29 mayo 2015

El Tribunal Supremo vuelve a opinar sobre los derechos de los Procuradores.


En el reciente ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2015 (Roj: ATS 2984/2015) se resuelve un recurso de revisión contra un decreto en el que se desestimó una impugnación de la tasación de costas, declarando debidos los derechos de un procurador. 

En relación con los derechos del procurador la impugnante mostró su disconformidad con la motivación del decreto, exponiendo que sus alegaciones ya se habían planteado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 1 de marzo de 2012 , que nuestros órganos internos en materia de competencia ya han puesto de manifiesto la ilegalidad del sistema retributivo de los procuradores (cita el IPN 96/13, Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC, procuradores) y que esta misma línea es seguida en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Dejaba en manos de la Sala el planteamiento de oficio de una cuestión prejudicial ante el TJUE o la inaplicación directa del Reglamento que regula el arancel de los procuradores. Sin embargo, especificó que la única pretensión procesal que instaba en el recurso es que no se impusieran las costas del incidente, pues el art. 246.3 párrafo segundo únicamente prevé dicha imposición de costas en el caso de las impugnaciones por excesivas. 

Afirma la Sala que esta no es una cuestión nueva, habiéndose planteado en diversas ocasiones ante los tribunales, lo que ha motivado que tanto la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 1 de marzo de 2012 , como el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, con fecha 21 de mayo de 2013, elevasen sendas cuestiones prejudiciales al TJUE, cuestiones que fueron retiradas porque las partes alcanzaron acuerdos extraprocesales sobre el pago de las costas . 

Y no han faltado voces críticas sobre el sistema retributivo de los procuradores de los tribunales o sobre la existencia misma de estos profesionales por considerar el sistema español excepcional en la Unión y gravemente perjudicial para la competencia, siendo especialmente significativo el informe de la antigua Comisión Nacional de la Competencia al anteproyecto de Ley de reforma de la LEC (IPN 96/13). Sin embargo, la Sala consideró que no era procedente el planteamiento de cuestión prejudicial porque el sistema vigente no resulta contrario a la normativa comunitaria sobre prestación de servicios y libre competencia, cuya trasposición a nuestro ordenamiento se verificó, entre otras, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como "Ley Paraguas"). 

Asimismo, el RD Ley 5/2010, de 31 de marzo, incluyó en nuestro ordenamiento un límite general a los derechos que podía percibir el procurador en un mismo asunto y que no podía exceder de 300.000 euros. Esta norma no incluyó un principio de proporcionalidad, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de mayo de 2013 (STC 108/2013), no pudiendo ser interpretada en el sentido de que los tribunales tengan capacidad de moderar los derechos de los procuradores cuando resulten a todas luces desproporcionados atendiendo a la exclusiva función que les atribuye la ley, de representación de la parte en el proceso . Sin embargo, también debe indicarse que la doctrina del TJUE, representada por la conocida sentencia de 5 de diciembre de 2006 , dictada en los asuntos acumulados C-94/04 y C-202/04 (Caso Cipolla), ha declarado que la protección, por una parte, de los consumidores, en particular de los destinatarios de los servicios judiciales prestados por los auxiliares de justicia, y, por otra parte, de la buena administración de justicia, es un objetivo que se encuentra entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permiten justificar una restricción a la libre prestación de servicios ( sentencias de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p . I-6511, apartado 31 y la jurisprudencia citada, y de 21 de septiembre de 1999, Läär ä y otros, C-124/97 , Rec. p. I-6067,apartado 33), siempre que se cumpla el doble requisito de que la medida nacional controvertida en el litigio principal sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, correspondiendo al tribunal nacional examinar, en particular, si existe una correlación entre el nivel de los honorarios y la calidad de los servicios prestados por los profesionales. Así, no han faltado voces autorizadas que han considerado que la fijación de los derechos de los procuradores por arancel supone una garantía para el justiciable, ya que le proporciona información sobre el coste del servicio, y constituye un sistema objetivo para la determinación del cálculo de los honorarios a incluir en la tasación de costas ; tampoco es ajena esta Sala a la indudable labor de colaboración con la Administración de Justicia y de facilitación de la actividad jurisdiccional que desarrollan los procuradores, labor que justificaría ese interés general a que se refiere el TJUE y se recoge en el art. 2 de la Ley 17/2009 de 23 de marzo como causa de exclusión del ámbito de aplicación de dicha norma.
cita:

Por último, no hemos de perder de vista el futuro inmediato de la cuestión que ahora examinamos, futuro que viene representado por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo último anteproyecto (de 11 de noviembre de 2014 y actualmente retirado) incluye importantes novedades al respecto que, sin duda, facilitarán la libre competencia entre los profesionales con respeto a la normativa comunitaria; en dicho anteproyecto se contienen medidas como el carácter de máximo del arancel de derechos de los procuradores, ya que estos estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en dicho presupuesto constará expresamente la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa y, en el caso de que no se ofrezca ninguna disminución, habrá de constar expresamente este hecho; también se prevé que en los casos en que hubiere condena en costas a la totalidad, las retribuciones del procurador serán en todo caso las pactadas por este y su representado, cuando sean inferiores al arancel máximo fijado en la normativa; del mismo modo se prevé que en los casos en que la imposición de costas lo sea solo a una parte de estas o hasta una cifra máxima, se aplicarán las retribuciones pactadas por el procurador y su representado, cuando estas sean inferiores al arancel máximo establecido en la normativa, y hasta el límite fijado en la resolución en la que se acuerde la imposición de las costas ; por último, se limita extraordinariamente la cuantía máxima que puede percibir un procurador por su intervención en un asunto (75.000 euros) y se reducen porcentualmente los derechos fijados en el arancel vigente (RD 1373/2003) hasta la aprobación del nuevo Real Decreto que adecue el arancel de los derechos de los procuradores.

