25 septiembre 2014

La cuantía del asunto no se discute en la tasación de costas para impugnar honorarios.


Sorprende que pese a los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC y las audiencias previas en las que se discute la cuantía del pleito, nos encontremos con que llegada la tasación de costas aparezca como autor invitado los honorarios orientativos del Colegio de Abogados, que no fue llamado al pleito y que no tiene ningún interés en su resolución por una omisión del Código Civil y que resumo: no es fuente del derecho. 

La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque un alto porcentaje de las impugnaciones de las tasaciones de costas se fundan en que la cuantía del asunto es esta o aquella, según la Disposición no sé cuál del Baremo orientativo o, peor aún, que sumadas las minutas de los dos letrados de las partes contrarias, aplicando la Disposición no sé cuál y dividiendo el resultado por dos, las dos minutas serían excesivas. 

Sucede, por una parte, que las normas orientativas de los Colegios de Abogados no vinculan a los órganos judiciales y en modo alguno sirven para contradecir la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (entre otros ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 15 de julio del 2011(ROJ: ATS 7386/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7824/2011) y ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7396/2011). ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 21 de junio del 2011 (ROJ: ATS 6884/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 10639/2010) y STS, 876/2008, Sección 1ª, 26 de septiembre del 2008 (ROJ: STS 4778/2008) y por otra, que la ley prevé un trámite de admisión en el art. 245 LEC que incluye el examen de esta clase de impugnaciones y que en modo alguno puede incluirse en el art. 246.1 LEC

El problema es que el asunto está llegando al extremo que en la impugnación se pide el examen del baremo orientativo con arreglo a la cuantía del proceso que el impugnante ha tenido a bien fijar y, ni que decir tiene, el Informe del Colegio de abogados, hábilmente sea dicho, elude el asuntillo de la cuantía y entra en el del baremo, concluyendo lo que tiene oportuno, resultado que tampoco tiene mayor valor vista la doctrina del Tribunal Supremo de los años 2013 y 2014. 

Digo esto porque en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014) se lee lo siguiente:
cita:

Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.

Doctrina que también se defiende en los ATSS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1525/2014) 18 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras resoluciones. 

Pues bien, en el caso que analizamos no hay verdadera impugnación y solo cabe la inadmisión a trámite de la que se formule, que es para lo que está el art. 245 LEC, cuando se alteran los términos de la litis partiendo de una cuantía que no es la fijada en las resoluciones que se hayan dictado en el proceso y, siendo esto así no cabe luego rebatir como se aplicó el baremo respecto a ese importe ficticio. 

Entiéndase bien lo que se lee: no se discute lo que un Abogado puede o debe cobrar, lo que se rechaza es que en el trámite de la tasación de costas se pretenda discutir un particular inamovible (la cuantía del pleito) y se pretendan aplicar unas normas que no vinculan y que además no responden a la realidad. Y por cierto, el conflicto solo se plantea con los Colegios de Abogados, porque, por citar un ejemplo, el de Arquitectos me remitió hace años un informe de un párrafo en el que decía que siendo los honorarios libres, no informaba sobre los mismos.

23 septiembre 2014

Jura de cuentas: naturaleza y competencia (ATS 1-7-2014)


La única y famosa, STCJ de 28 de septiembre de 2011 (Roj: STS 6232/2011) resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de jura de cuentas contra el consistorio sosteniendo que el expediente de jura de cuentas no sólo había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permitía ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. 

Pues bien, el reciente ATS, Sala 1ª de 1 de julio de 2014 (Roj: ATS 6173/2014) afirma sobre la naturaleza de la jura que es un procedimiento especial porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada de manera que -aunque es posible una fase sumaria de alegaciones- lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución , según se deriva del art. 34 LEC , sin prejuzgar la decisión definitiva de la controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación contractual existente entre ambos. Y cito literal:


2. En la solicitud que abre el procedimiento de jura de cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción cautelar, ni ejecutiva -aunque, después, el procedimiento pueda concluir con una resolución que fije la cantidad debida y con un despacho de ejecución -, sino una petición de pago de los gastos de representación del cliente devengados en un proceso precedente, que -al someterse al filtro del órgano judicial- produce una consecuencia que no tendría el requerimiento de pago efectuado de forma privada por el procurador, como es la obtención de un título de ejecución. 
3. Consecuencia de esta configuración de la jura de cuenta, semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en relación con un proceso precedente, es que la LEC otorga la competencia al órgano judicial en el que -según establece el artículo 34 LEC - radique el proceso en el que se ha desarrollado la actuación del procurador que da lugar a la jura de la cuenta, pues es este órgano judicial el que está en mejor disposición de resolver las incidencias que pueden suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial las que se susciten en la fase de oposición según contempla el artículo 34.2.II LEC.

Termina afirmando el Tribunal Supremo que esto es distinto a que fijada la cantidad que debe pagarse en la forma establecida en el art.34.2.II LEC -o porque no haya oposición -, el proceso de ejecución que siga a continuación se vea afectado por la situación de concurso del poderdante, dado que el artículo 8.3 de la Ley Concursal confiere al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente para toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que lo haya ordenado

19 septiembre 2014

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (ii)


Plazos y términos, plazos civiles y procesales. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad lo que es un término – concreta determinación temporal para la práctica de un acto procesal–, de lo que es un plazo – lapso de tiempo en el que dicho acto puede realizarse– y según el art. 132.1, «las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas», operando en otro caso la preclusión y perdiéndose la oportunidad de realizar el acto de que se trate (art. 136 LEC). Y ello porque los arts.134 y 136 LEC tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio) y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción o a los recursos legalmente establecidos, no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes (STC 1/198), de 16 de enero). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996) . 

Con el Lexnet y la Ley 41/2007 apareció un nuevo cómputo de plazos. Según el art. 6.1 Decreto 84/2007 el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicara la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales. 

