01 septiembre 2014

El control de transparencia de la cláusula abusiva en el proceso de ejecución.


Para contestar la cuestión que se formula hemos de partir del hecho que según doctrina de la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) el Tribunal podrá valorar las cláusulas que se tachen de abusivas ya que el principio de efectividad del Derecho de la Unión exige al juez el deber de intervenir de oficio. Y, con cita de la STJUE de 4 de junio de 2009, añade que el papel que el Derecho comunitario atribuye al juez nacional en la materia de que se trata, no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. 

Dicho esto, es obligado aclarar tres particulares: a) deberá tratarse de una cláusula firmada por un consumidor, que tenga la naturaleza de una condición general; b) habrá de examinarse si la falta de claridad de una cláusula integra el concepto de abusividad o si, por el contrario, se trata de dos cosas distintas y, por último, c) si el control de transparencia obliga a acudir a un proceso declarativo sin que, en consecuencia, pueda ventilarse en el proceso de ejecución.  
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Respecto a la primera cuestión leemos en la SAP PONTEVEDRA, Sección 1ª del 14 de mayo de 2014 (Roj: SAP PO 448/2014) que una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes y podrá referirse al objeto principal o a los elementos esenciales del contrato, sin que pueda equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre una pluralidad de ofertas de contrato sometidas a condiciones generales de contratación y, tampoco equivale a negociación individual la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios, siendo preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato (SAP MADRID, Sección 28ª, de 23 de julio de 2013, Roj: SAP M 13086/2013). 

En cambio, cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales, teniendo aquellas su ámbito propio en la relación con los consumidores, en lo que habrá que estar a lo previsto en los arts. 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo y en el art. 82 apartados 1º y 3º TRLCU. La existencia de un «desequilibrio importante», según la STJUE de 16 de enero de 2014 (asunto C-226/12), no requiere necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato o, bien de un obstáculo al ejercicio de éstos o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. 

Y para apreciar la posible existencia de un desequilibrio importante, habrá de tenerse en cuenta la naturaleza del bien o del servicio que sea objeto del contrato, considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración y todas las demás cláusulas del mismo. 

Esto nos lleva nuevamente a la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) ya que es necesario aclarar: a) que la prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o, debe renunciar a hacerlo y b) que la carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario. 

Los antecedentes expuestos permiten concluir que el control de transparencia, esto es, el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato (nuevamente la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 Roj: STS 1916/2013) podrá realizarse en el proceso de ejecución y que además la obligación de transparencia no es un deber puramente formal de hacer cognoscibles las cláusulas para el adherente mediante una redacción clara y comprensible, sino que entre la transparencia y la cuestión de la abusividad existe de manera más o menos intensa algún nexo, de modo que la falta de transparencia en la redacción de una cláusula pueda ser que comporte una declaración de abusividad (SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 Roj: SAP H 2/2014

En palabras de la citada SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 (Roj: SAP H 2/2014), la Directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas 13/1993 prescribe un deber del predisponente de redactar las cláusulas que se presenten al adherente por escrito de manera «clara y comprensible», esta es la denominada regla de transparencia en los contratos. Con este mandato la transparencia pasa a asumir el papel de elemento constitutivo del supuesto de hecho de un deber positivo, siendo así que la inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, pueden tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del cliente, consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado.

28 agosto 2014

Oferta irresistible: la Reforma de la Justicia en un Ebook de 2€.


Si se pregunta por qué tenemos en el Siglo XXI los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, aunque llenos de ordenadores, de operadores jurídicos y de servicios comunes, se lo explico en este ensayo de 177 páginas de fácil lectura y mejor comprensión y también, que deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado la cuadratura del círculo o, más bien un permanente regreso al futuro de seis siglos. También les digo que no explico el futuro porque los nietos de nuestros nietos seguirán escuchando el rollete de la reforma de la justicia, de su politización y del expediente digital. 

Así que visto que pese a mis esfuerzos (bueno en singular), no se ha vendido un solo ejemplar desde hace un buen tiempo y aprovechando el final de las vacaciones oficiales en la Justicia (ya saben, julio y agosto), les hago una oferta irresistible y por 2€ podrán descargarse el ebook REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). 