Por tanto, de acuerdo con el sistema hoy vigente y con la previsión normativa expuesta, esta Sala entiende que no es procedente en este momento el planteamiento de la cuestión prejudicial propuesta. Además, y a mayor abundamiento, cabe destacar que esta Sala, en el auto de fecha 2 de febrero de 2010, recurso nº 208/2006 , ha mantenido que « [n]o hay razón alguna que justifique el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJCE. para lo cual sería preciso una norma comunitaria de aplicación directa que condicione la decisión a adoptar en el proceso y que su interpretación suscite duda al Tribunal nacional que haya de aplicarla ». En este punto debe mencionarse que no existe una norma comunitaria de aplicación directa, de forma que el examen de proporcionalidad y ponderación de la aplicación del arancel al caso concreto, fin perseguido por la directiva europea citada en la impugnación, se ve respetado por la aplicación concreta del mismo. 

No obstante y dado que la cuestión planteada ha generado un intenso debate anterior culminado con el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales españoles ante el TJUE (aunque posteriormente fuesen retiradas), existen serias dudas de derecho que aconsejan la no imposición de costas y la correspondiente estimación del recurso de revisión.

25 mayo 2015

Un señalamiento, una suspensión y una multa de 6.000,00€ al Banco de Santander.


Inundados en Valencia con demandas contra Bankia (y escribo literal lo de inundados) una estupenda forma de cargarse todo un orden jurisdiccional en una de las capitales más importantes de España es la de acudir a la audiencia previa del juicio ordinario o a la vista del juicio verbal como si el asunto en cuestión fuera el primero de los que se ventilan en el Juzgado (y en Valencia hay tres magistrados reforzando el estropicio) ya sea reiterando excepciones, citando a testigos de los que solo se conoce el número y por supuesto, reclamando el movimiento bursátil del demandante (hábil gestor de fondos aunque, verbigracia, no sepa leer, ni escribir o, no tenga ni idea de lo que compraba, ni el empleado de turno de lo que vendía). 

Sucede además que en ocasiones la cosa va para largo y podemos tener apelación y casación (ya saben, lo de la tutela judicial efectiva) y si el señalamiento en la instancia ya va para largo, solo faltaba que nos venga el escrito de desistimiento o de acuerdo extraprocesal el día anterior al acto de la vista. Ese es el lado oscuro del señalamiento que tantas quejas ocasiona en profesionales y particulares: la justicia sin medios no consiste solo en el señalamiento de un juicio en el año 2017, sino en ver también cuantos se han suspendido o no se han celebrado los años anteriores por causas ajenas a los Juzgados; datos que no tenemos porque carecemos de ese sistema informático que lleva implantándose tres siglos (la fecha, a ojo)

Pues bien, el ACUERDO del día 4 de marzo de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo impuso a Banco Santander la multa de seis mil euros por haber conculcado las reglas de la buena fe procesal en el recurso de casación núm. 2641/2012. La multa en cuestión se asentó en el hecho que el citado Banco presentó un escrito de desistimiento cuando estaban a punto de cumplirse las horas de audiencia del último día hábil previo al señalado para la deliberación, votación y fallo de un recurso, al que estaba convocado el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo

Y se fundó en el siguiente relato fáctico: el Banco Santander interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 20 de julio de 2012 y el 9 de octubre de 2012 se personó ante esta Sala El 1 de octubre de 2013 se dictó auto admitiendo a trámite el recurso de casación y el siguiente 23 de junio de 2014 una providencia señalando día y hora para la deliberación, votación y fallo del recurso. Posteriormente se dictó una nueva providencia en la que a propuesta del Magistrado Ponente y advertida la posibilidad de que la sentencia resolutoria del recurso pudiera formar doctrina sobre alguna de las cuestiones planteadas en sus motivos, se acordó suspender el señalamiento y someter el conocimiento del mismo al PLENO de los Magistrados de esta Sala 

El 12 de diciembre de 2014, viernes, a las 13,16 horas, Banco Santander presentó un escrito en el que se desistía del recurso de casación interpuesto, siendo así que el día 15 de diciembre de 2014, fecha señalada para la deliberación, votación y fallo del recurso, se dio cuenta al ponente y al resto de componentes de la Sala que el anterior día hábil, a la hora indicada, se había sido presentado el referido escrito de desistimiento. Por Decreto de la Sra. Secretaria de la Sala de 12 de enero de 2015 se acordó declarar desistido del recurso a Banco Santander. 

Los preceptos legales que entendió de aplicación la Sala para la imposición de la multa fueron los siguientes: 178.1, 197 y 247 LEC, 197 LOPJ y 123 CE así como el Acuerdo de 7 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publicó el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2014. 

Y concluye que la actuación de Banco Santander, al presentar el escrito de desistimiento del recurso cuando necesariamente los integrantes de la Sala Primera del Tribunal Supremo tenían que haber dedicado su tiempo y esfuerzo a la preparación de la deliberación y votación del recurso en el Pleno de la Sala y, en el caso del ponente, a la preparación de los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho que había de someter a la deliberación de la Sala, así como la propuesta de decisión que había de formular, fue contraria al deber de lealtad que todo litigante debe observar respecto del órgano judicial, supone un uso torcido de los recursos públicos empleados en la Administración de Justicia y no es acorde con la conducta racionalmente exigible a quien formula una pretensión ante un tribunal. Tanto más cuando no se ha dado ninguna explicación plausible de por qué se ha esperado unos dos años para presentar el escrito de desistimiento, y haberlo hecho justamente al final de la mañana del último día hábil previo a la deliberación, votación y fallo del asunto, más allá de genéricas invocaciones al "importante volumen de trabajo" claramente insuficientes para justificar tal conducta. 

