27 julio 2015

¿Por qué no puedo pagar mis impuestos en Alemania? (Fuera de hilo)


Sabrán que la Comunidad Valenciana ha sufrido eso que los opinólogos llaman un vuelvo electoral y todos los que han perdido las elecciones se han unido para echar al que había ganado. Hasta ahí todo normal, no es la primera vez que ocurre, ni tampoco la última. El problema viene cuando los que se ocultaban tras la pancarta, asoman la patita en el Gobierno y siendo la minoría, de todas las minorías, resulta que por mor de la suma ocupan mando en plaza y deciden, verbigracia, que los papás y mamás somos memos y memas que no podemos elegir Colegio; que el idioma vehicular (sic) es una materia ajena al destino familiar y que, por supuesto, la luz que ilumina nuestros pasos (y nuestros futuros rebuznos) será la educación pública, de calidad y, por supuesto, politizada al extremo, porque lo de que inventen ellos no ha perdido vigencia. 

Unos hacen aviones y otros nos inventamos culturas, historias y editoriales y como cambiamos de libros todos los años, que pagamos todos y todas, observen el negocio redondo que nos hemos sacado a cuenta de la educación y a costa de la ignorancia de nuestros hijos. Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta, a modo también de verbigracia, que Don JOAN HERRERA, cuando era diputado de Iniciativa Verde por Cataluña, pidió la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al Rey Alfonso XIII. 

Cultura de la que decía ORTEGA Y GASSET (en “LA REBELIÓN DE LAS MASAS”, páginas 136 y 137):


Quien quiera tener ideas necesita antes disponerse a querer la verdad y aceptar las reglas de juego que ella imponga. No vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regula, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar. Estas normas son los principios de la cultura. No me importa cuáles. Lo que digo es que no hay cultura donde no hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir. No hay cultura donde no hay principios de legalidad civil a que apelar. No hay cultura donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa. No hay cultura cuando no preside a las relaciones económicas un régimen de tráfico bajo el cual ampararse. No hay cultura donde las polémicas estéticas no reconocen la necesidad de justificar la obra de arte. Cuando faltan todas esas cosas, no hay cultura; hay, en el sentido más estricto de la palabra, barbarie.

Lo de respetar los símbolos del Estado queda a salvo de confrontaciones (no se pone la bandera de España y en paz) y mientras andamos tocando el callejero y poniéndole calles al parchís (qué no habrá hecho el parchís por generaciones de españoles en esas noches invierno de tabaco Fortuna y cerveza Mahou) llevo días haciéndome la misma pregunta: ¿por qué no puedo pagar mis impuestos en Alemania?

21 julio 2015

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Secretarios Judiciales de Valencia sobre los expedientes de CONSIGNACIÓN y de CONCILIACIÓN (LJV 15/2015).


I. EXPEDIENTES DE CONSIGNACIÓN 

1. Se facilitará a los solicitantes la posibilidad de subsanar la solicitud que no reúna los requisitos necesarios (art. 16.4 LJV) antes de dictar el decreto del art.99.1 LJV. 

2. En el supuesto de nombramiento de depositario (art. 99.1 tercer párrafo y 99.2 segundo párrafo LJV) podrá acudirse supletoriamente a las normas que regulan en el depósito de los arts. 626 y ss LEC. 

3. Cuando no pueda notificarse a los interesados la existencia de la consignación (art.99.2 segundo párrafo LJV), podrá llevarse a cabo una investigación domiciliaria

4. En el caso del art.99.4 segundo párrafo LJV podrá acudirse al edicto entendiendo que el silencio del acreedor equivale a la autorización de la retirada de la cosa debida. 

5. La interpretación literal del art. 15.1 segundo párrafo LJV impide acumular ningún expediente de consignación, en tanto la solicitud del promotor de su mantenimiento, obliga a la intervención del Juez (arts. 99.4 último párrafo y 99.5 LJV). 

6. La determinación de los «efectos legales procedentes» a que se refiere el art. 99.3 LJV serán los propios de cada expediente ya que su resolución no impide la incoación de un proceso posterior con el mismo objeto (art.19.4 LJV). 

II. ACTOS DE CONCILIACIÓN 

1. Se facilitará la posibilidad de subsanar la solicitud que no reúna los requisitos necesarios antes de inadmitir de plano (art. 139.2 LJV). 

2. Dada la identidad del acto de conciliación con el monitorio cuando se realicen las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia y se dicte decreto dando por terminado el expediente (art. 140.1 tercer párrafo LJV), será aplicable la doctrina jurisprudencial que interpreta el art. 813 LEC. 