Así las cosas el asunto quedaba limitado a relacionar los arts. 135 LEC y 6 del Decreto 84/2007, pero sucedió que los protocolos de implantación del sistema han fijado plazos para la remisión de las notificaciones (entre las 09.00 horas y las 15.00 horas o, entre las 08.00 y las 20.00 horas) y esta exigencia no prevista en la ley y contradictoria con el art. 6 del Decreto parece obedecer al hecho que los Colegios de Procuradores carecen de la infraestructura que permite la realización de notificaciones fuera de estos periodos de tiempo (GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio. «Problemas prácticos derivados de la implantación de Lexnet: la experiencia de la Audiencia nacional en materia de notificaciones» Revista Internauta de Práctica Jurídica, número 23, año 2009, págs. 41-65) Y aún nos queda una última variación. La práctica de una notificación por Lexnet y la entrega, en otra fecha, de un documento al Procurador mediante su remisión al Servicio Común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (mandamientos dirigidos al Registro de la Propiedad). 

Pero antes de seguir es evidente que no pueden confundirse términos procesales y sustantivos, pues mientras los procesales son improrrogables (art. 134.1 LEC) y cuando fenecen, hacen decaer la posibilidad de ejercitar el derecho produciéndose la preclusión (art. 136 LEC), los de naturaleza sustantiva no suponen la desaparición del derecho, si son de prescripción y nadie la opone; facilitándonos el art. 185.1 LOPJ un argumento más para diferenciar ambos tipos en tanto «los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil» (RODRIGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Pág. 11 Referencia: SP/DOCT/2899) 

Y en la misma línea y por último la STS, Sala 1ª, de 11 de julio de 2011 (LA LEY 111575/2011) afirma que: 

 (i) La Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción. 

(ii) El art. 135 LEC es una regla prevista para plazos procesales y no para los sustantivos, en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. Esto es, en los plazos civiles el cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el art. 5 CC (para los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha, sin excluir en ningún caso los inhábiles), mientras que solo en los procesales, resulta aplicable la especialidad prevista en los arts. 185 LOPJ y 135.1 LEC. (STS, Sala 1ª, de 22 de enero de 2009, LA LEY 98/2009). 

(iii) La acción judicial que pone en movimiento el derecho se materializa a través de la presentación de una demanda, que es un acto procesal sujeto a normativa procesal. El problema no es tanto de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los días de los que dispone el interesado sino de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad, disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 CC que, aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así. 

El cómputo de plazos. 

Dice el art. 133 que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. Explica MAGRO SERVET que el día del acto procesal inicial de comunicación es irrelevante y no se cuenta, sino a partir del siguiente día, con lo que el día de la comunicación por el órgano judicial a la parte, no directamente sino por Lexnet no tiene ningún efecto procesal concreto en cuanto a que no abre plazo alguno, sino hasta el día siguiente hábil en el que se va a tener por realizado el acto de comunicación a la parte. (MAGRO SERVET, Vicente. «Cómputo de los plazos para presentar escritos o interponer un recurso ante un órgano judicial tras la notificación vía Lexnet». Revista Práctica de Tribunales, Nº 107, Sección Tribuna Libre, Marzo-Abril 2014, Editorial LA LEY) No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste. 

Por su parte el art. 151 LEC establece que los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 LEC. Y como dice la reciente STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) el «resguardo acreditativo de la recepción» por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del art. 151, por remisión al art. 162.1 de la misma Ley, es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007), sin que sea necesario un nuevo «reenvío» o «remisión» particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél. 

Nos aparecen aquí dos nuevas singularidades. La ya vista del art. 278 LEC aplicable a aquellos casos en que haya mediado el previo traslado de copias entre procuradores (art. 276 LEC) en que «el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas». Y la del art. 151.2 LEC que dispone que los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción, cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Téngase en cuenta que la previsión del traslado sin intervención del órgano judicial ha tenido escaso éxito porque parece lógico esperar a una primera resolución para luego adoptar la postura que la parte entienda oportuno y, en cuanto al inexplicable «día siguiente» del art.151.2 LEC, no solo mejora a determinados «notificados», sino que es inaplicable cuando el acto de comunicación se haya practicado por medios distintos (acuse de recibo, entrega personal al interesado, fax, etc.). 

Entenderá mejor el lector con un ejemplo lo que la ley dice. Si la notificación se hace un viernes el acto se entiende notificado, no el mismo viernes en el que en teoría llega y se recibe en el servicio del Colegio de procuradores vía Lexnet, sino el lunes, al ser inhábiles el sábado y el domingo comenzando a correr el plazo al día siguiente, es decir, el martes; si se trata de un plazo de tres días y realizándose el computo de martes a jueves, el uso de la prórroga del art. 135.1 LEC permitiría la presentación del escrito hasta el viernes a las 15 horas, con lo que se estarían «ganando» dos días hábiles y siete reales desde que el viernes anterior se notificara la resolución inicial. 

Llama la atención que una simple operación aritmética y no otra cosa es el cómputo de un plazo, se complique de forma tan inexplicable cuando hubiera bastado arbitrar alguna clase de prórroga en el caso que fuera necesario. Al contrario, en nuestro ordenamiento rigen la improrrogabilidad, la preclusión y toda clase de moratorias en las fechas inicial y final y, según la clase de interviniente o notificado. Sorprendente manifestación que nos impide la formulación de ninguna regla general porque el cómputo se adaptará a la acción ejercitada en cada proceso y no al revés, siendo así que en la realidad la única dificultad, de escasísima importancia, aparece cuando el cómputo incluye resoluciones de aclaración o complemento de otras anteriores. 

 Y afirmo que es escasa la importancia porque el Tribunal Supremo ha resuelto este asunto en ATS, Sala 1ª, de 8 de octubre de 2013 (Roj: ATS 8832/2013) en el sentido de entender que el plazo debe empezar a computar de nuevo desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración o rectificación, de conformidad con la doctrina mantenida por la STC 90/2010, de 15 de noviembre, al tenerse en cuenta que las resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que pudieran interponerse contra la resolución aclarada, por lo que «se ha entendido tradicionalmente que en la determinación del "dies a quo" para el cómputo del plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de aclaración se debe tomar necesariamente en consideración la fecha de la notificación aclaratoria», lo que se compadece con el tenor literal de los arts. 448.2 LEC y 267.9 LOPJ, habiendo sido éste último objeto de reforma mediante Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la que se mantiene el criterio de iniciar el cómputo del plazo para el recurso desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración, rectificación o complemento y de ahí que el plazo de veinte días haya de computarse desde el día siguiente a la notificación del auto denegando el complemento solicitado, pudiendo hacerse uso de la prerrogativa del art. 135 .1 LEC. 