De hecho, el banco en cuestión era reincidente y en el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 74/2012, también se había convocado al Pleno de la Sala para la deliberación, votación y fallo del recurso, presentándose escrito de desistimiento varios días antes. En ese caso la Sala emitió un comunicado en el que, entre otros extremos, afirmó: "La Sala lamenta que tal decisión del recurrente le impida dictar una sentencia en la que fije criterios jurisprudenciales que sean útiles para resolver estos litigios, así como el tiempo y el esfuerzo empleados por los integrantes de esta Sala y de su Gabinete Técnico en estudiar y preparar el asunto". 

 Y esta doctrina ¿podría aplicarse en la primera instancia?

21 mayo 2015

A vueltas con las grabaciones de los actos en el proceso penal: la STC 16 de marzo de 2015.


En el apasionante debate que sostienen algunas Fiscalías sobre la necesidad de la trascripción de declaraciones y juicios entró el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 16 de marzo de 2015 (BOE núm. 98, de 24 de abril de 2015) y de la única forma posible, mediante el análisis de la actividad de la documentación, propia de los Secretarios Judiciales y que rebate esa vuelta al papel que parece encontrarse en algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que le ocasionaría a los ingenieros de Apple un infarto. 

El asunto que analiza el Tribunal Constitucional es de los que somete a la famosa Ley de Murphy y la maldita tostada boca abajo, si bien el quehacer del Juzgado de la instancia, de su titular, de la Audiencia y sobre todo de la Secretario Judicial, fue impecable. Estas líneas, que no dejan de ser un resumen, obligan a leerse la sentencia y es algo que aconsejo, porque también el razonamiento del Tribunal Constitucional fue impecable y ello pese a que el Ministerio Fiscal, siguiendo la queja del recurrente en amparo postuló la estimación del recurso de amparo. 

Durante el desarrollo de un juicio oral, celebrado en cinco sesiones consecutivas, entre los días 4 a 8 de abril de 2011, sucede que en la sesión del día 6 de abril, figura en las actuaciones el acta sucinta de la Secretaria del Juzgado y durante el interrogatorio a la quinta testigo, el acta refleja lo siguiente: "Se ha producido un problema técnico con la grabación, interrumpiendo la sesión 2 minutos para solucionar el problema". Luego se lee la frase: "Se ha solucionado el problema de grabación". Al finalizar la declaración, el acta indica, en letras mayúsculas: "CONTINÚA EL ACTA SUCINTA", volviendo al formato anterior con la siguiente testigo y, tras ella, con el interrogatorio de quienes fueron citados como expertos (prueba pericial), cerrándose luego la sesión. Por mor de la famosa Ley de Murphy citada antes, en el DVD del juicio oral del día 6 de abril de 2011 no aparecieron dos periciales, la del Médico y las testificales de tres Policías Locales

El día 14 de noviembre de 2011, el Juzgado dictó un Auto en el que acordó la reconstrucción del acta del Juicio Oral a partir de las manifestaciones y alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y por la defensa del acusado así como del contenido de los DVD facilitados por los medios de comunicación audiovisuales. El Magistrado aclaró que ninguna de las cuatro pruebas cuya reconstrucción se interesó fueron acogidas para fundamentar la condena.

Interpuesto el recurso de amparo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de alegaciones interesando la estimación parcial de la demanda. Consideró el Ministerio público que se producía indefensión por la imposibilidad de que por el tribunal de apelación se pudiera revisar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por la ausencia de grabación audiovisual en una sesión del juicio oral. 

¿Y qué tiene todo esto que ver con las transcripciones de CD y DVD?. Copio literal el segundo ordinal, letras a) y b) de los fundamentos de derecho:


