06 febrero 2016

La nueva jura de cuentas y su impugnación.


Sabido es que la regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los “honorarios que hubieren devengado en el asunto”, siempre que se presente una “minuta detallada” (art.35.1 LEC) y en de los Procuradores “los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto”, mediante la presentación de una cuenta detallada y justificada (art. 34.1 LEC). 

En teoría el requerido solo podía oponer una impugnación por indebida o por excesivas frente a la intimación y digo, en teoría, porque gracias a la deficiente regulación que se arrastra en este asunto, se confunde la jura de cuentas con la tasación de costas y mientras en la primera se pretende cobrar del cliente con auxilio judicial; en la segunda la reclamación contra el condenado al pago se liquidará en la tasación de costas (con aplicación de los límites de los arts. 394 y 243 LEC) y en una posible impugnación (art. 246 LEC). No hablamos de lo mismo. 

Buena prueba de ello la encontramos en la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008) que define la jura de cuentas como un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorga singular protección a los letrados, en cuanto les posibilita hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedará excluida ya que el interesado podrá optar por una u otra. Y aquí viene lo interesante, porque la doctrina del Tribunal Supremo, en atención al carácter sumarial del proceso de jura de cuentas, reconoce la posibilidad de excepcionar el pago, la prescripción, y el hecho de no haberse devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos impugnándolos como excesivos

Y no solo la prescripción. También será posible el examen de oficio de la caducidad de la reclamación; posibilidad que ya se encuentra en una reiterada doctrina del Tribunal Supremo. Más aún el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) señala que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, entendido como lo hace el primer inciso del art. 487 LEC, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. 

Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente son los abogados y los procuradores que han intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vienen, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones -a excepción del pago o en algunos supuestos de prescripción- han de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adopta la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tiene efectos de cosa juzgada, en cuanto puede promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación corresponde al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Este criterio, permite concluir que el plazo de caducidad previsto para el proceso principal en el que se formula, opera como límite dentro del cual debe efectuarse la solicitud de jura, al margen de la efectividad del plazo de prescripción, de naturaleza sustantiva, que podrá ser interrumpido y habrá de ser alegado a instancia de parte, a diferencia del plazo de caducidad que será controlable de oficio, además de que "pensar que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, en cuanto se contradice con la propia justificación de su existencia, si el legislador establece un trámite privilegiado, afectado por el principio de sumariedad, en atención, precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en cualquier momento posterior al litigio, sine die" (ex. ATS, Sala 1ª, del 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6713/2015)

La Ley 42/2015 no solo confirma esta doctrina del Tribunal Supremo sobre los límites de la impugnación, sino que al permitir la reclamación por los herederos de los abogados y procuradores, obliga también al examen de la legitimación del reclamante y no al simple análisis de la intervención en el proceso ya que lo que fundamenta la jura no es tanto el proceso, como el arrendamiento de servicios (por esa razón en el art. 35 LEC aparece la hoja de encargo) y, en ese punto no hace falta un estudio excesivamente profundo para concluir que la situación en la actualidad poco tiene que ver con la primera redacción de la jura de cuentas (año 1881), que es la con dos retoques, sigue vigente. Pensemos, por lo demás, que la relación del abogado con el cliente no tiene por qué significar que ese abogado sea el que intervenga en el proceso y, habrá de recordarse que la tasación de costas se practica aunque el letrado que presente la minuta sea uno de los que intervinieron en el proceso. 

La consecuencia de todo lo que se dice es la de que podemos encontrarnos ante impugnaciones que excedan los más que aparente límites de los arts. 34 y 35 LEC en tales supuestos, la repetida impugnación “presenta una complejidad que excede del ámbito del juicio sumario y debe examinarse en el juicio declarativo por la cuantía que corresponda” (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). Es decir, cuando exista una duda muy razonable sobre las condiciones del encargo realizado al profesional deberá ventilarse, en su caso, con plenitud de derechos, garantías y obligaciones en el proceso declarativo correspondiente en tanto lo resuelto en este procedimiento sumario y privilegiado no goza del efecto de cosa juzgada (por todos ATS, Sala 1ª de 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6742/2015).

28 enero 2016

Haciendo amigos sobre LEXNET y sus incidencias.


Les pondré en antecedentes porque no les gustará la conclusión que ya anticipo; el disgusto, que no la conclusión, porque si no dejaran de leer después de esta primera afirmación y todo ego necesita atención. 

