25 febrero 2015

¿A qué achaca usted la lentitud de la Justicia?


En abogacía.es hay una encuesta colgada desde hace tiempo que hace la siguiente pregunta a los visitantes: ¿a qué achaca usted la lentitud y retraso de los procesos judiciales? Las dos respuestas que más votos tienen son las siguientes: con el 49%, la falta de medios materiales y de personal y con el 28% el incumplimiento de horarios y falta de productividad. Quien redacta añadiría otras dos, pero como bien saben estoy en el otro lado del mostrador y cada uno puede preguntar en su página web lo que tenga a bien. 

Vayamos con los medios materiales y en las posturas que todos tenemos a favor de la reforma de la justicia en el partido judicial del vecino, porque en el nuestro, faltaría, tirando de fax, de mostrador y de teléfono vamos tirando y que inventen los alemanes. La STSJ MURCIA, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de diciembre de 2014 (Roj: STSJ MU 2812/2014) inadmite el recurso interpuesto contra el Acuerdo de 29 de julio de 2014 del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que sin entrar a examinar las alegaciones formuladas por el Colegio de Procuradores de Murcia, sobre el proceso de implantación del sistema de comunicaciones LEXNET, respecto de las que acuerda dar traslado a la Secretaria General de Justicia y al Consejo General de Procuradores de España, informando a la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia (a los solos efectos de dación de cuenta), por considerarse incompetente para resolverlas, acuerda denegar la suspensión de la entrada en vigor de la Instrucción 2/2014 de la propia Secretaria de Gobierno por considerar que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la legislación aplicable sobre la materia para la suspensión de un acto administrativo, en este caso una Instrucción dirigida a los Secretarios Judiciales, teniendo en cuenta que conforme ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo en relación con el art. 111.2 de la Ley 30/1992 , será a cargo de quién haga valer ese derecho (suspensión) el demostrar tanto el daño o perjuicio que se ocasionaría, como su irreversibilidad. 

Los Procuradores interpusieron el contencioso sosteniendo: 

1. La aplicación de los medios telemáticos es voluntaria de acuerdo con la legislación vigente. Así tanto el art. 230 LOPJ como la LEC establecen su aplicación como una mera posibilidad, sin establecer como obligatorio su uso. La Ley por tanto da cobertura a la exigencia del uso obligatorio de tales medios por el personal funcionario, sin establecer una obligación paralela por parte de los Procuradores, al prever en la Ley 18/2011, de 5 de julio, la eventual celebración de un convenio marco entre el Gobierno y el Consejo General de Procuradores de España, en relación al servicio de notificaciones y traslado de copias. Nada dice sin embargo respecto a la presentación de demandas, escritos de interposición u otros documentos, como se hace en relación con el personal funcionario. La Ley parece limitar la potestad de los Secretarios de Gobierno en este ámbito al establecimiento de protocolos de actuación que en cualquier caso solamente puede vincular a Secretarios judiciales y demás personal subordinado jerárquicamente. 

2. La Instrucción 2/2014, de 5 de junio es ilegal. Entiende que ni la Secretaría General de la Administración de Justicia, ni el Secretario de Gobierno, tienen competencia para dictar Instrucciones en esta materia, ya que se trata de una disposición de carácter general nula por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente de acuerdo con el art. 62 de la Ley 30/1992, en relación con el 457 LOPJ y 11 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre que aprueba el Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales.

3. Se ha originado indefensión al colectivo de Procuradores por la Instrucción 2/2014, de 5 de junio, al no informar de los recursos que cabe interponer contra ella y después señalar un recurso que parece no es el procedente.

4. Por último, señala que se ha vulnerado el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas al acceso a la tutela judicial efectiva. La Instrucción recurrida es arbitraria e impone unas medidas desproporcionadas e irrazonables. Emplea una técnica coactiva para imponer una actuación a los Procuradores que va más allá de la colaboración exigida por las leyes. No se tiene en cuenta la falta de conocimientos informáticos de los Procuradores mayores ni la discapacidad que pueda tener alguno de ellos. Tampoco tiene en cuenta la falta de medios técnicos ni las dificultades económicas que puedan tener para adquirirlos, lo cual puede impedir o dificultar el ejercicio de la profesión, además de provocar la expiración del derecho de los ciudadanos que demandan justicia, solo en una parte del territorio nacional. No respeta dichos principios porque emplea un cauce sobre el que no ha habido tiempo de adaptarse, discriminando a los Procuradores que no cuenten con medios técnicos o la pericia necesaria para utilizarlos. Además se impone de modo desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Así puede coexistir o no la vía tradicional y la telemática según la Comunidad autónoma de la que se trate. Solo admitiendo la compatibilidad y complementariedad de ambos sistemas en todo el territorio nacional hasta tanto existan medios suficientes para usar solo el telemático y siempre que la obligación se derive de una norma jurídica que respete el procedimiento legal, se respeta el principio de igualdad de oportunidades. Si la instrucción produce efectos solo para determinados procuradores, entre los que se incluyen los de esta Región pero no a los de otras Comunidades, como por ejemplo Madrid, es evidente que está produciendo una discriminación entre ellos. Los procuradores con despacho en territorio no Ministerio podrá presentar telemáticamente demandadas ante tribunales de Murcia sin moverse de Madrid, mientras que los Procuradores de Murcia, no podrán hacer lo mismo en los Tribunales de dicha Madrid. Este sistema podría tender sentido cuando el ejercicio de la profesión tenía un marcado carácter territorial, no lo tiene a partir de la entrada en vigor del art. 5. Cinco. Apartado 3 de la Ley 25/2009, de 22 de julio, que les permite el libre ejercicio de la profesión en Europa. Se trata por tanto de la imposición de trabas injustificadas para el ejercicio de la profesión que choca de plano con la colegiación única el libre ejercicio en todo el territorio nacional que postula el derecho comunitario. 

Pues bien, dejando al margen la cuestión sobre la inadecuación del procedimiento, la Sala entendió que el acuerdo impugnado no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados. 

Respecto a la violación del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 14 CE), que los recurrentes no mencionaron ningún término válido de comparación, para acreditar que el acto impugnado hubiera originado una discriminación de los Procuradores colegiados en el Colegio de Murcía respecto de otros Procuradores colegiados en otros Colegios de España que se encuentren en territorio en el que el Ministerio de Justicia no tenga competencia (particularmente el de Madrid), ya que es evidente que unos y otros Procuradores no se hallan en idéntica situación como exige la jurisprudencia para poder entender vulnerado el principio de igualdad en la medida de que pueden estar sujetos a distintas normas. En cualquier caso se trataría de una discriminación inversa, ya que el hecho de que la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia favorezca a los Procuradores del Colegio de Madrid, no significa que perjudique a los del Colegio de Murcia. La discriminación por tanto no la originaría la Instrucción aquí impugnada, sino la de Madrid que no permita a los Procuradores de Murcia presentar sus escritos en esa Comunidad vía telemática (esto es desde sus despachos de Murcia). 

Pero es que además la discriminación que se alegó difícilmente podría producirse, ya que como informó el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia en la nueva funcionalidad (presentación telemática), estaba garantizada la reciprocidad entre los distintos Colegios de Procuradores de España, de manera que solo podrían presentar escritos vía electrónica con destino a órganos judiciales de Murcia los Procuradores cuyos Colegios estén dados de alta en el sistema. Por el contrario la antigua funcionalidad del sistema que existe desde el 2009 (notificación desde los tribunales a los Procuradores) no precisa de esa reciprocidad. Por tanto cabe decir que los que podrían alegar la eventual discriminación en lo relativo a la presentación de escritos, no son precisamente los Procuradores de esta Región, sino más bien los de Madrid, donde existen órganos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en los Procuradores de Murcia podrán presentar escritos vía telemática sin desplazarse de Murcia. 