Para terminar, supuesto distinto es de la posibilidad de presentar la demanda o el escrito en el primer día siguiente hábil al del vencimiento cuando, en un cómputo de fecha a fecha, el último concluya en día inhábil. Dice el art.133.3 LEC que los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha y cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.El art. 133 LEC distingue entre los plazos señalados por días, en los que los días inhábiles deben quedar excluidos del cómputo y serán prorrogados al siguiente día hábil en el caso de que el del vencimiento sea inhábil, de los señalados por meses o años, en los que no quedan excluidos, de tal forma que la única incidencia que se conserva es la prórroga al día siguiente hábil en el caso de que no lo sea el último. Esta precisión tiene especial incidencia en el supuesto de que el cómputo de algún plazo señalado por meses o años incluya algún día del mes de agosto. En tal caso, los plazos se computarán de fecha a fecha (art. 5 CC), de tal modo que la inhabilidad del mes de agosto tan sólo tendrá incidencia en el cómputo, en el caso de que el día final correspondiente al del inicio caiga dentro del mes de agosto, de forma que el plazo quedará prorrogado al primer día hábil siguiente del mes de agosto. (Vide SEOANE PRADO, Javier. «Comentario artículo 133. Cómputo de los plazos. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Revista SEPIN. Marzo de 2010. Referencia: SP/DOCT/13175) 

En estos casos y en base al art. 133.4 LEC aquél se entiende prorrogado hasta el lunes, «siguiente hábil» e incluso vencido el plazo en esa fecha y de conformidad con el art. 135.1 LEC la presentación podría efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, sin que exista incompatibilidad en aplicar simultáneamente los arts. 133.4 y 135.1 LEC, pues se refieren a cuestiones diferentes: el primero, bajo la rúbrica «cómputo de los plazos», regula la duración misma del plazo y el segundo, extinguido el plazo, otorga una facilidad extraordinaria a la parte para cumplir un trámite perentorio (AAP BARCELONA, Sección 11ª, 19 de julio de 2011, Roj AAP B 4328/2011). 

Esto es, para el cómputo de los plazos se ha de tener en cuenta que el art. 182 LOPJ fue modificado por LO 19/2003 que declaró inhábiles los sábados y, aunque el cambio legislativo no se proyectó a la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la reforma por Ley 13/2009, ya desde 2004 era aplicable a todos los procesos. Consecuentemente, si el día en el que terminaba el plazo, –pues se había de computar de fecha a fecha como dispone el art. 133 LEC– era inhábil, podía presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente y ello por mor de lo dispuesto en el art. 135 LEC (ex. AAP MADRID, Sección 25ª, 20 de julio de 2012, Roj: AAP M 11774/2012).

17 septiembre 2014

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (i)


Introducción: un apunte sobre el cómputo de los plazos y la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Dice RODRÍGUEZ CARBAJO que si preguntásemos a abogados y procuradores cuál es la actividad que con mayor frecuencia realizan en su vida profesional, sin duda nos responderían que la de contar los plazos en sus distintas manifestaciones y, por ello, cabría suponer que el modo de realizar el cómputo de los mismos, que debería ser claro en nuestro ordenamiento, se podría limitar a una simple consulta del calendario. Nada más lejos de la realidad, concluye el autor («El cómputo de plazos de fecha a fecha: un triste desenlace» Diario La Ley, Nº 8250, Sección Columna, 13 Feb. 2014, Año XXXV). 

Y a las dificultades interpretativas en determinados cómputos ha de sumarse el hecho que la STC 209/2013, de 16 de diciembre (BOE 17 de enero de 2014) declara que la doctrina constitucional ha condensado la exigencia de un control más amplio del denominado principio pro actione. A pesar de su «ambigua denominación» dicho principio no exige «la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles» (entre muchas, SSTC 122/1999, de 28 de junio y 141/2011, de 26 de septiembre) y obliga a los órganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma proporcionada. Dicho de otro modo, prohíbe «aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (SSTC 38/1998, de 17 de febrero y 17/2011, de 28 de febrero, entre otras). Se trata en todo caso de un «escrutinio constitucional especialmente severo» (STC 7/2001, de 15 de enero) ya que conduce a apreciar la vulneración del art. 24.1 CE por parte de resoluciones judiciales incursas en un rigorismo desproporcionado, aunque puedan reputarse razonables y «sin perjuicio de su posible corrección desde una perspectiva teórica» (STC 157/1999, de 14 de septiembre). 

En consonancia con esta doctrina, el Tribunal Constitucional declara que «constituye ya doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) y que el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido, que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 32/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993, 302/1994 y 165/1996), cuando de acceso a la jurisdicción se trata». 

Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional aplicable sin dificultad al proceso civil, tiene su origen en una interpretación del cómputo «de fecha a fecha» de los plazos mensuales y anuales (arts. 185.1 LOPJ y 133.3 LEC) y comprenderá el lector el conflicto cuando lea el siguiente párrafo de la STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 2 de abril de 2008 (LA LEY 21079/2008): «El computo de los plazo señalados por meses, si se trata de un plazo procesal para interponer el recurso contencioso-administrativo, si bien se inicia el día siguiente al de la notificación del acto expreso, no culmina el día de la misma fecha que el del inicio del cómputo, sino el inmediatamente anterior, y ello para que aparezca respetada la regla del cómputo de fecha a fecha. De ahí que, en definitiva el día final para la interposición del contencioso, será el que corresponda en número al de la notificación». 

La postura del Tribunal Constitucional es reiterada y por citar un ejemplo la STC, Sala Segunda, 157/2009, de 29 de junio de 2009 aclaró que en relación con los plazos y su cómputo, la interpretación y aplicación judicial de una norma relativa a los mismos era una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante, podía adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial supusiera la inadmisión de un proceso o de un recurso o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico, para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión era determinante de indefensión, siempre que tal decisión hubiera sido adoptada partiendo de un cómputo en el que fuera apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o que se hubiera utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 179/2003, de 13 de octubre; 314/2005, de 12 de diciembre; 57/2006, de 27 de febrero; y 122/2007, de 21 de mayo). 