Mi ordenador (o, medio material de la justicia) tarda en arrancar, según los días, de siete a ocho minutos y el programa descatalogado de gestión procesal conocido como CICERONE de dos a tres; el desacoplado de la cuenta de consignaciones solo funciona bien con un navegador que ya han tenido a bien cargar en el sistema y, otro tanto sucede con el Punto Neutro Judicial. En teoría, cualquier cacharro de antepenúltima generación debería soportar cuatro aplicaciones en funcionamiento, pero por razones que uno ignora basta abrir el famoso libre office documental o, un PDF para que un día sí y otro quizá, todo se lleva a tomar por dónde saben; pantallas en blanco, Houston, Houston tenemos un problema y cosas por el estilo. 

Tampoco hay tarjetas de plástico con la firma electrónica y según caduca la firma, no el plástico, el afectado recibe por teléfono una contraseña para pezuñear en el teclado mientras le colocaban en la lista de pendientes del chisme; no sé sí el término pezuñear está admitido por la Real Academia Española, pero como la situación (ésta y todas las demás) refleja al pastor de un rebaño cuidado por un cuarteto de dobermanes no parece muy desacertado el susodicho término. Y todo esto cuando además, el DNI tiene un estupendo chip para tales menesteres que por lo visto puede sufrir alguna clase de menoscabo en su relación con la Justicia que no acierto a entender o, quizá sea que alguien en la taifa no puede echar mano al erario público con sus tarjetas y sus peculiaridades y sus emociones sentimentales de hace tres siglos. 

Y claro, no hay forma de trabajar fuera de los edificios judiciales. La red empieza y acaba en las sedes judiciales y salvo la aplicación de la cuenta de consignaciones, hay que ir con el USB por el mundo, trayendo y llevando resoluciones y documentos. ¡Quién dijo seguridad informática! 

Con este panorama formulemos ahora la pregunta: ¿había otra manera de implantar LEXNET que no fuera a gorrazos? No y el no es rotundo porque lo de poner un Juzgado al lado de cada parada de autobús y, tantos como paradas de autobuses haya en cada partido judicial solo se hace en España, a mayor gloria de una tutela judicial que relaciona la efectividad con la distancia, pero que no tiene ningún resultado a corto, medio o largo plazo. Eso sí, como nadie se echaba encima del creador de las unidades judiciales (cursilada donde las haya) y todo era hacer la ola, más bien maremotos, fue lo único que se hizo en Justicia hasta el año 2010. Que la estructura fuera la del siglo XIX, que no hubiera sitio al lado de la parada del autobús o que los ordenadores fueran de la generación de la Guerra de Cuba era lo de menos: ¡¡teníamos un Juzgado en la puerta de casa y había que celebrarlo!!. 

Y ¿cuál era la alternativa?, ¿esperar otro medio siglo a que el ejecutivo saltimbanqui de la taifa (perdón, de la Comunidad Autónoma) decidiera entrar en la red del Ministerio de Justicia? Les recuerdo que hay una Ley del 2011 sobre nuevas tecnologías que todo el mundo se ha pasado por el forro de sus abrigos y por otros sitios que no cito; que en España la lealtad institucional brilla por su ausencia; que las Taifas (perdón, las Comunidades Autónomas, ¡vaya con el corrector de textos) aplican las leyes del Parlamento cuando les viene bien y que aquí la gente apuñala por la espalda a su mamá por un sillón (basta observar el espectáculo que nos están dando en el Congreso los de la casta y los de la nueva política). 

Claro que hay mejores formas de hacer las cosas pero esto es España.

25 enero 2016

De nuevo sobre el recurso de revisión en el proceso civil.


Tratamos el recurso de revisión hace tiempo y volvemos ahora sobre esta cuestión dada la pasmosa facilidad con la que pretenden rebatirse las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. Y en este sentido recordaremos que cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carece de efectos suspensivos y, en ningún caso, podrá actuarse en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. También cabrá interponer recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea (art. 454 bis.1 LEC). 

No cabrá dicho recurso frente a las diligencias de ordenación, contra las que sólo será posible reposición ante el Letrado de la A. de Justicia que las dictó por disposición del art. 451 LEC; y además, tampoco cabrá ninguna revisión en los casos en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevea trámite alguno Me refiero, por ejemplo, al traslado del informe del Colegio de Abogados, que según el Tribunal Supremo tiene «un carácter meramente informativo para el Secretario a la hora de resolver la impugnación de la tasación de costas» (ex. ATS, Sala 1ª, 15 de enero de 2013, ROJ: ATS 404/2013). o, la dación de cuenta en forma de diligencia de ordenación para un posterior pronunciamiento del Tribunal. 