Además la discriminación que alegan los recurrentes no se deriva de la aplicación de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino en todo caso de la aplicación de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la primera se limita a desarrollarla estableciendo un plazo para su aplicación pero siempre dentro del límite de tres meses establecido por la última, la cual, por otro lado, se ha dictado en aplicación de la Ley 18/2011 antes citada (que establecía un plazo máximo de 5 años para la implantación del sistema). 

Por tanto la obligatoriedad para los Procuradores de la implantación del sistema a partir de determinada fecha no se deriva de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, dictada en desarrollo de la Ley 18/2011, que no es objeto del presente recurso. 

Tampoco podía entenderse infringido el derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que los actores habían dispuesto de todos los recursos procedentes y finalmente habían podido acceder a la vía jurisdiccional sin ninguna limitación. Es evidente por otro lado que la falta de información de los recursos procedentes contra el acto notificado o la información incorrecta de los mismos, no afectó a la validez del acto, sino exclusivamente a su eficacia para las partes. 

Lo dicho, la lentitud de la justicia se debe a la falta de medios materiales y a que no cumplimos el horario. Lo de la productividad se me escapa salvo que nos estén llamando vagos a lo educado, que todo puede ser.

18 febrero 2015

La adjudicación de un bien inmueble por la Comunidad de propietarios.



Nos encontramos ante un supuesto muy frecuente en la práctica y como ahora veremos de difícil solución, pues las deudas que reclaman las Comunidades de propietarios en el proceso monitorio no solo deben salvar en el proceso de ejecución, el límite de embargabilidad del art. 584 LEC, sino la propia naturaleza jurídica de la comunidad. Sobre el primer particular el asunto carece de enjundia jurídica: no deben embargarse bienes inmuebles en ejecuciones que se despachan por debajo de una determinada cantidad (la mayor parte de las ejecuciones por gastos de propiedad horizontal no suelen despacharse por cantidad superior a 1.500€), pero dicho esto ¿qué ocurre cuando no hay otro bien a trabar o cuando se han acumulado varias ejecuciones incrementándose, en consecuencia, el principal adeudado? No tiene tampoco esta cuestión dificultad jurídica: deberá embargarse el bien inmueble titularidad de los propietarios morosos. 

¿Podrá anotarse el embargo en el Registro de la Propiedad? Indica la Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) que aunque la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal carece de personalidad jurídica independiente (cfr. STC 115/1999, de 14 de junio), es doctrina reiterada de la Dirección General que tal circunstancia no impide que en algunos asientos –como la anotación preventiva en materias en que la comunidad tiene reconocida capacidad procesal– tal comunidad pueda ser titular registral. 

En efecto, esa comunidad de propietarios es objeto de consideración unitaria a determinados efectos legales, como consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo (cfr. STS de 19 de junio de 1965, y 8 de marzo de 1991). Así, se reconoce a la propia comunidad la titularidad de fondos y créditos comunes –arts. 9.1.f) y 22.1 LPH– y la existencia de obligaciones de la misma –arts. 10.1 y el citado 22.1 LPH– así como la posibilidad de arrendamiento de elementos comunes. Además, la comunidad tiene capacidad procesal para demandar y ser demandada (arts. 13.3 LPH, 7 LOPJ y 6.1.5º y 544 LEC). 

Si el presidente representa en juicio a la comunidad en los asuntos que la afecten (art. 13.3 LPH) ha de entenderse que la representa en las actuaciones procesales a todos los efectos y, por ende, también para pedir y obtener en esa cualidad de presidente y en favor de la comunidad las medidas cautelares o de ejecución, de las cuales un ejemplo es el embargo en favor de la comunidad, cuya posibilidad prevé expresamente el art. 21.5 LPH. El correspondiente asiento de anotación se practicará entonces también en favor de la comunidad, sin necesidad de que los comuneros sean identificados nominativamente, pues no son ellos los que a título individual ejercitan la acción, sino el órgano comunitario competente; basta por tanto, para expresar las circunstancias del titular de la anotación, indicar aquéllas que identifiquen a la comunidad y sin hacer referencias personales a cada uno de los comuneros (cfr. Resolución de 3 de marzo de 2008). 

¿Y podrá adjudicarse ese bien inmueble? La citada Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) precisa que el reconocimiento legal de capacidad procesal de la comunidad de propietarios así como las restantes facultades que se atribuyen a la junta de propietarios y a su presidente, no implica que tal comunidad pueda adquirir bienes inmuebles como ente con personalidad jurídica independiente y ser titular registral de los mismos mediante el asiento de inscripción correspondiente. 

Dicho esto, la Resolución DGR y N de 3 de julio de 2013 (BOE 5 de agosto de 2013) también ha precisado que como la comunidad de bienes es una entidad sin personalidad jurídica, la adquisición por aquélla de algún bien implica en realidad una adquisición por sus integrantes, proindiviso entre ellos. Afirmación que no queda desvirtuada por la existencia de un número de identificación fiscal diferenciador entre la comunidad y los comuneros, que produce sus efectos en el ámbito fiscal y que tampoco significa que se alteren las normas sustantivas contenidas en el Código Civil. Sentada esta doctrina, el Centro Directivo ha entendido por ejemplo, que no hay doble trasmisión en el caso de adjudicación derivada de un procedimiento ejecutivo a favor de la Comunidad de Propietarios sino tan solo una a favor de los comuneros y en cuotas indivisas de acuerdo con su cuota de participación en la comunidad. 

Así pues, la Comunidad de Propietarios carece de personalidad jurídica y por tanto no puede ostentar la titularidad registral de un bien; otra cosa sería en el caso de que el decreto de adjudicación se dictase a favor de los copropietarios en proporción a sus cuotas de participación en la Comunidad de Propietarios.

13 febrero 2015

¿Tienes un modelo?


Cuando la iura novit curia se abofetea con la realidad, porque el Congreso de los Diputados y de las Diputadas se ha encargado de destrozar la iura y parte de la curia valida tan estupendo quehacer, con arreglos previos a las votaciones que luego no aparecen en los Diarios de Sesiones, nos quedan los modelos, que son algo así como los últimos de Filipinas de la reforma de la Justicia. No de la Nueva Oficina Judicial (NOJ en los ambientes), sino de la reforma de la Justicia o sea, la que se anuncia desde que dejaron de llegar galeones de América y algo había que hacer. 

El modelo es la salida apresurada a la repetición de peticiones que pasan por las mesas de los juzgados y, tiempos ha, nos hacían más sencillas las guardias, sobre todo en esos sitios de la costa mediterránea en los que siempre estaba pasando algo y llevabas en el coche una carpeta llena de folios oficiales con diferentes impresiones y papel calco. Ni que decir tiene que bajo el imperio de la Ley de Murphy, podías llevar trescientos dos modelos que en aquella guardia aparecía el supuesto de hecho trescientos uno y tenías que escribir sobre las rodillas, los brazos o en alguna parte del Patrol de la Guardia Civil para modificar alguno de los trescientos dos modelos y no vulnerar así los derechos fundamentales de no recuerdo quién. 