3. La comparecencia al acto de las personas jurídicas se realizará por quien tenga un poder inscrito en el Registro Mercantil, que le otorgue facultades para representar en el acto de conciliación (art. 7.4 LEC) o, mediante sus órganos de administración. No cabe, en ningún caso, la asistencia de un apoderado (art. 144.1 LJV) 

4. En la determinación de los límites de la indemnización por daños y perjuicios del art. 144.2 LJV y a falta de otro criterio, podrán aplicarse los que rigen la indemnización testifical en el art. 375 LEC. 

5. En la regulación de la grabación del acto de conciliación del art. 145.4 LJV, el parecer unánime de todos los asistentes es que la defectuosa redacción de los arts. 145, 146 y 147.1 LJV provoca una indeseable confusión y favorece diferentes criterios. 

Con dichos antecedentes se concluye:

a) No se grabará el acto cuando solo asista una de las partes. 
b) Se grabará cuando asistan las dos partes.
c) El acto se grabará cuando asistan las dos partes y así se decida en atención a las circunstancias del expediente.

Se adjunta el documento completo 



15 julio 2015

Más de cuatrocientos años nos contemplan (1532-2015).




En las Cortes castellano-leonesas celebradas en Segovia en 1532, petición V:
Cita:

Otrosy, porque ay muchos pleitos antiguos que nunca se fenecen ni acaban porque con cautelas de los reos, con artículos immergentes e incidentes se abren muchas veces las conclusiones, y ay pleitos de veinte y treinta años, con color que ay otros mas antiguos y la conclusión aunque los tales pleitos no se siguen de que los oidores algunas veces toman o pueden tomar ocasión para ver los pleitos que ellos quieren y no otros.

Y en la XXV:
Cita:

Porque aunque vuestra Majestad tiene proueydo en estos sus reinos de mucho número de jueces, han creído y creen tanto siempre los pleitos que no se pueden determinar con aquella brevedad que convenía; de lo cual resulta tan grandes gastos, costas y trabajos a los litigantes que acaece muchas veces que cada una de las partes ha gastado mucho mas se debe sentir es que todo el tiempo que duran los pleitos dura el rencor y pasión en que comúnmente se suelen seguir entre las personas que tratan los dichos pleitos.

Diego BRETON DE SIMANCAS, Oidor de la Chancillería de Valladolid entre 1548 e 1585 recuerda un invierno especialmente trabajoso:
Cita:

Acordamos los cuatro presidentes de Salas de despedir los de pleitos grandes hasta después de Pascua y despachar con diligencia los otros; y fue así, que en 27 días pronunciamos 432 sentencias definitivas, las cuales yo conté, porque presidía en la sala de Audiencia, y los autos no pude contar, por ser innumerables, que suelen siempre ser tres tantos y cuatro tantos que las sentencia

La estadística respecto de una clase determinada de pleitos, los de villa (reservados para casos valorados entre 1.000 a 4.000 ducados) indican un total de 2584 pleitos en 1560 y, en 1580 se registraron 3238, y en 1594 3.880. La chancillería real de Valladolid que tenía bajo su jurisdicción a unos cuatro millones de personas recibía hacia fines del XVI cerca de 7.000 pleitos al año, mientras que en la misma época en Inglaterra el Tribunal de la Chancillería sólo recibía unos 500. La litigiosidad se extendía desde el rey pasando por los nobles, clérigos, campesinos, ciudades, etc., llegándose a decir que hasta los pobres litigaban para lo que vendían sus capas a fin de poder pagar los honorarios que, ilegalmente, les cobrara el abogado de pobres

Se buscaron distintas soluciones para disminuir las causas y reducir los asuntos pendientes, destacando: el incremento del depósito que se exigía a los apelantes, y, la sustitución del proceso por el arbitraje, como recogen los estatutos del consulado de Burgos ("porque sabíamos que los pleitos que se movían entre los mercaderes, nunca se concluyan ni fenecían, porque se presentaban escritos o libelos de letrados por manera que por mal pleito que fuese y lo sostenían los letrados: de manera que los hacían inmortales; y que de esto se causara que los unos mercaderes tenían poca confianza de los otros; y los otros de los otros"). Las Cortes solicitaron el establecimiento en cada ciudad de conciliadores cuyo trabajo sería convenir y concertar a "cualesquier personas de cualquier calidad que sean que en tal pueblo" "tuvieron pleitos y diferencia", y ello, porque los pleitos son tantos "que non se podrían decir; solamente vaste que destruyen las ánimas, y trabajan y envejecen los cuerpos, y pierden las haciendas". 