El recurso se interpone en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido y se admitirá mediante diligencia de ordenación, concediéndose a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, se inadmitirá mediante providencia contra la que no cabría recurso alguno. Por eso, la falta de cita de la infracción en la que hubiese incurrido la resolución recurrida, incumpliría lo prevenido en el art. 454 bis 2 LEC y sería motivo suficiente para la inadmisión del recurso (ATS, Sala 1ª, 21 de mayo de 2013, ROJ: ATS 3997/2013). 

La revisión no autoriza una corrección generalizada de las resoluciones que dicte el Letrado de la A. de Justicia para adaptarlas al criterio de cada recurrente, sino que es un medio de impugnación en el que se valorará la existencia de infracciones legales, con arreglo a los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el momento del dictado del decreto. Será posible hacer aclaraciones, precisiones o alegaciones siempre que tengan que ver con la supuesta infracción cometida, pero en modo alguno podrán reproducirse cuestiones ya ventiladas en las que no haya infracción alguna, ni menos aún convertir el trámite en una apelación abreviada (art. 458.1 LEC en relación con el art. 454 bis 3 LEC). 

Esto es, aunque el recurso de revisión sea un recurso ordinario y devolutivo, que coloca al órgano que resuelve en segundo lugar en la misma posición procesal del que lo hizo primero, «no cabe entender que es posible utilizar el recurso para sustituir la realizada por el Secretario mediante un nuevo juicio de mejor criterio por el Tribunal, porque ello, además de no ajustarse a la propia naturaleza de la actividad procesal realizada, desvirtuaría la "ratio" de la reforma legal, pues, en lugar de simplificar la materia, se produciría el efecto contrario de multiplicar el trabajo de la oficina judicial, y probablemente, sin descargar de forma efectiva la carga del titular del órgano jurisdiccional. Lo anterior no obsta a que mediante el recurso de revisión se pueda someter al control del Tribunal, además de las infracciones de índole procesal, los casos de arbitrariedad o de irrazonabilidad, y dentro de ellos la desproporcionalidad, por cuanto afectan al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)» (Entre otros ATS, Sala 1ª, 18 de marzo de 2015 (ROJ: ATS 2173/2015) y ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, (ROJ: ATS 2332/2012). 

Paradigmático es el caso de la mejora de embargo del art. 612 LEC, por cuanto la defectuosa técnica legislativa permite la interposición de un recurso de revisión sin que el embargo haya agotado sus efectos – de hecho, en el plazo de cinco días ni tan siquiera se habrá practicado, por ejemplo, la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad– y sin que, evidentemente, sea posible apreciar ningún cambio de circunstancias. Ni que decir tiene que en estos casos el recurso no podrá fundarse en ninguna infracción, siendo así que la tutela judicial efectiva es solo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta ordenación legal. 

Tampoco es dable que por la vía del recurso de revisión se traigan a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon, porque bajo esa premisa, la afectación desfavorable del art. 448.1 LEC fue provocada por la impugnante y no por el Letrado de la A. de Justicia. La revisión no es una segunda oportunidad y como ya se dijo antes no será posible otorgar plazos de subsanación cuando no estemos ante un acto defectuosamente realizado sino ante un acto omitido (ATS, Sala 1ª, 12 de febrero de 2013, ROJ ATS 1364/2013). 

Transcurrido el plazo para impugnación el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación. 

Para terminar advierto al lector que la reforma del año 2009 puede llevarnos a resultados absurdos (vg. contra el decreto de liberación del art. 693 LEC no cabrá recurso alguno por la falta del gravamen que exige el art. 448.1 LEC. Esta afirmación cede ante la cautela del Legislador y la introducción de un recurso contra todas las resoluciones del Letrado de la A. de Justicia, con independencia de su contenido. En la práctica y por una analogía que no hace falta explicar con el art. 570 LEC, se concede recurso directo de revisión contra el citado decreto del art. 693.3 LEC) o, que el Tribunal pueda revisar de oficio la aplicación de la norma procesal efectuada por el Letrado de la A. de Justicia cuando concurra una causa de nulidad del art. 227.2 LEC, pero en este caso habrá de interponerse el correspondiente recurso de reposición (art. 227.1 LEC).

18 enero 2016

Efectos de la traba sobre bienes inembargables


Establece el art. 609 LEC que el embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho. El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el Secretario Judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada. 