a)La actividad de documentación de las actuaciones de un proceso, como se sabe, queda encomendada en nuestro ordenamiento jurídico al Secretario judicial (arts. 454.1 LOPJ); 148 LEC; y 6 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre quien recibe la ayuda del personal perteneciente al cuerpo de Auxilio Judicial en la custodia de las actuaciones escritas y en la comprobación del correcto funcionamiento de los medios técnicos que han de registrar actos orales [ art. 478, letras d ) y f) LOPJ ], sin perjuicio de la supervisión última que, como cualquier otra actividad desarrollada dentro del órgano judicial, le corresponde a su titular (art. 165 LOPJ ). El producto de esa actividad de documentación se configura como fuente auténtica de la realidad de lo actuado, gracias a la fe pública emanada del Secretario Judicial, quien a tal efecto deja "constancia fehaciente" de lo que presencia (arts. 453.1 LOPJ ; 145.2 LEC y 5 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales). 
De este modo, respecto de las actuaciones testimoniadas por este último hemos dicho que "resulta correcto el adagio quod non est in actis, non est in mundo, es decir, lo que no está en las actuaciones, no existe" (STC 32/1999, de 8 de marzo, FJ 5). Tal afirmación no obsta, sin embargo, cuando resulta preciso, a la eventual integración de los datos faltantes en ese soporte, con otros medios de prueba (ATC 167/2000, de 7 de julio, FJ 1); o al propio control de lo que haya sido certificado (ATC 152/2004, de 27 de abril, FJ 1). 
b) Respecto a la relevancia que la documentación de las actuaciones reviste en el proceso penal, debe señalarse que el art. 230 LOPJ , en su redacción original de 1 de julio de 1985, ya contemplaba el posible uso de "cualesquiera medios de documentación y reproducción" de las actuaciones judiciales, siempre que ofrezcan garantías de autenticidad; precisando la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, cuyo art. 8.2 modificó dicho precepto, que los Juzgados y Tribunales pueden valerse para aquel fin, de "medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos". En desarrollo de esta previsión general, la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 fue la primera en implantar para los procesos civiles el registro de las vistas y comparecencias, "en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen", bajo custodia del Secretario judicial (art. 147). La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, "de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial", ha extendido la obligatoriedad del registro audiovisual de los actos orales a los demás órdenes de jurisdicción, modificando las respectivas leyes procesales. 
En lo que aquí específicamente importa, que es la grabación de la vista oral en los procesos penales [ art. segundo, apartado 95, de la Ley 13/2009 , que reforma a tales efectos el art. 743 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) -el esquema regulador, en todo caso, se reitera en las normas relativas a los demás órdenes-], se dispone que si el Secretario Judicial cuenta con los medios tecnológicos necesarios, "garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías", lo que hace innecesaria su presencia en la Sala así como de tener que levantar acta, salvo ciertas excepciones (art. 743.2 LECrim). De no disponer de firma electrónica o sistema equivalente, el Secretario debe redactar acta sucinta con los datos identificativos mínimos de la sesión, ex art. 743.3 LECrim ("número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte"). 
El levantamiento de acta detallada de la vista se convierte por tanto en un supuesto de excepción, que se emplea únicamente cuando la grabación no resulta posible y tal eventualidad es conocida antes o en el momento de abrirse la sesión, en cuyo caso el acta del Secretario habrá de recoger "con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas" (art. 743.4 LECrim). Al margen de su extensión, el acta ha de levantarse siempre "por procedimiento informático", salvo que el órgano judicial carezca de tal medio técnico (art. 743.5 LECrim). Con estas previsiones legales, el soporte de grabación audiovisual ha venido a desplazar al acta escrita como medio de documentación de las actuaciones orales en todos los órdenes de la jurisdicción, superando las tradicionales limitaciones de esta última. Interesa añadir, en fin, que la misma Ley 13/2009 modificó también el apartado 6 del art. 788 de la LECrim, a fin de prever que en el proceso abreviado -por cuyo cauce, recordemos, se sustanció la primera instancia del proceso seguido contra el recurrente-, "cuanto se refiere a la grabación de las sesiones del juicio oral y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743 de la presente Ley ".

No le den vueltas: no van a encontrar una prohibición expresa y literal de la transcripción de un CD. Lo que importa es la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 4 LEC) y la sujeción de las actuaciones de todos los órganos judiciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 230 y eso sí que lo dice el Tribunal Constitucional y en cuanto a la primera, con la cita expresa de la Ley 13/2009. 

Sobre el resultado del recurso, el Tribunal Constitucional desestimó la petición de amparo entendiendo que la ausencia de documentación no podía comportar en este caso la merma del derecho a la defensa (lesión del art. 24.1 CE). El recurrente partió de la premisa consistente en que la declaración de los peritos permitiría probar lo que afirmaba; aserto que, sin embargo, no se correspondía con el relato de hechos probados de la Sentencia del Juzgado, confirmada en apelación, ni con las pruebas que sustentan dicho factum. Por tanto, si las periciales no documentadas no cuestionaron la credibilidad de los testigos, ni lo declarado por los propios acusados, y teniendo en cuenta la absoluta lógica de la inferencia judicial, la conclusión que cabe extraer es que la defensa del recurrente no aportó una argumentación verosímil sobre la indefensión que dijo sufrir por no poder contar en apelación con el registro audiovisual de dichas declaraciones periciales.

18 mayo 2015

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre la integración de las cláusulas abusivas (STS 22-4-2015)


La reciente STS, Pleno de la Sala 1ª, 265/2015, de 22 de abril de 2015 (ROJ: STS 1723/2015) analiza la posible integración de las cláusulas abusivas (dejando al margen la ejecución hipotecaria) y llega a las siguientes conclusiones: 

(i) por un lado reitera que tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios); 

(ii) en segundo lugar, ha de entenderse por consumidor toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Por tanto, que el dinero prestado no fuera destinado a bienes de primera necesidad es irrelevante para la conceptuación del prestatario como consumidor. Para que el contrato esté excluido del ámbito tuitivo de la normativa de protección de consumidores por razones subjetivas, es necesario no solo que el adherente sea también profesional o empresario, sino que, siendo una persona física, conste que la celebración del contrato se realice en calidad de tal empresario o profesional. 

(iii) es admisible que una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor establezca una indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del consumidor (que en ningún caso serán los derivados del ejercicio de la acción judicial puesto que esos daños resultan resarcidos por la condena en costas), pero no es admisible que sea una indemnización «desproporcionadamente alta». 

(iv) se considera que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576 LEC para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, considerándose abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal. 

(v) Por último, el TJUE deduce de la redacción del art. 6.1, Directiva 1993/13/CEE, que los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible. 

Y en cuanto a la posibilidad de aplicar de modo supletorio una disposición de derecho dispositivo de Derecho nacional, una vez declarada la nulidad de la cláusula abusiva, el TJUE solo admite esta posibilidad cuando sea necesario para que el contrato subsista, en beneficio del consumidor, para evitar que el juez se vea obligado a anular el contrato en su totalidad y el consumidor quede expuesto a consecuencias que representarían para él una penalización. La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los preceptos de la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores es que la consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de la misma. 