Hemos avanzado mucho en 400 años pero con educación y más medios, seguro, pero seguro que esto se soluciona, porque como todos sabemos el problema de la Justicia en España es siempre la educación, la falta de medios y, por supuesto, la justicia gratuita.

10 julio 2015

El reconocimiento del beneficio de justicia y la ejecución de la tasación de costas.


Dispone el art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1.967 CC. Importa precisar que esto es distinto a la práctica de la tasación de costas, razón por la que la STS Sala 1ª de 30 octubre de 2001, entre otras muchas, indica: «afirmar que por el dato de gozar, la parte afectada, del beneficio de justicia gratuita, exime al Secretario de practicar una tasación de costas que le afecte negativamente, es una hipótesis carente de todo fundamento; puesto que la misma puede llegar a ser efectiva en el supuesto que el beneficiado, llega a mejor fortuna o posición, y es entonces cuando dicha tasación puede ser realizada. Por lo que ineludiblemente y en todo caso, existiendo condena en costas, debe hacerse la tasación de las mismas». 

Precisamente en el reciente ATS, Sala de lo Civil, 4 de noviembre de 2014 (Roj: ATS 8637/2014) se insiste en que el beneficio de justicia gratuita no es óbice para que se tasen las costas pues según declara la Sala, el deber de pagar las costas existe y es carga procesal de la impugnante (STS de 18 de septiembre de 2009, 11 de noviembre de 2008 , 23 de febrero de 2004 y 18 de junio de 2003 entre otras muchas) y por tanto resulta procedente la práctica de su tasación y de las actuaciones que la complementan en idénticos términos, que en los casos en que el obligado al pago de las costas no tiene reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita (AATS, de 30 de junio de 2010; 23 de noviembre de 2010). 

En consecuencia, el decreto en el que se aprueba la tasación de costas no tiene que pronunciarse sobre la suspensión de la vía de apremio ya que esta no se habrá iniciado y tampoco tendrá que hacerlo en términos abstractos sobre la posible exención del pago de las costas por la recurrente antes de que se inste la ejecución forzosa de la condena en costas, puesto que la aplicación del citado art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, exige que se acrediten las circunstancias previstas en dicho precepto, bien para suspender el pago de las costas, bien para proceder a su exacción ( ATS de 27 de abril de 2010). 

De lo dicho resulta que, en principio, no podrá despacharse ejecución en el plazo que fija el repetido art. 36, pero también que la presunción que se contiene en el mandato no es automática y el problema surge cuando el beneficiado por la condena en costas pretende solicitar su ejecución, pues la resolución que reconoce el beneficio no se dicta por el órgano judicial. 

Pues bien la competencia para resolver si el beneficiario del derecho a justicia gratuita ha venido a mejor fortuna, con los consiguientes efectos en cuanto al abono de la correspondiente condena en costas, ha sido resuelta de manera reiterada por el Tribunal de Conflictos en varias sentencias, en el sentido de que tal decisión pertenece al órgano judicial (sentencia de 20 de octubre de 1999, conflicto 5/99, reproducida posteriormente en la de 18 de diciembre de 2000, conflicto 9/00 y seguida por la de 17 de diciembre de 2009, conflicto 2/09). 

Y así en la sentencia de 1999 se indica que la competencia administrativa queda circunscrita a las resoluciones de reconocimiento, denegación, o en su caso revocación por revisión de oficio, pero no contemplan el de la revocación por situación sobrevenida de mejor fortuna. Este supuesto se corresponde con el anteriormente regulado en el art. 48 LEC 1881 en la redacción dada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que establecía la obligación de los condenados en costas que hubieran obtenido el reconocimiento del derecho a justicia gratuita a pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria, con una presunción de mejor fortuna similar a la que la Ley 1/1996 establece. 

La Ley 1/1996 se mueve en una lógica distinta, en la medida que el profesional de oficio no actúa gratuitamente, pero ha mantenido la figura de la mejor fortuna sobrevenida, y sigue imponiendo en tal caso la obligación de pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria en el caso de haber sido condenado a costas y ante el supuesto sobrevenido de una mejor fortuna, se trata de dar efectividad a la condena en costas impuesta en la sentencia, lo que entra dentro de la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado, sin que ningún precepto legal haya privado al órgano judicial de esa competencia originaria propia. 