Resumimos el precepto: mientras el bien no haya sido realizado, el ejecutado puede acudir a los recursos ordinarios y, si ello no es posible, instar la nulidad de actuaciones del art. 240.2 LOPJ. Vayamos con los primeros. Precisa el AAP GIJÓN, Sección 7ª, 17 de octubre de 2007 (Roj: AAP GI 657/2007) que el único recurso ordinario al que se refiere el art. 609 LEC es el de reposición ya que al no estar previsto expresamente que contra la resolución que acuerde el embargo quepa interponer recurso de apelación, es obvio que el único recurso posible sería el de reposición (art. 562-1 LEC). Y en idéntico sentido el AAP MADRID, Sección 21ª, 18 de diciembre de 2012 (Roj: AAP M 21309/2012) refiere la existencia de un régimen específico de actuación de medios de defensa de las partes que intervienen en un proceso de ejecución o de quienes resulten afectadas por él ya en relación a la actividad ejecutiva en sí misma considerada, ya respecto a actos concretos de ejecución. El art. 562 LEC prevé los medios de impugnación contra actos de ejecución siendo así que contra las resoluciones dictadas en la ejecución, salvo previsión legal en contrario, cabe recurso de reposición, mientras solamente tendrá cabida el de apelación cuando la ley procesal expresamente lo prevea, la cual por lo demás, tan solo alude de forma indirecta al recurso de apelación en el único supuesto de acto concreto de ejecución previsto en el art. 609 LEC, relativo al embargo de bienes inembargables. 

De todas formas no es una cuestión exenta de polémica y así el AAP GRANADA, Sección 3ª, 14 de mayo de 2010 (Roj: AAP GR 140/2010) señala que pese a las limitaciones legales sobre el recurso de apelación en el proceso de ejecución, la alegación de nulidad de la traba sobre un bien inembargable podrá ser objeto de revisión mediante los recursos ordinarios, tal y como dispone el art. 609 LEC. 

La reforma procesal del año 2009 facilita una tercera respuesta. Con la excepción del acta del art. 624 LEC, los embargos se acuerdan por decreto del Letrado de la Administración de Justicia y contra dichas resoluciones solo cabría recurso de revisión sin posterior apelación, pues contra el auto que se dictara resolviendo el citado recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando pusiera fin al procedimiento o impidiera su continuación (art. 454 bis 3 LEC). Esta sería ahora la regla general en la materia, debiendo entenderse que el art. 609 LEC concede la siguiente alternativa en el caso de embargo sobre bienes inembargables: 

a) el recurso de revisión o, en su caso, el de reposición contra la diligencia de ordenación que hubiera podido dictarse, sin posterior apelación o revisión, según el supuesto y 

b) solicitud de nulidad en el caso de firmeza de las resoluciones que practicaran la traba. Y en tal sentido leemos en el AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 10 de julio de 2007 (Roj: AAP GC 1078/2007) que si la resolución en que se acordó y practicó el embargo cuya nulidad luego se postula devino firme al no haberse interpuesto en «tiempo» el correspondiente recurso de reposición, la actuación posterior instando la «nulidad de la traba» no podría formalizarse, por tanto, por medio de recurso alguno. La petición de nulidad únicamente podría tramitarse por el incidente excepcional de nulidad de actuaciones frente a cuya resolución no está autorizada legalmente la interposición de recurso alguno. 

Entrando ahora en el asunto de la nulidad habrá de recordarse que la de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate (art. 227.1 LEC) y ello exige el análisis de cada supuesto en tanto podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

a) ejecutado personado que no recurre la resolución acordando la traba; 
b) ejecutado no personado que teniendo conocimiento de la traba no denuncia la nulidad mediante el recurso ordinario; y 
c) ejecutado no personado que tiene conocimiento extraprocesal de la traba. 

Solo en este último caso sería dable la nulidad en los términos de los arts. 227 y 609 LEC, pero con una salvedad: la indefensión deberá ser imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio; 237/2001, de 18 de diciembre; 109/2002, de 6 de mayo; 87/2003, de 19 de mayo; y STC 5/2004, de 16 de enero). En suma, ni sirve alegar sin más la indefensión, ni tampoco podrá exigirse una prueba rigurosa sobre la misma.

14 enero 2016

Luces y sombras del nuevo juicio verbal


La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil afecta al proceso monitorio y contiene una profunda reforma del juicio verbal y si bien el primero, gracias a los sucesivos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisaba algún retoque, el repaso que se ha perpetrado contra el segundo (el juicio verbal) carece de justificación. 

El reproche fundamental que se hacía al juicio verbal se centraba en la indefensión de la parte actora, pues la contestación de la demanda, la proposición de la prueba y su práctica se producían en el acto de la vista con lo que, en teoría (solo en teoría), la primera noticia que el demandante tenía de los motivos de oposición se producía en ese acto, obligándole a anticipar en la demanda una posible contestación al fondo del asunto. Digo en teoría, porque cualquier crítica en globo deberá luego analizarse en cada proceso y salvo las famosas periciales del art. 265.4 LEC, que la demandada aportaba en el acto del juicio (no había tenido tiempo de hacerlo durante los meses previos al juicio) que podían colocar al demandante en una posición muy difícil, extraordinario era el caso de una sorpresa procesal para el demandante. 