Cuento la guerra y no la batalla porque el modelismo es una competencia de la Administración de la administración de justicia, que como todas las demás ejerce con la eficacia que le caracteriza, así que al día de la fecha es posible y hasta probable que los despachos de abogados que trabajen en España tengan varias resoluciones para el idéntico trámite administrativo porque puestos a venirse arriba y a distinguir singularidades, el ochenta por ciento de lo que se presenta en un Juzgado tiene una dificultad procesal próxima al cero, mientras que el otro veinte por ciento exige una resolución y no un modelo

Prueba evidente de surrealismo en el que nos encontramos es que quién redacta estas líneas le dedique un comentario a este asunto y, que encima deba guardar silencio prudente cuando comprueba que todos los documentos judiciales, procesales u orgánico-administrativos (calificativos que amparan todas las sensibilidades de la casa) que le llegan de Europa sean siempre los mismos por cada Estado y vengan con sus tasas y sus sellos, incluido el lacre, porque, claro, la justicia debe ser gratuita a mayor disfrute de la tutela judicial efectiva, aunque de Pirineos para arriba no se hayan enterado. 

 Y es que mientras nos encanta el discurso sobre la salvación de la justicia en sus diferentes versiones (lo de la reforma suena a antiguo), mientras hacemos la ola, particulares tan sencillos como el que nos ocupa – ya solventados por la AEAT, el INSS y la TGSS- siguen arrastrándose por los ordenadores de la Justicia española.

06 febrero 2015

La Jurisprudencia constitucional sobre las costas procesales.


Los conceptos de “costa”, “gasto” y “crédito” son aplicables sin dificultad en todos los órdenes jurisdiccionales y en la jurisprudencia constitucional en esta materia. Aunque sean pocas las Sentencias y los Autos que el Tribunal Constitucional, han fijado unos límites interpretativos sobre el derecho, el titular de las costas y la práctica de la tasación, muy consolidados, no discutidos y que permanecen vigentes. 

Hago una advertencia. Desglosaremos los pronunciamientos del Tribunal dejando al margen la normativa en vigor, porque no buscamos la interpretación del mandato, sino cómo realizarla. Sabido es, por ejemplo, que el artículo 243.2 LEC recoge la doctrina de la STC 28/1990, de 26 de febrero, sobre las diligencias inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, pero ignoramos la razón de la prohibición y hasta el precepto que la vio nacer (artículo 424 LEC 1881) y, es evidente que sí en ocasiones surgen dudas sobre los límites de esa exclusión, nos facilitará la tarea el conocimiento de aquella fundamentación y hasta, quizá, la del supuesto de hecho que la motivó. 

Tendríamos los siguientes: 

a) Se excluyen del concepto de costas abonables por la parte condenada en costas los gastos que únicamente afecten al declarante, sean totalmente independientes de la condena en costas o correspondan a diligencias superfluas o indiferentes para la tramitación del proceso o de sus recursos (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

b) Las partidas deben detallar los conceptos que las integran, de forma tal que garanticen a la parte condenada en costas el conocimiento que precisa para ejercer plenamente su derecho de contradicción, y expresar por separado la cuantía de los derechos y honorarios correspondientes a cada concepto minutado, siendo, por lo tanto, procedente rechazar las minutas que, sin más especificación, se limitan a hacer referencia genérica a partidas arancelarias, así como aquellas que se reducen a señalar la cuantía global de la minuta, sin singularizar la que corresponde a las partidas que la componen (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

c) El titular del crédito privilegiado que origina la condena en costas es la parte contraria beneficiaria de la misma y no los profesionales que la han representado y defendido y, por ello, la circunstancia de que estos profesionales hayan recibido, parcial o totalmente, sus derechos y honorarios de la parte a quien han prestado sus servicios carece de incidencia alguna en la obligación de pago que la resolución judicial ha impuesto al condenado en costas (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

d) Las concretas decisiones judiciales en aplicación de la legislación sobre costas procesales corresponden a los órganos judiciales en el campo de la mera legalidad ordinaria. Por tanto, corresponde enteramente al Tribunal que conoce del correspondiente juicio o recurso, tanto la determinación de a quién deben ser impuestas las costas, como la regulación de sus conceptos y cuantías. Los órganos judiciales deben pronunciarse mediante resolución motivada y no arbitraria, sin que el Tribunal Constitucional pueda efectuar una revisión del criterio judicial (SSTC 134/1990  y 146/1991) (ATC 24/1993, de 25 de enero).

La doctrina se repite en pronunciamientos posteriores en dos sentidos: a) el hecho de la imposición de costas a los litigantes no es en sí lesivo de su derecho (SSTC 147/1989, de 21 de septiembre, FJ 6 ; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17) y b) tampoco lo es ninguno de sus sistemas básicos, el que se basa en el criterio objetivo del vencimiento y el que se sustenta en el criterio subjetivo de la temeridad (SSTC 131/1986, de 29 de octubre; 147/1989, FJ 6; 46/1995, de 14 de febrero, FJ 3) (STC 232/2007, de 5 de noviembre). 

e) La negativa infundada a la práctica de la tasación de costas no puede considerarse respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), que proscribe la selección, interpretación y aplicación de las normas de la legalidad que resulten manifiestamente arbitrarias, irrazonables o incursas en error patentes (STC 180/2006 de 19 de junio). 

No faltan casos en los que Juzgados y Tribunales rechazan la práctica de la tasación de costas haciendo uso de una prohibición legal y las últimas reformas procesales no han terminado con esa costumbre de la que discrepo totalmente y que como vemos, tiene relevancia constitucional. En primer lugar, porque no estamos hablando de una prohibición indubitada, sino de supuestos dudosos en los que hay diferentes posturas jurisprudenciales sobre la tasación y su contenido y, en segundo lugar, porque la ley arbitra – y arbitraba- suficientes mecanismos de impugnación contra la tasación. En conclusión, si se solicita la tasación, se practica con las exclusiones que se entiendan oportunas, pero no puede rechazarse. 

Y esto es lo que desaprueba la STC 180/2006 de 19 de junio que comentamos. La Audiencia de Madrid fundamentó la negativa en que “no procede practicar la tasación de costas interesada, ya que al tratarse de un juicio de desahucio de vivienda no es preceptiva la intervención de Letrado ni de Procurador, tal como señalan los artículos 4.2 y 10.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”  y en un auto posterior se reiteró este pronunciamiento. El Tribunal Constitucional reprochó a la Audiencia Provincial  que no se tuviera en cuenta la excepción del artículo 11 LEC 1881 que determinaba que en los casos en los que no fuera preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, "si hubiere condena en costas a favor del que se haya valido de Procurador y de Letrado no se comprenderán en ellas los derechos de aquél ni los honorarios de éste, salvo que la residencia habitual de la parte representada y defendida sea distinta del lugar en que se tramitó el juicio". Tal era el supuesto y además, la inexistencia de fundamento para no practicar la señalada tasación de costas, que era legalmente preceptiva: artículos 736 y 1582 LEC de 1881 . 

 f) La condena en costas "no puede calificarse como una sanción" (STC 107/2006, de 3 de abril), sino como un mecanismo de distribución de los gastos que genera efectivamente la administración de justicia en el que entran en consideración los distintos intervinientes en el proceso, que en cuanto tales ejercitan su derecho a la tutela judicial. Se trata del "resarcimiento por los gastos originados por el proceso, contraprestación que se dirige, por un lado, a cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento del servicio público de la justicia específicamente ocasionados y, por otro, a compensar a la contraparte del desembolso que le produce el ejercicio de su derecho a la tutela judicial" (STC 107/2006, de 3 de abril, FJ 2) (STC 232/2007, de 5 de noviembre). 