Dejo como apunte que según RODRIGUEZ CARBAJO a partir de dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional coexistirán dos sistemas de cómputo de esos plazos: el sistema moderno (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día siguiente al de la notificación) que tendrá su ámbito de aplicación limitado a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional que establecen plazos mensuales y el sistema tradicional (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día de la notificación) que se aplicará a los demás plazos administrativos, sustantivos y procesales y todo ello, dejando a salvo otras normas relativas al cómputo de plazos como los arts. 151.2 LEC (día inicial adicional) y 135.1 y 2 LEC (día final adicional). 

La presentación de escritos en los órganos judiciales civiles: las excepciones se convierten en reglas generales. 

El art. 135 LEC respondió en su momento a una necesidad histórica y solo puede ahora entenderse desde ese enfoque, con lo que desaparecida dicha necesidad parece necesario algún retoque que olvide de una vez el papel en la presentación de demandas y escritos y los sujete a los medios informáticos a disposición de los órganos judiciales. Veamos, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000 introdujo la obligatoriedad de la práctica de las actuaciones del juicio en los términos o dentro de los plazos señalados por la ley (art. 132.1 y 2 LEC) y con el fin de evitar la preclusión del acto o trámite para las partes (art. 136), el legislador estableció mecanismos para garantizar la presentación de escritos y documentos sujetos a plazo. Hasta el año 2001 se empleaba a los Juzgados de Guardia; desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se permite la presentación extemporánea de los escritos hasta el límite de las quince horas del día siguiente a aquél en que finalice el término o plazo de que se trate. 

El beneficio concedido por el legislador fue acogido con desigual resultado. Para algunos autores la prórroga del art. 135 LEC era una injustificada quiebra del principio de preclusión o quizá, con mayor precisión, del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales: mientras el legislador señalaba que en el cómputo de los plazos «se contará el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas» (art. 133.1 LEC); por otra, determinaba que «los plazos establecidos en esta ley son improrrogables» (art. 134 LEC) y establecía que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se produciría la preclusión y se perdería la oportunidad de realizar el acto de que se tratara (art. 136 LEC) (vide CAMARENA VÍLCHEZ, Francisca. «Presentación de escritos forenses: lugar y plazos. Notas a propósito del artículo 135 de la LEC » DIARIO LA LEY, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-177, tomo 5, LA LEY 1453/2002). 

Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? La práctica nos enseña que cuando el órgano judicial fija un plazo, no solo se agota el previsto en la ley o el que aparezca en la correspondiente resolución (lo habitual es que sea de tres o cinco días), sino el de la prórroga del art.135.1 LEC, con lo que la excepción se ha convertido en una regla general. De lo dicho resulta que en las oficinas judiciales se presentan dos clases de escritos: a) los que la parte considera oportuno para la práctica de alguna diligencia de prueba o ejecutiva, la averiguación del algún particular de la parte contraria o, el impulso del proceso, supuestos en los que no rige el cómputo del art.133 LEC, ni la preclusión de los arts. 134 y 136 LEC y b) los sujetos a plazo en los que siempre se agota el plazo concedido y la ampliación del art.135.1 LEC. 

Con tales antecedentes recordaremos que la redacción del art.135 LEC fue modificada por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, para adaptar la legislación procesal a la implantación del sistema Lexnet y dispone el apartado 1 que «Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial». 

El mandato se aplica a la presentación de los documentos que deban acompañarse a los escritos, pero no cuando se trata de realizar un determinado acto. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación y podrá hacerse constar la recepción de unos y otros en copia simple presentada por la parte (art. 135.4 LEC). 

Y sigue diciendo el art.135 LEC que el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello, en el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación (apartado 3). Desaparecida tanto la «diligencia de constancia» como la posterior «nota», que se han sustituido (lógicamente) por un «sello» en el que se hará constar el día y hora de la presentación, hubiera sido necesario precisar los límites de la posterior «dación de cuenta» con el fin de evitar la ulterior extensión de una diligencia para dar cuenta a la Sala, ponente o juez, de los escritos y documentos presentados, cuando contengan peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos (art.178.1 LEC). Omisión que se explica por los sucesivos parches que se han ido colocando en el articulado y en particular por la reforma del año 2009, que no cuidó ninguno de estos detalles provocando antinomias de difícil interpretación. 

En cuanto al traslado de los escritos y documentos, «se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a los procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece» (art. 135.6 LEC) de tal modo que cuándo se haya utilizado el servicio del traslado de copias del Colegio de Procuradores «el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas» (art.278 LEC). En estos casos el cómputo se realizará desde el día siguiente al de la fecha que conste en el sello de traslados y ello aunque una interpretación literal del art.151.2 LEC pueda llevarnos a otra conclusión. 

Téngase en cuenta que se hacen estas referencias porque en la actualidad sigue sin implantarse el traslado por el sistema Lexnet, porque en otro caso el traslado de copias se hace de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate, entendiéndose efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de la presentación. (arts. 135.5, 6 y 276.2 LEC). Lexnet envía la copia a los Procuradores que se hayan designado a través del servidor del Colegio de Procuradores y a la Oficina de Registro y el sistema informa que el traslado se ha realizado, sirviéndole dicho mensaje como acuse de recibo. Dice la STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) que siendo como es obligatorio a tenor del art. 4 Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios, el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación «oficial» de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan. Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala «entra» en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio y su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación. 

Recibido en la Oficina de Registro el escrito con el traslado de copias, procederá a su registro y reparto generando una diligencia de presentación de escritos y traslado de copias que el sistema envía al Colegio de Procuradores y al Juzgado. 

En estos casos las comunicaciones con los Procuradores se realizan a través de los servicios organizados por los Colegios de Procuradores y de su administrador con lo que la fecha que figura en el resguardo que se genera es la fecha de recepción del acto de comunicación, entendiéndose que en aplicación de lo dispuesto en el art. 151.2 LEC, el acto de comunicación se tendrá por realizado al día siguiente de la fecha de recepción. (ATS, Sala 1ª, de 7 de febrero de 2012, Roj: ATS 1937/2012). 