Les aconsejo la lectura de INTRODUCCIÓN que puede descargarse en la página web, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Para más información pinchen en la imagen del libro o AQUI

25 agosto 2014

La preferencia crediticia por gastos de propiedad horizontal.


Dice el art. 9.1 e) LPH que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del art. 1.923 CC y preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Sobre esta preferencia la SAP Baleares de 4 mayo 2000, Sección 4 ª, de 4 de mayo de 2000, precisa que al pago de estos gastos estará afecto el piso o local cualquiera que fuera su propietario actual y el título de su adquisición, siendo este crédito a favor de la comunidad de propietarios preferente a cualquier otro, lo que se entiende sin perjuicio de las responsabilidades personales procedentes; afección real que tiene carácter preferente y sobre la que no pueden prevalecer ni los derechos reales —ni siquiera importa que la propiedad del piso o local no sea ya del deudor— ni ningún otro derecho de crédito. 

Por tanto, una vez producido el impago e instándose judicialmente la satisfacción de las cantidades debidas, todas las que estén comprendidas en el límite temporal establecido a contar desde el momento de la demanda, estarán amparadas por dicha afección y por lo mismo, cualquier hipoteca o embargo sobre el piso o local tendrá eficacia una vez satisfechas las deudas con la comunidad, que tienen derecho preferente sobre los mismos. 

Dicho esto, la cuestión de la preferencia del crédito de la comunidad de propietarios ha planteado un vivo debate doctrinal acerca de su naturaleza jurídica y, concretamente si tiene efectos reales o se trata de una preferencia de alcance personal, aunque sea un crédito singularmente privilegiado. A veces se ha señalado que se trata de una hipoteca legal tácita respecto al periodo temporal que cubre, tomando como cómputo hacia atrás el de la demanda. No obstante, la configuración de la preferencia como hipoteca legal tácita requeriría un precepto legal que lo estableciera así, o bien una resolución judicial en la que siendo partes todos los interesados en esa configuración, estableciera expresamente esa configuración o el carácter real de la preferencia. 

Aclara la Resolución DGR y N de 22 de enero de 2013 (BOE 20 de febrero de 2013) que cuando la preferencia tiene un carácter real por tratarse de un derecho de tal trascendencia, entonces sí que podría dar lugar a una anteposición en el rango registral con la consiguiente postergación de derechos reales anteriores y la cancelación automática de los mismos, como consecuencia de esa modificación de rango cuando se consume la ejecución y adjudicación. En cambio, si no se añade a la declaración de preferencia el aditamento de derecho real, que no resulta del art. 9.1.e), dicha preferencia no puede dar lugar a modificaciones del rango registral, ni a cancelaciones automáticas de los derechos reales que se pretenden postergar. El efecto natural de una declaración de preferencia del crédito en los términos del artículo 9.1.e) sin más aditamentos y sin el consentimiento de titulares registrales de créditos anteriores o de su intervención como parte en el juicio, sólo permitiría alegar dicha preferencia a su titular a través de una tercería de mejor derecho con motivo de la ejecución del derecho de cualquier titular del asiento anterior, pero no para adelantarse en el rango, sino para obtener el cobro con preferencia a él en la ejecución. 

Este derecho preferente se hará valer mediante una tercería de mejor derecho, pues las normas legales sobre clasificación y graduación de los créditos y la del art. 9.1e) LPH, parten del presupuesto de un procedimiento de concurso de acreedores o de ejecución colectiva de créditos que ostentan distintos acreedores frente a un mismo deudor y conforme a una doctrina jurisprudencial reiterada, los juicios de tercería de mejor derecho vienen a ser un concurso de acreedores en un proceso singular (SAP VALENCIA, Sección 6ª, 23 de julio de 2013, ROJ: SAP V 3757/2013

Por último, declarado el concurso las comunidades de propietarios pierden su preferencia crediticia y suscita dudas la posibilidad del reconocimiento de la existencia de un crédito contra la masa o, bien su inclusión dentro de los créditos con privilegio especial establecidos en el art. 90.1.1º LC al poder considerarse una hipoteca legal tácita. 