El problema surge porque el TJUE ha declarado que en un litigio entre particulares, una Directiva comunitaria que no haya sido adecuadamente transpuesta no permite al juez adoptar una decisión que sea contraria al Derecho interno, pero que el juez está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta. 

Aplicando dicha doctrina la abusividad de la cláusula del interés de demora implica su supresión y la consecuencia será que el capital pendiente de amortizar solo devengará el interés ordinario. Por consiguiente, no cabe la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar «reducción conservadora de la validez»), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés, ni la aplicación de la norma de derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada.

09 mayo 2015

La Fiscalía obliga al TSJ ANDALUCIA a explicar lo obvio: ni hay que transcribir CD o DVD, ni nos queda papel calco.


En un reciente ACUERDO la SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de ANDALUCIA, que encontraran del comentario, concluye: 

1. Los Secretarios Judiciales ostentan en exclusividad el poder de documentación de los actos procesales para su incorporación al proceso (art. 453.1 LOPJ), con respeto a la legalidad vigente y, muy especialmente, a las normas procesales que han de aplicar (art. 230 LOPJ), debiendo atender con especial atención a las limitaciones que al uso de documentos, archivos y ficheros electrónicos, establece la Ley de Protección de Datos. 

2. La LECrim, en la redacción actual de los artículos 385 y siguientes, reguladores de las declaraciones de los procesados, testigos y peritos en el proceso penal, no impone obligatoriamente la forma escrita en la documentación de dichas declaraciones aún no habiendo sido modificados dichos preceptos, por lo que ha de entenderse, bien por vía de aplicación supletoria de la LEC, de la directa de la LOPJ o de la ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que los secretarios judiciales podrán optar por una u otra en uso de sus atribuciones como fedatarios públicos, sin que tenga sentido el despilfarro de recursos que supone utilizar ambas vías de documentación. Verificada, por tanto, la documentación digital, no es procedente la transcripción escrita de la misma, sin perjuicio, en todo caso, de supuestos excepcionales que así lo aconsejen. 

5. Entender que la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Almería, no obstante su forma, tiene una naturaleza gubernativa o administrativa, no jurisdiccional, en cuyo ámbito carece de competencia para dirigirse a una oficina judicial que no es la propia, por lo que, de seguir entendiéndose la necesidad de realizar las transcripciones acordadas, deberá ser la oficina del Ministerio Fiscal que ha solicitado las mismas, la que deberá asumir el coste de realizarlas

La Fiscalía ha sido especialmente beligerante con este asunto de las transcripciones en la Comunidad Valenciana y en Andalucía y, en el primer caso, ha intentado que Secretarios Judiciales destinados en el Orden civil remitieran transcripciones de los CD de los juicios civiles cuando, por la razón que fueran (habitualmente la querella de alguna de las partes) debían incorporarse a algún proceso penal. 

Ya se ha hecho algún comentario en este BLOG sobre esta cuestión, pero entiendo que la claridad y la contundencia del ACUERDO de la SALA DE GOBIERNO no merece otros añadidos.



06 mayo 2015

El Tribunal Supremo fija doctrina en las reclamaciones por gastos generales de la Ley de Propiedad Horizontal.


La reciente STS, Sala 1ª, 22 de abril de 2015 (Roj: STS 1536/2015) estimando el recurso de casación interpuesto contra la SAP VALENCIA, Sección 11ª de 21 de diciembre de 2012, en el rollo de apelación número 260/2012 , dimanante del juicio ordinario número 1087/2011 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación una Comunidad de Propietarios contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía y fija como doctrina que "cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre"

El Tribunal Supremo analiza los arts. 9.1 y 21 LPH y parte de la regla general que el obligado al pago de los gastos generales, según el precepto sustantivo (artículo 9.1.e)) es el propietario, y así viene a confirmarlo el art. 21.1 de la Ley, y naturalmente, en principio, será deudor responsable de dicho pago el que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacer el gasto comunitario. No obstante, y partiendo de la anterior precisión sobre el obligado al pago, se han venido produciendo sucesivas reformas en la Ley de Propiedad Horizontal con el objeto de tutelar y proteger a las Comunidades de Propietarios, a fin de garantizarles en la mayor medida el cobro de las deudas de los comuneros, pues la morosidad constituye el mayor problema que pueden sufrir, ya que les impide hacer frente a las elementales necesidades para el adecuado sostenimiento del inmueble y sus servicios, sufriendo los comuneros cumplidores las consecuencias desfavorables de tales incumplimientos a salvo que suplan la insolidaridad del moroso. 

Las garantías previstas para conseguir tal propósito son las siguientes: 

(i) Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y a los tres años anteriores tienen la condición de preferentes (art. 9.1 e) LPH). 

(ii) El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación (art. 9.1.e) LPH). 

(iii) La obligación del propietario de comunicar el cambio de titularidad de la vivienda o local, estableciendo que "quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquel a repetir contra este". (art. 9.1 i) LPH ). 

De las dos últimas garantías se desprende que, siendo responsable del pago de los gastos comunitarios el propietario de la vivienda que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacerlos, sin embargo se extiende tal responsabilidad a una serie de personas, sin perjuicio del derecho de repetición de éstas contra el obligado al pago. 

Tales personas son: (i) el propietario actual adquirente del bien por las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite que ya hemos recogido, con afección real del piso o local al cumplimiento de la obligación, aunque el adquirente lo sea con título inscrito en el Registro de la Propiedad; (ii) el propietario anterior que omita la comunicación de cambio de titularidad

El titular registral se encontrará legitimado pasivamente para reclamarle el pago de la deuda: (i) cuando fuese propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación de la que nace aquella; (ii) cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local con título inscrito en el Registro de la Propiedad, por las deudas contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales que prevé el precepto con afección real del inmueble, (iii) cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad. 