Por consiguiente, advierte la Sentencia Tribunal Conflictos de Jurisdicción de 18 de febrero de 2014 la posible exacción de costas a consecuencia de haber venido a mejor fortuna ha de plantearse y resolverse por el órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia. Ello se corresponde además con la relevancia constitucional tanto del derecho al beneficio de justicia gratuita, como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, pero que no puede justificar privilegios infundados en perjuicio de la otra parte en el proceso, como de la eficacia de la cosa juzgada, siendo competencia exclusiva de los jueces y tribunales, como ejercicio de potestad jurisdiccional hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.4 CE), también en relación con la condena en costas. 

Lo dicho implica, por una parte, que el beneficiario por la condena en costas puede solicitar del órgano judicial una investigación patrimonial del condenado una vez transcurra el plazo de los tres años que fija el art. 36 Ley 1/1996 y, por otro, que tratándose de la ejecución de una resolución procesal (el decreto que aprueba la tasación de costas) no podrá llevarse a cabo una segunda investigación ajena a la que ya se haya practicado, pues no debemos olvidar que salvo en el caso de sentencias desestimatorias, en todos los demás supuestos se habrá despachado una previa ejecución y será en dicho proceso (ex. art. 555 LEC) en el que se ventilará la cuestión que nos ocupa.

03 julio 2015

Criterios Secretarios Judiciales de Valencia sobre las CESIONES DE CREDITO y BANKIA.


En reunión del pasado 25-6-2015 los Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia alcanzamos determinados acuerdos sobre los siguientes extremos: 

1. Postura común sobre la tramitación de las peticiones de CESIONES DE CRÉDITO que se producen una vez despachada ejecución: (a) requisitos formales y de representación procesal y (b) de fondo, en cuanto a la acreditación de la legitimación pasiva del ejecutado, el importe por el que debe seguirse la vía de apremio y la resolución que debe poner término a la ejecución (si procede); todo ello en relación a los arts. 540 LEC y 1535 CC. 

1.1. Vistos los criterios que se sostienen por los diferentes Juzgados, la postura sobre el particular de la Audiencia Provincial y la reciente entrada de más de 3.000 peticiones de sucesión procesal, por la llamada “cesión de créditos” que se suman a las que ya se han tramitado se acuerda: 

a) La elaboración y posterior divulgación de un documento que refleje el parecer de la Junta sobre la situación procesal que origina está practica y las diferentes soluciones que puede ofrecer la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

b) La difusión de un modelo de Diligencia elaborada por los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia nº 5 y 7, que se adjuntan como ANEXO I a la presente 

2. Postura común sobre la TRAMITACIÓN POSTERIOR AL DICTADO DE LA SENTENCIA DE LOS PROCESOS CONTRA BANKIA(a) pagos a través de la cuenta de consignaciones y (b) liquidaciones de intereses y rendimientos y resolución posterior después de sentencia o, remisión al proceso de ejecución previa acreditación documental por BANKIA de la liquidación que ha realizado. 

2.1. Habida cuenta el altísimo porcentaje de sentencias condenatorias y la repetición de los fallos que se advierte, se dictará en todos los procesos una diligencia de ordenación en la que se indicará a las partes en qué supuestos podrán solicitar el auxilio judicial y aquellos en los que deberá solicitarse el correspondiente despacho de ejecución (ANEXO II

2.2. Para evitar cualquier tipo de disfunciones en la gestión de esta clase de procesos, se interesa del Secretario Coordinador Provincial que con la asistencia del delegado del orden jurisdiccional, se convoque a una reunión a los representantes procesales de BANKIA, con el objeto de comunicarles el acuerdo alcanzado en la Junta, sus consecuencias y facilitarles copia de la resolución a que se refiere el ANEXO II

En el documento en PDF tienen los ANEXOS que se indican.

30 junio 2015

Comunicado desequilibrado sobre el desacoplamiento de los dineros judiciales (ii)


Leyendo los comunicados de las asociaciones del ramo, a las que no doy publicidad por un elemental principio de reciprocidad (pueden pinchar aquí y aquí), no solo he llegado a la palmaria conclusión que habitamos mundos distintos, sino galaxias diferentes, lo que me lleva sin solución de continuidad a evitar quejas, lamentos y lloros varios, que dan una impresión completamente errónea de la Administración de la Administración de la Justicia y de sus plataformas estables, testadas previamente por no se sabe quién o, en qué lugar se enamoró. 

No volveré en ninguna otra ocasión sobre el asunto de la Cuenta de Consignaciones, que funcionaba de la leche (perdonen la expresión, pero comparaba esa aplicación con el resto de las patatas que habitan mi ordenador) hasta que salió huyendo por la ventana perseguida por el marido cornudo (desacoplamiento) y desde ese lunes 22 de junio de 2015, pérdida las esperanza de encontrarla, deberemos reconocer que la cosa ha quedado ya en manos de Paco Lobaton o de ACME, sociedad multiservicios de comprobada eficacia con dibujos animados y que quizá, solo digo, que quizá, podría hacer desaparecer ese horrible color rojo de la pantalla de inicio de la famosa aplicación estabilizada y testada por no se sabe quién o, en qué lugar se enamoró. 