g) La doctrina sobre el error patente con relevancia constitucional también aplicable en materia de costas exige la concurrencia de los siguientes requisitos

 - Que el error sea determinante de la decisión adoptada, esto es, que constituya el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica de la resolución judicial pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido su sentido de no haberse incurrido en el error;

-que sea atribuible al órgano judicial, es decir, que no sea imputable a la negligencia de la parte; -que sea de carácter eminentemente fáctico, además de patente, esto es, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y sin necesidad de recurrir a ninguna valoración o consideración jurídica y 

 -que produzca efectos negativos en la esfera del ciudadano (STC 167/2008 de 15 de diciembre). En el supuesto que analiza la STC 167/2008 de 15 de diciembre, el auto que aprobó la tasación afirma que el Letrado rechazó la minuta de honorarios formulada de contrario, cuando lo cierto fue que el citado Letrado aceptó expresamente la reducción de honorarios propuesta por la parte contraria y además, el citado error causó un innegable perjuicio a la demandante de amparo, que como consecuencia del mismo acabó siendo condenada a pagar una minuta de honorarios por importe superior al convenido por ambas partes y, en todo caso, superior también al propuesto unilateralmente por el propio Letrado afectado. 

En la actualidad en las impugnaciones de honorarios de letrado por excesivas el previo traslado de copias permite que el letrado afectado, manifieste la existencia de un error en la redacción de la minuta. Y, sin necesidad de impugnación, puede darse el caso, poco frecuente, que el letrado reconozca la existencia de un error en la redacción de la minuta y solicite su corrección. En el primer caso no hay un verdadero error, sino la posibilidad de evitar una condena en costas (artículo 246.3 LEC); el segundo se aproxima al caso examinado por el Tribunal Constitucional y obligaría a aplicar su doctrina.

02 febrero 2015

¿Merece la pena pactar por 70.000,00€?


A quien redacta estas líneas las ganas de estudiar se le acabaron con la oposición y llegando a la meta de milagro, bufando como si acabara de subir uno de los picos de Cantabria, tierra de mis ancestros, no tengo doctorado (si se rotula así), ni mastereses, ni nada por el estilo. No niego que el conocimiento no ocupa lugar, pero ¿también en derecho? y buscando respuesta a esa inocente pregunta, que encubría una duda hace tiempo despejada, porque en estas profesiones todo el mundo se saca la foralidad y el idioma y hasta el doctorado y, con la antigüedad no vas más allá de la barra del bar en algunos concursos, me choque con el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia que consulto anualmente a mayor gloria de mi citada antigüedad. 

No están disponibles los datos del año 2014, ni haré sangre con las exclusiones del año 2013, aunque después de echar un vistazo se antoja difícil tener una facultad entre las mil primeras del mundo, pero entre las ayudas concedidas en el citado 2013 aparecen estas: 

Con 70.000,00€

¿MERECE LA PENA PACTAR? DETERMINANTES, RENDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS MULTINIVEL DE LOS ACUERDOS DE COALICION AUTONOMICOS EN PERSPECTIVA COMPARADA 
Referencia CSO2013-42262-P, de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, página 111 .

Digo yo que la mitad del presupuesto se destinará a explicar el título, porque después de algunas lecturas como que no termino de colegir qué son las estrategias multinivel y su relación con los acuerdos de coalición. Perspectivas comparadas tengo con las vecinas cuando tiendo la ropa, pero tampoco veo la relación, si la hay. 

Con 15.730,00€

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: PAUTAS DE CONDUCTA Y MODELOS NORMATIVOS (SOBRE UN CODIGO DE CONDUCTA PARA ENTES INTELIGENTES NO HUMANOS)
Referencia DER2013-42712-P, de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, página 129 .

Esto la he pillado al vuelo. Se refiere con toda claridad a un Juzgado constituido en audiencia pública como los de antes (o sea Magistrado, Secretario Judicial y Agente Judicial), después de estar sometido cinco horas seguidas a la tutela judicial efectiva. 

Con 24.200,00€

ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RESPONSABLES 
Referencia DER2013-48813-C2-1-P, de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, página 148.

A ver que nos perdemos ¿transversalidad y responsabilidad? Me da que horizontalidad tiene mejor acomodo con la responsabilidad, pero solo me da. 

Con 32.065,00€

EL AHORRO DEL GASTO PUBLICO A TRAVES DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: RETOS DE FUTURO. 
Referencia DER2013- 48329-C2-2-P, UNIVERSIDAD DE MALAGA, página 170.

El último que cierre la puerta y apague la luz.

30 enero 2015

«Del corralito financiero» y un Poder Judicial para el rebaño.


En 1991 Argentina igualó el tipo de cambio del peso argentino con el dólar estadounidense: un peso, por ley, era igual a un dólar. La medida provocó que las exportaciones fueran muy caras y las importaciones muy baratas y como estas aumentaron, hubo que pedir dinero para pagarlas. Mientras tanto el personal, que había sido animado a emplear dólares, ahorraba con esa moneda en sus cuentas bancarias. 

¿Cumplir la ley? El 1 de diciembre de 2001, el gobierno congeló todas las cuentas bancarias. Solo podían retirarse a la semana doscientos cincuenta pesos, siempre que la cuenta bancaria estuviera en pesos, porque si estaba en dólares, el titular estaba obligado a convertir los dólares en pesos. Eso fue el primer «el corralito», pero lo peor estaba por llegar. 

En enero de 2002 se produjo la devaluación de la moneda y se fijó un cambio de cuatro pesos por un dólar y además, se convirtieron todas las cuentas bancarias que estaban en dólares a pesos, eso sí, al tipo antiguo de cambio, uno por uno. Quien tuviera mil dólares en la cuenta se encontró al día siguiente con doscientos cincuenta

Tenga en cuenta, estimado lector, que Argentina es un país rico, muy rico, celebra elecciones y tiene gobiernos elegidos democráticamente, aunque estos modifiquen leyes y expropien a sus ciudadanos cuando tienen a bien y eso, por razones familiares que no vienen al caso, lo viví en el año 1996. Una mañana de septiembre salimos a pagar un impuesto con dinero que el dueño tenía en su casa, nos había advertido que solo los bobos abrían cuentas bancarias en el país y eso nos llamó la atención, pero cuando aparcamos en doble fila y vio a lo lejos a un policía, nos avisó: «- Tardaré poco. Si el policía se acerca no se os ocurra bajar la ventanilla, ni abrir las puertas, limitaros a enseñar los pasaportes». 

Esto fue lo que evitó la transición en España, porque en Venezuela, otro paradigma de «corralito social», se despide a los opositores en el sector público, se cierran periódicos, se expropian bienes y han llegado al desabastecimiento de productos básicos, pese a ser uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Supongo que esa situación quizá hasta excite a algún presentador de televisión, pero si creen que la iluminación arregla algún problema que no sea el de avisar de los baches de una carretera, tienen el perfecto derecho, pero ahórrenme el discurso bíblico. 

Y ahórrenme también el rollito del Poder Judicial independiente. Un Juez está para resolver conflictos, no para supervisar al Poder ejecutivo (o a los miles de poderes ejecutivos que ejercen mando en plaza incluyendo los alcaldes de todos los colorines condenados en los últimos años) ya que para eso está el Poder Legislativo. Pero claro, si el Poder Ejecutivo se come al Legislativo, se sirve como postre el Judicial y se monta un Tribunal Constitucional para respaldar en miles de folios el invento que por turno corresponda (el más reciente, el del Estatuto de Cataluña), no tenemos un problema, tenemos el problema. 