Fuera de estos supuestos no existe obligación legal, propia ni por extensión de responsabilidad, por parte del titular registral al pago de las deudas por gastos de la Comunidad de Propietarios; por lo que no se encontraría legitimado pasivamente para soportar una reclamación de esa naturaleza. 

Ahora bien, cuando la Comunidad de Propietarios además de ejercitar la acción obligacional contra el que deba responder del pago, pretenda ejercitar la real contra del piso o local afecto al mismo, existiendo discordancia entre deudor y titular registral, será preciso que demande a éste para garantizar la ejecución de la deuda sobre el inmueble; debiendo interpretarse en este sentido el art. 21.4 LPH , de naturaleza procesal, por ser precisa la demanda contra el titular registral, a éstos solos efectos, si se quiere que sea efectivo el embargo preventivo que autoriza el párrafo segundo del mencionado artículo en su número cinco así como el procedimiento de apremio contra los bienes afectos a la deuda. 

El objeto del pleito y la Sentencia de la Instancia

La Comunidad de Propietarios reclamó a una mercantil la cantidad de 7.391, 44 euros, como propietaria de una vivienda, por gastos comunes no satisfechos y gastos extraordinarios correspondientes a la rehabilitación de la fachada. La parte demandada negó legitimación pasiva para la reclamación que se le dirigía, ya que si bien era titular registral de la vivienda no era propietaria de ella, siendo otro el propietario. En el acto de la audiencia previa concretó la parte actora el objeto del pleito, fundando su pretensión en ser la demandada titular registral (art. 21.4 LPH). 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva por las siguientes razones

(i) La viabilidad de demandar al titular registral ha sido matizada e interpretada por las Audiencias Provinciales en el sentido de que la reclamación frente al titular registral lo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble, pero sin que el titular registral pueda ser condenado al pago de la deuda, cuya obligación sólo recae sobre el propietario (artículo 9.1 e) y 21.1 de la Ley). 

(ii) En la demanda se solicita única y exclusivamente la condena al pago de la cantidad reclamada, pero no la pretensión de soportar las consecuencias, que la ejecución de la sentencia pudiera tener en la finca inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad. 

(iii) Se considera, además, probado que a la Comunidad le constaba que la mercantil demandada no era la propietaria de la vivienda, desprendiéndose así de documental obrante en autos y de actos propios, concluyentes y prolongados en el tiempo por parte de la Comunidad actora de los que se infiere su conocimiento del verdadero propietario de la vivienda. 

Doctrina del Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo fija como doctrina que "cuando el deudor, de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste sólo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre".

29 abril 2015

Efectos de la prueba ilícita.


Indica la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005 (ROJ: SAP M 15859/2005) que el artículo 287 LEC no aborda ni el concepto, ni el contenido, ni las consecuencias derivadas de la admisión de una prueba ilícita, por lo que para estos efectos habrá de acudirse a la norma general del artículo 11.1 LOPJ. Dicho esto, las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales tienen una sanción absoluta en el artículo 11.1 LOPJ y que consiste en su inutilidad, en la imposibilidad de ser tenidas en cuenta para el fallo. 

Por lo mismo, la literalidad del artículo 11.1 LOPJ, así como el debido respeto a los derechos fundamentales que dicha norma pretende proteger, conducen a mantener que la infracción del precepto, comporta la nulidad absoluta de la resolución judicial que admita una prueba ilícita (PICÓ I JUNOY) 

Nulidad absoluta de la prueba ilícita que conlleva, necesariamente, su insubsanabilidad. En consecuencia, el principio de conservación de los actos jurídicos imperfectos, no despliega ningún tipo de virtualidad. Ello significa que la ilicitud de la prueba no puede convalidarse ofreciendo al litigante perjudicado la posibilidad de defenderse y contradecir su contenido. Además, y dado que las normas reguladoras de la inadmisibilidad de la prueba, son normas de orden público, de ius cogens, la disponibilidad de las mismas por parte de los litigantes no despliega ninguna virtualidad, siendo su vulneración apreciable ex officio por el órgano jurisdiccional. 

Formula dos últimas observaciones PICO I JUNOY. En primer lugar, que la prueba ilícita sea insubsanable no significa que impida aportar al proceso aquel elemento probatorio, válidamente obtenido, que tenga por objeto acreditar los mismos hechos que pretendían justificarse a través de dicha prueba ilícita. 

Y en segundo lugar, la imposible subsanación o convalidación de la prueba ilícita no supone que el elemento probatorio logrado con infracción de un derecho fundamental no pueda volver a obtenerse, con posterioridad, mediante el procedimiento legal previsto. Al respecto, es necesario distinguir aquellos supuestos en que existen las condiciones legales para efectuar válidamente el acto ilícito, de aquellos otros en que no existen tales condiciones, pues en el primer caso podrá volverse a procurar por los cauces legales, el elemento probatorio inicialmente logrado de forma ilícita, mientras que en la segunda hipótesis no será posible. Por ejemplo: un documento obtenido de un Registro Público, por un tercero, infringiéndose el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos constan registrados. En este caso la ilicitud producida en la obtención del documento no impide que el juez, a instancia de parte, si lo estima pertinente pueda requerir al Registro Público la aportación de una copia o certificación de los datos que consten en él. Por el contrario, unas fotografías, una cassette magnetofónica o una cinta de vídeo efectuadas infringiéndose el derecho a la intimidad, serán de imposible repetición, al no existir para ello un cauce legal válido. 

