante: el juez queda al margen de dichas actuaciones; y, en consecuencia, no puede intervenir en la práctica de la tasación, correspondiendo al Secretario judicial la misma función de vigilar por la legalidad de las actuaciones procesales, debiendo ejercerlas conforme a lo que resulta de los artículos que regulan la tasación (AAP BARCELONA, 161/2010, Sección 4ª, 9 de septiembre de 2010, Roj: AAP B 4240/2010). 

Hay una segunda subsanación que examinar ya apuntada antes. No veo obstáculo legal para que la parte pueda completar, mediante requerimiento del Juzgado, la documental que haya adjuntado con la petición de tasación de costas, si reclama algún concepto y no presenta la factura correspondiente. La única razón que justifica esta respuesta es la posibilidad de evitarnos una petición de aclaración posterior o incluso una impugnación de la tasación de costas y, siendo cierto que el art. 244.2 LEC establece que una vez acordado el traslado de la tasación no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda, no lo es menos que este requerimiento entra dentro de la función jurídico-contable que realiza el Secretario judicial. A pocos escapa que para reclamar el reembolso de la factura del perito o la del Registro de la Propiedad, habrá que presentarla en el Juzgado. 

Otra cosa es que la omisión de la parte – y la falta de requerimiento- impida la práctica de la tasación de costas. Presentadas o aportadas al tribunal las minutas de honorarios, notas de derechos o cuentas de gastos, resulta indiferente, a los efectos de la práctica de la tasación de costas, la presentación de los oportunos justificantes de pago; pues ello no será óbice para la realización del trámite procesal de tasación. 

Pero en cualquier caso deberá haberse incluido en la minuta el gasto realizado y se dice esto porque toda partida presupone, en principio, la existencia de un crédito y este crédito no se extingue por no haberse solicitado la inclusión en la tasación de costas, pudiendo ser reclamado como un crédito ordinario de quien y como corresponda (lo único que se pierde es la posibilidad de incluirlo en la tasación de costas y su inmediata exacción por el procedimiento de apremio) (SAP MADRID, 147/2011, Sección 21ª, 16 de marzo de 2011, Roj: SAP M 3587/2011).

07 noviembre 2014

La Reforma de la Justicia a 1,00€.


Si se pregunta qué es un operador jurídico cuando no ve a nadie vestido de cirujano en un Juzgado o qué es una unidad judicial cuando no ve tampoco a nadie de camuflaje en una Sala de vistas, no encontrará una respuesta en este ensayo de 177 páginas rotulado REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). 

Tenemos en el Siglo XXI los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, aunque llenos de ordenadores y en el fondo deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado un permanente regreso al futuro de seis siglos sin gastarnos la pasta que emplean los norteamericanos en hacer una de esas películas sobre dicho asunto. 

No sé si hay muchas otras en las que gastarse 1€, pero es probable que si lo invierten en esta compra (o en los 10,00€ de la edición en papel) quizá, solo quizá, entiendan algo de lo que pasa en la Justicia Española. Pero, cuidado, sin hacerse mala sangre - si no lo escribo reviento- porque para eso ya tienen las televisiones: no se trata de arreglar el mundo, ni de encabezar un futuro salvador de no se sabe qué. 

Les aconsejo la lectura de INTRODUCCIÓN que puede descargarse en la página web, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Para más información pinchen en la imagen del libro o AQUI

06 noviembre 2014

Hace catorce años: un fuera de contexto.


Escribir de la nueva oficina judicial del siglo pasado me aburre y bostezo muy maleducadamente con los anuncios en futuro sobre esto y lo otro. No entro en debates pancarteros sobre los derechos a tenerla más larga o a gritar más y, si los chavales (y no pocos periodistas) leyeran a los clásicos entenderían que España siempre ha sido así, pero ahora unos celebran el día de la Paz y otros leen cuentos y más cuentos. 

Efectivamente, aquí no cabe un tonto más y estamos repletos de mentirosos con o sin fronteras, que producen medias verdades o, sea las peores mentiras y engañan al personal, que además siempre se deja, porque nunca tiene tiempo de nada. Buena excusa eso del tiempo hasta para llamar al electricista si se estropea la luz de la escalera, siempre es preferible llamar al vecino y echar un par de bufidos, perdón de comentarios. 

Nunca escuche quejarse de nada a David García de Ceca Valero, nunca. Para eso sí hay tiempo aquí, para quejarse y volver a quejarse. El caso es que David no andaba bien y las entradas y registros en determinados lugares son una jodienda y de las gordas, porque los picoletos suelen estar en buenas condiciones físicas, hay riesgo y no hay condición física y si encima fumas, pareces un búfalo cuando entras en inviolable domicilio del presunto delincuente. Lo peor de todas formas es la cara de los Guardias jóvenes: -si ya sé que tengo que adelgazar y dejar de fumar, pero ni una cosa, ni otra. Hasta que deja de importarte la cara, la entrada, el registro y la madre que parió al presunto delincuente, porque hay otras cosas más interesantes en las que perder el tiempo. 

David se fue el día 19 de septiembre de 2.000 en un fin de semana. Llevaba mucho tiempo jodido (enfermo es otra cosa) y pasándolo muy mal y un sábado, quien fuera, decidió que ahí acababa la carrera. Punto final. Y siguió sin quejarse de nada. Lo decía su cara. 

Han pasado catorce años y mientras algunos deberían descubrir la novela picaresca, yo me tomaré a unas cervezas, que es lo mejor que se puede hacer a determinadas horas y días.