¿Qué es lo que ha pretendido el Legislador con la reforma de octubre de 2015? Si les soy sincero lo ignoro, porque no solo se ha llevado por delante la famosa oralidad del Legislador del año 2000, sino que ha transformado el juicio verbal en un “ordinario de andar por casa” cuya necesidad anda pendiente de explicación. 

Veamos las novedades: 

Abogado y Procurador.

1. Exigencia de abogado y procurador en todos los juicios verbales por materia (arts. 23.2.1 y 31.2.1 LEC). El límite de los 2.000,00€ no valdrá de nada en los verbales del art. 250.1 LEC.

Demanda.

2. Exigencia de demanda en forma ordinaria, salvo cuando no se actúe con abogado y procurador, en el que podrá formularse una demanda sucinta, “concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición” (art. 437 LEC). En los dos casos hablamos de lo mismo, por lo que será aconsejable irse a la forma ordinaria y en cuanto a los impresos normalizados del art. 438 LEC, seguimos esperando los del monitorio.

Contestación.

3. La demanda se contestará en el plazo improrrogable de diez días desde el emplazamiento y se hará en la forma prevista para el juicio ordinario (art. 438.1 LEC, que se remite al art. 404 LEC). Regla general que encuentra su excepción en la conocida suspensión del juicio ordinario por la petición de asistencia jurídica gratuita. En esta contestación se impugnará la cuantía o la inadecuación del procedimiento (art. 255.3 LEC) y habrá que tener cuidado con la declinatoria, porque debería plantearse en los diez primeros días para contestar a la demanda y ocioso es decirlo pero la coincidencia de los dos plazos implica que si se interpone el último día y se desestimara, continuará el proceso. 


Vista

4. El actor pedirá la vista en los tres días siguientes al traslado del escrito de contestación (sin que sea necesario que lo haga en la demanda) y el demandado en el escrito de contestación a la misma. 

El traslado al actor del art. 438.4 LEC no debería suscitar problemas y dejando al margen hipótesis de laboratorio, debería esperarse a que el Juzgado se pronunciara sobre la contestación a la demanda (incluida la subsanación de posibles defectos) ya que la ley no prevé el dictado de dos resoluciones: la que fije el señalamiento y la que se pronuncie, si procede, sobre algún particular de contestación. 

Si ninguna de las partes solicita vista y el tribunal no considerase procedente su celebración, se dictará sentencia sin más trámites (art. 438.3 LEC); empero si la demandada renunciara a la vista y la actora nada dijera en el plazo legal, sería el Juzgador el que decidirá sobre la celebración. 

Otro tanto sucederá con el supuesto de la rebeldía del demandado. La ley no dice nada y singular será la demanda que no incluya como coletilla la petición de la vista, con lo que terminará decidiendo el órgano judicial sin necesidad de ningún traslado. Importa destacar que si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía (art. 496 LEC), lo que supone que aunque el rebelde acuda a la vista no podrá hacer alegaciones, contestar, ni podrá proponer prueba. 

Dicho esto dos serían los interrogantes a solventar: 

a) Cuando el Juez entienda que la cuestión a resolver es estrictamente jurídica y no haya hechos controvertidos, dictará sentencia sin necesidad de vista (ex art. 438.4 LEC) sin que esa decisión esté condicionada por la petición o renuncia de las partes. Y ¿cuando se enterara si hay hechos controvertidos si en teoría todo lo tramita el Letrado de la Administración de Justicia?

b) Cuando solo haya prueba documental y no sea necesaria ninguna otra actuación podrá aplicarse, por remisión, lo dispuesto en el art. 429.8 LEC El problema en este caso lo encontraremos en que en el juicio verbal la prueba se propone y practica en la vista (art. 443 LEC), pero ello tampoco impediría que en la providencia que se dictara con esa finalidad hubiera un pronunciamiento sobre la misma y más cuando solo se propusiera la repetida documental. 

Por último, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En tal caso, se oirá a la otra parte y resolverá el Tribunal y, si no considera necesaria la vista, quedará visto para sentencia. Obsérvese que la renuncia se condiciona a que la discrepancia afecte a una cuestión meramente jurídica por lo que fuera de ese supuesto no sería posible un apartamiento de la solicitud. 

Documental y pericial.