De la exigencia legal relativa a que la prueba ilícita “no surta efecto alguno”, se deriva, según la mayor parte de la doctrina, la necesidad de retirar del proceso todo vestigio de la misma, devolviendo el medio probatorio ilícito al litigante que lo aportó al proceso con la finalidad de evitar que el Juez pueda valorar la prueba ilícita en el momento final de su enjuiciamiento. 

Aunque no haga falta decirlo, la inadmisión nada tiene que ver con la posible valoración de la prueba, esto es, que la parte sostenga la ilicitud no implica que la prueba no deba ser valorada por el Juez o, deba declararse nula. “Con independencia de su licitud, se trata de documentos orientados a acreditar cuál o cuáles han sido, a criterio del demandado, los motivos que subyacen a la presentación de la demanda origen de este pleito, bien pueden reputarse intrascendentes, pues, con absoluta independencia de los mismos, el objeto nuclear del proceso estriba en la existencia o no de responsabilidad derivada de la conducta del demandado. Y en poco o nada contribuyen a esclarecer este particular concreto. En todo caso no consta que se hayan tomado en consideración por el Juzgador de primer grado medios de prueba cuya eventual obtención irregular o ilícita a la hora de dictar la sentencia ni, desde luego, los toma en consideración esta Sala para la resolución del recurso interpuesto” (SAP MADRID, Sección 10ª, de 13 de mayo de 2008). 

Otros autores consideran que esta solución, si bien es formalmente correcta, encierra grandes inconvenientes, porque si se impugna la decisión del juez que declara la ilicitud de la prueba, el órgano jurisdiccional superior no tendrá acceso a la misma, lo que dificultará su decisión y además, al devolver el medio probatorio que se ha considerado ilícito a la parte será muy difícil enjuiciar posteriormente la posible responsabilidad derivada de la infracción del derecho fundamental, pues fácilmente se puede provocar la desaparición del objeto material que origina la responsabilidad.

20 abril 2015

Un buen ejemplo de como la privatización mediante la desjudicialización no soluciona nada.


En España se confunde muy alegremente el derecho a la justicia gratuita con el derecho a la tutela judicial efectiva, de tal modo que la simple designación de abogado implica sin más la obligación de hacer algo, lo que sea, aunque lo que sea tenga mucho que ver con las dilaciones debidas o indebidas y poco o nada con el proceso. 

En tiempos nuestro sistema era judicial, hasta la entrada en vigor de la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita cuya exposición de motivos refiere un novedoso triple propósito para justificar la reforma. En primer lugar, el de unificar el procedimiento de concesión del derecho a través de una sola norma eliminado la hasta entonces dispersa legislación procesal; en segundo lugar, el de ampliar el contenido material del derecho mediante nuevas prestaciones tales, como el asesoramiento previo al proceso judicial y, por último, en tercer lugar, el de desjudicializar el procedimiento para el reconocimiento del derecho, recayendo sobre los Colegios profesionales y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que aligeraría el volumen de trabajo de los órganos judiciales y ganaría celeridad la resolución de las solicitudes.

A la desjudicialización se dedica el apartado quinto de la exposición de motivos, indicándose con mucha claridad que la evaluación del cumplimiento de los requisitos del derecho “no es en sentido estricto una función jurisdiccional”, por lo que el traslado del reconocimiento a sede administrativa responde a que se trata de “una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional”. 

Quizá hubiera debido añadirse una segunda razón no manifestada por el Legislador - pero que debió influir en su ánimo a la hora de modificar el sistema - y era el desinterés de los órganos judiciales en el asunto. En esa línea BLASCO SOTO hacía extensiva la dejadez a la generalidad de los implicados en la tramitación procesal del beneficio en tanto a todos alcanzaba provecho, así la (i) solicitante obtenía abogado gratis, (ii) el letrado cobraba cualquiera que fuera su intervención y aunque esta no se produjera, (iii) la parte contraria no sufría la paralización del procedimiento y (iv) el Abogado del Estado no se veía obligado a intervenir en multitud de casos. 

Después de más de veinte años de la desjudicialización, no solo todos los supuestos que fundaban esa dejadez perviven con vigorosa salud y han aparecido algunos otros, como las (v) demandas kamikaze con el derecho en el bolsillo, que pueden amargarle la vida a más de uno que tiene que pagarse abogado y perito, mientras al otro se lo pagamos entre todos y tampoco corre con las costas o, (vi) la inasistencia a la vista de la impugnación por la denegación del beneficio de los letrados de las Comunidades Autónomas, que por lo visto tienen cosas más importantes que hacer. 

Con tal estupendo panorama y visto que todo es sostenible o que el primer párrafo del art. 32 Ley 1/96 se derogó y en el BOE no se han enterado, las bases informáticas de investigación patrimonial de la que disponen los órganos judiciales aconsejarían la devolución a estos de la competencia en la materia, porque si de lo que se trata es de vincular el derecho al bolsillo del litigante y no al proceso, los Juzgados ahora lo hacemos más rápido.

12 abril 2015

Cuestiones de actualidad de las comunidades de vecinos en un manual.