Por último, la previsión sobre la presentación de los escritos se completa con las dos siguientes: «En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia» (apartado 2) y «cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.2 de esta ley. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción» (apartado 5). 

Y esto nos lleva a una segunda excepción convertida también en regla general, pues la presentación de un escrito en la forma prevista en el art. 135.5 LEC – que todavía no se produce en la mayoría de los partidos judiciales– vuelve a abrir la puerta a tantas posibilidades que se antoja muy aventurada cualquier teoría y, más cuando se ha «retorcido» de tal forma el sistema informático de notificación que se ha convertido en una comunicación judicial por correo electrónico. 

En la práctica se ha ampliado de hecho el plazo ya que el procurador o el letrado reciben por Lexnet la copia de la resolución en el mismo día de la notificación, pero el cómputo se realiza en la forma prevista en el art. 151.2 LEC, con lo que en no pocas ocasiones se da la paradoja que el letrado o el procurador solicitan alguna aclaración en la Secretaría del Juzgado, recogen el mandamiento o acuden a consultar el proceso por mor de una resolución que formalmente no ha sido notificada y que no debería producir ningún efecto. Comprenderá el lector este aserto con lo que se expondrá en el siguiente epígrafe. 

El legislador se quedó a medio camino entre lo que debería haber hecho (inmediata supresión de cualquier prorroga en el caso de comunicación informática entre las partes y los órganos judiciales) lo que hace (coexistencia entre diferentes sistemas) y lo que sucede en la práctica (protocolos que modifican la normativa que regula Lexnet y por ende el cómputo de los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

 Y ¿cómo se aplica el art. 135 LEC en relación con los arts. 151 (tiempo de la comunicación) y 133 (cómputo de los plazos)? Nos encontramos con dos posturas diferentes. Para la primera el art. 135.1 LEC solo es aplicable a los escritos sujetos a plazos procesales y no en el caso de la caducidad y el de prescripción de tipo sustantivo o civil y no procesal, pues únicamente tienen este carácter los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción. 

Sin embargo, el precepto no distingue entre el carácter del plazo (procesal o civil) y si se atiende a su finalidad así como a que ese plazo material o sustantivo (de caducidad o prescripción) se encuentra preordenado al ejercicio de un acción procesal dentro de su período, llegamos a una conclusión diferente. Porque si en las actuaciones antes los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia y no hay un servicio de recepción de escritos en tales tribunales durante determinadas horas del último día hábil o durante todo él si es inhábil, la consecuencia es que no se podrá presentar la demanda ejercitando la acción correspondiente el último día o en determinadas horas de éste, pero dentro del plazo fijado, lo que llevaría consigo, de facto, una reducción inadmisible del plazo (MOSCOSO TORRES, Pablo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Referencia: SP/DOCT/2899). 

La segunda tesis se asienta en la definición y consecuencias de cada plazo. En el fondo y cualquiera que sea el plazo, hablamos de lo mismo. El cómputo del plazo expira el día de su vencimiento a las 24.00 horas, produciéndose la ficción legal de entender que si el escrito se presenta antes de las 15.00 horas del día siguiente, se entiende presentado el día de finalización del plazo. No hay más. Otra cosa es que el proceso se hubiera adaptado a Lexnet, sin límite de horas, ni de días, pero mientras se sujete a los arts. 151 y 135 LEC (en las redacciones actuales) junto a la ficción legal del vencimiento del plazo, tendremos la ficción legal del inicio del cómputo, con lo que desaparece, en consecuencia, la distinción entre los plazos civiles y los procesales.

14 septiembre 2014

7 trienios con viento de poniente.


No sé si saben que en Valencia en verano hace calor y más cuando sopla el viento de poniente, que es el resultado de una especie de secador de pelo gigantesco que funciona, según las rachas, de uno a tres días. Que recuerden los ancestros del lugar en Valencia, desde que fue ciudad romana y luego Reino, siempre ha hecho calor en verano, como en Teruel hace frio en invierno y en Madrid llueve hacia abajo, mezclando un calor tórrido en julio con un frio de bajo cero en diciembre. Pues siendo esto así, tócate los cojones Manolito y perdonen la expresión, porque resulta que parte del profesorado de la ciudad lleva dos semanas quejándose del calor y transmitiendo el lloro a los alumnos para que lleguen a casa quejosos del tiempo o huelgueen ante la Consejería o ante quien corresponda, a ver si ponen un aparato de aire acondicionado en cada clase o, mejor las suspenden. 

Y ¿qué tiene que ver la queja de parte de profesorado de Valencia con mis siete trienios? Muy simple: la caída libre que el desprestigio del mérito y de la capacidad ha logrado producir en la educación y en la función pública, después de décadas de vender la moto de los derechos sin obligaciones y de que cualquiera puede llegar a cualquier mando en plaza, porque eso es la democracia. Antes era el alumno el que quería saltarse las clases, hacer el examen del lunes, el miércoles o, mejor aún que cayera un aprobado general; ahora no hace falta: podrá ocuparse de ello su profesor o profesora, que reclamará ante quien corresponda por la lluvia que cae hacia abajo, el frio que no se combate con calefacciones atómicas de protones o, el nuevo temario que, quizá exija la vuelta al latín, el trato de “usted” y vocación, porque la enseñanza requiere vocación y hoy la tienen cuatro; la de la enseñanza, claro está, la de la política y la de tengo que trabajar llevan años siendo ahora mayoría y de la absoluta. 

Así que después de siete trienios he llegado a la conclusión que en Valencia, en verano hace calor, mucho calor y que el objetivo de igualar al personal por la mediocridad, que es lo que buscaba la Administración y los Sindicatos, es un objetivo conseguido después de desorganizar todo lo desorganizable, de años de cursos de formación y de advertencias públicas en el Boletín Oficial del Estado, sobre cómo tienes que inclinarte, cuantos grados y en qué postura para promocionar profesionalmente. Y no vayan a pensar otras cosas, que solo escribo de la carrera profesional, nada más. 

No se crean. No es mal resultado para veintiún años. Otros llevan el mismo periodo de tiempo hablándonos de la reforma de la justicia, de la informatización y de los operadores jurídicos y ahí siguen y hasta es probable que sean los mismos o, tengan parentela próxima, con quienes promoverán huelgas en invierno si en Valencia llueve hacia abajo en noviembre. Y eso espero, que llueva; hace mucha falta.