Pensaran ustedes que me conformo con el cambio de color y aciertan. Lo del servicio público se lo dejo a todos los que salvan el mundo colgados de una barra o detrás de una pancarta y sin perjuicio de reconocer que comparto plenamente el principio que rige la innovación en justicia (si funciona algo, estropéalo), convendría cierta moderación en el estropicio y democratizar el despropósito. 

Me explico. Si en civil hay que volver a introducir todas las cuentas bancarias a las que se hacían las transferencias periódicas (la aplicación no recupera esos datos); no se pueden transferir los depósitos perdidos en los recursos y hay que volver a reenviar los embargos masivos de cuentas; en penal, no se puede transferir a la cuenta del tesoro del dinero decomisado por drogas y en las oficinas del Santander no se puede pagar los mandamientos en efectivo, habría que montar un video explicativo, estabilizado y previamente testado por el que se enamoró para que mediante el sistema de piedra, papel y tijera, vayamos implantando el sistema en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social, acordándose con su resultado lo procedente.

A ver si hay valor, aunque los cementerios estén llenos de héroes. ¿Verdad que es apasionante escribir sobre Derecho o sobre algo que se le parece?.

24 junio 2015

No termino ver las bondades de la cuenta desacoplada.


Define el diccionario de la RAE desacoplar como separar lo que estaba acoplado y acoplar (del latín. copulāre 'juntar') como: (1) en carpintería y otros oficios, unir entre sí dos piezas o cuerpos de modo que ajusten exactamente; (2) ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse; (3) unir o parear dos animales para yunta o tronco; (4) procurar la unión sexual de los animales; (5) ajustar o unir entre sí a las personas que estaban discordes, o las cosas en que había alguna discrepancia; (6) encontrar acomodo u ocupación para una persona, emplearla en algún trabajo; (7) agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su funcionamiento combinado produzca el resultado conveniente; (8) unir, agregar uno o varios vehículos a otro que los remolca y (9) dicho de una persona: unirse a otra o a varias, para hacer algo coordinadamente. 

Leídas las acepciones poco tienen que ver, parece, con la cuenta de depósitos y de consignaciones judiciales que aunque se desacopló el pasado fin de semana, según video informativo de cinco minutos que no explicaba nada, hizo algo más y me da la impresión que nos encontramos ante la acepción (4) y ante el amante que sale por la ventana después de haber sido sorprendido o sorprendida, en actitud impropia por el cónyuge y la conyuga, que se siente molesto y molesta por dos protuberancias en la frente; o sea, en latín del vulgo, lo del desacoplamiento ha debido consistir en salir corriendo dejando detrás la ropa interior después de hacer lo que saben, porque otra cosa no cabe pensar después de tres días sin que funcione nada de todo lo que antes lo hacía. 

Esta mañana después de introducirme en ese horripilante color rojo de la pantalla de inicio, que me obliga a considerar la posibilidad de hacerme con alguna visera de esas que utilizan los pilotos del Ejercito del Aire, le he propuesto un juego de magia a la Magistrada y después de llevarme la mano izquierda a la espalda y de remangarme la toga, he comenzado a manejar con la derecha el ratón para transferir la millonaria cifra de 50 euros al tesoro público, que es de todos y de todas y que por eso lleva una ele; sigo que me pierdo. Después de dos toques al ratón, cuando le he dado el tercero al botón de confirmar me ha salido algo parecido al siguiente mensaje: ERROR EN OPERACIÓN. HA ESCRITO MÁS DE TRES CARACTERES. Ni Dynamo, oigan; con la mano izquierda en la espalda y la derecha en el ratón he escrito más de tres caracteres, que lógicamente y por cuestiones de seguridad financiera han impedido la transferencia en cuestión. 

Como supongo que el personal anda registrando quejas en la aplicación (les recuerdo que lo del teléfono está muy bien para pedir una pizza, cita en el médico y llamar a mamá) aparece ahora un mensaje en ese horripilante color rojo, comunicando que se están subsanando las deficiencias, lo que tiene su aquel y su más allá porque utiliza el plural y no da fecha en la que se acabaran las subsanaciones de las deficiencias; cuando lo cierto es que ahora toda la aplicación en un enorme deficiencia. Y es que, sabido es, que un desacoplamiento rápido no suele traer nada bueno y si encima es por la ventana, el riesgo de partirse la cabeza se multiplica.  