Leemos en la SAP PONTEVEDRA, Sección 1ª, 19 de febrero de 2014 (ROJ: SAP PO 281/2014) que lo que hace el art. 9.1.e) LPH es atribuir una determinada preferencia a los créditos derivados del impago de las cuotas adeudadas a la Comunidad de Propietarios de forma que, con relación al inmueble de que se trate van inmediatamente detrás de los créditos a favor del Estado y los créditos de los aseguradores. Ahora bien, el art. 1.921 CC precisa que "en caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal". 

Toda vez que la preferencia contemplada en el art. 9.1.e) LPH en relación con el art. 1.923 CC no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en los arts. 90 y 91 LC, debe concluirse que no resulta de aplicación en los supuestos de concurso y así cuando el inmueble pertenezca a una persona física o jurídica en situación de concurso la Comunidad concurrirá con el resto de acreedores sin privilegio alguno. 

Ello no implica que el art. 9.1.e) LPH quede vacío de contenido sino que su aplicación se restringe a los casos de ejecuciones singulares y será en esa ejecución singular en la que la preferencia del art. 9.1.e) LPH estará llamada a desplegar todos sus efectos. Esta es la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTS de 21 de febrero de 1975 y 25 de enero de 1958, dictadas en juicios de tercería de mejor derecho y que vienen a distinguir entre la ejecución colectiva de créditos que ostentan distintos acreedores contra un mismo deudor y la existencia de dos ejecuciones simultáneas o singulares contra un mismo deudor y unos mismos bienes. Y en el mismo sentido, la Resolución de la DGRN de 15 de diciembre de 1994 declaró: "(...) la preferencia crediticia sólo juega en los casos de concurrencia de créditos (esto es, en las hipótesis de ejecución colectiva o en las ejecuciones individuales cuando se ha interpuesto una tercería de mejor derecho) y su única eficacia se agota en la determinación del orden de pago de los créditos concurrentes, de modo que iniciada para un acreedor una ejecución individual contra su deudor y embargado alguno de sus bienes, cualquier otro acreedor del ejecutado que se considere de mejor condición que el actor y pretenda cobrarse antes que él con cargo al bien trabado, deberá acudir a esa ejecución ya iniciada, interponiendo la oportuna tercería de mejor derecho... ".

18 agosto 2014

Las tribus no pueden con el Ministro de Justicia.


¿Conoce alguien la historia de Salam Fayyad? No, verdad, pero a que se creen en la obligación de calificar de masacre lo que ocurre con el pueblo palestino bajo la única condición que en el otro lado se encuentre Israel y ¿cambiarían de opinión si les dijera de Salam Fayyad fue el primer Ministro de la Autoridad Palestina que tuvo claro que primero se organiza la administración, luego se controla el monopolio de la violencia y, por último, se declara la existencia del Estado? Y ¿a que no saben la cabeza que pidió Hamas a Fatah en el año 2013? No se intranquilicen que no sigo para que así continúen durmiendo tan tranquilos con sus perjuicios y sus culpables, porque los primeros solo se salvan con el estudio y los segundos con el análisis de las pruebas y cuando no hay nada de aquello, ni de esto, siempre nos quedan los telediarios y los opinadores de la cosa, cualquiera que esta sea. 

Y por las mismas razones las rebeliones de las tribus dedicadas a la Justicia no tienen efecto alguno y ello suponiendo que se hayan producido, porque llenar las redes sociales de insultos, pancartas y logotipos contra el Ministro de Justicia le ahorraran a más de uno la visita del miércoles al psicólogo, pero se me escapan otras consecuencias mediatas de tan curioso comportamiento. No, aquí la única rebelión se produjo en Zaragoza en el 2013, cuándo los Registradores de la Propiedad rechazaron el pacto de la Directiva con el Ministro de Justicia para la transferencia del Registro Civil, que luego se ha terminado produciendo. 