¿Por qué creen que los llamados a salvarnos de nuestro destino, comienzan a tirar contra la prensa no afecta? Conocen el paño, mejor dicho el rebaño y saben que en el poder, nadie que quiera salir en la fotografía mueve un dedo (consulten los sucesivos repartos en cualquier órgano político, administrativo o judicial), mientras que los que no queremos salir en la fotografía nos vamos al cine, de bares o la playa (consulten el porcentaje de voto en el referéndum del Estatuto Catalán). 

El problema no es la casta, es el rebaño y todo lo que hay fuera son lobos.

27 enero 2015

Gestionando, entre bostezos, el despropósito de la transferencia a las CCAA.


No les aburro con el asunto, porque el listado de candidatos para sentar plaza en el Tribunal Constitucional es inacabable para gestionar la “tutela judicial efectiva”; en las plurales Consejerías de las Justicias de España hay también mucha gente gestionando el invento de la “administración de la administración de justicia” del órgano antes citado y muchos puestos de servicios especiales del “voy y vengo y sigo tan independiente” y, en tercer lugar, ya se ha tratado en varias ocasiones en este Blog lo de los recursos humanos en la casa. En suma, ni hay arreglo, ni lo habrá en un futuro lejano y por eso no tengo la intención que vayan echando bostezos en la lectura de este comentario. 

Pero eso es una cosa y otra bien distinta las formas que emplea cada uno para ilustrar al público sobre la materia o, sobre cómo darle publicidad a la queja, que tanto da porque ni te hacen caso, ni el Ministerio Fiscal dejará de pedir en el Siglo XXII la transcripción del apaño tecnológico que por turno corresponda. En tiempos, quien redacta estas líneas diseñó un membrete que encabezaba cada papelillo oficial que enviaba por fax con la siguiente leyenda en rojo y en dos líneas: 1998-2008, 10 AÑOS SIN AGENTE JUDICIAL, de nulo efecto práctico, salvo la sorpresa del receptor que no entendía de que iba la película. 

La STSJ de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3ª, de 11 de febrero de 2013 (LA LEY 131327/2013) va por otros lares. Dictada en un recurso de suplicación contra una sentencia de instancia del 2011 en materia de seguridad social, dice en el ANTECEDENTE DE HECHO SEPTIMO lo que sigue:
Cita:

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación se han producido las siguientes incidencias: 
En este procedimiento de recurso se han cumplido todas las exigencias procesales excepto la del plazo para firma (art. 259 LOPJ) publicación (art. 186) y 205-6 de la misma ley) y notificación (art. 270) de la sentencia por dejación en el cometido de tramitación por parte del funcionario encargado de llevarlo a cabo. Consta al efecto que el 21/10/10, el Secretario de esta Sala y Sección dirigió Oficio al Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sugerencia del Ilmo. Sr. Presidente de esta Sección interesando la adopción de las medidas que se considerasen pertinentes respecto al Funcionario del Cuerpo de Tramitación adscrito a esta Sección desde el 20/09/97 por haberse observado que padece problemas de salud y haberse indicado en ocasiones al funcionario tanto por el Presidente como por el Secretario que si tuviere necesidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal en beneficio de su salud así lo hiciere para en tal caso, en aras a un correcto funcionamiento del Servicio, se solicitaría el nombramiento de un funcionario interino para sustituirle el tiempo necesario. 
El Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno el 25/10/10 acordó dar traslado del contenido del escrito a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid por ser el Organismo competente en la materia de personal. 
El 13/4/11 se dirigió Oficio al Ilmo. Sr. Director de Justicia de la Comunidad de Madrid firmado por el Presidente y el Secretario de esta Sección insistiendo en lo manifestado en el anterior antes referido. 
El 17/5/11 se dirigió nuevo Oficio al Director General de Justicia de la Comunidad firmado por el Presidente y el Secretario de esta Sección como continuación del de 13/4/11. 
El 4/3/13 se dirigió Oficio al Ilmo. Sr. Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid poniendo en su conocimiento la situación creada en esta Sección por el indicado funcionario por el trabajo que tiene pendiente de realizar. 
El Secretario ha elaborado un Informe respecto a dicho funcionario para conocimiento de la Inspección realizada a esta Sección el 19/4/13 por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Pese a tales actuaciones no se ha tomado medida alguna y los demás tramitadores del Tribunal no pueden absorber los cometidos del tercero, y dado el tiempo transcurrido se ha producido una acumulación de sentencias decididas y pendientes sólo de la tramitación burocrática pertinente, entre las que se encuentra este recurso.

Y en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO:
Cita:

SEGUNDO.- El hecho relatado en el último de los Antecedentes de Hecho supone una infracción del derecho de todo litigante a no padecer dilaciones indebidas que garantiza el art. 24 Constitución, que este Tribunal no puede remover directamente como obstáculo jurídico a su actividad estrictamente procesal (art. 9-1 y 117-3 CE) porque el legislador ha excluido del ámbito del poder judicial y encomendado al poder ejecutivo de las Comunidades Autónomas, el nombramiento, suspensión o cese del personal auxiliar de la Administración de Justicia. Por tanto el obstáculo a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva que hemos identificado, en la tramitación del proceso, procede de una actividad omisiva de un poder no judicial, al que a los efectos procedentes en derecho, y como técnica tutelar de los derechos constitucionales de los litigantes, ha de serle notificada esta sentencia conforme al art. 270 LOPJ .

Haciendo los cálculos propios de la experiencia y si no ha mediado un concurso de traslado, la cosa seguirá igual o quizá peor, porque si no ha mediado el repetido concurso de traslado es muy probable que el triunfo de Murphy (ya saben, el de las leyes) haya sido aplastante para la Sección y alguno de sus componentes. Y ¿qué tiene que ver el concurso de traslado? Otro día se lo cuento, que he prometido no aburrirles.

20 enero 2015

Lanzamiento, reclamación de rentas y proceso de ejecución (iv).


4. El lanzamiento: supuestos prácticos 

Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el Secretario Judicial ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena; en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al título ejecutivo y además requerirá al ejecutado para que retire las cosas que no sean objeto del título dentro del plazo que señale (art. 703.1 LEC). Ignoro a qué se refiere este apartado del art. 703 LEC y no solo por mor de las limitaciones que impone el principio dispositivo —presumo que el mandato se dirige a dar respuesta a la tutela que postula el ejecutante en la demanda ejecutiva y, en consecuencia, solo a él le competirá pedir las medidas que entienda oportunas para el cumplimiento de la sentencia— sino porque el Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los Contratos de Arrendamientos Urbanos solo permite la cancelación de oficio una vez que haya transcurrido el plazo pactado y no conste en el Registro la prórroga del contrato; es decir, que si constara en el proceso la existencia de la inscripción debería librarse el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad para la cancelación, lo que correría a cuenta del arrendador. Por lo demás y como era de prever, se ha incumplido el plazo de seis meses de la Disposición final segunda Ley 4/2013, para la adaptación de la regulación contenida en el Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, a las previsiones de la misma, en especial en lo concerniente a las condiciones de cancelación de la inscripción de los arrendamientos y a la modificación de los aranceles notariales y registrales aplicables. 

Corresponde a los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución la práctica del lanzamiento, si bien el Juzgado que haya declarado el desahucio deberá remitir a dicho servicio la resolución que acuerde el lanzamiento, que deberá contener una expresa referencia a la autorización para acceder a la vivienda o lugar cerrado (lo que incluye el descerrajamiento de la puerta si fuera preciso), para recabar el auxilio de la fuerza pública y para adoptar todas aquellas medidas que se consideren necesarias a los efectos de asegurar la práctica de la diligencia. Tendrá que recoger, asimismo, una descripción de la finca que permita su inequívoca localización. 