Corren malos tiempos para el romanticismo y eso que sigo empeñado en una apuesta sobre la cuestión que debo a un excelente vino.

17 junio 2015

El monitorio: ¿proceso o requerimiento de pago?


Desde este Blog se ha sostenido que el monitorio no es un proceso y menos aún que termina con el decreto el art. 816 LEC. No le daremos muchas vueltas al asunto, pero el monitorio, que es un simple requerimiento termina con las sentencias que se dicten en los respectivos juicios ordinario y verbal o, en su caso, con el decreto de finalice la ejecución. Dejando al margen los monitorios de la Ley de propiedad horizontal y su especialidad por la cuantía, en el resto la continuación del trámite es evidente y no necesita mayores análisis

La SAP 68/2014, PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, de 20 de febrero de 2014 (Roj: SAP GC 359/2014) resuelve uno de los problemas que plantea la calificación del monitorio como un proceso y que arranca con la duda de cuál debe ser la cuantía de la reclamación a efectos de la tasación de costas cuando se formula solicitud de juicio monitorio y a la oposición formulada sigue juicio verbal, en el caso que la mayor parte de la cuantía inicialmente reclamada se encontrara ya pagada en momento anterior a la formulación de la solicitud de juicio monitorio. 

Aclararé que la cuantía inicialmente reclamada fue la de 4.103,63€, pero que el juicio verbal posterior se siguió por 848,39€ y en el que, por tanto, no era preceptiva la intervención de abogado y procurador. 

Se lee en la sentencia que la Sala deliberó sobre qué cuantía había de considerarse a estos efectos para la minutación de los honorarios en los juicios declarativos subsiguientes a la formulación de oposición en juicio monitorio. Sobre si debían separarse ambas fases, la monitoria y la declarativa, e imponerse costas separadamente por una o por otra; sobre si debía considerarse un procedimiento único o no -en distintos escenarios de modificación de la cuantía inicialmente reclamada- y sobre el efecto que sobre la cuantía a considerar había de suponer la reducción de la cuantía reclamada a la vista del resultado de la oposición a la solicitud de juicio monitorio especialmente en el caso que la reducción de la cantidad inicialmente reclamada se hubiera hecho tras conocer la oposición fundada en el pago de la parte mayor de la cuantía reclamada (cuantía que sí exigió la intervención Letrada y la representación de Procurador en el juicio monitorio conforme a lo dispuesto en el art. 818 párrafo segundo de la LEC), manteniendo la pretensión por una cuantía muy inferior -y para la que, si no se considerara la fase previa, no habría sido preceptiva la intervención de abogado y procurador-. 

Pues bien, indicando la Sala que otra cosa podrá entenderse en situaciones fácticas distintas, en el caso que ventila debe considerarse la existencia de un procedimiento único, que la parte actora reclamó inicialmente más de 4.000 euros forzando que el deudor formulara oposición con intervención de abogado y procurador (cuando si hubiera reclamado desde el principio los 848,39€ no habría sido preceptiva dicha intervención). Esto es, deberá considerarse un único proceso el monitorio, la oposición al monitorio y el juicio verbal subsiguiente y que a efectos de fijación de la cuantía del procedimiento para considerar preceptiva la intervención de abogado y procurador (que efectivamente lo fue en todo caso) deberá tenerse por fijada en los 4.108,63€ inicialmente solicitados, que forzaron al demandado a valerse de abogado y procurador, y no en los 848,39€ a que se redujo la demanda en la fase de juicio verbal no por allanamiento del demandado sino por aceptación por el demandante de la causa de oposición opuesta, por lo que deben considerarse debidos los honorarios devengados por los profesionales que intervinieron en todo el procedimiento en defensa del demandado y calcularse sobre una cuantía de 4.108,63€ como correctamente se hizo en la tasación de costas impugnada.

04 junio 2015

¿Cálculos erróneos de cuantía o extralimitación colegial en la fijación de honorarios?


No nos ocupa en este comentario la libertad de un Colegio profesional para fijar los honorarios que entienda oportunos, aunque creo que de hecho ya solo lo hacen los de Abogados, pero una norma orientativa no puede servir para discutir una tasación de costas a menos que respete la reglas que regulan dicha liquidación en el proceso civil y que comienzan con la que regula la cuantía del asunto. 