Pero el resto va cada uno por su lado y pidiendo por lo suyo sin importar, faltaría más, quien se hunde con el barco y en esas es muy sencillo llevarse por delante cualquier rebelión en forma de proyecto de Ley, Ley Orgánica o Decreto Ley. Ignoraba la existencia de un cuerpo de Jueces sustitutos y menos aún que el colapso de la Justicia se deba a la supresión de la sustitución por un licenciado en derecho y que se obligue a que conozca del asunto un Juez profesional (no parece haber dudas de estas sustituciones cuando se habla de cirugías, ingenierías o arquitecturas). 

Desconozco qué relación tienen las tasas con el derecho del ciudadano a la justicia y dicha ignorancia se acrecienta cuando no escucho, ni leo que no puede llegar cualquier cosa a la mesa de un Juzgado. Recordaré que no pocos documentos del Consejo General del Poder Judicial y numerosos acuerdos de Juntas de Jueces concluyeron en la necesidad de cobrar tasas por acceder a la Justicia, incluyendo la penal. Así que aquí solo los Colegios de Abogados insisten en la supresión del pago, aunque sin alternativa, cuando en realidad el problema está en la proporcionalidad de la tasa y en qué litigios debe resolver un Juez. El ciudadano nos sirve para completar el manifiesto. 

La tercera tribu que guerrea son los Procuradores y estos, por cuestión de supervivencia, no tendrán problemas en pisar a los Secretarios Judiciales y a los funcionarios de los Servicios Comunes en el intento de llegar a los últimos botes de salvamento. De hecho, ni unos, ni otros son enemigo de enjundia y más si pensamos que los mostradores están llenos de habilitados de quita y pon: si han podido colocar esa figura que no exige ningún requisito (creo y si me equivoco, ruego me corrijan), podrán quedarse con la ejecución y los servicios comunes. 

Los sindicatos solo guerrean y mejor cuando había paz y había liberados sindicales de todos los gustos, olores y sabores. Ni que decir tiene que el cariño que sienten por el Cuerpo de Secretarios Judiciales es recíproco; les diré que echaron a antiguos afiliados del Cuerpo de Gestión cuando pasaron al Cuerpo de Secretarios y estos tuvieron que crear el SiSej, supongo que para sentirse como en casa. Con los Jueces no se atreven y dicho esto el problema de guerrear cuando no hay guerra es que cuando la hay, la gente está muy cansada de ver que nunca se premia el esfuerzo y el trabajo bien hecho (el caladero de los sindicatos no está en esa bolsa de estos funcionarios) y que pocas diferencias hay entre la patronal y los representantes de los trabajadores

Los Secretarios Judiciales ya estamos partidos en dos: los Jefes y los demás y los demás para ser Jefes ya saben lo que tienen que hacer, no moverse demasiado (o mejor, nada) con lo que aquí el ciudadano también nos completa el manifiesto. ¿Y los jueces? Lo mismo que los Secretarios Judiciales solo que no está partida la carrera en dos, sino en tantos puestos como órganos colegiados haya. De hecho estos dos últimos grupos no son tribu, ni guerrean, ni creo que haya ganas de hacerlo: otra cosa es que los portavoces de algunas asociaciones salgan de cuando en cuando defendiendo esto (la justicia) o aquello (el ciudadano que completa el manifiesto), pero de ahí a que detrás esté el colectivo no va un trecho, va una autopista de cuatro carriles en cada sentido. 

Por último, los Fiscales juegan en otra liga, como los Abogados del Estado y con ellos no suele ir la película o al menos, no hacen siempre el papel de víctima. 

Ni que decir tiene que este análisis encubre toda clase de injusticias, pero una visión de conjunto requiere que nos alejemos del caso particular y del “qué hay de lo mío” para centrarnos en el proyecto de justicia que necesitamos como nación y mientras no lo tengamos, cualquier Ministerio de Justicia tendrá sencillo acabar con las tribús sin comenzar ninguna guerra.

11 agosto 2014

Lecturas de verano: Reforme usted la justicia (que a mí me da la risa).