Dice el art. 703.3 LEC que de hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable para responder de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los arts. 712 y siguientes. 

Notable interés tiene la interpretación jurisprudencial del mandato. El AAP CUENCA, Sección 1ª, 26 de mayo de 2009 (LA LEY 87545/2009), analiza el siguiente supuesto: el día del lanzamiento se efectuó una comparecencia en el servicio común en la que, presentes la procuradora de la ejecutante y la demandada, ésta hizo a aquélla entrega de las llaves de la vivienda suspendiéndose la diligencia. Varios meses después de haberse procedido a la entrega de llaves, la demandante presentó un escrito en el que solicitó que se fijara la cantidad por la que, en concepto de daños y perjuicios, debían responder los demandados ya que la vivienda arrendada tenía determinados desperfectos. 

Y, llegó a las siguientes conclusiones: 

a) La retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable para responder de los daños y perjuicios causados debe efectuarse en la diligencia de lanzamiento. 

b) El art. 703.4 LEC determina que si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, se entregase la posesión efectiva del inmueble al demandante, acreditándolo el arrendador ante el Tribunal se dictara auto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia de lanzamiento, «a no ser —y es esto lo trascendente—, que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre la finca». 

c) Observado con atención el art. 703 LEC sucede que no existe solución de continuidad en los estados posesorios, de modo que bien el momento en el que se efectúa por la comisión judicial la diligencia de lanzamiento, bien cuando el órgano jurisdiccional levanta la correspondiente acta, se produce la alteración o modificación posesoria, dejando el arrendatario u ocupante de poseer el inmueble y quedando el mismo a disposición del demandante. Es en ese momento con la intervención del órgano jurisdiccional que advertida la existencia de daños o desperfectos en el inmueble, se abre al demandante la vía prevista, para su liquidación. 

d) Es claro que durante varios meses la posesión efectiva de la vivienda fue ostentada por la demandante, ignorándose por entero el uso que hubiera podido dar a la vivienda y las medidas que para su debida custodia y conservación pudiera haber adoptado de tal modo que, existiendo una solución de continuidad entre los estados posesorios y habiéndose omitido toda intervención del órgano jurisdiccional, no puede ya partirse de que la responsabilidad de los daños haya de ser necesariamente de los ejecutados, por lo que no es dable, sin más, proceder a su liquidación por los cauces previstos en los arts. 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando únicamente a la demandante para perseguir, si lo considera oportuno, la reparación de dichos daños frente a quien lo juzgue conveniente por los cauces previstos en el correspondiente proceso declarativo. 

La retención y constitución de bienes en depósito —aunque no sea habitual, ni frecuente— deberán formalizarse en el momento del lanzamiento, reseñándose en el acta que se levante. Dos nuevas cuestiones formula ACHON BRUÑEN: la calificación jurídica de la retención y el plazo para la liquidación de los desperfectos. En cuanto a la primera entiende la autora que el término «retención», empleado en el párrafo tercero del art. 703, debe interpretarse como equivalente a embargo, por lo que el ejecutante podrá nombrar en el acto del lanzamiento un depositario que no sea el ejecutado. 

Respecto al plazo la ley tampoco dice nada. Sería procedente que se le concediera un plazo al ejecutante para que interesara la liquidación de los desperfectos, apercibiéndole que de no verificarlo quedaría sin efecto la retención y el depósito. Dicho plazo, podría ser de cinco días para no causar un agravio comparativo con el plazo que posee el ejecutado para reclamar el valor de bienes no separables estrictamente necesarios para la utilización ordinaria del inmueble. 

En cuanto al trámite el AAP BARCELONA, Sección 13ª, 31 de marzo de 2010 (Roj AAP AAP B 2549/2010) precisa que no se trata de oponerse al despacho de la ejecución de un título, sino que el ejecutado ha de manifestarse acerca de una relación elaborada unilateralmente por el ejecutante, limitándose la resolución del juez a fijar la cantidad procedente por tal concepto, por lo que no son aplicables los arts. 556 y ss LEC y de no existir conformidad, la liquidación se efectuará por los trámites del juicio verbal. 

4.1. Los plazos de los arts. 548 y 704 LEC y una referencia al lanzamiento de «ocupas» 

Dispone el art. 704 LEC que cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. 

De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más. Señala ORTELLS RAMOS que este requerimiento del art. 704 LEC merece las siguientes consideraciones: 1) no hay razón para limitar el mandato al caso de ejecución de desahucio por impago de rentas o cantidades asimiladas; 2) lo dispuesto por el art. 703.4 LEC debe aplicarse aunque no sea el actor, sino el ejecutado quien acredite el cumplimiento de lo requerido y 3) el llamado «mantenimiento de la diligencia de lanzamiento», no es realmente, una diligencia de lanzamiento y, más bien parece referirse a un acto de naturaleza jurídica de jurisdicción voluntaria para constancia del estado del inmueble; una especie de acta de presencia, pero bajo fe pública judicial, en vez de notarial. En consecuencia, cabe negar que tenga naturaleza ejecutiva y que las costas que pueda devengar sean de cargo del ejecutado. 

Sentado lo anterior, la relación de los arts. 440.3, 699 y 704 LEC carece hoy de justificación. El art. 440.3 LEC fija una fecha para el lanzamiento que debe respetarse y que vincula, se quiera o no, la ejecución y, en segundo lugar, salvo que el arrendatario vuelva al Juzgado para la notificación de la sentencia —lo que sucede cuando ya se ha abandonado la vivienda o se ha llegado a un acuerdo con el demandante— no será posible la práctica de ningún requerimiento. 

Veamos el asunto desde la perspectiva del arrendador, que tiene una sentencia que debe ejecutarse en sus propios términos y dentro del plazo legal (art. 18 LOPJ) y, precisamente para evitar interpretaciones desorbitadas y resultados indeseables, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia de 16 de septiembre de 2008 acordó que en los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades asimiladas, debía estarse a la fecha de lanzamiento señalada en el auto de admisión a trámite de la demanda, sin que para ejecutar la sentencia fuera de aplicación el plazo de un mes que para la entrega de bienes inmuebles prevé el art. 704 LEC. 

La ejecución del decreto se rige por las mismas normas que regulan las de las sentencias. La fecha de lanzamiento se habrá fijado en el decreto de admisión de la demanda y el art. 549.4 LEC supone una excepción al plazo de espera legal del art.548 LEC y no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo 

Por último, en cuanto al lanzamiento de los llamados «ocupas» la inaplicación del art. 704.2 LEC es palmaria y no necesita un análisis excesivamente detallado y se lanzará a quienes se encuentren en el inmueble. 

A diferencia de otros supuestos en estas reclamaciones se dictará sentencia, siendo así que cuando se demanda a un colectivo integrado por personas desconocidas que, por la propia composición de los grupos ocupantes, sufren constantes modificaciones no puede exigirse al demandante que dirija la acción contra todas las personas que hayan podido ocupar la vivienda en un momento determinado. De este modo, resultando inviable la determinación de las personas o grupos que al tiempo de presentar la demanda integraban el colectivo de integrantes de la vivienda objeto de la litis únicamente cabría exigir a la actora la precisión de la demandada por la única información de que podría disponer en aquel momento a los efectos exigidos por el art. 6 LEC (SAP MADRID, Sección 13ª, de 14 de junio de 2013, Roj: SAP M 11146/2013). 