La insistencia del legislador civil del año 2000 en la regulación detallada de la fijación de la cuantía tuvo mucho que ver con las interminables discusiones sobre este particular que llegaban en no pocas ocasiones, al Tribunal Supremo. Por dicha razón hay ahora: (a) un control de oficio y una impugnación por razón de la cuantía (arts. 254 y 255 LEC), (b) un límite legal para el pago de las costas que se fija en atención a la cuantía del proceso (art.394.3 LEC), (c) un recurso de casación que se condiciona a la cuantía del proceso (art. 477 LEC) y (d) una tasación de costas sujeta a todo lo anterior (art. 243 LEC). 

Precisamente y por todo ello el reciente ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015 (Roj: ATS 2741/2015), reiterando una doctrina que no tiene interrogantes advierte que:


2.- En cuanto a la cuantía, el incidente de impugnación de la tasación de costas no tiene por objeto fijar la cuantía del pleito, su misión es la de ser un cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no pueden alterarse las bases de cálculo -la cuantía - que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada.

La conclusión que se extrae de este razonamiento es que tanto la impugnación del art. 246.1 LEC (honorarios excesivos del letrado) como su resolución en modo alguno podrán modificar un hecho inalterable (el repetido de la cuantía del proceso) y, menos aún sobre una norma orientativa que ninguna vinculación procesal tiene y sobre un informe (el del Colegio de Abogados) que discutiría la tasación careciendo de soporte legal para ello

Lo contrario implica que en un trámite de liquidación de cantidades ilíquidas se contradiga el decreto de admisión del proceso, la resolución que haya ventilado la impugnación de la cuantía, la propia sentencia y el límite legal del art. 394.3 LEC. 

Quizá el problema tenga origen en un arrastre histórico que merece un retoque normativo, porque la tasación de costas en el art. 242 LEC es supletoria de la reclamación extraprocesal, esto es, se deberían tasar, sino hubiera una previa satisfacción de la parte condenada al pago. Como todos sabemos la regla general ahora es la contraria: primero se tasan las costas y luego se ejecutan y, por ese camino se ha llegado al extremo de confundir lo que puede facturarse a un cliente de lo que está obligado a pagar el condenado en costas. Pero una cosa es esa y otra bien distinta someter la tasación de costas (en la que se incluyen los honorarios de los letrados) a normas que no pueden vincularla y que en cualquier caso contradicen el ordenamiento procesal.

29 mayo 2015

El Tribunal Supremo vuelve a opinar sobre los derechos de los Procuradores.


En el reciente ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2015 (Roj: ATS 2984/2015) se resuelve un recurso de revisión contra un decreto en el que se desestimó una impugnación de la tasación de costas, declarando debidos los derechos de un procurador. 

En relación con los derechos del procurador la impugnante mostró su disconformidad con la motivación del decreto, exponiendo que sus alegaciones ya se habían planteado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 1 de marzo de 2012 , que nuestros órganos internos en materia de competencia ya han puesto de manifiesto la ilegalidad del sistema retributivo de los procuradores (cita el IPN 96/13, Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC, procuradores) y que esta misma línea es seguida en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Dejaba en manos de la Sala el planteamiento de oficio de una cuestión prejudicial ante el TJUE o la inaplicación directa del Reglamento que regula el arancel de los procuradores. Sin embargo, especificó que la única pretensión procesal que instaba en el recurso es que no se impusieran las costas del incidente, pues el art. 246.3 párrafo segundo únicamente prevé dicha imposición de costas en el caso de las impugnaciones por excesivas. 

Afirma la Sala que esta no es una cuestión nueva, habiéndose planteado en diversas ocasiones ante los tribunales, lo que ha motivado que tanto la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 1 de marzo de 2012 , como el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, con fecha 21 de mayo de 2013, elevasen sendas cuestiones prejudiciales al TJUE, cuestiones que fueron retiradas porque las partes alcanzaron acuerdos extraprocesales sobre el pago de las costas . 

Y no han faltado voces críticas sobre el sistema retributivo de los procuradores de los tribunales o sobre la existencia misma de estos profesionales por considerar el sistema español excepcional en la Unión y gravemente perjudicial para la competencia, siendo especialmente significativo el informe de la antigua Comisión Nacional de la Competencia al anteproyecto de Ley de reforma de la LEC (IPN 96/13). Sin embargo, la Sala consideró que no era procedente el planteamiento de cuestión prejudicial porque el sistema vigente no resulta contrario a la normativa comunitaria sobre prestación de servicios y libre competencia, cuya trasposición a nuestro ordenamiento se verificó, entre otras, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como "Ley Paraguas"). 