Largos años de meditación me llevaron a recopilar en un ensayo la historia de nuestra Justicia desde los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI a los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, que seguimos teniendo en el Siglo XXI, aunque llenos de ordenadores, de operadores jurídicos, de servicios comunes y de otras cosas extrañísimas y el caso es que deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado la cuadratura del círculo o, más bien un permanente regreso al futuro de seis siglos. También les digo que no explico el futuro porque me apuesto unas cervezas con ustedes a que los nietos de nuestros nietos seguirán escuchando el rollete de la reforma de la justicia, de su politización y del expediente digital. 

Y con ese propósito publiqué en la editorial BUBOK un ensayo que se titula REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). No negaré que se trata de un libro técnico, pero de los de andar por casa ya que parte del material se ha publicado en este BLOG; he procurado que pueda leerse sin tener que echar mano de un diccionario Español-Justicia; Justicia-Español y por la misma razón puede empezarse por cualquier capítulo y terminarse por el principio. 

Sí que es aconsejable leer la INTRODUCCIÓN que es chulísima y que puede descargarse en la página web de la editorial, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es también para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Ni que decir tiene que pido disculpas a todos los colectivos afectados o, a quien pueda sentirse aludido, ofendido o molesto por algunos comentarios que se hacen en el texto y aquí incluyo también a los conductores de autobús que llevan la camisa por fuera, a quién denunció al Rey Baltasar y al cuñado que por turno corresponda, nada más lejos de mi intención que causar agravio o perjuicio y por supuesto, cualquier parecido de algún personaje con la realidad será siempre pura coincidencia. 

Hay también versión impresa que puede regalarse en Reyes y aniversarios varios, aunque si les ha gustado puede quedar estupendo en la librería de casa para echarle un vistazo de vez en cuando. 

Tienen más información pinchando en la imagen de la portada.

Espero que lo disfruten.

31 julio 2014

El día del orgullo del Secretario Judicial (i).


Aprovechando que hoy aparece en el BOE el listado de los compañeros que han aprobado la oposición por el turno libre y que por la fecha y el funcionamiento de las enfriadoras en el Juzgado, me encuentro especialmente lírico, pues es el primer mes de julio en diez años que no nos asamos en el Juzgado, andaba dándole vueltas al asunto sobre la necesidad que el Superior Cuerpo tiene de una bandera, uno o varios autobuses con música, que puede ser clásica; un desfile de sábado con toga o sin ella y, por supuesto algo de alcohol. 

Y esta propuesta que sabido es, de novedosa tiene poco, no solo creo que es la mejor de este año para el Superior Cuerpo de Secretarios Judiciales, sino que nos sacaría de la cueva – lo del armario se quedó estrecho, escaso y pequeño- en la que nos han metido y en la que, por cierto, estamos muy a gusto cantando flamenco o lo que se tercie y, nos permitiría además entablar buenas e íntimas relaciones con otras compañeras; no hará falta que explique que las chicas son mayoría desde hace veinte años en las oposiciones y que eso a mí, por diferentes razones que no detallaré, me encanta (imagínense todo lo que quieran, que acertaran). 

Lo de la bandera necesitaría un concurso a dedo y con mucha opacidad para darle morbillo al asunto, porque lo nuestro, en principio, no es el arte y tampoco se trata de gastarse una pasta en un diseño cuando puede dedicarse al alquiler de los autobuses. Sí claro, siempre habrá alguno que entienda que esto no tiene nada de jurídico y de profesional y bien, no lo negaré como tampoco lo haré respecto a idéntica calificación de los proyectos de ley que se modifican tomando café dos minutos antes de la última votación; las leyes que nadie sabe quien las redacta o, verbigracia, que el Superior Cuerpo trabaje gratis para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sin aparecer en la relación de sus puestos de trabajo. 

Respecto a los autobuses habrá de aclararse con rotundidad que el desfile no es un congreso con ponencias y esas cosas que se hacen desde que el hombre es hombre y el Secretario Judicial el pilar de la reforma (pero sin escayola, para no confundir con la de los cuartos de baños) sino algo mucho más serio, porque tendremos encima un radar de esos que nos guarda la seguridad vial desde un helicóptero, con multas y tajo carnicero de puntos. Así que habrá que regular el comportamiento en las plataformas y sobre todo el equilibrio, no tengamos una desgracia en el primer desfile. 