La imposibilidad material de conocer las asociaciones y personas físicas que ocupan en la finca al tiempo de presentar la demanda y que incluso hayan accedido a ella a lo largo del procedimiento, no priva de exhaustividad a la sentencia que acoge los pedimentos de la demanda cuando una única asociación integrante del colectivo comparece en juicio aceptando su legitimación pasiva (SAP MADRID, Sección 13ª, de 9 de febrero de 2012,Roj: SAP M 3556/2012)

15 enero 2015

Lanzamiento, reclamación de rentas y proceso de ejecución (iii).


3.1 El pago de las rentas debidas y las que se devenguen hasta la entrega de la posesión.

Dice la SAP MADRID, Sección 19ª, 11 de octubre de 2013 (Roj: SAP M 15226/2013) que el art. 220 LEC está inspirado únicamente, según la doctrina actual, en el principio de economía procesal y en la necesidad de evitar la reiteración de juicios. Su carácter es restrictivo y limitativo, de modo que no pueden darse otras condenas de futuro que las previstas expresamente en el precepto (intereses o prestaciones de carácter periódico) y por prestación periódica ha de entenderse aquélla que no se cumple de una sola vez, sino que comprende una pluralidad de actos de idéntica naturaleza y de contenido homogéneo, que se reproducen en el tiempo de forma fija y constante, exigiéndose una identidad absoluta del concepto al que responda cada nueva prestación devengada. 

Esta definición nos permite colegir que en la ejecución del importe objeto de condena existe un punto de conexión objetiva entre la acción de desahucio y la de reclamación de cantidad ya que cuando el arrendador las acumula, se condenará al pago de las cantidades periódicas que vayan venciendo hasta el efectivo desalojo (art. 220 LEC) y no hace falta extenderse mucho para demostrar la influencia que ese hecho (recuperación de la posesión) tiene en la liquidación del importe debido (rentas hasta la recuperación). 

Pero ahí empiezan los problemas. Sobre la polémica de la aplicación del plazo del art. 548 LEC cuando se presenta una demanda de ejecución del desahucio y del pronunciamiento relativo a la condena de rentas debidas hay varias posturas. La primera sostiene que para la reclamación de las rentas habrá de concederse al deudor un plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia o, del decreto, antes de despachar ejecución. Una segunda afirma que podrá despacharse la ejecución sin esperar el transcurso del mentado plazo y, una tercera, considera que será necesaria la presentación de dos demandas ejecutivas, una respecto del pronunciamiento relativo al desahucio y otra respecto de las rentas debidas. 

Me inclino por la segunda respuesta y ello por razones de pura lógica. La ejecución del desahucio se inicia con la admisión a trámite de la demanda de juicio verbal y el juicio puede terminar si el arrendatario, antes de la celebración de la vista, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio (art. 22.4 LEC), de tal modo que cuando se dicta la sentencia o el decreto por la falta de pago, no se trata de conceder nuevos plazos de cortesía que faciliten un cumplimiento voluntario, que no se ha producido, sino de lograr la recuperación de la posesión y el cobro de lo debido. 

Respecto a la necesidad o no de «solicitud», la propia tutela que se demanda por la actora obligara a su presentación. Habrá de recordarse que el acreedor puede exigir mediante la demanda ejecutiva que se amplíe la ejecución al pago de las rentas vencidas y no satisfechas hasta la recuperación de la posesión y ello porque de la lectura conjunta de los dos arts. 220 y 578 LEC, se desprende que la finalidad de esas normas es evitar que el acreedor por prestaciones periódicas, tal y como son las que se derivan del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, deba interponer un nuevo proceso declarativo para obtener el cumplimiento de la obligación de pago de las rentas por los arrendatarios ya declarada en un proceso (AAP, SEVILLA, Sección 8ª 4 de julio de 2012, Roj: AAP SE 2328/2012). 

No obstante la sencillez del asunto y el tenor literal del art.440.3 in fine LEC, en la demanda de juicio verbal deberá haberse interesado expresamente la condena de las rentas que se devenguen con posterioridad, pues la ley no autoriza la ampliación de la demanda (de ahí que se tenga que instar la condena de las rentas futuras expresamente en la demanda) ni la reclamación de conceptos distintos a la renta. Por lo demás, la limitación respecto a la ampliación de demanda en los juicios verbales resulta del todo punto lógica ya que no es hasta el momento del juicio cuando el demandado puede defenderse y no puede verse sorprendido en ese acto con pretensiones no esgrimidas en la demanda y para las cuales no ha preparado su oportuna defensa. En tal sentido la SAP LAS PALMAS, Sección 5ª, 23 de enero de 2014 (Roj: SAP GC 45/2014) En el escrito de demanda no se interesó ni expresa, ni siquiera tácitamente, la condena de rentas futuras. El hecho de que en el segundo otrosí se hiciera constar el contenido del art. 440.3 LEC ninguna relevancia puede tener a los efectos pretendidos pues, con independencia de la pretensión económica esgrimida (esto es, si se reclaman o no rentas y cantidades asimiladas, si estas son o no hasta demanda o también las posteriores o si solamente se pretende el desahucio) se debe realizar el mismo requerimiento enervador. 

Despejada esta incógnita el proceso sigue un orden lógico de ejecuciones y después de finalizada la del desahucio y recuperada la posesión, se solicita la de cantidad y, en su caso, la de las costas. 

3.2 La fianza como motivo de oposición a la ejecución. 

Despachada la ejecución de cantidad no faltan casos de oposición por pluspetición respecto al importe de la fianza retenida por la parte ejecutante. Sobre la oposición el ejecutado debe partir del reconocimiento de la existencia y validez del derecho del ejecutante, y frente a éste únicamente podrá oponer hechos extintivos o excluyentes, pero no hechos impeditivos (AAP MADRID, Sección 25ª, de 12 de marzo de 2010). Dicho de otro modo: el ejecutado solo puede oponer actos ocurridos después de la formación del título que vienen a excluir o a enervar el derecho de crédito ejecutivamente documentado y, de ahí que cuando se alega la pluspetición el ejecutado reconoce que el derecho del ejecutante existe y que al tiempo de su nacimiento tenía el contenido económico que refleja el título, pero que en virtud de acontecimientos o actos posteriores, ha visto disminuido ese contenido. Así, se considera que hay pluspetición en los supuestos de pagos parciales realizados antes del despacho de ejecución o, excesos en la liquidación de la deuda, cuando no se ha sujetado el ejecutante a las bases que prefiguran su cuantía, o porque se reclaman conceptos no debidos, según las previsiones del título. 

En cuanto a la fianza, advierte el AAP VALENCIA, Sección 11ª, de 30 de junio 2010 (LA LEY 164812/2010) que no puede articularse como motivo de oposición por pluspetición ya que no es la finalidad de la fianza la de servir de complemento o sustitución de las rentas dejadas de pagar sino «... la de responder de la devolución de la cosa arrendada en el mismo estado que la recibió (artículo 1.561 CC)... » a lo que debe añadirse que la realidad del destino de la misma resulta determinada por los posibles daños de la cosa, o simples perjuicios, es decir que responden a la obligación principal, pero que deben incluir la restitución del inmueble en el estado en el que se entregó. 