Asimismo, el RD Ley 5/2010, de 31 de marzo, incluyó en nuestro ordenamiento un límite general a los derechos que podía percibir el procurador en un mismo asunto y que no podía exceder de 300.000 euros. Esta norma no incluyó un principio de proporcionalidad, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de mayo de 2013 (STC 108/2013), no pudiendo ser interpretada en el sentido de que los tribunales tengan capacidad de moderar los derechos de los procuradores cuando resulten a todas luces desproporcionados atendiendo a la exclusiva función que les atribuye la ley, de representación de la parte en el proceso . Sin embargo, también debe indicarse que la doctrina del TJUE, representada por la conocida sentencia de 5 de diciembre de 2006 , dictada en los asuntos acumulados C-94/04 y C-202/04 (Caso Cipolla), ha declarado que la protección, por una parte, de los consumidores, en particular de los destinatarios de los servicios judiciales prestados por los auxiliares de justicia, y, por otra parte, de la buena administración de justicia, es un objetivo que se encuentra entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permiten justificar una restricción a la libre prestación de servicios ( sentencias de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p . I-6511, apartado 31 y la jurisprudencia citada, y de 21 de septiembre de 1999, Läär ä y otros, C-124/97 , Rec. p. I-6067,apartado 33), siempre que se cumpla el doble requisito de que la medida nacional controvertida en el litigio principal sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, correspondiendo al tribunal nacional examinar, en particular, si existe una correlación entre el nivel de los honorarios y la calidad de los servicios prestados por los profesionales. Así, no han faltado voces autorizadas que han considerado que la fijación de los derechos de los procuradores por arancel supone una garantía para el justiciable, ya que le proporciona información sobre el coste del servicio, y constituye un sistema objetivo para la determinación del cálculo de los honorarios a incluir en la tasación de costas ; tampoco es ajena esta Sala a la indudable labor de colaboración con la Administración de Justicia y de facilitación de la actividad jurisdiccional que desarrollan los procuradores, labor que justificaría ese interés general a que se refiere el TJUE y se recoge en el art. 2 de la Ley 17/2009 de 23 de marzo como causa de exclusión del ámbito de aplicación de dicha norma.
cita:

Por último, no hemos de perder de vista el futuro inmediato de la cuestión que ahora examinamos, futuro que viene representado por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo último anteproyecto (de 11 de noviembre de 2014 y actualmente retirado) incluye importantes novedades al respecto que, sin duda, facilitarán la libre competencia entre los profesionales con respeto a la normativa comunitaria; en dicho anteproyecto se contienen medidas como el carácter de máximo del arancel de derechos de los procuradores, ya que estos estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en dicho presupuesto constará expresamente la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa y, en el caso de que no se ofrezca ninguna disminución, habrá de constar expresamente este hecho; también se prevé que en los casos en que hubiere condena en costas a la totalidad, las retribuciones del procurador serán en todo caso las pactadas por este y su representado, cuando sean inferiores al arancel máximo fijado en la normativa; del mismo modo se prevé que en los casos en que la imposición de costas lo sea solo a una parte de estas o hasta una cifra máxima, se aplicarán las retribuciones pactadas por el procurador y su representado, cuando estas sean inferiores al arancel máximo establecido en la normativa, y hasta el límite fijado en la resolución en la que se acuerde la imposición de las costas ; por último, se limita extraordinariamente la cuantía máxima que puede percibir un procurador por su intervención en un asunto (75.000 euros) y se reducen porcentualmente los derechos fijados en el arancel vigente (RD 1373/2003) hasta la aprobación del nuevo Real Decreto que adecue el arancel de los derechos de los procuradores.

Por tanto, de acuerdo con el sistema hoy vigente y con la previsión normativa expuesta, esta Sala entiende que no es procedente en este momento el planteamiento de la cuestión prejudicial propuesta. Además, y a mayor abundamiento, cabe destacar que esta Sala, en el auto de fecha 2 de febrero de 2010, recurso nº 208/2006 , ha mantenido que « [n]o hay razón alguna que justifique el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJCE. para lo cual sería preciso una norma comunitaria de aplicación directa que condicione la decisión a adoptar en el proceso y que su interpretación suscite duda al Tribunal nacional que haya de aplicarla ». En este punto debe mencionarse que no existe una norma comunitaria de aplicación directa, de forma que el examen de proporcionalidad y ponderación de la aplicación del arancel al caso concreto, fin perseguido por la directiva europea citada en la impugnación, se ve respetado por la aplicación concreta del mismo. 

No obstante y dado que la cuestión planteada ha generado un intenso debate anterior culminado con el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales españoles ante el TJUE (aunque posteriormente fuesen retiradas), existen serias dudas de derecho que aconsejan la no imposición de costas y la correspondiente estimación del recurso de revisión.