El problema es el de las togas porque desde que nos sacaron de Sala a cambio de la nada, no tengo claro si podríamos llevar parches de publicidad; si quieren que les diga la verdad preferiría la institucional o sea, la del Corte Inglés, Zara y Coca Cola y cuando sobrara algún hueco, tirar de algún grupo de comunicación. Podremos meditarlo en plan asamblea: todos hablando a la vez y a gritos, que es la manera española de hacer las cosas. 

Dejo aquí este esbozo del proyecto que ya iré perfilando, porque me falta analizar la música, las pegatinas y los eslóganes no sin antes recordarles que el respeto se gana, no viene por herencia y que cuando aquel se pierde, no se recupera fácilmente y, menos cuando la política gana a la profesión. Desde luego están en su perfecto derecho de creerse lo que quieran y hasta que los niños vienen de París.

28 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas: los honorarios de los abogados (ii)


Antes de cualquier otra consideración dejaremos sentado que las normas orientadoras de los Colegios de Abogados, que podrían tenerse en cuenta por su adecuación y tecnicismo (ATS. S1ª de 12 y 20 de junio y 27 de septiembre de 2002) no vinculan a los órganos judiciales (por todas STS, 329/2004, Sala 1ª, de 30 de abril, ROJ STS 2885/2004), por lo que no hay que entrar nunca en el análisis de si esta o aquella norma orientativa del baremo se aplicó o, como se interpreta en la minuta de honorarios. Eso no es cuestión de la tasación de costas, ni de la impugnación ya que no es dable revisar las normas de honorarios cuando no vinculan a los órganos judiciales. 

Por lo demás, la doctrina jurisprudencial sobre el tecnicismo de las normas orientativas se encuentra muy superada por otra de los tres últimos años que centra el debate en los criterios de moderación de los honorarios de los letrados en tanto las normas de los Colegios solo atienden a la cuantía del asunto lo que provoca resultados injustos y desproporcionados en no pocas ocasiones. 

Y la doctrina del Tribunal Supremo es ya reiterada en el particular que nos ocupa. Dice así el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014)


Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente..

Doctrina que también se defiende en los siguientes términos en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1525/2014)


Estos criterios, por otra parte, son los que se vienen sosteniendo por esta la Sala en las resoluciones que se pronuncian sobre las costas procesales. En este sentido y como recoge el decreto, no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de este se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado que minuta. Y es que, aun cuando la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado que ha minutado no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales..

Así como en los ATSS, Sección 1 del 18 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras numerosas resoluciones. 

Como vemos no se trata de simple cuestión de cuantías, sino de valoración del trabajo del letrado en relación a las circunstancias concurrentes en el pleito, su grado de complejidad, la fase del proceso en la que nos encontremos y todo ello, a los solos efectos de la condena en costas, porque siempre deberá recordarse que la complejidad no se valora según el número de escritos que se presenten y que las costas no son el precio del arrendamiento de servicios entre el letrado y el cliente.

24 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo (i)


La práctica de la tasación se inicia cuando el Procurador presenta un escrito al que acompaña la minuta del letrado, su cuenta de derechos y las facturas que haya podido abonar. Este es el supuesto más frecuente – casi único, el que nos remite a los artículos 242.4 y 243.2 LEC y el que nos obliga a analizar qué es lo que el Secretario Judicial puede hacer en la tasación de costas ya que no faltan opiniones en el sentido que los límites legales son estrictos y no sujetos a otra interpretación que la consolidada por la Jurisprudencia. 