5. La actora aportará junto con la demanda, los documentos de los arts. 264 y 265 LEC y los especiales que corresponda por la acción ejercitada. Podrá aportar en la vista los documentos, dictámenes e informes relativos al fondo del asunto que se hayan puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación (art. 265.3 LEC). 

La parte demandada deberá aportar toda la documental con la contestación (arts. 264 y 265 LEC) y ambas partes podrán aportar documentos relativos a hechos nuevos en aplicación del art. 286 LEC. Ahora bien, si no se presentaran los documentos de los arts. 266 y 439 LEC se inadmitirá la demanda (vide. arts. 269.2 y 439 LEC) mientras que en los demás casos: (i) la falta de presentación de documentos de fondo sería insubsanable y (ii) la omisión de los documentos procesales sería subsanable. 

6. En cuanto a la pericial, la actora deberá aportar el dictamen de perito junto con la demanda (art. 336.1 LEC) o pedir la pericia judicial (art. 339.2 LEC) aunque si tiene reconocida la justicia gratuita bastará con su anuncio. También podrá aportar los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda (art. 338.2 LEC), pero siempre que tenga que ver con hechos nuevos introducidos por la demandada. 

La demandada aportará la pericial con la contestación (art. 336.1 LEC), lo que ha moderado la inclinación del péndulo ya que antes podía hacerlo en el acto de la vista y, ahora solo dispondrá del plazo de diez días. También podrá anunciarlo en el caso de justicia gratuita, y el art. 336.4 LEC permite otro anuncio, en el que bastará con la alegación de que no lo pudo pedir y obtener dentro del plazo de contestación. Igualmente, podrá pedir un perito judicial (art. 339.2 LEC). 

Si hasta ahora solo cabía protesta frente a las decisiones del Juez sobre admisión o inadmisión de prueba, en el futuro cabrá primero reposición y luego protesta (art. 446 LEC).  
Reconvención.

7. No se admitirá reconvención en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. En los demás juicios verbales se admitirá siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal. Admitida la reconvención se regirá por las normas previstas en el juicio ordinario, salvo el plazo para su contestación que será de diez días. 

Como no podía ser de otra forma la Ley de Enjuiciamiento Civil nada aclara sobre la conexidad, limitándose a exigir que exista una conexión entre pretensiones, pero sí que reproduce la reconvención del juicio ordinario (art. 438.2 LEC relación con los arts. 406 y 407 LEC) y advierta el lector que esa remisión comprende la posibilidad que la reconvención pueda dirigirse también contra sujetos no demandantes, siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvencional (art. 407.1 LEC). Esto es, que exista la famosa conexidad. 

La reconvención se hará por escrito, en forma de demanda y a continuación de la contestación (art. 406.3 LEC). 

La vista.

8. Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos. ¿A qué daños y perjuicios se refiere el mandato? 

Si no compareciere el demandado, se procederá a la celebración del juicio (art. 442 LEC). 

La vista se abrirá con la posibilidad de acuerdo de las partes o una posible suspensión para someter el asunto a mediación (sic) y si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso. 

Las cuestiones procesales a que se alude el art. 443 LEC se referirán a la indebida acumulación y a los presupuestos procesales del art. 416 LEC: falta de capacidad de los litigantes o de representación; cosa juzgada o litispendencia; falta de litisconsorcio; inadecuación del procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda. No podrá alegarse la falta de jurisdicción o competencia, que sería objeto de declinatoria (art. 64 LEC). 

No creo que la remisión al juicio ordinario comprenda al plazo del art. 417 LEC, que está previsto para la audiencia previa y más cuando la excepción se habrá tenido que formular en la contestación a la demanda. Cuestión distinta y perfectamente admisible, sería la suspensión para depurar algún defecto procesal o para constituir correctamente la relación procesal. Si se estimare una excepción procesal que impidiera continuar el juicio cabría recurso de apelación. 

¿Cabrían alegaciones complementarias? El art. 443.3 LEC prevé que se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción, aunque no se haga mención a los posibles complementos que quizá podrían admitirse por la remisión al art. 426.3 LEC. 

Por último, la modificación del art. 447.1 LEC supone que pueda haber conclusiones orales en todos los verbales, aunque no serán obligatorias.

08 enero 2016

La cuestión prejudicial adelanta al Legislador español: otra de Procuradores.


Que le hemos cogido gusto a la cuestión prejudicial en la Unión Europea es un hecho irrebatible o si acaso, una presunción “iures et de iure” que se acerca a un principio general del derecho a la velocidad de la luz; pero que tal quehacer reporte a la larga algún beneficio alejado de la inseguridad jurídica que provoca está por ver y, ello porque uno acaba teniendo la impresión que hemos encontrado un medio para salvar la impericia de nuestro legislador o, lo que quizá sea peor, para buscar fuera lo que no nos dan dentro y en esta afirmación, no hay doble intención aunque lo sospechen. 