10 septiembre 2014

La corrección de errores en la tasación de costas


No suele ser habitual que el Secretario Judicial advierta la existencia de errores en la práctica de la tasación – no hace falta extenderse para colegir que si los advierte, los corrige antes de la notificación- y evidentemente el Juez no tendrá ninguna noticia de la liquidación, su notificación y la impugnación, a menos que se interponga un recurso de revisión. 

Podríamos distinguir los siguientes supuestos: 

a) El “error” aritmético. Si hay parte personada impugnará la tasación de costas o pedirá la rectificación del error, pero si la condenada al pago no está personada será una cuestión de suerte que el Secretario Judicial o el funcionario encargado del asunto detecte el fallo. Estos errores podrán corregirse en cualquier momento (artículo 214.3 LEC). No es tampoco un error la sustitución o subsanación la omisión o defectuosa formulación en que haya podido incurrir la parte al presentar una determinada partida. Para la subsanación de un pretendido error que no sea aritmético, incluso cuando sea de escasa trascendencia -a decir de las SSTS de 25 de noviembre de 1986 (RJ 1986, 6582),14 de diciembre de 1993 (RJ 1993,9879) y 20 de enero de 1998 (RJ 1998,1156)- la parte habrá de acudir a otra vía distinta a la de la impugnación de la tasación practicada. 

b) La cuantía del proceso sobre la que se liquidan los honorarios y derechos. Esto no es un error, ni puede tratarse como tal. El Secretario Judicial practica la tasación según su leal saber y entender y la discrepancia en este punto obliga, en todo caso, a la impugnación. No elucubro sobre la posibilidad que el Secretario Judicial aprecie un error de esta clase en la ejecución de la tasación de costas en la que se haya cometido, porque no conozco ningún caso en la práctica, ni en la jurisprudencia. 

c) La aplicación del límite del artículo 394.3 LEC. Formulo aquí un interrogante: ¿qué ocurre si el Secretario Judicial o la parte condenada al pago, en la ejecución de la tasación advierten que no se ha aplicado el límite del artículo 394.3 LEC a los honorarios del letrado?. A mi entender podrá rectificarse como error material del artículo 214.3 LEC por dos razones. La primera es la propia redacción del artículo 394.3 LEC que no relaciona el pago de la tercera parte con la tasación de costas, sino con la declaración de temeridad del litigante condenado en costas, luego si no se ha hecho esta declaración no será obstáculo para la aplicación del límite el olvido o el error en la práctica de la tasación de costas. Y en segundo lugar porque, sencillamente, lo permite la doctrina del Tribunal Constitucional. 

d) Otros casos no comprendidos en los anteriores. Nos servimos de un fundamento de la SAP BARCELONA, 371/2011, Sección 1ª, 26 de julio de 2011 (ROJ: SAP B 7239/2011) para contestar: “Resulta de los antecedentes reseñados que las tasaciones de costas en las que se practicaron las retenciones del 15% por IRPF, devinieron firmes al no haber sido impugnadas por las partes , por lo que no puede discutirse ahora si fue o no correcta la práctica de la indicada retención, y nada tiene que ver con la cuestión litigiosa, ni la discusión acerca de si las costas son un crédito del letrado o de la parte, ni tampoco la jurisprudencia del TS que considera que la retención del IRPF es un concepto que debe ser excluido de la tasación de costas (STS 20 de septiembre de 2007), porque una y otra materia pertenecen al ámbito propio de la tasación de costas que al haber devenido firme ya no puede ser revisada”.

Aquí disponen del archivo completo y las correspondientes notas a pie.

03 septiembre 2014

Carta abierta al colectivo de Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles


Estimado colectivo de Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles, el motivo de la presente (me disculparán los dos puntos) es informarles, pues no puedo hacer otra cosa, que sus calificaciones negativas, negatorias y del sí, pero falta esto o lo otro, han llegado al mismo número que los recursos de reposición y de apelación que tramita el Juzgado y superan en tres consultas de mostrador a cero, al de profesionales que traen en la mano párrafos sobre lo que la Juez y quien redacta debemos poner en sentencias, autos, decretos, providencias, diligencias y demás fauna procesal que anda entre grapa y grapa. 

Esta mañana, por citarles un ejemplo próximo en el tiempo, una abogada traía un folio redactado en letra arial, tamaño 12, de un Registrador de la Propiedad para que se incorporara, Dios mediante, al edicto y al auto en un expediente de dominio y salvara el acceso al Registro; visita que ha coincidido con el reparto de un escrito en el que el demandante pide, a instancia de otro Registrador, un testimonio completo de una sentencia, pues el testimonio del fallo no parece bastar a los efectos del art.24 CE, el tracto sucesivo o vaya usted a saber qué. Sentencia que por cierto tuvo su aquel, pues la Magistrado tuvo que escuchar en el juicio como el abogado del actor leía lo que el Registrador le había dicho que tenía que poner en la misma y conste que iba avisada, porque quien redacta ya ha tenido ocasión de disfrutar de las calificaciones registrales del sí, pero no y del bueno, pase de lo del tracto, pero en modo alguno de la salvaguarda de los derechos de tercero y eso, aunque todos estén muertos, como es el caso y no haya forma de colocar a nadie en el lugar del demandado. 

Qué tiempos aquellos en los que los Registradores de los Bienes Muebles se inventaron aquello de los derechos de uso del usante de un vehículo que no era suyo, para que así el titular sacara a subasta el vehículo de su propiedad o, no, perdón, para que así el Juzgado sacara a subasta los derechos del usante, porque el vehículo seguía siendo del actor y no del usante, con una valoración imposible (ya me dirán cómo se valora el derecho de un usante cuando no se localiza el coche) y con algún letrado preguntando a quien redacta porque no seguía dicha doctrina; ya saben eso de que solo pasa en este Juzgado. 