Se concluye, por tanto, que siendo objeto de ejecución el pago de la renta —que es obligación fundamental del arrendatario durante la vigencia del contrato y aún después de su resolución— extinguida la relación obligatoria y ejecutado el fallo de la sentencia, será el momento de liquidar dicha relación, lo cual determinará el alcance de la obligación de devolución de la fianza por el arrendador. 

¿Y podría compensarse esa fianza? El AAP BARCELONA, Sección 13ª, de 28 octubre 2010 (LA LEY 274687/2010) sostiene que la fianza se presta para garantizar las todas obligaciones del contrato de arrendamiento significativamente, el pago de la renta y otras cantidades a cuyo pago venga obligado el arrendatario y la responsabilidad por los desperfectos que puedan ocasionarse en la vivienda y de los que éste último deba responder. La devolución, total o parcial, de la fianza o su aplicación a la deuda pendiente se enmarca no en la resolución del contrato sino en su liquidación, articulándose una vez planteado el litigio, a través de la excepción de compensación; compensación que se ha de hacer valer en el proceso declarativo mediante reconvención o a través de excepción, siendo así que el art. 556 LEC no contempla la compensación como causa de oposición al despacho de títulos judiciales. 

En suma el art. 556.1 LEC recoge tasados los motivos de fondo de oposición a la ejecución de títulos judiciales o arbitrales. El pago o cumplimiento es lo que en derecho civil se entiende por tales, sin que puedan incluir estos conceptos extensiva o analógicamente otras causas de extinción de las obligaciones y en consecuencia, ni el pago a que se refieren los arts. 556.1 y 557.1.1ª LEC incluye ninguna otra causa de extinción de las obligaciones que no sea la regulada en los arts. 1.157 a 1.181 Cc, ni la compensación (legal) a que se refiere el art. 557.1.1ª de la misma ley es oponible más que a la ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales o contractuales (AAP MADRID, Sección 14ª, 11 noviembre 2010, LA LEY 241435/2010). 

3.3 Las rentas vencidas de los desahucios en la ejecución de una homologación. 

Las sucesivas modificaciones de las normas reguladoras del desahucio provocan que en la actualidad nos podamos encontrar con tres situaciones:
a) la ejecución de una sentencia, en la que la aplicación del art.220.2 LEC no suscita dudas; b) la ejecución de un decreto en el que la modificación del art. 440.3 LEC permite incluir las rentas debidas que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca y; 
c) la ejecución de una homologación, en la que entiendo inaplicable el art.220.2 LEC por una interpretación literal de la norma y por la propia naturaleza del acuerdo ya que las partes solicitarán la homologación ante el Juzgado y, por ello, renunciarán al dictado de una sentencia y a la regla del art.220.2 LEC. 

Fijémonos en que a diferencia del arbitraje —en el que no hay obstáculo para que el árbitro aplique el mandato que analizamos— el título ejecutivo será un acuerdo de transacción homologado judicialmente y no la sentencia dictada en un procedimiento de desahucio, aun cuando dicha transacción se realice en el curso de un anterior procedimiento de tal carácter. Por ello, habrá de estarse a dicho título ejecutivo y solo podrá despacharse ejecución por la cantidad determinada que se haya pactado. 

Cuestión distinta es que el ejecutante acuda a la vía del art.578 LEC para reclamar las rentas que se devenguen; supuesto en el que suscita más dudas la negativa a esa reclamación porque una exegesis teleológica del precepto acoge la pretensión que examinamos. Y así cuando el ejecutante solicite en la demanda ejecutiva la ampliación por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de rentas, al notificarse el auto ejecutivo, se advertirá al ejecutado que la ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes. Ni que decir tiene que el silencio en la homologación y esa ampliación obliga a la efectiva notificación del auto despachando ejecución — en teoría la parte demandada tendrá procurador y no habrá mayor dificultad—y a que pueda existir una oposición, pero limitada, para no convertir el motivo impugnatorio en un segundo juicio de desahucio. La aplicación del art. 578 LEC en el caso de una sentencia que no se pronunció sobre el art.220.2 LEC se sostiene en el AAP SEVILLA, 143/2012, Sección 8ª, 4 de julio del 2012 (Roj AAP SE 2328/2012). Se lee en esta resolución que de la lectura conjunta de los arts. 220 y 578 LEC, se desprende que la finalidad de ambas normas es evitar que el acreedor por prestaciones periódicas, tal y como son las que se derivan del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, se vea obligado a entablar nuevos litigios cada vez que se produzca el impago de algunos de los plazos de la obligación. Esta interpretación finalista de la norma, unido al pronunciamiento de la sentencia, lleva a entender que con arreglo al art.578 LEC es posible solicitar la ampliación en la demanda ejecutiva. 

Abundando en el razonamiento favorable a la aplicación del art.578 LEC, la práctica suele confundir los arts. 220 y 578 LEC pese a que no digan lo mismo, ni exijan los mismos requisitos. En la actualidad, se admiten expresamente las condenas de futuro respecto de las de intereses o prestaciones periódicas en el art. 220 LEC, lo cual, desde la óptica de la actividad ejecutiva, supone la posibilidad de instar la ejecución por cantidades devengadas con posterioridad a la sentencia y ampliarla para hacerla extensiva a los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al despacho de la ejecución (art. 578.1 LEC).

13 enero 2015

No hay banca electrónica para BANKIA y sus 1.206.926,99€.

Me preguntaba esta mañana una Procuradora porque no podía consignar el importe de unas costas en un proceso ordinario en la Cuenta de Consignaciones y después de repetirle que la aplicación informática cancela las cuentas que no tienen movimientos en un determinado plazo, le he comentado que podía dejar tranquila la cuenta del Juzgado; tirar de teléfono o de correo electrónico, pedirle una cuenta al demandante y pagarle. Después de abrir los ojos como si hubiera hablado con el padre de Maléfica, ha sonreído, me ha preguntado por otra posibilidad y con la misma sonrisa le he dicho que ya se la había facilitado y que la cuenta cancelada seguiría cancelada.



Y viene a cuento la historia por la imagen que precede a este comentario: es un listado de los ingresos que ha perpetrado BANKIA en la cuenta de consignaciones de mi Juzgado entre los meses de septiembre y diciembre, a cuenta de las condenas que le han caído por esos productos financieros que endosaba a la clientela y que tanto beneficio reportaron a la sociedad. 

Tenga en cuenta estimado lector que hablamos de un solo Juzgado y que esos importes se transfieren desde BANKIA al BANCO DE SANTANDER, que es el que gestiona las cuentas judiciales ya que debe existir alguna norma supranacional, supramundial o supraplanetaria que, por supuesto, desconozco, que impide a BANKIA, sus letrados o a quien ordene los pagos, hacer transferencias a las cuentas del vencedores en los pleitos o, a los letrados de estos pedir al Juzgado que los pagos se hagan en las cuentas de sus clientes. 

Pero no. Faltaría. Lo de ¡Viva la Nueva Oficina Judicial!, pero que ¡Viva!, queda muy bien como eslogan y lo de quejarse por la falta de medios materiales y personales en la Justicia es otro eslogan que cabe justo en una pancarta, pero donde haya un buen colapso, que se quite todo lo demás y si para conservarlo hay que tirar de teléfono para preguntar todos los días por lo mío, ir al mostrador para hacer lo propio o, presentar escritos cuando no nos ha gustado la respuesta del Juzgado, se hace y en paz. 

Atiendan, por último, a un segundo detalle. BANKIA consigna una cantidad por principal, intereses y, en su caso, con los descuentos que corresponden y hace una segunda consignación por las costas, con lo que a la suma del listado al que antes me referí habría que sumarle un 30% más.