Respecto a la impericia poco hay que decir, pues disfrutamos todos los días de la técnica con la que se redactan Leyes, Decretos, Ordenes y lo que tengan a bien inventarse en el futuro, pero lo de la prejudicialidad va por otro camino ya que corremos el riesgo de crear una quinta instancia ajena a nuestra organización judicial (para lectores ocasionales les aclararé que la tercera instancia es el Tribunal Constitucional y la cuarta los Registradores de la Propiedad). 

Aunque, desde luego,  no será el abajo firmante el que esté en contra de acudir cuando se pueda al Tribunal de la Unión y viene a cuenta el comentario por la petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia de Olot (España) el 15 de octubre de 2015 (Asunto C-538/15) (2015/C 429/16) publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2015:
Cita:

1) ¿Resulta compatible el artículo 101 del TFUE, en relación con el artículo 10 y el 4.3 del TUE, con la regulación que establece el arancel de los procuradores, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que solo se puede alterar en un 12 % al alza o a la baja cuando las autoridades del Estado, no sus jueces, pueden apartarse de esos mínimos ni en caso de concurrir circunstancias extraordinarias? 
2) A efectos de aplicación del mencionado baremo legal, y no aplicar los mínimos que establece: ¿pueden considerarse circunstancias extraordinarias que exista gran desproporción entre los trabajos efectivamente realizados y el importe de honorarios que resulte de la aplicación del baremo? 
3) ¿Es compatible el art. 56 del TFUE con el Real Decreto 1373/2006? 
4) ¿Cumple dicho Real Decreto los requisitos de necesidad y proporcionalidad del art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE? 
5) ¿Incluye el artículo 6 del Convenio Europeo de derechos Humanos el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los honorarios de procurador que resulten desproporcionadamente elevados y que no se correspondan con el trabajo efectivamente realizado?.

Advierto al lector que el Tribunal Supremo y el Constitucional ya se han pronunciado sobre el Arancel de Procuradores con criterios discrepantes; hubo una modificación de fin de semana en el Real Decreto Ley 5/2010 y dos cuestiones prejudiciales anteriores terminaron con el archivo del asunto, con lo que la que ahora se plantea por el Juzgado de Olot tiene una palmaria justificación.

06 enero 2016

Hispani Legibus Murphy in curia (i)


Ignoro si se estudian en las decenas de facultades de Derecho las Leyes de las XII Tablas (de hecho y perdonen el comentario, ignoro si ahora se estudia Derecho en alguna facultad destinada a su enseñanza), pero como las Leyes de Murphy son ahora más conocidas o, dejémoslo, en conocidas, creo oportuno referirme a estas últimas y con un aburrimiento que no oculto después de veintitantos años escuchando y leyendo sobre la reforma de la Justicia, dedicar en este foro un par (o tres) de publicaciones a este asunto. Eso sí, la seriedad será la justa, la sistemática inexistente, pues se mezclarán cosas y casos de distinta naturaleza y, por supuesto, cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. 




Hispani Legibus Murphy in curia: totum revolutum, prima pars. 

I. Ley del saltimbanqui perpetuo: la probabilidad de ocupar cargos en la burocracia judicial, en la administrativa-judicial o en la administración de la administración de justicia es inversamente proporcional a la eficacia en su desempeño.Segunda Ley del saltimbanqui perpetuo: si se respeta escrupulosamente la primera Ley, la posibilidad de un cese en cargos de la burocracia judicial, de la administrativa-judicial o de la administración de la administración de justicia es nula. 

II. Ley del expediente perdido: la posibilidad de encontrar un expediente en los archivos de un juzgado dependerá de la cercanía del depósito de piezas de convicción y de los productos químicos u orgánicos que albergue. Segunda Ley del expediente perdido: poco importará que el papel pueda destruirse si alguien guardó el expediente en un archivador diferente al que le correspondía. 

III. Ley de la cámara interrupta: la grabación de un juicio siempre se interrumpirá en las declaraciones testificales y en las periciales, nunca en la lectura del informe de valoración de prueba y conclusiones del Abogado. Segunda Ley de la cámara interrupta: en los juicios que duren más de seis horas siempre se apagará el micrófono del perito judicial y nunca el del Abogado que trae por escrito el informe de valoración de prueba y conclusiones. 