En esa época no nos caía una sola calificación negativa, negatoria o medio pensionista en otras ejecuciones salvo en lo relativo a los ocupantes; en la redacción en presente, futuro, participio o gerundio de la “existencia del sobrante” (no recuerdo ninguna en condicional) y en la notificación al cónyuge del ejecutado, hasta que la defensa del consumidor en la Ley 1/2013 y la abusividad de la hipoteca en yenes, nos sorprendieron en plan rotura de presa un domingo por la noche jugando el Madrid y el Barcelona, a lo que siguió la inscripción constitutiva de las absorciones bancarias y que de momento termina con una nota que leí ayer en una certificación registral, en la que el Registrador advierte que la adjudicación solo se inscribirá cuando se haga lo propio con la cesión universal y que llevo a preguntarme ayer ¿por qué se libró dicha certificación cuando el Registrador entiende que el ejecutante y el titular de la hipoteca no son la misma persona? 

Solo Dios sabe lo que nos depara el futuro calificativo y también reitero, porque lo he hecho en otras ocasiones, que escribo en singular porque redacto los decretos de aprobación del remate y de adjudicación y estos llevan todas las coletillas que el tracto sucesivo, la legitimación, la tutela judicial efectiva y los diferentes Registradores de la Propiedad requieren y, evidentemente, no pongo la mano en el caldero por nadie, pero de ahí que al acceso al Registro de Propiedad sea más difícil que tomarse una copa en un local pijo llevando calcetines blancos y una camisa de Carrefour va un trecho largoY ello sin olvidar que nosotros (los órganos judiciales) jugamos con los principios dispositivo y de congruencia y que aquí cualquiera redacta una demanda jugando al copia y pega y luego sigue pegando las calificaciones registrales y más allá. 

Claro que, pensándolo bien, siempre es más sencillo subsanar cuatro veces una resolución de un Juzgado, que sigue siendo gratis y en el mostrador se atiende a toda clase de habilitados; que pagar, agotar la vía administrativa en recurso ante la Dirección de Registros y luego tener que ir a un Juzgado a seguir peleando la nota desfavorable así que, atentamente me despido, porque esto está quedando muy largo y solucionar, no va a solucionar nada.

01 septiembre 2014

El control de transparencia de la cláusula abusiva en el proceso de ejecución.


Para contestar la cuestión que se formula hemos de partir del hecho que según doctrina de la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) el Tribunal podrá valorar las cláusulas que se tachen de abusivas ya que el principio de efectividad del Derecho de la Unión exige al juez el deber de intervenir de oficio. Y, con cita de la STJUE de 4 de junio de 2009, añade que el papel que el Derecho comunitario atribuye al juez nacional en la materia de que se trata, no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. 

Dicho esto, es obligado aclarar tres particulares: a) deberá tratarse de una cláusula firmada por un consumidor, que tenga la naturaleza de una condición general; b) habrá de examinarse si la falta de claridad de una cláusula integra el concepto de abusividad o si, por el contrario, se trata de dos cosas distintas y, por último, c) si el control de transparencia obliga a acudir a un proceso declarativo sin que, en consecuencia, pueda ventilarse en el proceso de ejecución.  
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Respecto a la primera cuestión leemos en la SAP PONTEVEDRA, Sección 1ª del 14 de mayo de 2014 (Roj: SAP PO 448/2014) que una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes y podrá referirse al objeto principal o a los elementos esenciales del contrato, sin que pueda equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre una pluralidad de ofertas de contrato sometidas a condiciones generales de contratación y, tampoco equivale a negociación individual la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios, siendo preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato (SAP MADRID, Sección 28ª, de 23 de julio de 2013, Roj: SAP M 13086/2013). 

En cambio, cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales, teniendo aquellas su ámbito propio en la relación con los consumidores, en lo que habrá que estar a lo previsto en los arts. 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo y en el art. 82 apartados 1º y 3º TRLCU. La existencia de un «desequilibrio importante», según la STJUE de 16 de enero de 2014 (asunto C-226/12), no requiere necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato o, bien de un obstáculo al ejercicio de éstos o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. 

Y para apreciar la posible existencia de un desequilibrio importante, habrá de tenerse en cuenta la naturaleza del bien o del servicio que sea objeto del contrato, considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración y todas las demás cláusulas del mismo. 

Esto nos lleva nuevamente a la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) ya que es necesario aclarar: a) que la prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o, debe renunciar a hacerlo y b) que la carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario. 

Los antecedentes expuestos permiten concluir que el control de transparencia, esto es, el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato (nuevamente la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 Roj: STS 1916/2013) podrá realizarse en el proceso de ejecución y que además la obligación de transparencia no es un deber puramente formal de hacer cognoscibles las cláusulas para el adherente mediante una redacción clara y comprensible, sino que entre la transparencia y la cuestión de la abusividad existe de manera más o menos intensa algún nexo, de modo que la falta de transparencia en la redacción de una cláusula pueda ser que comporte una declaración de abusividad (SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 Roj: SAP H 2/2014

En palabras de la citada SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 (Roj: SAP H 2/2014), la Directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas 13/1993 prescribe un deber del predisponente de redactar las cláusulas que se presenten al adherente por escrito de manera «clara y comprensible», esta es la denominada regla de transparencia en los contratos. Con este mandato la transparencia pasa a asumir el papel de elemento constitutivo del supuesto de hecho de un deber positivo, siendo así que la inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, pueden tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del cliente, consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado.

28 agosto 2014

Oferta irresistible: la Reforma de la Justicia en un Ebook de 2€.


Si se pregunta por qué tenemos en el Siglo XXI los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, aunque llenos de ordenadores, de operadores jurídicos y de servicios comunes, se lo explico en este ensayo de 177 páginas de fácil lectura y mejor comprensión y también, que deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado la cuadratura del círculo o, más bien un permanente regreso al futuro de seis siglos. También les digo que no explico el futuro porque los nietos de nuestros nietos seguirán escuchando el rollete de la reforma de la justicia, de su politización y del expediente digital. 

Así que visto que pese a mis esfuerzos (bueno en singular), no se ha vendido un solo ejemplar desde hace un buen tiempo y aprovechando el final de las vacaciones oficiales en la Justicia (ya saben, julio y agosto), les hago una oferta irresistible y por 2€ podrán descargarse el ebook REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). 