No niego que en el mercado encontraran toda clase de manuales dedicados a la propiedad horizontal y a exponer, con mayor o menor claridad, diferentes opiniones sobre las dificultades que genera la vida en una comunidad de vecinos y además, me reconocerán que salvo que nos busquemos una casa perdida en la montaña y con un único acceso (a ser posible vecinal, para arreglarnos solo con el Ayuntamiento) somos un pueblo muy curioso que se ha ido creyendo que su casa o vivienda comienza con la puerta de cada domicilio y no con la del portal o zaguán 

Con ese punto de partida son tantos los interrogantes, tantas las posibles respuestas y varios, asimismo, los criterios jurisprudenciales que todos ellos serán inabarcables en un manual. Y, además, perdonen la reiteración, nos encanta rechazar la propuesta del vecino del cuarto no nos viene bien, hasta que por una de esas vueltas del destino la instalación del rampa se vuelve urgente para nuestras muletas o para una silla de ruedas. Extiendan el asunto de la rampa al ascensor, la fachada, al garaje y el etcétera que prefieran y verán como es imposible que un libro aborde todo esto. 

Tampoco el libro ve la luz con esa finalidad. En el año 2014 se celebraron en Valencia dos jornadas sobre Propiedad Horizontal y partiendo de las notas que sirvieron de guía a los ponentes se elabora este manual. Cierto es que últimamente las publicaciones jurídicas se califican de prácticas cuando pretenden atraer al profesional del mundo del derecho, pero hemos dado un paso más, porque aún a riesgo de pecar de pretenciosos, la recopilación de notas le facilita al lector la posibilidad de una consulta inmediata de lo que busca, siempre claro está, dentro de los límites de la edición. 

Y por lo mismo son múltiples las referencias jurisprudenciales e inexistentes las bibliográficas. No es un trabajo doctrinal, ni de crítica a la de terceros, sino un análisis de los interrogantes más frecuentes que nos plantea la Ley de Propiedad Horizontal y de las respuestas que facilitan nuestros tribunales con mención expresa, como no podía ser de otra forma, a la que proporciona la Audiencia Provincial de Valencia. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

Toda la información la encontraran pinchando AQUI o en la imagen del Libro

06 abril 2015

Y sí Jennifer quiere casarse gratis, ¿qué pinta en el bodorrio quien suscribe?


El pasado 5 de febrero de 2012 traté en este Blog el apasionante asunto de las bodas y separaciones notariales así que no se sorprendan si leen mucho del famoso copia pega, porque el asunto tiene nula relevancia jurídica en el atasco de papel de Juzgados y Tribunales. La situación provocó una carrera de comunicados en las organizaciones de Secretarios Judiciales sobre la jurisdicción voluntaria, en el que llamó la atención el del Sindicato y su manía – cuasi persecutoria- sobre la competencia, la función y la gratuidad. Dijo la nota – que no sé por dónde andará- que los Secretarios Judiciales estábamos preparados para casar gratis a Jennifer (un verbigracia, entiéndase) y, que eso mejoraba la igualdad en el acceso de los ciudadanos al servicio público. 

Hubiera sido conveniente ilustrarse sobre las bodas en los Registros Civiles antes de comunicar nada, porque la ceremonia consistía y consiste en la lectura de algunos artículos del Código Civil, la firma en un libro y llenar de arroz la entrada del Juzgado a ver si alguien se parte algo y, para tales menesteres estaba y está capacitado cualquiera. La organización representativa (de no sé cuantos Secretarios Judiciales titulares) actualizó la nota el día 1 de abril, que dejó de ser tal y se transformó en una declaración de intenciones en la que se afirmó la plena disponibilidad y capacitación del Cuerpo de los susodichos Secretarios Judiciales para asumir la dirección de un Registro Civil público y gratuito y supongo que a coste cero para tan preparadísimo Cuerpo Superior. 

Aunque lo que dejóme ojiplático fue la nota de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales contestando a una de las habituales alabanzas del CISF sobre la materia y en la que se reiteraba la oposición de los Secretarios judiciales a los planes del Ministerio de privatización el Registro Civil, poniéndose a la cabeza de la manifestación para que los integrantes de nuestro cuerpo (jurídico y superior, olvido inaceptable) fueran los encargados del mismo. Bien andamos cuando vamos contestando las notas de los Sindicatos y lo próximo ¿qué será? ¿pegarnos en un semáforo o la salida de un bareto? 

Pues no, estimados compañeros, quien suscribe, ni está preparado para leer nada a Jennifer, ni quiere, ni le importa. Y a Jennifer (un verbigracia, entiéndase), tampoco, porque lo único que quiere es casarse de blanco, con su ramo de flores, su maromo trajeado y los invitados, muchos invitados, pero sin sacerdote y sin iglesia y, ahí tenemos un problema, porque con esa idea, todo el mundo quiere emparentar civilmente jueves y viernes y, haciendo el paripé ceremonial católico. Es como ese rollito de las bienvenidas sociales o algo así, con las que los giliprogres sustituyen Comuniones y Bautismos para que los nenes tengan los mismos regalos que sus primos. 

Y, por cierto, tampoco quiero expedirle cinco libros de familia a Jennifer (un verbigracia, entiéndase) porque perdió los cuatro anteriores sin haber hecho una mudanza ya que para eso se inventaron los cajeros automáticos. Evidentemente, eso no tiene nada que ver con la igualdad, el acceso a los Servicios Públicos, y la gratuidad de la justicia y menos aún, con la capacidad jurídica y profesional de nadie. Así que si Jennifer quiere un bodorrio, un convenio de separación y un quintuplicado del libro de familia, que pague, pero no en los Registros, en los Juzgados. 

Sí, que se pague, como se hace en todos las demás administraciones porque ese es el único idioma que se entiende de Pirineos para abajo y que se premie a los funcionarios que con más eficacia trabajen en el Registro Civil que ya es hora de dejar de igualar a todo el mundo por la mediocridad (única razón de la existencia de sindicatos de clase en la función pública incluyendo al que dice representar a los funcionarios).