Pues bien, sobre las facultades del Secretario Judicial en la práctica de la tasación dice la SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011):
Cita:

“parece evidente –- que la función que la ley atribuye a los Secretarios Judiciales no sólo tiene aspectos contables, y que sobre las costas que comprende la condena habrán de decidir, como técnicos en derecho que son, de acuerdo con la legislación procesal en la materia, excluyendo p. e. las minutas no detalladas (STS 4 de abril de 1988), las cantidades correspondientes a actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (SSAP Málaga 26 de octubre de 1999, ó Valencia 4 de febrero de 2000), e incluso aplicando los límites que establecía el artículo 523 LEC (SSAP Baleares 25 de marzo de 1999), y también, por qué no, excluyendo los derechos del procurador o los honorarios del letrado cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 11 LE (SAP Murcia 30 de abril de 1998)”

Es una doctrina consolidada y que no tiene posturas contrarias o, al menos, no las he encontrado. Así tenemos, por citar algún otro pronunciamiento, la SAP MADRID, 290/2007, Sección 12ª, 3 de mayo de 2007, (ROJ SAP M 12336/2007):
Cita:

“la obligación legal impuesta al Secretario, de tasar las costas, no se limita a cuantificar las minutas presentadas por la parte favorecida sin más, sino que incluye un estudio de la legalidad de las partidas filtradas, y obligatoriamente, si vienen autorizadas por la ley”

y la SAP BARCELONA, 805/2004, Sección 13ª, 24 de noviembre de 2004, (ROJ SAP B 14238/2004). 

Y no queda ahí la cosa. La función del Secretario judicial en la tasación de costas no es de mera cuantificación sino que, antes al contrario, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación (inverosímil en los casos de rebeldía), debe estudiar la legalidad de las partidas minutadas y decidir sobre la inclusión o exclusión de las mismas, pues al secretario corresponde una primera cognición sobre las partidas que deben integrar la tasación (SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011, ROJ SAP M 7125/2011). 

Pero, ¿cuáles son esos límites que antes indiqué?. Para contestar a este nuevo interrogante hay que separar como si fueran compartimentos estancos, los honorarios de los letrados, los derechos de los procuradores y la propia tasación de costas porque hablamos de cosas distintas, si quiera sea a efectos teóricos y para una mejor comprensión de la exposición. 

Respecto a la última (la tasación de costas), vuelvo a la ya citada SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011) que advierte: 

 -La ley confiere al Secretario Judicial la función de tasar las costas y precisa qué costas son los honorarios de la defensa y la representación técnica "cuando sean preceptivos" (artículo 241.1 LEC). De ahí que sí el Secretario Judicial no los reputa preceptivos, no debe incluirlos en la tasación.

-Las facultades del Secretario judicial en orden a la exclusión de determinadas partidas al hacer la tasación, sin esperar a la impugnación de la condena, resulta hoy indiscutible pues: (a) No sólo se dice, como antes, que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles superfluos etc. o costas de los incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida, sino que además se faculta expresamente al secretario para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito(art. 243.2 LEC) y (b) Se prevé ahora ya expresamente la impugnación de la tasación por haberse excluido de ella determinados gastos o no haberse incluido la totalidad de los honorarios devengados(artículo 245.3 LEC), lo que carecería de explicación si el secretario hubiera de limitarse a practicar la tasación conforme a lo pretendido por quien la insta. 

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador.
Cita:

“La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010).

Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos,
Cita:

“cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011).

En segundo lugar, en la aplicación del Arancel el Secretario Judicial estará obligado a incluir la partida que corresponda aunque no se reclame por la parte. No juega aquí el principio dispositivo. De ahí que, el Secretario Judicial, si pueda y deba realizar
Cita:

“la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. Es pues correcto el hecho de que si el Sr. Secretario no estimó correcta la aplicación de los artículos arancelarios hecha por la parte beneficiaria de la condena en costas, haga la regulación que estime pertinente”

(SAP ASTURIAS, Sección 1ª, 10 de diciembre de 2009, ROJ: SAP O 3101/2009). En el mismo sentido la SAP CORDOBA, 272/2006, Sección 1ª, de 22 de junio de 2006 (ROJ: SAP CO 864/2006):
Cita:

“En definitiva, tratándose de derechos arancelarios, en modo alguno se infringe el principio de justicia rogada si el Sr. Secretario incluye una partida, correspondiente al arancel, que previamente no fue incluida en la minuta que al efecto presentó el Procurador junto a la solicitud de tasación de costas, máxime si esa partida tiene su fundamento precisamente en la citada solicitud de tasación de costas”

Y en tercer y último lugar, se practicará la tasación con arreglo al importe que fije el Arancel, sin que tampoco en este caso juegue el principio dispositivo. Otra cosa muy distinta es que la parte reclame una cantidad menor (y lo explique), porque la experiencia práctica demuestra que en esta fase del proceso solo hay errores de cálculo, que poco tienen que ver con el principio dispositivo.