IV. Ley del archivo adjunto: todo archivo adjunto a una notificación por LEXNET que pueda perderse, se perderá. Segunda Ley del archivo adjunto: si el archivo no se pierde se notificara al Procurador de otro proceso. Tercera Ley del archivo adjunto: no se enviará por el Juzgado el archivo adjunto cuando LEXNET funcione. 

V. Ley de la justicia gratuita: el reconocimiento del beneficio a litigar gratuitamente solo implica el reconocimiento del beneficio a litigar gratuitamente. Segunda Ley de la justicia gratuita: el ciudadano que tiene designado un Abogado por el turno de justicia gratuita siempre tiene razón, aunque no tenga ningún medio de prueba que convenza al Juez. 

VI. Ley de la relación entre el peso y del tiempo: la duración de un juicio será inversamente proporcional al peso de la demanda, al de la contestación, al de la reconvención y al de su contestación. Segunda Ley de la relación entre el peso y el tiempo: la verdad material del litigio nada tiene que ver con el peso de la demanda, de la contestación, de la reconvención y de su contestación.

29 diciembre 2015

El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia


La revista Actualidad Civil ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el artículo “El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia”. 

El documento se contiene en el siguiente PDF


20 diciembre 2015

En Valencia el expediente judicial digital seguirá siendo manual y con grapas.


Este pasado viernes mientras quien redacta asistía a unas jornadas de formación del Colegio de Procuradores de Valencia, recibió un correo electrónico que se leyó a la numerosa concurrencia en el que se informaba que la Comunidad Valenciana quedaba al margen del presunto salto tecnológico de las Leyes 42/2015 y 18/2011 (esta última solo publicada, nada conocida y reiteradamente incumplida) y que, por lo tanto, seguiremos tirando de papel sellado en los Decanatos, grapa china de va y viene o fastener cortante, carpeta rotulada y papel reciclado. 

Otro de los ponentes, compañero destinado en otra Comunidad Autónoma, no daba crédito a la alegría de los asistentes – o, si lo prefieren, a su tranquilidad o a su sosiego- y eso pese a que el portátil que estaba utilizando se había colgado en varias ocasiones en un edifico (la famosísima Ciudad de la Justicia de Valencia) en el que a las siete de tarde de un viernes únicamente tendría funcionando en red los ordenadores del Juzgado de guardia. Y aun así eso se colgó y lo hizo en varias ocasiones. La sorpresa tenía su explicación: en otra Galaxia, perdón, en otras Comunidades Autónomas (la mayoría) Lexnet ya se usa como medio de presentación de escritos, Arconte (con lo que se graban los juicios) no se utiliza y Cicerone (con lo que se redacta) nadie sabe lo que es fuera de los límites de la Comunidad Valenciana; ni tampoco lo padece. 

Aclarada la sorpresa, explicaré lo del sosiego. Valencia puede tirar de sello de lacre y de ordenadores en modo de máquina de escribir hasta que se acabe el mundo (que camino llevamos), pero si el resto de la humanidad no lo hace alguien tendrá que decirlo, porque lo de ponerse estupendo con eso de la obligatoriedad es muy tentador y más cuando lo afirma una Ley. Así que a la declaración institucional de la Consejería de Justicia del día 16 de diciembre, siguió una comunicación posterior del Consejo del Poder Judicial de 18 de diciembre, en los mismos términos: nada entrará en vigor porque no hay nada con que hacerlo. 

Y quizá se pregunten por que no hay nada. No lo hagan y menos aún, no se quejen de la falta de medios. En España se ha tirado dinero por todas las Administraciones y no se ha tirado con pólvora de Rey, no, se han construido yates de recreo como motores atómicos y ahora cuando ni tan siquiera tenemos dos euros para un petardo es que cuando nos toca entrar en guerra o, mejor dicho, rendirnos. Pagamos ahora la idiotez de poner una unidad judicial al lado de cada supermercado, que han practicado todos los Gobiernos menos el actual por falta de metálico o, de construir enormes edificios de dudoso gusto y discutible eficacia, pero que exigían nulo esfuerzo intelectual, pues para lo primero bastaba echar mano al Boletín Oficial del Estado y para lo segundo sacar a concurso el proyecto y dejar el trabajo en manos de los arquitectos y todos los gremios que iban detrás. 

Pero claro, cualquiera hace nada, porque si realmente en algún momento se redactara un Plan de reforma de la Justicia Española no nos iba a gustar a ninguno (comenzando por la imposibilidad de colocar un Juzgado al lado de cada supermercado) y en el fondo, reconozcámoslo, nos encanta quejarnos.

17 diciembre 2015

Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil


La revista Practica de Tribunales ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el artículo “Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil”

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