Les aconsejo la lectura de INTRODUCCIÓN que puede descargarse en la página web, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Para más información pinchen en la imagen del libro o AQUI

25 agosto 2014

La preferencia crediticia por gastos de propiedad horizontal.


Dice el art. 9.1 e) LPH que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del art. 1.923 CC y preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Sobre esta preferencia la SAP Baleares de 4 mayo 2000, Sección 4 ª, de 4 de mayo de 2000, precisa que al pago de estos gastos estará afecto el piso o local cualquiera que fuera su propietario actual y el título de su adquisición, siendo este crédito a favor de la comunidad de propietarios preferente a cualquier otro, lo que se entiende sin perjuicio de las responsabilidades personales procedentes; afección real que tiene carácter preferente y sobre la que no pueden prevalecer ni los derechos reales —ni siquiera importa que la propiedad del piso o local no sea ya del deudor— ni ningún otro derecho de crédito. 

Por tanto, una vez producido el impago e instándose judicialmente la satisfacción de las cantidades debidas, todas las que estén comprendidas en el límite temporal establecido a contar desde el momento de la demanda, estarán amparadas por dicha afección y por lo mismo, cualquier hipoteca o embargo sobre el piso o local tendrá eficacia una vez satisfechas las deudas con la comunidad, que tienen derecho preferente sobre los mismos. 

Dicho esto, la cuestión de la preferencia del crédito de la comunidad de propietarios ha planteado un vivo debate doctrinal acerca de su naturaleza jurídica y, concretamente si tiene efectos reales o se trata de una preferencia de alcance personal, aunque sea un crédito singularmente privilegiado. A veces se ha señalado que se trata de una hipoteca legal tácita respecto al periodo temporal que cubre, tomando como cómputo hacia atrás el de la demanda. No obstante, la configuración de la preferencia como hipoteca legal tácita requeriría un precepto legal que lo estableciera así, o bien una resolución judicial en la que siendo partes todos los interesados en esa configuración, estableciera expresamente esa configuración o el carácter real de la preferencia. 

Aclara la Resolución DGR y N de 22 de enero de 2013 (BOE 20 de febrero de 2013) que cuando la preferencia tiene un carácter real por tratarse de un derecho de tal trascendencia, entonces sí que podría dar lugar a una anteposición en el rango registral con la consiguiente postergación de derechos reales anteriores y la cancelación automática de los mismos, como consecuencia de esa modificación de rango cuando se consume la ejecución y adjudicación. En cambio, si no se añade a la declaración de preferencia el aditamento de derecho real, que no resulta del art. 9.1.e), dicha preferencia no puede dar lugar a modificaciones del rango registral, ni a cancelaciones automáticas de los derechos reales que se pretenden postergar. El efecto natural de una declaración de preferencia del crédito en los términos del artículo 9.1.e) sin más aditamentos y sin el consentimiento de titulares registrales de créditos anteriores o de su intervención como parte en el juicio, sólo permitiría alegar dicha preferencia a su titular a través de una tercería de mejor derecho con motivo de la ejecución del derecho de cualquier titular del asiento anterior, pero no para adelantarse en el rango, sino para obtener el cobro con preferencia a él en la ejecución. 

Este derecho preferente se hará valer mediante una tercería de mejor derecho, pues las normas legales sobre clasificación y graduación de los créditos y la del art. 9.1e) LPH, parten del presupuesto de un procedimiento de concurso de acreedores o de ejecución colectiva de créditos que ostentan distintos acreedores frente a un mismo deudor y conforme a una doctrina jurisprudencial reiterada, los juicios de tercería de mejor derecho vienen a ser un concurso de acreedores en un proceso singular (SAP VALENCIA, Sección 6ª, 23 de julio de 2013, ROJ: SAP V 3757/2013

Por último, declarado el concurso las comunidades de propietarios pierden su preferencia crediticia y suscita dudas la posibilidad del reconocimiento de la existencia de un crédito contra la masa o, bien su inclusión dentro de los créditos con privilegio especial establecidos en el art. 90.1.1º LC al poder considerarse una hipoteca legal tácita. 

Leemos en la SAP PONTEVEDRA, Sección 1ª, 19 de febrero de 2014 (ROJ: SAP PO 281/2014) que lo que hace el art. 9.1.e) LPH es atribuir una determinada preferencia a los créditos derivados del impago de las cuotas adeudadas a la Comunidad de Propietarios de forma que, con relación al inmueble de que se trate van inmediatamente detrás de los créditos a favor del Estado y los créditos de los aseguradores. Ahora bien, el art. 1.921 CC precisa que "en caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal". 

Toda vez que la preferencia contemplada en el art. 9.1.e) LPH en relación con el art. 1.923 CC no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en los arts. 90 y 91 LC, debe concluirse que no resulta de aplicación en los supuestos de concurso y así cuando el inmueble pertenezca a una persona física o jurídica en situación de concurso la Comunidad concurrirá con el resto de acreedores sin privilegio alguno. 

Ello no implica que el art. 9.1.e) LPH quede vacío de contenido sino que su aplicación se restringe a los casos de ejecuciones singulares y será en esa ejecución singular en la que la preferencia del art. 9.1.e) LPH estará llamada a desplegar todos sus efectos. Esta es la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTS de 21 de febrero de 1975 y 25 de enero de 1958, dictadas en juicios de tercería de mejor derecho y que vienen a distinguir entre la ejecución colectiva de créditos que ostentan distintos acreedores contra un mismo deudor y la existencia de dos ejecuciones simultáneas o singulares contra un mismo deudor y unos mismos bienes. Y en el mismo sentido, la Resolución de la DGRN de 15 de diciembre de 1994 declaró: "(...) la preferencia crediticia sólo juega en los casos de concurrencia de créditos (esto es, en las hipótesis de ejecución colectiva o en las ejecuciones individuales cuando se ha interpuesto una tercería de mejor derecho) y su única eficacia se agota en la determinación del orden de pago de los créditos concurrentes, de modo que iniciada para un acreedor una ejecución individual contra su deudor y embargado alguno de sus bienes, cualquier otro acreedor del ejecutado que se considere de mejor condición que el actor y pretenda cobrarse antes que él con cargo al bien trabado, deberá acudir a esa ejecución ya iniciada, interponiendo la oportuna tercería de mejor derecho... ".