22 julio 2014

TJ al tejado (o al mostrador).


Cuando llevas unos años en el Servicio público de la Justicia concluyes que hay Servicio, pero no al público y mucho menos de la Justicia y cuando esos años pasan a ser décadas ya solo quieres saber cómo es posible que un señor vestido con una túnica negra es capaz de hablar media hora (o más) sobre un juicio que ha durado diez minutos. Ya solo quieres saber eso y claro, porqué TJ era el único que tenía que subir al tejado. 

Si estimados lectores después de un par de mañanas de atención al mostrador, que no al público, ni a la Justicia, ni a nada que se le parezca y cuando por no sé cuantas veces ha tenido que indicarse a uno de los habilitados de no sé quién, que si estaba notificado estaba tramitado y que sí, pues no y, que cuando dejáramos de estar en Cuadro de Tercio Viejo de Flandes, reiteraríamos bajo la pertinente sanción lo que tocara, solo hemos podido recordar los nombres de TJ y del Teniente Harrelson. Eso y que alguien nos hace vudú o, que por la edad ya tenemos que comenzar a pedir hora para en el taller de chapa y pintura. 

Los lectores jóvenes, que supongo habrá, quizá sepan de TJ por las reposiciones de Antena 3, pero por si no han tenido el gusto o prefirieron el Equipo A, les diré que quién se jugaba el tipo los lunes por la noche en la televisión de los dos canales eran el Sargento Kay y el Oficial Street; TJ solo trepaba, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos con un par de tiros de un fusil de caza. De eso no te dabas cuenta cuando tú madre te mandaba a la cama y te intentabas quedar escondido detrás de la puerta del salón para ver, por lo menos, la mitad del capítulo, pero luego ¡hay amigo! cuando aparecieron los clásicos, ahora reunidos por D. Sylvester Stallone en tres equipos comprobaste lo que era un tirador y un tejado. 

Y un mostrador de un Juzgado; o, mejor dicho, el mostrador de mi Juzgado, porque yo ni salvo el mundo, ni tengo vocación de hacerlo, ni escribo por los demás Juzgados, ni me empancarto en solidaridad de sudores con el ciudadano del portal de enfrente pidiendo no sé qué cosas. Afirmaciones que vienen a cuento porque bien poco vemos al ciudadano al que según algunos servimos y sin embargo, perdemos horas atendiendo al teléfono a profesionales de la cosa preguntando por lo suyo o por lo que está escrito; expidiendo el tercer duplicado del mismo papel que, por lo visto, tiene tendencia a escaparse de las manos del profesional al que se lo entregamos las dos veces anteriores o, como esta mañana, repitiendo en varias ocasiones que si estaba notificado estaba tramitado y que si no se había notificado, no se había tramitado y que, por favor, dejaran hueco en el mostrador porque en tres ejecuciones hipotecarias se había pedido las suspensiones de los lanzamientos señalados hacía ni se sabía. 

Así que después de unas vueltas ignoramos porque solo trepaba TJ, se ponía la gorra al revés y como era película le cascaba siempre a los malos, aunque hemos dejado para mejor ocasión el debate sobre sí sería buena idea que se ocupara un par de días, con una Nerf de los asuntos del mostrador.

18 julio 2014

¿Ha abierto la puerta el TJUE a un recurso de apelación sin límite en la ejecución hipotecaria? (STJUE 17-7-2014)


La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 17 de julio de 2014 resuelve las siguientes cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Provincial de Castellón: 

1) ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/[…], que impone a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la [LEC], al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición? 

2) En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13[…], ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la [Carta] una disposición del derecho nacional como el artículo 695.4 de la [LEC] que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su oposición?»

El fallo es el siguiente:


El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.